De acuerdo con la información
de la investigación periodística internacional encabezada por el ICIJ, una de
las firmas mexicanas que más ha recurrido a los servicios de la cuestionada
empresa panameña es Doporto & Asociados, encabezado por el abogado Luis Doporto
Alexandre.
A través de una empresa de
servicios financieros holandesa, Infintax, la firma mexicana ha creado
complejas estructuras de sociedades, fideicomisos y fundaciones en distintas
jurisdicciones internacionales que han tenido repercusión en la reorganización
del sector farmacéutico en México, indica el semanario Proceso, uno de los
medios mexicanos involucrados en la investigación internacional.
El medio recuerda que, en
junio pasado, el despacho mexicano tuvo un papel central en la venta de Grupo
Marzam por parte de Genomma Lab.
El fondo holandés Moench
Coöperatief compró el 50 por ciento más una de las acciones del segundo mayor
grupo dedicado a la distribución de medicinas en el territorio nacional, por lo
cual desembolsó mil 350 millones de pesos.
Detrás del fondo holandés se
encontraban el propio Luis Doporto, de 41 años de edad, junto con el financiero
venezolano Carlos Rafael Dorado, y los también financieros de origen suizo Karl
Frei y Patrick Wyss.
En su momento, la Comisión
Federal de Competencia (Cofece) aprobó la compra, al aseverar que supuestamente
ésta no afectaría las reglas del libre mercado en el sector farmacéutico.
Sin embargo, indica Proceso,
la compra de Grupo Marzam se realizó con recursos de Marina Matarazzo, esposa
de Pablo Escandón Cusi, el dueño de Grupo Nadro, líder nacional en el sector de
la distribución de medicinas.
En declaraciones al
semanario, Doporto reconoció la participación de Matarazzo, pero aseveró que la
mujer solamente le prestó a él recursos para la operación de compra y negó que
con ello su esposo se haya apoderado de su rival directo.
El abogado Luis Doporto
Alexandre es esposo de Melissa Flores Alcántara, hija de Aurora Alcántara
Rojas, actual pareja del ex gobernador de Oaxaca, José Murat Casab, padre del
actual candidato al gobierno de Oaxaca, Alejandro Ismael Murat Hinojosa, quien
este domingo inicia su campaña a gobernador del mismo estado.
Además de intermediario, Luis
Doporto Alexandre es uno de los beneficiarios finales de fideicomisos abiertos
por Mossack Fonseca, en los que su suegra, Aurora Alcántara, aparece como
protectora sustituta.
En las estructuras de la
firma Doporto & Asociados creadas con la holandesa Infintax, también tiene
una participación destacada Guillermo Vogel Hinojosa, ex cuñado de José Murat.
Además, la conyugue del ex
mandatario oaxaqueño es hermana de Roberto Alcántara Rosas, el dueño de Grupo
Toluca, que congrega a empresas de transporte terrestre, y VivaAerobus México.
Al inicio de su gobierno,
Enrique Peña Nieto le dio un contrato al hermano de la esposa de Murat Casab,
por cuatro mil millones de pesos para el cobro de peaje en la red carretera de
Caminos y Puentes Federales (Capufe).
Los Alcántara Rojas son
originarios de Acambay, un poblado de 56 mil habitantes en el Estado de México,
vecino de Atlacomulco y de donde también proviene la familia de Peña Nieto,
cuyo abuelo fue alcalde en cuatro ocasiones, señala Proceso.
En febrero de 2015, el diario
estadounidense The New York Times difundió que la familia del ex gobernador
oaxaqueña, posee en Estados Unidos al menos seis propiedades, incluyendo dos
lujosos condominios, adquiridas a lo largo de su carrera pública ligada al
Partido Revolucionario Institucional (PRI).
La investigación, centrada en
cómo políticos y empresarios extranjeros han invertido sus fortunas en
inmuebles lujosos en Estados Unidos, señala que entre sus propiedades los Murat
poseen dos condominios en un resort de esquí en Utah, uno en una playa del sur
de Texas y otro en la ciudad de Nueva York.
Además, los hijos de Murat
“han vivido por periodos” en un condominio en el lujoso Time Warner Center,
ubicado en el corazón de Manhattan, según The New York Times.
“Para los Murat, el regreso
del PRI al poder ha significado el resurgimiento de su influencia, que tiene
más de cuatro décadas de historia”, dice el reportaje del rotativo.
“En el camino, la familia
Murat también dedicó décadas a la compra de propiedades en Estados Unidos”.
El diario estadounidense no
indicó que las propiedades hayan sido compradas de forma ilegal.
Además, agregó que ni en
México ni en Estados Unidos ha habido investigaciones acerca del origen de los
recursos con los que se adquieren las propiedades.
“Las propiedades de los Murat
muestran cómo los mecanismos legales en Estados Unidos para poseer propiedades
sin revelar el nombre del propietario actual pueden hacer difícil el rastreo
del dinero”, señalaba la investigación.
“Esto puede ser un problema
particular para México, que al igual que muchos países en desarrollo ha
experimentado durante mucho tiempo la salida de capital tanto lícito como
ilícito”, agregó el NYT en su momento.
