La guerra contra las drogas ha dejado en
México una este de dolor. Los desplazados son una de las tantas caras de las víctimas
de la violencia. Miles de personas en distintas regiones del país han tenido
que dejar sus comunidades y sus pertenencias. Salvar su vida y escapar del
crimen es su pan de cada día.
La Borrega, en Durango, zona donde se
registraron importantes desplazamientos en 2015. Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México, 7 de marzo
(SinEmbargo).– Tras el asesinato de su hijo, Indalecio Benítez Mondragón y su
familia tuvieron que salir del municipio de Luvianos, Estado de México. No fue
sencillo llegar a un nuevo lugar, dice el comunicador, pese a estar bajo el
Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob).
A casi dos años de salir de
su hogar en la región de Tierra Caliente, asegura que fue complicado conseguir
trabajo, cubrir los gastos y estar al pendiente de la averiguación respecto al
atentado que sufrió el 1 de agosto de 2014, en el que un grupo armado asesinó a
su hijo Juan Diego Benítez, de 12 años de edad.
“Es difícil, en primera
porque te tienes que adaptar a otra forma de vida: llegas a un lugar donde todo
es más caro y tienes que acoplarte, no sólo tú, sino toda tu familia. Son
gastos, comidas, el clima… El Estado es
opaco, no hay ningún respaldo. Y todavía, después que te desplazas, viene –en
algunos casos– la criminalización”, relata director de la radio comunitaria
Calentana Mexiquense 98.1 FM.
Indalecio Benítez tuvo que abandonar su
hogar luego de que hombres armados asesinaran a su hijo de 12 años. Foto:
Francisco Cañedo, Sinembargo
Al llegar a un nuevo refugio,
Indalecio no sólo asumió los gastos cotidianos de un jefe de familia, sino que
a partir de la protección con la que cuenta, tuvo que destinar recursos para
las medidas de seguridad en la radio y en su antiguo hogar, el cual está
custodiado por al menos 10 policías que “prácticamente viven ahí”.
En entrevista con SinEmbargo,
Benítez refiere que durante estos 20 meses fuera se acabaron sus ahorros,
sumado a ello, la vida de su familia cambió.
–¿Recuerda cómo fue el
comienzo?
–Desde entonces tenemos que
vivir con bajo perfil. A veces, cuando voy al pueblo tengo que ir con
acompañamiento de seguridad. No se puede hacer vida social. No puedo ir a ver
un partido de futbol a la deportiva. Todo cambia: el convivir con tus
amistades. Te comienzas a marginar y te comienzan a marginar ellos. Porque
ellos mismos te saludan con miedo, porque piensan que si en el momento en que
te están saludando llegan y te madrean, les va a tocar a ellos. Esto es
constante. Es crónica esta situación. Te cambia la vida y aprendes a lidiar con
ello.
–¿Se sentía seguro en su
nuevo hogar?
–Yo me sentía seguro, pero en
una ocasión, a unos días de que pasara eso [el asesinato de Juan Diego Benítez]
salimos del refugio para ir por víveres. Fuimos a la tienda entre ocho u ocho y
media de la noche. Cuando íbamos llegando a la casa, comenzaron a llorar:
primero mi esposa, y mis hijos al verla llorar también comenzaron a llorar. Les
pregunté: ¿qué tienen? Mi esposa me dijo que me esperara, que revisará si
alguien nos estaba esperando. O sea, entraron en un estado de pánico.
–¿Y alguien los seguía o
esperaba?
–No, nadie. Pero te quedas
con esa tensión, porque era de noche y estaba la calle sola. Yo estaba confiado
porque nadie sabía nuestra ubicación, ni mis familiares. No sentí desconfianza.
Claro, si alguien nos quería hacer algo, pues tendrían que ser del Gobierno,
porque ellos son los únicos que saben dónde estoy porque me dieron el botón de
pánico.
–¿Cree que se ha quedado
corto el mecanismo?
–No sé si el mecanismo se
quede corto, o es que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no
está haciendo su parte, porque ahí debería tener un rubro que subsane la
educación de los hijos y los gastos secundarios, o sea una protección más
integral, que contemple otras cosas.
–¿Qué tipo de cosas?
–Por ejemplo, a un año ocho
meses [de exiliarse], el vehículo donde recibí el atentado todavía está en el
corralón porque no he tenido dinero para sacarlo; primero metí un escrito a la
FEADLE [Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en Contra de la
Libertad de Expresión] para que redujeran el costo, pero no resolvieron nada,
luego hice la solicitud directa a la Comisión Ejecutiva y hasta la fecha no me
han resuelto si hay alguna condonación. Hace un año cuatro meses, metí una
solicitud a la Comisión para las becas de mis hijos, pero tampoco he tenido
respuesta.
