Calderón. Lecciones sobre narcotráfico en la ONU.
MÉXICO,
D.F. (apro).- Felipe Calderón fue a la ONU a buscar trabajo o refugio.
No se puede entender de otra manera su esquizofrénico discurso del
jueves 26 ante la Asamblea General de Naciones Unidas.
Carente de
autoridad moral, su propuesta para que la ONU “se comprometa” y revise a
fondo el “actual enfoque prohibicionista en materia de drogas” más que
sorprender, ofende.
Durante todo su sexenio, fue determinante en
rechazar la legalización de algunas drogas y mantuvo la violencia como
“estrategia” para combatir a la delincuencia organizada, en particular
el narcotráfico.
En búsqueda de la legitimidad que no le dejó la
elección presidencial del 2006, con la etiqueta de “presidente valiente”
abrazó el enfoque estadunidense de “guerra a las drogas”; y como
comandante en jefe de las fuerzas armadas desplegó a tontas y a locas al
Ejército, la Marina y la Policía Federal.
Aunque después ajustó
su discurso a una “estrategia por la seguridad”, mantuvo la reacción
represiva como la principal política pública de su gobierno. El
resultado fueron, por lo menos, 60 o 70 mil muertos, miles y miles de
desplazados y desaparecidos, y la multiplicación de graves violaciones a
los derechos humanos, tanto por parte de agentes del Estado, como de
los integrantes de las organizaciones delictivas que dijo combatir.
Su
propósito central fue descabezar a las organizaciones delictivas. Según
pregona, detuvo o ejecutó a 23 de los 37 más buscados; excepto, claro,
el gran protegido del PAN, Joaquín El Chapo Guzmán, jefe del cártel de
Sinaloa.
Pero el resultado de la acción contra los cabecillas fue
la atomización del narcotráfico en México. Además de las miles de
muertes, la multiplicación de los grupos del narcotráfico en México es
la herencia de Calderón.
Grupos más pequeños y violentos
sucedieron a otros más grandes. Tejieron nuevas alianzas pero no
desaparecieron. Al mismo tiempo, el cártel de Sinaloa y el cártel de Los
Zetas, se consolidaron como las principales organizaciones de
delincuencia organizada en México.
El negocio sigue floreciente en
México y el Estado mexicano sigue perdiendo control de la violencia, de
porciones del territorio y de la voluntad de un creciente número de sus
habitantes.
Ahora, peor aún, Enrique Peña Nieto se hace de los
servicios para combatir el narcotráfico, del general de policía
colombiano Oscar Naranjo, una pieza más en la estructura de poder que
estableció el gobierno de Estados Unidos en México durante el sexenio
que acaba.
Calderón habló ante la comunidad internacional que ha
sido testigo del fracaso de su “guerra contra el narcotráfico”. Las
embajadas extranjeras establecidas en México reportan cada día a sus
cancillerías los horrores de la violencia en México y la consolidación
de algunos cárteles como poderosas organizaciones transnacionales.
La
comunidad internacional escuchó el triunfalismo de Calderón, pero la
realidad es más testaruda. El que se va, habló de combatir la
criminalidad para que no se asiente en el territorio como si fuera un
Estado nuevo. Sinaloa, Durango, Michoacán, Estado de México, Tamaulipas,
Veracruz, Chihuahua, Guerrero, por mencionar algunas entidades, lo
desmienten.
El fortalecimiento de las leyes y dependencias
encargadas de aplicar la ley, la depuración de las policías y de los
ministerios públicos que mencionó Calderón en la ONU queda en el
discurso con una PGR que fabrica culpables y una Policía Federal inmersa
en escándalos de narcotráfico.
El mundo también sabe que “la
restauración del tejido social” es mera retórica. El informe de Naciones
Unidas sobre Desarrollo Humano, los informes de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe, también de la ONU, y otras agencias del
organismo internacional reflejan la pérdida en la calidad de vida de
los mexicanos.
La comunidad internacional también es consciente de
los efectos negativos de la “estrategia” de Calderón en los derechos
humanos de los mexicanos y de los magros resultados de su administración
en materia de lavado de dinero.
El Consejo de Derechos Humanos de
la ONU sometió a México, ya en el gobierno de Calderón, a una revisión
sobre los efectos de su “guerra a las drogas”. En sus informes, el
Consejo dio cuenta de la reiterada negativa de Calderón a reformar el
Código de Justicia Militar.
Más todavía, distintos relatores del
organismo internacional fueron impedidos por el gobierno de Calderón
para dar cuenta de las ejecuciones extrajudiciales y la tortura.
Ante
la comunidad internacional y de cara a los mexicanos, Calderón carece
de autoridad moral para pedir una revisión de la “guerra a las drogas”.
Al
siguiente día del ofensivo discurso, el director ejecutivo de la
Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNDOC, por sus
siglas en inglés), Yury Fedotov, desestimó la propuesta de Calderón.
Diplomático,
dijo que la revisión de la Convención Internacional sobre las Drogas
que aboga por la prohibición de las drogas no le corresponde promoverla a
la ONU o a un solo país. En el fondo, la ONU tampoco le creyó.
jcarrasco@proceso.com.mx
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