CIUDAD DE MÉXICO (apro).- De
nueva cuenta, el neurocirujano Rodolfo Ondarza denunció amenazas de muerte en
su contra tras denunciar un presunto “crimen de lesa humanidad” por cirugía
experimental en humanos, práctica que se sigue realizando en el Instituto
Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN).
“El ensayo afectó a unas 500
personas, algunas de las cuales han muerto y otras padecerán secuelas de por
vida. Lo grave, así, no es sólo la designación de Miguel Ángel Celis, sino el
hecho de que el caso no ha sido debidamente investigado ni sancionado por las
autoridades del país”, aseguró a este semanario en abril pasado.
En la edición 2109 de la
revista Proceso, el especialista aseguró que Celis, nuevo director del INNN,
uno de los centros más reputados del país, es acusado por colegas y pacientes
de participar en un esquema de experimentación médica en el que en los últimos
años han sido usados, literalmente, como “conejillos de indias”.
Tras la publicación, Ondarza
interpuso una queja en la Dirección General del instituto y la Subdirección de
Recursos Humanos porque, dijo, se le ha negado el registro de su asistencia
desde el 3 de abril pasado, pese a que ya cuenta con medidas cautelares
emitidas por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos
Humanos.
Ondarza ha denunciado las
consecuencias que han tenido cientos de pacientes con hidrocefalia sometidos a
cirugía experimental ilegal con un dispositivo patentado por el dos veces
director del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco
Suárez”, Julio Everardo Sotelo Morales, caso que incluso se llevó a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la Red Solidaria Década Contra la
Impunidad, presidida por el obispo Raúl Vera.
También señaló que se trata
de 474 pacientes reconocidos por las autoridades de dicho nosocomio, entre
otros por Célis López, y que se encuentran incluidos en un informe dirigido por
dicha institución a la Comisión Permanente del Senado, luego de puntos de
acuerdo subidos a tribuna por la diputada Araceli Damián, la senadora Lorena
Cuéllar –de la fracción parlamentaria de Morena–, y del senador Benjamín
Robles, del PT.
Y ha sido Ondarza quien ha
encabezado esta denuncia a nivel nacional e internacional, un neurocirujano
egresado y médico del INNN.
El quejoso, junto con otros
médicos, fue despedido de manera injustificada tras realizar la denuncia de
crimen de lesa humanidad y tortura médica ante medios de diferentes latitudes
hace una década.
En 2012, finalmente un laudo
favoreció a Ondarza para su reinstalación, no sin antes tener que embargar al
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía por su insumisión a la
sentencia y negarse a pagarle inicialmente los salarios caídos.
Después, Ondarza sufrió una
tentativa de homicidio en marzo de 2017, ratificando en el Ministerio Público
la demanda CI-FAO/AO-1/UI-3 S/D/01373/03-2017 contra Sotelo y Célis como
presuntos responsables.
Pese a ser beneficiario del
Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas, prosiguió el acoso laboral contra el especialista, acción que
finalmente desembocó en un nuevo despido injustificado en noviembre pasado.
A pesar del acuerdo del
Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas de enviar visitadores a dicho hospital para verificar las
condiciones laborales de Ondarza, y la entrega de una notificación a Célis
López, esto no se cumplió, por lo que Ondarza se amparó y demandó ante el
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya que esta vez su destitución fue
a través del Órgano Interno de Control del INNN.
(PROCESO/ ROSALÍA VERGARA / 7 FEBRERO, 2018)
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