Los problemas de los jornaleros en el
Valle de San Quintín no se han solucionado; los acuerdos firmados por la SEGOB
no se han cumplido y persisten las divisiones de los trabajadores, a quienes ni
siquiera les han podido fijar sueldos. Con todo, el gobernador del Estado dice
que él ya hizo su parte, con la primera piedra para la construcción de una
guardería y otras promesas sin cumplir
Si bien, aún no se cumplen la
mayoría de los puntos de los acuerdos firmados entre el Gobierno Federal y el
movimiento de jornaleros en San Quintín, ya se han conformado no uno, sino dos
sindicatos nacionales, además de la Alianza de Organizaciones que mantiene su
postura del boicot económico internacional, ya que las condiciones de
explotación siguen igual en los campos del sur de Ensenada.
Todavía es hora en que no se
ha llevado a cabo el compromiso de categorizar a las empresas agrícolas para
determinar cuáles tienen la posibilidad de pagar 150, 165 o 185 pesos por día,
mientras las autoridades municipales “no tienen vela en el entierro”, el
Gobierno del Estado dice que ya cumplió con su parte, y la Federación, a través
del subsecretario de Gobernación, Enrique Miranda Nava, ya ni siquiera responde
las llamadas o mensajes de texto enviados por los voceros de la Alianza, según
denunció Fidel Sánchez, líder del movimiento.
Apenas el 4 de noviembre
pasado en la Ciudad de México se autorizó el registro del Sindicato Nacional Independiente de
Jornaleros Agrícola y Similares, que promovido por el jefe de Gobierno defeño
Miguel Ángel Mancera, quedó conformado en su mesa directiva por disidentes de
la Alianza de Jornaleros, encabezado por Enrique Alatorre, además de Justino
Herrera, Lucina Hernández y Fermín Espinoza, quienes terminaron peleados con
Sánchez al considerar que traicionó el movimiento.
Tres semanas después, el 28
de noviembre, en Tijuana se llevó a cabo la asamblea constitutiva para el
Sindicato Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas, con Lorenzo Rodríguez
Jiménez como secretario general, aunque promovido por Fidel Sánchez.
Sánchez denunció que en el
caso del primer sindicato, encabezado por los disidentes, es una maniobra del
titular del gobierno del Distrito Federal para capitalizar votos para un
partido político que ya está en la lona como el PRD: “San Quintín se presta
porque habemos 80 mil jornaleros y ese es un voto mayoritario que puede llevar
a Mancera a la presidencia”.
Señaló el vocero a Carlos
Hafen -agricultor que ha sido candidato del Partido de la Revolución Democrática
y que en su momento presumió que era el único que pagaba a 200 pesos la
jornada- y a los disidentes de la Alianza como los verdaderos traidores de la
lucha: “La ‘tirada’ de estas personas se vio desde el primer momento que se
atrevieron a enfrentarse conmigo y rechazar el que yo buscara apoyo de
organizaciones campesinas democráticas, porque van en busca de puestos públicos
para el 2016”.
Sánchez tachó de ilegal al
Sindicato Nacional Independiente de Jornaleros Agrícolas y Similares formado por
Justino Herrera, porque de entrada no pidió la opinión de los trabajadores
agrícolas y porque se violó el Artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo, que
estipula que los miembros deben acreditar que tienen una relación laboral con
alguna empresa y los disidentes no la tienen: “Si pudieron violar este
artículo, qué se puede esperar de esta gente”.
En cambio, afirmó que el
Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas sí es
auténtico porque está integrado por verdaderos trabajadores del campo y que
además agrupará a personas de Morelos, Sonora, Distrito Federal y Estados
Unidos: “Ni Fidel Sánchez, ni Bonifacio, ni Juan Hernández, ni Juan Martínez,
ninguno de los voceros quedamos dentro del sindicato”, precisó.
Enrique Alatorre, secretario
general del otro sindicato, negó las acusaciones de Sánchez: “Somos
independientes, porque andan diciendo que es del PRD, eso sí póngalo en primera
plana, no queremos que se confunda la gente, el sindicato no es de nadie,
perdón… ahí sí la regué, sí es de alguien, es de los jornaleros”.
Lo que sí, es que ahora traen
una línea distinta a la de la Alianza y a la del sindicato promovido por su
vocero: “Estamos en contra del boicot y manifestaciones y todo eso, ya no
tenemos por qué manifestarnos, ahora tenemos que luchar con esta herramienta
que tenemos en la mano”.
Por lo pronto Fidel Sánchez
advirtió que rechazan la categorización de “A”, “B” y “C”, propuestas por las
autoridades del Trabajo para establecer la capacidad de las empresas y solo
reconocerán la “A” y “B”, pues todas tienen de 100 empleados para arriba.
Consideran que 120 empresas están en capacidad de pagar los 180 pesos, 43 los
165 pesos, y ninguna los 130 pesos.
Instó para que los gobiernos
del Estado y Federal de una vez por todas resuelvan: “Si no hay solución
contundente, no habrá paz para el gobierno”, sentenció.
Por su parte, al ser
cuestionado sobre sus compromisos para el movimiento de San Quintín, el
gobernador Francisco Vega de Lamadrid respondió que él ya cumplió su parte y
mencionó obras como la estancia infantil de la que ya se puso la primera piedra
y tendrá un costo de 10 millones de pesos, así como otros 10 millones para un
gimnasio.
“Nosotros hemos cumplido al
pie de la letra, y no solamente eso, sino que presenté un plan de desarrollo
adicional al estatal con una inversión de mil 700 millones de pesos, dentro de
ello está la planta desaladora de agua para San Quintín”, presumió Kiko.
Agregó: “Los de la Alianza
traen su camino traen su ruta, nosotros estamos para apoyar lo que la Ley nos
permita, pero a su vez estamos muy pendientes porque nadie podemos manejarnos
al margen de la Ley”.
Lo paradójico es que entre
las obras presumidas por el Ejecutivo está la pavimentación de 10 kilómetros
del camino de terracería que lleva a la bahía de San Quintín, donde se ubica el
exclusivo restaurante turístico y museo
para norteamericanos -que suelen llegar hasta en avioneta- Molino Viejo, con lo
que finalmente se sigue beneficiando a los empresarios agrícolas, en este caso
a los propietarios la familia Rodríguez, los mismos de Rancho Los Pinos.
Alatorre, líder del sindicato
de los disidentes, reprochó al respecto: “En un papelito le dije al gobernador
que le aplaudo porque se fijó en San Quintín, pero que esos 10 kilómetros para
el Molino Viejo que mejor los divida en diez colonias. También dijo que iba a
ser un paraíso de San Quintín, y le digo que tampoco queremos paraísos;
queremos hospital, escuelas de tiempo completo, guarderías…”.
(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ/ Juan Carlos
Domínguez / Fotos. Ramón T Blanco V/ 07
de Diciembre del 2015 a las 12:00:44)
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