EL PRESIDENTE DE LAS 83 MIL EJECUCIONES

A 203 mil 690 homicidios dolosos y culposos en el calderonato

- 125 mil 090 homicidios dolosos y culposos clasificados por el Gobierno Federal como “Sin Datos” y “Otros”

- BC: Quinto lugar nacional, con 4 mil 519

- Centro Nacional de Información: “Más víctimas que averiguaciones previas”

- CNDH: 111 muertes de civiles en 2010, 43 en 2011 y 25 en 2012

Enrique Mendoza Hernández

Rosario Mosso Castro

A

punto de finalizar el sexenio, el Presidente Felipe Calderón recorre el país y presume su mundo rosa: Repite lo que llama sus logros con una sonrisa, mientras reparte chistes a diestra y siniestra, y hasta cantando el corrido “El Perro Negro” de gira por Michoacán. 

Mientras los muertos con violencia siguen cayendo uno tras otro a lo largo y ancho del territorio mexicano, 83 mil en todo su gobierno.

Así, la realidad opaca y contrasta con su buen humor: En la memoria de los mexicanos queda la tétrica imagen de los cuerpos colgados en puentes peatonales durante su trágica administración, los desenterrados de las narcofosas como si fueran papas, el hormiguero de cadáveres en las carreteras, los tambos azules con restos humanos desechos en ácido.

También las mujeres con la mirada perdida en alguna marcha sin rumbo portando una pancarta con la foto del familiar desaparecido, los acéfalos sin brazos ni piernas, las extremidades envueltas en bolsas negras para la basura, los cráneos exhumados de cementerios improvisados, los enteipados con cinta canela de pies y brazos, los encontrados en la cajuela de un carro con reporte de robo -muchos con el tiro de gracia- y los muertos con un narcomensaje escrito en una cartulina.

Enfundado en un uniforme militar, fue en su estado natal, el 6 de diciembre de 2006,  donde el Presidente de México inició su guerra contra algunos cárteles de la droga con el fallido Operativo Michoacán. De hecho, marcó también el inicio del olor de la muerte que se esparció por todo el país.

Recurriendo como metodología a la consulta del Sistema Nacional de Información, procuradurías estatales, secretarías de Seguridad Pública de las entidades, registros hemerográficos en los estados y a Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) del país, ZETA concluye que en el sexenio de Calderón, del 1 de diciembre de 2006 al 31 de octubre de 2012, en el país ocurrieron 83 mil 191 asesinatos relacionados con el crimen organizado, en la guerra que mantiene el Gobierno Federal contra algunos grupos criminales que disputan el territorio mexicano para el trasiego y venta de droga. La escalofriante cifra de muertos incluye lo que la administración calderonista clasifica como “Ejecuciones”, “Enfrentamientos” y “Homicidios-Agresiones”:

2007; 2 mil 826 ejecuciones

2008; 6 mil 837

2009; 11 mil 753

2010; 19 mil 546

2011; 24 mil 068

2012; 18 mil 161 hasta el 31 de octubre.

Cuando fungía como secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré informó el 12 de enero de 2011 que durante 2010 sucedieron 15 mil 273 asesinatos vinculados con el crimen organizado, de un total de 20 mil 127 homicidios dolosos reportados por el Sistema Nacional de Información. El funcionario federal reconoció implícitamente que el 75.88 por ciento de los asesinatos tuvo relación con el crimen organizado.

La cantidad de 83 mil 191 ejecuciones registradas por este Semanario corresponde al 72.8 por ciento del total de 114 mil 158 homicidios dolosos ocurridos en el sexenio calderonista, de acuerdo con información obtenida del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Sistema Nacional de Información.

Lamentablemente, no todos los muertos han sido reconocidos por Calderón y su gabinete.

Los muertos oficiales

Transcurría enero de 2012 y los medios de comunicación solicitaban al Gobierno Federal la cantidad de muertos cuando faltaban 11 meses para el final del sexenio.

Con la presión a cuestas, finalmente a la administración calderonista, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), no le quedó más que reconocer de manera “preliminar” la cantidad de 47 mil 515 ejecuciones al 10 enero de 2012. Las estadísticas llevaban la leyenda “preliminar” y correspondían al cierre de septiembre de 2011.

De hecho, las cifras del Sistema Nacional de Información siempre llevan al calce la leyenda “preliminar”.

