El gobierno del ex alcalde de Los Cabos,
José Antonio Agúndez Montaño, desapareció 12 millones 533 mil 14 pesos de un presupuesto
de más de 28 millones de pesos de recursos federales etiquetados para compra de
cámaras de seguridad, patrullas y equipo táctico para la Cumbre del G-20. Los
equipos no aparecieron físicamente en la Dirección de Seguridad Pública,
Policía Preventiva y Tránsito Municipal
Los Cabos, Baja California
Sur.- La llamada cumbre del G-20, celebrada el 18 y 19 de junio de 2012, no
únicamente sirvió de plataforma para la promoción internacional del principal
destino turístico del Estado.
La Séptima Cumbre de jefes de
Estado -que tuvo de sede a Los Cabos- también sirvió para construir el Centro
Internacional de Convenciones de San José del Cabo y, sobre todo, bajar
recursos federales y gastarlos en la adjudicación directa de contratos
millonarios, amparados en el poder del gobierno del ex alcalde de Los Cabos,
José Antonio Agúndez Montaño.
Según pruebas documentales
obtenidas por ZETA del gasto corriente de los más de 224 millones de pesos, el
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del XI Ayuntamiento de Los
Cabos aprovechó la disponibilidad de recursos etiquetados y en 13 días autorizó
y presuntamente ordenó el gasto de 28 millones 747 mil 400 pesos en compras de
cámaras de seguridad, motocicletas, automóviles, pick-ups, camiones, grúas,
chalecos antibalas, escudos y cascos antimotines.
Lo anterior -con
base en copias de actas, contratos de compraventa, facturas y pólizas de
cheques en poder de este Semanario- fue validado el 15 de mayo de 2012 por el
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y consumado el 28 de mayo
del mismo año.
Los integrantes del Comité
que estuvieron ese día, en presencia del entonces director de Administración de
Servicios Públicos, y hoy regidor del Partido de la Revolución Democrática,
Samir Savín Ruiz, comentaron haber recibido el recurso de carácter
extraordinario para “garantizar la seguridad de los representantes de las
principales economías desarrolladas y emergentes del mundo”, por lo cual
habrían firmado un convenio el 8 de mayo con el Gobierno del Estado y el
Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, donde habían quedado
asentadas las siguientes compras:
* 9 millones 825 mil pesos
por concepto de suministro, configuración e instalación del sistema de
videocámaras para vigilancia y monitoreo vial en San José del Cabo.
* 4 millones 740 mil pesos
por compra de camionetas pick-up doble cabina y acondicionadas como patrullas.
* 2 millones 432 mil 500
pesos por adquisición de automóviles acondicionados de patrullas.
* Un millón 560 pesos por
concepto de paneles de 20 plazas.
* 2 millones 590 mil pesos
por compra de motocicletas.
* Un millón 350 mil pesos por
adquisición de transportadores personales.
* Un millón 62 mil 500 pesos
por concepto de chalecos antibalas.
* 990 mil pesos por compra de
grúa con plataforma.
* 450 mil pesos por
adquisición de cascos y escudos antimotines.
Independientemente de los 25
millones de pesos, el XI Ayuntamiento local había firmado un segundo convenio
el 29 de febrero de 2012, donde formalmente se comprometieron a gastar 3
millones 747 mil 400 pesos provenientes del Subsidio para la Seguridad de los Municipios
(SUBSEMUN) 2012, distribuidos de la
siguiente manera:
* 2 millones 467 mil 400
pesos por concepto de pick-ups doble cabina y acondicionados como patrullas.
* Un millón 250 mil pesos por
compra de chalecos antibalas.
* 30 mil pesos por adquisición
de impresoras de “alto rendimiento”.
En suma, y según la firma de
los dos convenios, gastarían 28 millones 747 mil 400 pesos.
Los recursos habían sido
depositados en la cuenta número 0101-0007-0018-00-00 del banco Banorte,
etiquetados como “Subsidio Especial otorgado por la Secretaría de Relaciones
Exteriores” y programa SUBSEMUN 2012.
Los integrantes del Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios eran: José Antonio Agúndez Montaño,
ex alcalde cabeño; Oswaldo Murillo Martínez, ex síndico municipal; Guillermo
Marrón Rosas, ex secretario general; Gerardo Manríquez Amador, ex tesorero
municipal; Edilberto Graciano Chávez, ex oficial mayor; Alejandro Rosas Cañedo,
ex director de Asentamientos Humanos y Obra Pública; Héctor Alejandro Aréchiga
Peña, ex contralor municipal; Reynaldo Zatarain Valera, ex tercer regidor;
Gustavo Castro Sánchez, ex director de Servicios Públicos y María Verónica
Olvera Guevara, ex directora municipal de Administración.
Los que ese día no se
presentaron a la reunión del comité fueron el ex tesorero Gerardo Manríquez
Amador -en su lugar estuvo el ex director de Egresos, Jesús Olmos Ceseña- y el
ex director de Servicios Públicos, Gustavo Castro Sánchez, cuyo lugar fue
ocupado por su entonces director de administración, Samir Savín Ruiz.