***
Cientos de personas desplazadas de
diferentes comunidades de la sierra de Durango y Sinaloa, durante una protesta
en 2015 para exigir el regreso a sus comunidades. Foto: Cuartoscuro
En México existen cientos de
miles de desplazados internos por la violencia en el marco del combate al
narcotráfico. Médicos, activistas, docentes, campesinos, amas de casa,
periodistas, choferes, entre otros, han tenido que abandonar su hogar por culpa
de la violencia generalizada. Sin embargo, no existe una cifra oficial, ni
mucho menos un marco jurídico nacional que regule esta situación, tampoco hay
políticas públicas que la atiendan.
La Comisión Mexicana para la
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) calcula que al menos
existen 281 mil desplazados por culpa de la violencia relacionada con grupos
criminales. Sin embargo, este conteo se realizó tomando en cuenta éxodos de
comunidades completas y no contempla el registro de casos “gota a gota”, que
por su naturaleza, se trata de personas o familias que se mueven pero no dejan
rastro para no ser perseguidas.
Brenda Gabriela Pérez
Vázquez, directora del área de Desplazamiento Interno de la CMDPDH, informó que
de 2011 a 2016, se han registrado 154 episodios de desplazamientos masivo –más
de 10 familias–. Lo estados donde impera este fenómeno son: Guerrero,
Michoacán, Sinaloa, Chiapas y Tamaulipas; justo las entidades donde hay
operaciones del crimen organizado o se mantiene o surgió un conflicto armado.
“A nivel local no hay
capacidad para atender y proteger los derechos de este sector de la población.
Ni siquiera se investigan los delitos de las víctimas, tampoco se sanciona a
los responsables. Y por supuesto hemos documentado que hay una ausencia
terrible de programas de atención integral. Incluso nos hemos dado cuenta que
hay procesos de revictimización cuando las víctimas se acercan a una
institución u organismo”, detalló Pérez Vázquez.
La integrante de la CMDPDH
explicó que las víctimas de desplazamiento viven violaciones incluso antes de
tener un nuevo comienzo, pues en ocasiones sufren delitos o algún integrante de
su familia –como secuestro, extorsión, entre otros–.
–¿Hay un sector específico de
la población al que afecte este fenómeno?
–No, puede ser cualquiera.
Históricamente veíamos que el desplazamiento lo encabezaban campesinos o
indígenas, ubicados en territorios específicos. Ahora estas composiciones se
diversifican. Digamos, se democratiza el desplazamiento. Le toca a todo mundo:
el campesino, activistas, periodistas, pequeños propietarios de negocios,
empresarios, alcaldes u otros funcionarios…
–¿El Gobierno reconoce este
fenómeno de desplazamiento?
–No. De manera oficial no ha
reconocido el desplazamiento en su más alto nivel. Escuchamos pronunciamientos,
que no son oficiales. Son reconocimientos implícitos, por parte de algunos
alcaldes, algunos funcionarios de desarrollo social.
–¿Lo hacen para esconder la
situación de violencia?
–Claro. Justamente la
implicación de reconocer este tema es demasiado grave, por las causas que
provocan el desplazamiento. Y además, siempre se disfraza el término de
desplazamiento con otros términos. ¿Por qué? Porque entonces le otorgaría la
responsabilidad que tiene el Estado. En muchas ocasiones, el lugar de
desplazados se les llama damnificados, para disfrazar quiénes son y así evadir
las responsabilidades.
***
El pasado 2 de marzo, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer su informe
“Situación de Derechos Humanos en México”, el cual plantea que el gran desafío
del Estado mexicano radica en romper “el ciclo de impunidad imperante” que persiste
en el país desde hace décadas y así poder lograr una efectiva prevención,
investigación, procesamiento y sanción de los responsables de violaciones de
derechos humanos.
La CIDH, órgano principal y
autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), constató, después
de que siete de sus integrantes visitaran en octubre al país, los “niveles
críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas
[de violaciones a sus derechos humanos] y a sus familiares”.
Respecto al desplazamiento
interno forzado, la Comisión Interamericana constató en terreno que la
situación de inseguridad y violencia que atraviesa el país tiene un grave y
desproporcionado efecto sobre las personas que se mueven de sus lugares de
origen.
“Los desplazamientos se
realizan de manera silenciosa, furtiva, incluso evitando solicitar el apoyo de
las autoridades por la desconfianza y temor a que ellas mismas señalen a las
víctimas ante sus agresores”, dice el documento.
El informe agrega que: “La
sociedad civil indicó a la Comisión Interamericana que el desplazamiento
interno afecta de forma desproporcionada a adultos mayores, mujeres, niños e
indígenas particularmente a aquellos de escasos recursos, quienes se encuentran
en condiciones de extrema vulnerabilidad debido a la falta de protección por
parte de las instituciones del Estado, en sus tres niveles de Gobierno”.