Ni el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) del Gobierno Federal, INEGI o las procuradurías estatales ofrecieron las mismas estadísticas en cuanto a homicidios dolosos en México durante el sexenio calderonista.

Poniendo como ejemplo sobre el ocultamiento del total de asesinatos por parte del gobierno de Felipe Calderón, el Sistema Nacional de Información reconoció 82 mil 687 homicidios dolosos sucedidos entre 2007 y 2011. El INEGI desmintió esa versión, e informó que en ese mismo lapso, en realidad sucedieron 95 mil 646 homicidios dolosos.

Así, la administración de Calderón desconoce a 12 mil 959 cadáveres entre 2007 y 2011.

Otro claro ejemplo de cómo el Gobierno Federal fue rebasado en el registro de las ejecuciones, es que mientras en las procuradurías y fiscalías estatales informaron una cantidad, el Sistema Nacional de Información reportó otros números; menores, por supuesto.

Por ejemplo, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua reportó oficialmente el 28 de noviembre de 2011 la cantidad de 16 mil 456 homicidios dolosos ocurridos del 1 de enero de 2008 al 31 de octubre de 2011; pero el Sistema Nacional de Información reportó nada más 11 mil 588 en el mismo lapso y en el mismo rubro de homicidios dolosos. Por lo menos 4 mil 868 homicidios dolosos no fueron reportados por el Sistema Nacional de Información nada más en el estado de Chihuahua.

Sobre las diferencias en las estadísticas del INEGI y el Sistema Nacional de Información, el Licenciado Jaime López Aranda Trewartha, titular del Centro Nacional de Información, explicó a ZETA:

“En cuanto a las diferencias entre las fuentes, el formato CIEISP, que se ha utilizado para compilar una estadística de incidencia delictiva desde 1997, no recopila el número de víctimas, sino el número de denuncias que se convierten en averiguación previa, a fin de aproximar tanto la incidencia denunciada en la entidad, como el nivel de actividad en materia de procuración de justicia.

“Algunas averiguaciones previas refieren a más de una víctima en un solo evento, por lo que es de esperarse que en algunos estados como Chihuahua, haya más víctimas que averiguaciones previas, la Fiscalía General reporta ambas.

“Por otra parte, a diferencia del SNSP, el INEGI compila sus estadísticas de mortalidad a partir de las actas de defunción, esto es, aquellas muertes que en opinión del médico legista pudieran clasificarse como homicidios, antes de que el Ministerio Público tome la decisión al respecto. Reflejan realidades distintas, si se quiere, porque nuestro número refleja las investigaciones en curso y son complementarias en cierta medida”.

Los “Daños Colaterales”

El sexenio calderonista también se caracterizó por minimizar las muertes de civiles que su propia administración llamó “Daños Colaterales”: Niños, estudiantes, empresarios, periodistas y activistas sociales.

El gobierno del Presidente Calderón primero reconoció: “90 por ciento de bajas está en la delincuencia organizada, solo un 10 por ciento de esas bajas son de las instituciones y de blancos civiles”, informó la Secretaría de Gobernación en abril de 2010. Ésa fue la postura del Gobierno Federal.

Lamentablemente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que dirige el panista Raúl Plascencia, informó el 26 de enero de 2011 que en 2010 solo 111 personas murieron en medio de la guerra del Presidente Calderón; y de plano, el 25 de enero de 2012 reveló que en 2011 fallecieron 43 civiles durante enfrentamientos entre grupos delincuenciales y fuerzas de seguridad.

“(En 2012) Fueron bajando un poco, 2010 digamos que fue un pico; 2011 un poco menos; 2012 también ya se han ido reduciendo esos incidentes de personas que nada tenían que ver con la comisión de un delito y que perdieron la vida fue ahora sí que gradualmente disminuyendo (25 en 2012)”, expuso a ZETA el doctor Raúl Plascencia.

El presidente de la CNDH detalló a este Semanario sobre el sexenio de Felipe Calderón:

“En materia de desaparecidos la CNDH concentró 2 mil 126 casos que son los que tiene actualmente en investigación; y con respecto de personas no localizables o bien, en todo caso extraviadas, 24 mil 91 casos son los que tenemos actualmente en la CNDH; los 2 mil 126 son expedientes abiertos en materia de desaparición forzada; 15 mil 921 cadáveres no identificados; mil 421 cadáveres que fueron o exhumados o bien inhumados en fosas clandestinas, es el registro que tenemos. Todo esto nos da un total de 46 mil 15 personas ejecutadas”.

