Encarcelados los principales responsables de la invasión del
predio conocido como “La Ballena” en San José del Cabo, Baja California
Sur, César Uzcanga Amador y su compadre Narciso Agúndez Montaño, hoy,
Sergio García Covarrubias, el otro sobrino del gobernador envestido en
la figura de “representante del gobierno del estado”, comenzó a meter
ruido entre los habitantes de esa demarcación, y a través de su operador
Ángel Morales, actualmente está pidiendo que se declaren en rebeldía de
pagar una renta mensual, y de paso, ofrece pies de casa y hasta
urbanización en el terreno propiedad del Ejido San José del Cabo.
Como es sabido, el Tribunal Superior de Justicia del
Estado, recientemente otorgó el falló a favor del ejido después de un
prolongado juicio civil que data del año 2007, cuando los militantes del
Partido de la Revolución Democrática (PRD), invadieron el terreno y
comenzaron en venderlo ilícitamente, aprovechándose de la necesidad de
la gente.
En las próximas semanas, las tierras deberán ser
restituidas y entregadas a sus legítimos propietarios encabezados por el
empresario Ángel Salvador Ceseña Burgoing.
Sin embargo, todavía no se formaliza la entrega, y el
representante del gobierno del Partido Acción Nacional (PAN), ya se está
entrometiendo en la propiedad que no es suya ni del gobierno, sino de
los ejidatarios. Es decir, Sergio García Covarrubias, está invitando a
los pobladores a no pagar la renta de 500 pesos mensuales que el Ejido
San José del Cabo; acordó poner a todos aquellos interesados en
conservar sus propiedades, en tanto, se restituye el predio, se inicia
el proceso de desincorporación de las tierras de uso común del ejido y,
entonces, se expiden cartas de posesión y luego la escrituración de los
predios.
La intromisión gubernamental no podría tener otra
connotación más que la de generar simpatías y ganar votos en esa
demarcación que es un filón de electores para el venidero proceso del
2015.
El destino de los 500 pesos que está solicitando el
ejido por cada persona será para un estudio topográfico, nivelación de
terrenos, estudio de impacto ambiental y delimitación de zona de riesgo,
elementos necesarios para poder solicitar los servicios básicos de agua
potable, alcantarillado y electrificación. Lo anterior en base a la Ley
de Desarrollo Urbano y a la Ley de Fraccionamientos.