El organismo internacional
refirió también que las dificultades específicas de las personas desplazadas
son: en el acceso a la vivienda, acceso a educación y derechos de propiedad, el
acceso a una atención integral de la salud, dificultades en obtención de
empleos, y la afectación general a los derechos económicos, sociales y
culturales.
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En el caso de los desplazados por la
violencia, las víctimas sólo llevan consigo su vida. Foto: Cuartoscuro
En 2010 México contaba con
3.2 millones migrantes internos, de acuerdo con el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi). En aquel entonces las personas que se
desplazaban por el país eran indígenas o campesinos originarios de estados
como: Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Hidalgo, Puebla, Michoacán, Durango,
Guanajuato, Zacatecas, Nayarit, Veracruz, San Luis Potosí y Chihuahua.
De acuerdo con un informe de
la organización Tlachinollan, la principal razón de la movilidad fue: “Una
estrategia de supervivencia frente a las condiciones de precariedad en las que
viven, comunidades enteras se trasladan de sus lugares de origen a otras partes
de México para trabajar en campos agrícolas como jornaleros”.
En la actualidad, a esas
cifras se suman los desplazados por la violencia y megaproyectos o situaciones
relacionadas con el cambio climático.
En el informe “Desplazamiento
interno inducido por la violencia: una experiencia global, una realidad
mexicana” se exponen que la inseguridad y la lucha de las autoridades mexicanas
contra los cárteles de las drogas no son fenómenos nuevos en México. Sin
embargo, tres factores recientes contribuyen a intensificar la violencia: la
estrategia de seguridad puesta en marcha del ex Presidente Felipe Calderón
Hinojosa (2006-2012), la cual se basó “en una policía de enfrentamiento abierto
y en el uso de operativos conjuntos, en los que participaron el Ejército, la
Martina y las policías locales”.
En segundo lugar menciona el
recrudecimiento de la lucha por distribución de drogas de los cárteles.
Finalmente está la proliferación de grupos delictivos más pequeños que luchan
entre sí por el control del territorio, concentrando su actividad criminal en
otros delitos como la extorsión, el cobro de cuotas de piso, secuestro,
distribución y venta de drogas en el mercado local.
“La presencia del Ejército
mexicano en las calles de las principales ciudades agitadas por el crimen ha
sido percibida por la sociedad como una causa más de inseguridad”, detalla el
texto.
El estudio, realizado por la
profesora Laura Rubio Díaz-Leal del Instituto Tecnológico Autónomo de México
(ITAM) y Daniela Bachi de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los
Derechos Humanos, señala que como consecuencia de los patrones de violencia que
se vive en México, al menos en 12 estados se han producido éxodos de personas,
fenómeno que no sólo afecta a las entidades que los expulsaron, también a los
receptores, debido a que éstos últimos deben incorporar a una población con
necesidades económicas.
“Si bien, el desplazamiento
forzado en México en las condiciones actuales pega a toda la sociedad en su
conjunto, afecta de manera más aguda a las poblaciones más vulnerables:
ancianos, mujeres, niños e indígenas con recursos ilimitados”, sostiene la investigación.
La guerra contra las drogas
en México ha cobrado la vida de al menos 100 mil personas en los últimos ocho
años y más de 27 mil desaparecidos, aunque las cifras son objeto de un intenso
debate.
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La respuesta del Gobierno
mexicano, ante “la crisis de desplazamiento forzado” es casi nula, consideró
Brenda Gabriela Pérez Vázquez, directora del área de Desplazamiento Interno de
la CMDPDH.
Sólo en Chiapas y en Guerrero
existe una ley para la prevención y atención de desplazamiento forzado, pero
Brenda Pérez denunció que la mala implementación ha provocado que la
legislación sea inútil.
Por otra parte, cuando una
víctima acude a instituciones, como la Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas o algún organismo público de derechos humanos, no siempre se le
reconoce como tal.
“El registro de las víctimas
está supeditado a que haya una denuncia ante un Ministerio Público Federal.
Esto genera ambigüedades cuando registran a las víctimas. Otro camino es por
medio de denuncias por violaciones a derechos humano. Y algo que decimos
nosotros es que debe entederse al desplazamiento como una acción reactiva –o
sea, después de que algo ocurre–, o preventiva, que surge por un temor fundado
de que tu vida corra peligra. Entonces qué pasa cuando alguien no fue víctima
de algún delito, pero huye porque la violencia está cerca de él. Entonces las
autoridades deben entender eso como un derecho legítimo”, detalló la activista.
–¿Qué puede hacer una víctima
de desplazamiento forzado? –se le preguntó a Pérez.
–Hay dos vías: una es que
levanten una queja ante una comisión de derechos humanos y la otra es buscar la
inscripción ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), buscando
sus dependencias estatales o regionales –finalizó.
(SIN EMBARGO.MX/ Sergio Rincón/ marzo 7, 2016-00:00h)
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