Asimismo, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Chihuahua documentó 12 mil niños huérfanos por la violencia en Ciudad Juárez; 120 mil personas desplazadas por la violencia según información de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados; y más de 40 mil mexicanos pidieron asilo político, de acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

125 mil cadáveres “Sin Datos” y “Otros”

El gobierno del Presidente Felipe Calderón fue rebasado no solo en el registro cuantitativo de ejecuciones ocurridas; también en la identificación de cadáveres.

A través del Sistema Nacional de Información, el sexenio que concluye reconoció 101 mil 199 homicidios dolosos ocurridos entre el 1 de diciembre de 2006 y el 31 de octubre de 2012, de los cuales 64 mil 786 fueron registrados como asesinatos “Con Arma de Fuego” y “Con Arma Blanca”; 36 mil 413  se clasificaron como homicidios “Sin Datos” y “Otros”. Dicho de otra forma, el Gobierno Federal desconoció la identidad de 36 mil 413 cadáveres.

Los homicidios “Sin Datos” y “Otros”, clasificados de esa manera por el Sistema Nacional de Información, no únicamente pertenecen al rubro de asesinatos dolosos; de plano el Gobierno Federal los amontona en el rubro de “homicidios culposos”, en el que resulta que en el sexenio calderonista, 88 mil 677 cadáveres fueron arrojados a la clasificación “Sin Datos” y “Otros”.

Para acabar pronto: En la categoría de homicidios dolosos y culposos, denominados “Sin Datos” y “Otros”, 125 mil 090 cadáveres tienen su tumba virtual.

31 cartelitos

Desde el principio, la estrategia de combate a la inseguridad implementada por un Gobierno Federal enfocado en la captura incidental de los miembros de los cárteles más violentos, dio como resultado la lucha por el control del territorio criminal y la proliferación de estos grupos del crimen organizado.

Sin trabajo de inteligencia y menos investigación, basados exclusivamente en denuncias “ciudadanas” producto del hartazgo de los mexicanos víctimas de secuestro, extorsión o el asesinato de algún familiar; o en la delación anónima proveniente de cárteles enemigos o células delictivas escindidas que delataban las ubicaciones de sus competidores para posesionarse delictivamente de los corredores de la droga, pero usando a las autoridades para eliminar a la competencia.

Felipe Calderón recibió el país con siete  cárteles y lo entregará con 31 células delictivas organizadas, siempre y cuando no surja algún grupo delictivo en la próxima semana.

El crecimiento se ha dado a razón de cuatro cartelitos por año, y en este 2012, los recién surgidos fueron: La Empresa, Guerreros Unidos, Los Rojos y Los Legionarios, según reportes policiacos, periodísticos y de la empresa de consultoría Linde.

A los cárteles de Sinaloa o del Pacífico, Juárez, Colima, CAF, Milenio, Del Golfo y del Istmo, que existían hasta 2006, vía escisiones, se sumaron entre 2007 y 2011:

Los cárteles Independiente de Acapulco, La Resistencia, Gente Nueva, Pacífico Sur/Beltrán Leyva, Los Zetas, Mata Zetas, Guadalajara, Centro Narco, La Línea/Los Aztecas, Los Artistas Asesinos/Mexicles, Jalisco, Nueva Generación, La Barredora, Los Güeros, La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, Los Pelones, Los Metros, Los Teos y Los Negros.

Este crecimiento en el número de grupos delictivos, llegó acompañado de la multiplicación del número de estados que padecían la concentración de la violencia y de recibir un país con diez estados que centralizaban al menos el 50 por ciento de los delitos, conforme al  Atlas Delictivo 1997-2006 hecho por el Instituto Ciudadano para el Estudio de la Inseguridad (ICESI). En 2012, cada día se cometen de uno a cuatro asesinatos del crimen organizado en 20 estados.

De hecho, actualmente solo las estadísticas de Querétaro, Hidalgo, Campeche, Tlaxcala, Yucatán, Aguascalientes y Baja California Sur registran menos de 100 asesinatos, el asunto es que en estas entidades, en algunos casos, no ocurría siquiera un homicidio doloso al año hasta antes de 2007 y 2008. Pero ahora conocen perfectamente el significado y cómo se ve un ejecutado por el crimen organizado.