LAS ADJUDICACIONES
La tercera sesión
extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del XI
Ayuntamiento cabeño transcurrió en secreto.
Los integrantes se reunieron
a puerta cerrada la tarde del 15 de mayo de 2012 en la sala de juntas de la
presidencia municipal de Los Cabos,
donde después de pasar lista y declarar “quórum legal”, tocaron el único
punto a tratar: la adquisición de equipamiento de seguridad pública para el
evento de la Cumbre del G-20, a realizarse en Los Cabos durante el 18 y 19 de
junio de 2012.
El entonces oficial mayor,
Edilberto Graciano Chávez, informó a los integrantes que el gobierno municipal
contaba con dos fuentes de recursos para equipar a la Dirección de Seguridad
Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos: el recurso
extraordinario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y el del programa
SUBSEMUN 2012.
Después de hablar de
“responsabilidad” y “honorabilidad”, los integrantes del Comité determinaron
“la adjudicación de las contrataciones mediante el procedimiento de
adjudicación directa en cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Estado”, bajo la justificación de las excepciones fundadas en
el Artículo 41, fracciones IV y V de la citada Ley, que transcriben:
Artículo 41. “Las
dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar
adquisiciones, arrendamientos y servicios sin sujetarse al procedimiento de
licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos
tres personas o de adjudicación cuando:
“Fracción IV: ‘Se realicen
con fines exclusivamente militares o para la armada, o su contratación mediante
licitación pública, ponga en riesgo la seguridad nacional o la seguridad
pública, en los términos de las leyes en la materia’.
“Fracción V: “Derivado de
caso fortuito o de fuerza mayor, no sea posible obtener bienes o servicios
mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para
atender la eventualidad de que se trate, en este supuesto las cantidades en
conceptos, deben limitarse a los estrictamente necesario para afrontarla’”.
Sin embargo, el Artículo 51
de la citada Ley, explica que “el procedimiento deberá fundarse y motivarse,
según las circunstancias de cada caso, en criterios de economía, eficacia,
eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para
el Estado”.
De manera discrecional, el
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado asignó los
contratos de manera directa a las siguientes personas físicas y morales:
Enrique Karchmer Lask.
Propietario del grupo Comercial Kar, S.A, de C.V., quien fuera favorecido con
un contrato de 9 millones 400 mil pesos por suministro, configuración e
instalación del sistema de video vigilancia en San José del Cabo.
Harley Davidson Los Cabos,
S.A. de C.V. Obtuvo un contrato de 2 millones 781 mil 062 pesos con 26 centavos
por la venta de siete motocicletas Electra Glide Police modelo 2012.
Nueva Automotriz del Toro,
S.A. Se le favoreció con un contrato de 7 millones 172 mil 500 pesos por la
venta de cinco automóviles Charger y 10 pick-ups Ram 2500 año 2012.
Nueva Automotriz del Toro,
S.A. Se le asignó un contrato por 2
millones 370 mil pesos por la venta de cinco pick-ups doble cabina Ram Crew Cab
2012.
Automotriz Transmar de
Cortés, S.A. de C.V. Contrato por un millón 556 mil pesos por la venta de dos
camionetas tipo panel Crafter 2012.
Camionera del Pacífico, S.A.
de C.V. Contrato por un millón 116 mil 660 pesos por la venta de un camión con
grúa de plataforma marca International, modelo 2013.
Segway de México, S.A. de
C.V. Contrato por un millón 339 mil 635
pesos con 28 centavos, por la venta de diez transportadoras personales para
personal de vigilancia y seguridad.
Gloria Esperanza Chaidez
Villanueva. Propietaria de Ussyale Uniformes, la cual obtuvo un contrato por un
millón 58 mil 135 pesos con 25 centavos por la venta de 85 chalecos antibalas
nivel IIIA escalados a nivel IV.
Ana Lilia Camacho Favela.
Dueña de Óptima Imagen, con un contrato por 430 mil 360 pesos por la venta de
100 escudos antimotines e igual número de cascos antimotines.
En total, 27 millones 389 mil
276 pesos con 53 centavos.
El Artículo 53 de la Ley de
Adquisidores, Arrendamientos y Servicios del Estado establece que los contratos
podrán asignarse de manera directa, siempre y cuando sea considerado lo
siguiente:
* Podrá contratarse por
adjudicación directa, cuando el reporte de cada operación no exceda del
equivalente a 4 mil 700 pesos el salario mínimo -a razón de 67.29 pesos por día-
vigente en el Estado; es decir, 316 mil pesos.
* Podrá contratarse por
invitación a cuando menos tres personas, cuando el monto superior al
equivalente a la cantidad de 4 mil 700 y hasta 12 mil 821 veces el salario
mínimo vigente en el Estado (862 mil 725 pesos con 9 centavos).
LAS IRREGULARIDADES
En la revisión y análisis de
toda la documentación del gasto del excedente de los más de 224 millones de
pesos, obtenida vía Instituto de Transparencia y Acceso a la Información
Pública (ITAI), ZETA hizo el hallazgo de las millonarias adquisiciones en el
catálogo de compras del mes de junio del ejercicio fiscal 2012.
