Luego de dar a conocer datos del Instituto Nacional de Pesca
(INAPESCA), en los cuales reconoce promedios de captura incidental de
dos tortugas enmalladas en redes por día en la Bahía de Ulloa, en el
municipio de Comondú, según un análisis del Centro Mexicano de Derecho
Ambiental (CEMDA), más de 7 mil ejemplares de tortuga amarilla han
muerto en Baja California Sur.
Para Alejandro Olvera, representante de esa
organización, la cifra es alarmante: “Es fácil determinar que han sido
al menos 7 mil tortugas las que han muerto durante la administración de
Felipe Calderón, sin que las autoridades hayan actuado para resolver
este problema. Es bastante grave que apenas se reconozcan este numero de
muertes, esta mortandad de tortugas amarillas solo a unos días de que
acabe esta administración; que hayan sido años en cuales las autoridades
hayan tenido conocimiento, y van a dejar esta administración sin
resolver el problemas”.
La “tortuga amarilla” es una especie en peligro de
extinción, anida exclusivamente en el archipiélago japonés, se alimenta
en las costas de Hawái y Estados Unidos hasta la Bahía de Ulloa en
Comondú.
Según la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente,
la pesca incidental en la entidad no es la principal causa de
mortandad; aunque no han logrado identificar la causa de muerte, suponen
que la principal es por agotamiento y factores originados en la
migración de la especie desde Japón hasta México.
“Toda la mortandad que se ha venido dando de la tortuga
amarilla es en la zona costera de entre Punta San Lázaro a Boca de la
Soledad, por el grado de descomposición en que se encuentra no ha sido
posible realizar la necropsia y conocer las causas de la muerte de esos
ejemplares. No descartamos la posibilidad de que se dé por algún grado
de actividad pesquera, pero no es la razón principal”, advirtió el
experto.
La PROFEPA reconoció que no es posible mantener una
vigilancia permanente en la zona, sin embargo, a principios de 2012
instaló un comité de participación ciudadana para la vigilancia de la
zona de Comondú.
El aprovechamiento o captura de la especie es un delito
penal, con sanciones entre 20 mil y 50 mil salarios mínimos, además de
cárcel.
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