Teniendo como fuerza operativa de respuesta y prácticamente única a los elementos del Ejército para responder a “soplos”, porque en su más alto porcentaje las corporaciones municipales y estatales siguen corrompidas, 16 estados reportan avances en la depuración de entre 49 y 50 por ciento; los otros 16 ni siquiera están avanzando conforme al reporte que el Presidente Calderón envió al Senado este mismo mes.

Tampoco se combatió ni se realizaron operativos para mermar su fuerza económica, decomisando o congelando bienes de los jefes del crimen organizado. Menos aún se establecieron estrategias para reducir el mercado o abatir el consumo.

De hecho, en la respuesta por escrito que el Presidente envió a los senadores con motivo de las dudas que les surgieron como resultado del Sexto y último Informe de Gobierno, Calderón tuvo la ocurrencia de justificar el aumento del consumo de drogas en México que se dio durante su sexenio, en que se compraba más droga porque  “… el crecimiento del poder adquisitivo de los mexicanos casi se triplicó de 1993 a 2011”.

Chihuahua, Sinaloa y Guerrero, a la cabeza en asesinatos

En la trágica sumatoria sexenal de muertos del crimen organizado, el Estado de Chihuahua no abandonó su primer lugar desde 2008, con todo y su reducción del 30 por ciento en el tema de homicidios dolosos en 2012, en comparación con el año anterior.

Con sus mil 784  muertes violentas hasta octubre de este año, Chihuahua se mantiene en la deshonrosa carrera por ser el número uno en las estadísticas de “Ejecuciones” en 2012, compitiendo con los mil 883 asesinados en Guerrero, actualmente el estado número uno en homicidios. Sin embargo, en el esquema sexenal se sostiene en el tercer lugar.

Sinaloa ocupa el segundo espacio en asesinatos durante el sexenio, plaza que mantuvo los primeros cinco años. En la actualidad está en el cuarto lugar, debido a que los homicidas de Nuevo León acrecentaron su actividad en aquella entidad.

De las 83 mil 191 ejecuciones ocurridas en el sexenio de Calderón, durante el sexenio federal Chihuahua concentró el 19.7 por ciento, con 16 mil 467 ejecuciones, seguido de:

Sinaloa, 7 mil 954

Guerrero, 7 mil 313

Estado de México. 4 mil 532

Baja California, 4 mil 519

Nuevo León, 4 mil 335

Jalisco, 4 mil 069

Durango, 3 mil 480

Tamaulipas, 3 mil 280

De las 83 mil 191 ejecuciones, los anteriores nueve estados concentraron 55 mil 949, cantidad que representa el 67 por ciento.

Asimismo, de las 83 mil 191 ejecuciones, 27 mil 901 corresponden al “Triángulo Dorado”, formado por Chihuahua, Sinaloa y Durango.

En general, las estrategias federales emprendidas en esos estados, han sido consideradas por sus ciudadanos “bien intencionadas y serias”, en cuanto que se han sostenido en su intencionalidad, pero “fallidas” e “insuficientes” en sus resultados, y “erradas” en algunas de sus vertientes, como la elevación de penas y la participación del Ejército sin haberlo facultado legalmente ni capacitado.

Chihuahua: Más de 16 mil muertes violentas e impunidad en el 98 por ciento

Este estado norteño inició el sexenio con 671 asesinatos violentos en 2007, llegó a 3 mil 903 en 2010, bajó a 3 mil 085 en 2011 y, del 1 de enero al 31 de octubre de 2012, se han incluido en la estadística oficial 1 mil 758 ejecuciones.

Entrevistados algunos líderes de Organizaciones No Gubernamentales y políticos del estado, consideraron que el ideal mínimo para considerar una estrategia de combate  exitosa, sería regresar a los niveles delictivos de 2007, que en el caso de Chihuahua serían alrededor de 600 asesinatos por año, muy por encima incluso de los niveles de inseguridad de por lo menos 23 de los 32 estados mexicanos que hoy no alcanzan esos estándares de violencia.

Durante el sexenio Calderonista, en Chihuahua se han cometido 16 mil 647 homicidios violentos y, conforme a los informes de 2010 a la fecha, el Tribunal de Justicia del Estado ha sometido a juicio por este delito únicamente al 2 por ciento de los presuntos homicidas.

 Se desconoce cuantos de ellos han tenido sentencias condenatorias y cuantos han sido liberados, lo que plasma impunidad total en el 98 por ciento de los casos.

