Oaxaca es uno de los estados con mayor
explotación de energías renovables. Foto: Cuartoscuro
Oaxaca es uno de los estados
con más explotación de energía renovable por parte de empresas privadas, y
también donde mayores conflictos sociales se han reportado. Foto: Cuartoscuro
Atrás quedó el discurso
oficial que, tratando de vender a toda costa la Reforma Energética –hoy cercana
a los dos años de implementación– prometió fortalecer a la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (Pemex) para hacerlas empresas “de
clase mundial”, productivas, eficientes y competitivas.
Lejos también se ve la
palabra empeñada por el Presidente Enrique Peña Nieto, sus secretarios de
Estado, directores generales de la CFE y Pemex, y legisladores del PRI –
principalmente los que operaron la aprobación de la reforma: Manlio Fabio
Beltrones Rivera, coordinador en la Cámara de Diputados; Emilio Gamboa Patrón,
líder de esa bancada en el Senado de la República, y David Penchyna Grub, quien
fungió como presidente de la Comisión de Energía en la Cámara Alta–, de que los
mexicanos tendríamos tarifas bajas de electricidad y combustibles, energía
abundante, aumento en la producción de petróleo y gas, creación de empleos y,
como consecuencia, crecimiento económico.
El artificio con el que
vendieron esa oferta duró poco, apenas y si comenzaron a aparecer las nuevas
reglas del juego.
Ahora, en los últimos cuatro
días, el Gobierno federal asestó a los consumidores mexicanos –los grandes y los
pequeños– alzas en las gasolinas y en las tarifas eléctricas, que ponen en
evidencia que la reforma no ha hecho sino dejar en mayor indefensión a los
usuarios, en particular a los mexicanos sumidos en la pobreza, que ya son la
mitad de la población.
Tanto los aumentos en
gasolinas como en electricidad repercutirán, además, en un aumento de precios,
por más que el Banco de México afirme que la inflación está controlada con su
alza “preventiva” a las tasas de interés.
Sin embargo, lo de la
electricidad prende las alarmas en todos el país.
Se sabe que este bien, de
primera necesidad, es el más importante en materia energética. Es el que tiene
mayor alcance para detonar el desarrollo de una comunidad, porque es
fundamental en todas las cadenas productivas.
Por ello los ciudadanos no
dejan de consumirla –aun cuando sea cara–. Y por ello también las alzas en sus
tarifas generan un inmediato reclamo, pues encima el servicio sigue siendo
deficiente en la red de suministro: cortes, apagones, bajas o altas tensiones
que repercuten en el daño de equipos, etcétera.
El Gobierno federal, ya con
la reforma en marcha, se ha convertido en regulador, licitador de proyectos y,
sobre todo, facilitador de las inversiones privadas.
Pero, como ha sido regla en
este sexenio, ha dejado de lado los riesgos que eso implica y, además, mantiene
ojos y oídos cerrados a los reclamos ciudadanos.
Otra vez: se equivoca al
subestimar la importancia de un bien como la energía eléctrica y privilegiar
los intereses económicos de las compañías, e insistir en una mentira, ingeniosa
según ellos: el cuento chino de que, a la larga, la presencia de más compañías
traerá no sólo electricidad barata sino más empleo y riqueza para el país.
Ahí se han abierto ahora
nuevos conflictos entre empresas privadas y los propios gobiernos federal y
locales con pueblos indígenas, comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios,
que se niegan a ser despojados a la mala de sus tierras.
Y esa resistencia a los
megaproyectos eléctricos está siendo una suerte de contagio por todo el país,
ante comunidades cansadas de abusos, destrucción ambiental de sus recursos
naturales y presencia del crimen organizado.
En fin que más que avanzar
hacia un equilibrio, la reforma privatizadora –que apuesta por un mercado que
se mueve por la oferta y la demanda, y altamente especulativo– ha resultado una
historia llena de fantasía.
¡Buena semana, y nos vemos el
próximo martes!
(SIN EMBARGO.MX/ Rita Varela Mayorga /
julio 5, 2016 - 12:00 am)
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