Durante la investigación de
The New York Times, Murat y su hijo Alejandro, entonces titular del Instituto
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en el
gobierno de Enrique Peña Nieto, enviaron cartas al diario en las que indican
que la fortuna familiar “viene, en parte, de dinero heredado”, y afirmaron que
“varios de los inmuebles” en Estados Unidos “son propiedad de otros
familiares”.
Murat aseguró en su carta,
difundida en México, que posee los dos departamentos en Utah desde hace más de
10 años, cuya inversión en ese momento fue de 300 mil dólares.
Además, rechazó poseer
propiedades en Nueva York, como indica el diario en su reportaje.
“Me es incomprensible que me
involucren en una situación del todo falsa y que compromete mi reputación y la
de mi familia”, dijo en la misiva, demandando que se corrigiera el reporte que
finalmente fue publicado este miércoles con la afirmación de las seis propiedades.
A la par, el diario El
Universal también publicó que José Murat vendió un avión privado en un millón
de dólares.
Sin embargo, el exgobernador dijo en una
entrevista radiofónica que nunca ha poseído una aeronave y que la que mencionó
el periódico le fue prestada en su momento.
El día de hoy, al arrancar su
campaña en Oaxaca, Murat Hinojosa, candidato de la coalición Juntos hacemos
más, incluyó en su primer círculo de campaña por la gubernatura de Oaxaca, a
Samuel Gurrión Matías, político nacido en Juchitán quien ha sido investigado
por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por la presunta comisión de
ilícitos como lavado de dinero y otras irregularidades, como la de evadir el
pago de impuestos. Mediante un comunicado, la oficina de prensa del candidato
que postularon de manera conjunta los partidos PRI, Nueva Alianza y Verde
Ecologista de México, informó entre otros nombramientos, que Samuel Gurrión
Matías fue designado coordinador de la campaña permanente.
De acuerdo con la agencia
Quadratín, ahora operador de Alejandro Murat también fue socio de Gregorio
Sánchez Martínez, quien fue detenido por sus presuntos vínculos como cárteles
de la delincuencia organizada como Los Beltrán Leyva y Los Zetas, ambas
organizaciones que operan en la región del Istmo de Tehuantepec.
¿QUÉ SON LOS #PANAMAPAPERS?
El diario alemán Süddeutsche
Zeitung con sede en Munich, recibió millones de registros de una fuente
confidencial y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), que convocó a periodistas socios
en todo el mundo.
Los más de 100 medios
internacionales que participaron de la investigación no pagaron por el acceso a
la información, que significa la mayor filtración de datos sobre lavado de
dinero a nivel mundial.
Los registros filtrados
provienen de la firma Mossack Fonseca, una empresa panameña de más de 40 años
de existencia, con sucursales en 48 ciudades del mundo, conocido por crear y
administrar sociedades offshore, fundaciones y fideicomisos en paraísos
fiscales.
A diferencia de otros
despachos y firmas de abogados panameños, los cuales suelen anunciarse de
manera ostentosa en la avenida 50, una de las vías más importantes de la
capital de Panamá, Mossack Fonseca adoptó un perfil muy discreto, lavando
millones de dólares día con día.
Mossack Fonseca no tiene
oficinas en México, como en otros países de América Latina, pero tampoco las
necesita.
Cuenta con numerosos
despachos de abogados que operan como intermediarios entre los beneficiarios
finales de las empresas offshore y la firma panameña.
En el caso de México se
contabilizaron 65 compañías, 47 beneficiarios finales o dueños, 29 clientes y
208 accionistas de empresas vinculadas con mexicanos o extranjeros radicados en
México.
A nivel global, el despacho
panameño tenía hasta fines del año pasado 214 mil 448 entidades registradas en
su historia y 14 mil 153 intermediarios.
El ocultamiento del dinero no
sería posible sin la participación de los bancos, empezando por los más grandes
a nivel mundial, que fungen en muchos casos como accionistas en las empresas
creadas en los offshore.
Para el caso de México, los
archivos de los Panama Papers muestran la presencia de Santander Private
Banking, HSBC Private Banking, Credit Suisse First Boston y la calificadora
Merril Lynch.
Los despachos mexicanos han
sido un gran activo para la firma panameña, ya que son quienes la ponen en
contacto con los dueños del dinero.
Tan sólo en 2010, Mossack
Fonseca envió regalos de Navidad a 310 despachos mexicanos.
En respuesta a
cuestionamientos de los diversos medios involucrados durante la investigación
periodística, Mossack Fonseca aseguró que sus servicios son legales.
Sin embargo, la práctica de
la firma ha permitido esconder dinero cuyo origen se desconoce, incluidos lavadores
de dinero del narcotráfico y vendedores de armas.
Entre los mexicanos
involucrados se encuentran el empresario mexiquense Juan Armando Hinojosa
Cantú, el dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, y Alfonso de Angoitia
Noriega, vicepresidente Ejecutivo y presidente del Comité de Finanzas de Grupo
Televisa.
(SEMANARIO ZETA/ REDACCION/ Domingo, 3
abril, 2016 05:30 PM)
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