Aunque la ciudadanía no lo percibe así, los números son más “alegres” en los “delitos contra la salud”, que según estadísticas de la Secretaría de Seguridad Pública de la federación, van a la baja casi drásticamente: de 3 mil 397 que se registraban en 2007, fueron disminuyendo hasta llegar a 1 mil 572 en 2011, y hasta septiembre de 2012, apenas 663.

Salvador Urbina Quiroz, presidente del Consejo de Vigilancia de la Confederación Nacional de Abogados de México en Chihuahua, habló con ZETA de la guerra de las cifras y reconoció que efectivamente el número de asesinatos se ha reducido en el estado como presumen las autoridades, pero solo en los últimos tres meses.

“Tenemos menos de 50 muertos al mes, antes teníamos de 200 a 400 asesinatos mensuales, pero eso no significa que la delincuencia y otro tipo de delitos haya bajado, las extorsiones y secuestros siguen arriba, sin embargo, en sus discursos el Gobierno Federal, el estatal y el municipal se atribuyen la publicitada disminución y hablan de una coordinación que ni existe ni existió”, detalló Urbina.

El abogado se refirió a las versiones y el sentir ciudadano: “Los que estamos aquí sabemos que esta baja de homicidios se debió al reacomodo y desgaste de los grupos que se estaban peleando. Uno grupo ha dominado el otro, tanto muerto que se han acabado, el Cártel de Juárez está prácticamente extinto, pero no por la autoridad que se le adjudica. Cualquiera que sea el motivo, estamos contentos de la disminución”.

En esta guerra de cárteles y territorios, que en Chihuahua implicó la incorporación de cientos de desempleados y menores a las filas del crimen organizado, Urbina considera que del proyecto federal de combate a la inseguridad, lo positivo es que sí se afrontó a la delincuencia, las reformas a las leyes que implican el Nuevo Sistema de Justicia y los intentos reiterados de las tres órdenes de gobierno por coordinarse.

Lo negativo: “Que  nunca se coordinaron, los más de 90 mil muertos, aunque oficialmente se habla de 60 mil en esta guerra, y la inclusión del Ejército sin un plan”.

Guerrero: Primer lugar en homicidios durante 2012

Las 1 mil 883 personas asesinadas violentamente en Guerrero de enero a octubre de 2012, lo ubican como el estado más violento en el presente año, aunque está por debajo de los 2 mil 158 asesinatos cometido en 2011, cifra tope en criminalidad.

Según los números oficiales, durante 2012 la “estrategia” de seguridad y el operativo “Guerrero Seguro” han sido menos efectivos que en el resto de los estados.

Informes del Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa indican que la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes creció un 36.9 por ciento de 2010 a 2012.

Al iniciar el sexenio, en 2007 se registraron 500 homicidios; en 2008 hubo 951; en 2009 llegaron a 1 mil 431; en 2010, 1 mil 500; en 2011, 2 mil 158; y hasta octubre de 2012, 1 mil 883.

Dentro de esta última cifra destaca que el 23 por ciento, 446 homicidios violentos, fueron clasificados como “Otros”, lo cual significa que no fueron ultimados ni con balas ni con armas  punzocortantes. Ahí están los ahorcados, quemados, mutilados y demás prácticas terroristas usadas por los cárteles.

Conforme a México Evalúa, la impunidad en ese estado es del 90 por ciento. Solo uno de cada diez asesinos es llevado ante un juzgador, pero tampoco se sabe si han sido condenados o liberados.

En cuanto a “delitos contra la salud”, estadísticas de la Secretaría de Seguridad Pública insisten que van a la baja. De 1 mil 121 que se registraban en 2007 a solo 535 en 2012, lo cual más que de disminución en el consumo o el delito, refleja un deficiente trabajo y operatividad en el combate.

Jorge Camacho Peñaloza, presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso del Estado de Guerrero, aseguró que la estrategia coordinada está empezando a ser de “alguna manera fructífera”, básicamente en los meses recientes, “… particularmente en zonas estratégicas como Acapulco, Chilpancingo, Taxco y Zihuatanejo, aunque seguimos sin saber cómo funciona el acuerdo y si existen protocolos para el funcionamiento de los retenes, que es donde se ha tenido problemas”.

Sin embargo, consideró que otras áreas requieren la misma atención intensa: “Se debe trabajar en  todo el estado, porque hay zonas como Tierra Caliente y otras donde también existe una problemática seria”.

Y aunque en la información oficial no se menciona la poda de cárteles, “se sabe extraoficialmente que con algunas detenciones, los grupos grandes se dividieron”.

