CHILPANCINGO, Gro.
(proceso.com.mx).- Esta mañana en la edición del periódico local El Sur se
difunde una fotografía, captada por un ciudadano, de un retén instalado sobre
un tramo de terracería del municipio de Apaxtla de Castrejón donde se observa a
un grupo de sujetos armados con fusiles AK-47 y AR-15 que portan uniformes
similares a los que utiliza el Ejército y la Marina.
Algunos de los hombres usan
gorras deportivas y cascos militares, y se encuentran a bordo de unidades
particulares.
La imagen confirma la
presencia de grupos criminales que operan impunemente en la zona norte de la
entidad donde el vacío de autoridad es evidente y la sociedad vive secuestrada
ante la disputa que mantiene La Familia y Guerreros Unidos por el control de la
producción y trasiego de droga que se produce en la Sierra y sigue la ruta del
Estado de México para llegar a los Estados Unidos.
El hecho también refleja la
postura de la administración del gobernador Héctor Astudillo Flores en el Plan
Estatal de Desarrollo sobre la estrategia federal que dirige el Ejército contra
el narco, al afirmar que ha sido “desorganizada y no muy efectiva”.
La impactante imagen es acompañada
por una nota del periodista Alejandro Guerrero titulada “Sicarios disfrazados
de militares instalaron un retén en Apaxtla”, donde se indica que ayer en las
inmediaciones del poblado de San Felipe del Ocote se encontraban al menos 20
integrantes de una célula de La Familia encabezados por un operador del grupo
criminal identificado como Ramiro Bahena Urieta El Güero Pelayo.
La nota periodística señala
que miembros del grupo de autodefensa denominado Movimiento Apaxtlense Adrián
Castrejón responsabiliza a la gavilla que encabeza El Güero Pelayo de la
reciente ola de secuestros, asesinatos, extorsiones y ataques contra
comunidades de los municipios de Teloloapan y Apaxtla de Castrejón.
Incluso, refieren que esta
célula de La Familia ha desatado una cacería contra integrantes de la guardia
comunitaria de Apaxtla, ya que el objetivo de los retenes es detener a sus
integrantes.
En febrero de 2014, el
diputado federal por Movimiento Ciudadano en ese entonces y exalcalde
perredista de Teloloapan, Marino Miranda Salgado, denunció públicamente que el
movimiento de autodefensa de Apaxtla tiene nexos con Guerreros Unidos, grupo
delincuencial antagónico a La Familia, con el que mantiene una disputa por el
control de la zona norte de la entidad.
En esta franja de la entidad
que conecta la Sierra de Guerrero con el sur del Estado de México, el grupo de
La Familia que tiene su bastión en Arcelia y dirige Johny El Mojarro Hurtado
Olascoaga mantiene una brutal confrontación con operadores de Guerreros Unidos
por el control de las zonas de producción y trasiego de droga.
De acuerdo con información
proporcionada por los miembros de la guardia comunitaria, la célula de La
Familia se esconde en los cerros de los poblados de San Felipe y Liberaltepec
donde tienen sometidos a los campesinos, quienes son obligados a alimentar a
los 40 sujetos que conforman esta célula delincuencial.
También reprocharon la
ausencia de autoridad argumentando que esta banda opera impunemente en la zona
rural de Apaxtla y Teloloapan, lugares donde soldados y policías federales que
integran el operativo Tierra Caliente no llegan porque su presencia se enfoca
en la carretera que conecta Iguala con Ciudad, Altamirano, donde se ubican “sus
bases, hoteles y restaurantes”.
Esta semana, el titular de la
Fiscalía General del estado (FGE),
Xavier Olea Peláez, criticó públicamente la actuación del Ejercito en la estrategia
federal contra el narco, al señalar que soldados y marinos recorren zonas
urbanas como la avenida Costera de Acapulco donde la incidencia delictiva es
baja dejando a su suerte los puntos de mayor violencia en el puerto.
Las declaraciones del funcionario
estatal que coinciden con la postura del gobierno de Astudillo plasmada en el
Plan Estatal de Desarrollo, provocaron que la Sedena emitiera un comunicado
oficial donde calificó al fiscal de falta de conocimiento de los operativos de
seguridad que se implementen en la entidad.
(PROCESO/ EZEQUIEL FLORES CONTRERAS /6
MARZO, 2016)
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