La documentación que obra en
el expediente del concepto “Compras de Equipamiento de Seguridad Pública para
la Cumbre del G-20”, arrojó un faltante de un millón 358 mil 123 pesos con 47
centavos.
Según el acta, el gasto
autorizado fue de 28 millones 747 mil
400 pesos, pero en el expediente, únicamente aparece la documentación
probatoria del gasto de 27 millones 389 mil 276 pesos con 53 centavos.
Peor aún, la mayoría de los
contratos de compraventa fueron elaborados el 16 de mayo de 2012, es decir, el
mismo día en que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios,
autorizó y validó las millonarias operaciones, lo que deja entrever que los
principales integrantes del Comité planearon con alevosía y ventaja quiénes
serían los proveedores y cómo se repartiría el dinero federal.
De hecho, con base al
expediente de ese gasto, no aparecen copias de las cotizaciones de los
proveedores, lo que indica que ni siquiera las requirieron y compraron a
sobreprecio, contravenido “el criterio de economía, eficacia, eficiencia,
imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado”,
determinado en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
En este manoteo del
presupuesto, de acuerdo a las pruebas documentales en poder de ZETA, no
únicamente se perdió casi un millón y medio de pesos, también:
* Dos motocicletas Harley
Davidson modelo Electra Glide Police 2012, las cuales tienen un valor unitario
de 26 mil 512 dólares. Según el contrato de compraventa, bajo el número de
folio DGSPPPYTM/OM/SUBG20/2012, firmado entre el XI Ayuntamiento de Los Cabos y
Harley Davidson Los Cabos, S.A. de C.V., la operación fue por siete
motocicletas, pero en el expediente solo existe documentación de cinco; por lo
que el faltante es de dos motos, cuyo valor total es de 53 mil 24 dólares, es
decir, de 848 mil 384 pesos.
* Cinco automóviles marca
Dodge Charger 2012, con valor unitario de 407 mil pesos y 15 camionetas pick-up
Dodge Crew Cab SLT 4x4 modelo 2012, con valor unitario de 370 mil
pesos. En el contrato de compraventa, bajo el número de folio
DGSPPPYTM/OM/SUBG20/01/2012, firmado entre el XI Ayuntamiento de Los Cabos y
Automotriz del Toro, S.A. de C.V., aparecieron las siguientes facturas de más:
684, 685, 686, 687 y 688, por concepto de la compra de automóviles; y las
728,729, 730, 731, 732, 733, 735, 736, 737, 738, 744, 745, 746, 747 y 748 por
la adquisición de las unidades pick-up, las cuales amparan un gasto por 7
millones 585 mil pesos.
Lo más grave es el gasto de 9
millones 400 mil pesos por concepto de suministro, configuración e instalación
del sistema de video vigilancia en San José del Cabo.
En el contrato bajo el número
de folio DGSPPPYTM/OM/SUBG20/07/2012, firmado entre el XI Ayuntamiento de Los
Cabos y Grupo Comercial Kar, S.A. de C.V., no se establece el número de
videocámaras de seguridad ni los puntos donde habrían de ser instaladas, y en
la cláusula 13, se especifica que “responderá por su cuenta y riesgo de los
defectos y vicios ocultos de los mismos, y de los daños y perjuicios que por
inobservancia y negligencia, puedan causar al municipio o terceros”.
El contrato indica que la
forma de pago sería de 4 millones 51 mil 724 pesos con 14 centavos de anticipo,
y el resto en un pago de 4 millones 700 mil pesos, después de entregado el
trabajo.
No obstante, en la revisión
del expediente solo aparecen dos pólizas de cheque:
* El 30 de mayo de 2012 se
expidió el cheque 21 por 4 millones 700 mil pesos.
* El 5 de junio de 2012, el
cheque 02 por 2 millones 350 mil pesos.
Ambos documentos ampara un
gasto de 7 millones 50 mil pesos, de los 9 millones 400 mil pesos transcritos
en el contrato, donde existe un faltante
de 2 millones 741 mil 507 pesos.
En total -según las pruebas
documentales en poder de ZETA-, el monto del quebranto, tan solo en el rubro de
“Compras de Equipamiento de Seguridad Pública de la Cumbre del G-20”, asciende
a 12 millones 533 mil 14 pesos.
Por si fuera poco, durante la revisión física del inventario de
la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de
Los Cabos, por parte de reporteros de este Semanario, la gran mayoría de los
equipos presuntamente comprados, ni siquiera existen o aparecen físicamente en
las oficinas de la corporación.
Si acaso, por el número de
serie, se encuentran físicamente una motocicleta Harley Davidson, dos
automóviles Dodge Charger, una camioneta tipo panel y cuatro pick-ups Ram 2500.
Del resto, nada se sabe.
(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ BCS/ Gerardo
Zúñiga Pacheco / Fotos. Gerardo Zuñiga/
21 de Diciembre del 2015 a las 12:00:34)
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