Respecto a las principales carencias de la estrategia coordinada, el legislador mencionó: “La actividad de los tribunales y la procuración de justicia, hay cuestiones que tienen que ver leyes y reglamentos que no se han actualizado  para el funcionamiento de la reforma constitucional de 2008 en materia de juicios orales, en Guerrero están incompletas, de hecho la próxima semana se van a votar siete leyes al respecto”.

El diputado considera que durante el gobierno entrante de Enrique Peña Nieto, se deberá poner particular atención en la depuración policiaca y la homologación de los policías, lo cual representa un problema para Guerrero.

Sinaloa: Mejoría insuficiente

En 2007 se cometieron 741 muertes violentas en Sinaloa, cifra que creció al máximo en 2010 cuando llegó a los 2 mil 251 homicidios, y bajó consecutivamente hasta 1 mil 230  asesinatos que se cometieron de enero a octubre de 2012. Las autoridades hablan de una reducción del 37 por ciento.

Sin embargo, conforme a las estadísticas del Tribunal Superior de Justicia, los índices de impunidad exponen un problema más grave: en 2010, cuando se perpetraron 1 mil 251 homicidios violentos, solo 183 presuntos homicidas fueron llevados a proceso, ni siquiera uno de cada 10 presuntos responsables. La efectividad se marcó apenas en 8 por ciento, y en 2011, de los 1 mil 907 asesinatos del crimen organizado, solo 220 presuntos criminales fueron detenidos (11 por ciento). Aunque no existe información al detalle de cuántos de estos presuntos criminales recibieron prisión y cuántos salieron sin cargos.

Además, la inseguridad se agrava con el incremento en delitos de extorsión en más de 100 por ciento, y secuestros en un 50 por ciento.

“Los resultados no son los óptimos, sobre todo en el tema de homicidios, aunque sí hay reducciones, pero lo que se debe reconocer es la recuperación de espacios. Antes los comandos criminales andaban a gusto a todas horas por las calles de todos los municipios, cacheteaban y pateaban policías, invadían las playas y no pasaba nada; los ciudadanos honestos se escondían, no salían de noche, ahora ya pasean y los policías se están enfrentando a esta gente”, declaró el diputado Felipe Manzanares.

“Sí hay avances pero seguimos muy por debajo de las necesidades, calificar la estrategia de exitosa implica consideraciones que no se reúnen, pero no podemos dejar de reconocer el esfuerzo”, expresó por su parte Jorge Julián Chávez Murillo, coordinador del área ciudadana del Consejo Estatal de Seguridad Pública en Sinaloa.

Efecto Cucaracha

Mientras estados como Chihuahua, Sinaloa, Guerrero y Baja California disminuyeron sus índices de ejecuciones, otras entidades van drásticamente en aumento, como Nuevo León.

Lo mismo pasó en  Guerrero, Estado de México, Jalisco, Durango, Michoacán, Veracruz, Tamaulipas y Coahuila, siendo estos últimos dos donde el porcentaje de asesinatos por cada 100 mil habitantes se desbordó en un 172 por ciento para los tamaulipecos, y un 161 por ciento para los coahuilenses.

Pero el mayor ejemplo y víctima del  “Efecto Cucaracha” fue Nuevo León, estado donde más aumentaron las ejecuciones de un año al siguiente. De 2010 a 2012, su tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes creció un 617 por ciento, de acuerdo al cruce de información oficial hecho por la consultora México Evalúa.

De 56 ejecuciones ocurridas en 2009, para 2010 fueron registrados 770, en 2011 se dispararon hasta 2 mil 003, y en 2012 el Sistema Nacional de Información dio cuenta de mil 320 homicidios dolosos durante los primeros diez meses.

En Guerrero, de 297 ejecuciones sucedidas en 2008, se dispararon hasta mil 349 en 2009, mil 376 en 2010, hasta 2158 en 2011; y 1 mil 883 en los primeros diez meses de 2012.

En Durango ocurrió el mismo fenómeno: cuando en 2007 habían ocurrido 126 ejecuciones, éstas aumentaron a 957 en 2011.

En Michoacán, estado natal de Felipe Calderón, donde empezó su guerra contra algunos cárteles del narcotráfico, las ejecuciones también aumentaron drásticamente: De 238 en 2007, hasta 815 en 2011. Esos son los saldos, y esa la realidad.