MÉXICO, DF (apro).- El
excomisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo
Castillo Cervantes, rechazó que hubiera avalado el registro de armas de fuego
para los autodefensas en la entidad, como lo establecen los abogados de José
Manuel Mireles Valverde, exlíder de esos grupos, detenido desde el 27 de junio
de 2014.
De acuerdo con información
difundida por Quadratín, en su declaración por escrito enviada al juez Quinto
de Distrito en el estado de Michoacán, con sede en Uruapan, Castillo admite que
sí participó en reuniones con ciudadanos, pero aclaró que no puede pronunciarse
respecto de la denominación que “esos grupos ciudadanos se hubieren dado a sí
mismos”.
En ese cuestionario refirió
que desconoce quién o qué autoridad fue la encargada de ordenar la detención de
Mireles –acusado de posesión de armas, cartuchos y droga–, pero sabe que fue en
flagrancia.
Sobre el tema de un posible
acuerdo respecto de la portación de armas de fuego por parte de los integrantes
de los grupos de autodefensa de Michoacán, señaló que esto es falso, ya que el
registro, posesión y portación de armas solo puede realizarse con estricta observancia
de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
El actual director general de
la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) insistió que no era
su competencia los temas relacionados con el registro de armas de fuego, por lo
que su papel en las reuniones no se centraba en ello, sino en las
investigaciones de delitos del orden común.
“No se autorizó ni se
registró arma alguna y desconozco cuál hubiera sido su destino en caso de
registrase. Nunca he estado autorizado para registrar arma alguna, ni tampoco
lo he hecho, ya que el registro de armas de fuego se realiza en términos de la
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos”, sentenció Castillo.
Sobre la pregunta en la que
se le pide referir qué autoridad dio la orden para que se registraran armas de
fuego de uso exclusivo del Ejército, el funcionario federal respondió que lo
desconoce, pero en su papel como procurador esto no entraba dentro de sus
facultades. Dicho argumento fue reiterativo en respuestas a varias
interrogantes centradas en ese sentido, según la nota de Quadratín.
Incluso aclaró que la 43 Zona
Militar de Apatzingán no estuvo a su cargo, como lo indicó la defensa de
Mireles –recluido en el penal federal de Hermosillo, Sonora– al cuestionarle la
fecha en que inició el registro de armas de las autodefensas de Michoacán
dentro de la jurisdicción de dicha zona militar “a su cargo”.
Y, además, aclaró que sí
cuenta con cédula profesional como licenciado en Derecho y abogado, aspecto que
le pidió elucidar la defensa de Mireles y cuya declaración por escrito se hizo
el pasado 14 de diciembre.
(PROCESO/ LA REDACCIÓN/4 DE ENERO DE
2016)
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