Pese a que desde hace 18 años
los mandatarios del gobierno federal y del Distrito Federal pertenecen a
partidos políticos totalmente opuestos, en ambos niveles de gobierno han
coincidido en querer mostrar a la
capital del país como un lugar exento de la nociva presencia de los cárteles de
la droga que visiblemente han afectado, o francamente devastado, otras zonas del país como Tamaulipas, Chihuahua,
Michoacán o Guerrero, por citar algunos.
La estrategia tiene dos
principales razones. La primera es, por supuesto, política y económica.
Reconocer públicamente la operación de cárteles en la Ciudad de México
afectaría la ya muy desgastada imagen internacional de México, el turismo, las
inversiones actuales y futuras, y en general la economía de la ciudad.
La segunda razón es que si se
admitiera que hay una importante operación de los cárteles de la droga en el
DF, la pregunta inmediata sería ¿Y quién los tolera o protege? Ahí las cosas se
tornarían aún más complejas.
El gobierno del DF diría que
el combate al narcotráfico no entra dentro de sus competencias y que eso es
tema del gobierno federal, y aunque legalmente es cierto, es poco creíble que
los cárteles pudieran operar en el DF, o en cualquier otro estado de la
República, sin la complicidad de autoridades locales.
Para el gobierno federal
tampoco hay una salida fácil si reconoce la operación de estas organizaciones
delictivas en la capital. No sólo porque está en su jurisdicción combatir el
narcotráfico, lavado de dinero y otras actividades relacionadas con el tráfico
de drogas, sino porque en el DF está la sede del Poder Ejecutivo, las oficinas
centrales y principales bases de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina,
PGR y Policía Federal. No podría entenderse la operación de cárteles de la
droga en las narices de las principales oficinas que se supone deberían de
combatirlo, sin la complicidad de una o varias de esas instituciones.
El DF es la ciudad más
poblada del país y por lo tanto el mercado nacional de consumo de drogas más
importante. Además por su situación geográfica es una zona estratégica para el
traslado o almacenamiento de droga, sobre todo para aquellos cárteles que tienen
sus operaciones en estados como Jalisco, Michoacán y Guerrero, o Veracruz, Tabasco y Tamaulipas.
Desde hace al menos diez años
he venido leyendo expedientes judiciales donde los narcotraficantes refieren
sus operaciones en el DF en las distintas casas de seguridad instaladas igual
en la lujosa zona de Polanco, que en Las Lomas, Bosques de las Lomas o Santa
Fe.
En el año 2009, cuando el
Cártel de Sinaloa intentó hacer una tregua con el clan de los Beltrán Leyva y
Los Zetas, al menos una de esas reuniones se llevó a cabo en el corazón de
Polanco. Cuando las huestes de Jesús Reynaldo Zambada, hermano de Ismael el
Mayo Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, negociaba con altos mandos de la
Policía Federal, algunos de esos encuentros se llevaron a cabo en una
residencia en Bosques de las Lomas y en la zona de la Basílica de Guadalupe.
En mayo pasado, Miguel Ángel
Mancera, el jefe de Gobierno del DF, afirmó categóricamente que no operan ahí
los cárteles de la droga. Señaló que durante una plática con la titular de la
PGR, Arely Gómez, ésta le afirmó que “no hay información que permita establecer
actividades de narcotráfico en la capital del país”.
Sin embargo durante el mes de
julio aparecieron en la carretera Picacho-Ajusco, de la delegación Tlalpan,
mantas supuestamente firmadas por el Cártel de Sinaloa en las cuales anunciaba
que iban a tomar control de la “plaza” y para ello contaban con el apoyo de la
Policía Federal y la PGR.
A principios de octubre
aparecieron nuevos mensajes públicos en el DF, presuntamente firmados por el
Cártel Jalisco Nueva Generación, anunciando también que estaban en disputa por
el control de la capital y pedían a Mancera que “no se meta”.
Y a finales de ese mes
apareció el cuerpo de un joven de 25 años de edad colgado de un puente en la
concurrida avenida Ignacio Zaragoza, en la delegación Iztapalapa.
La negativa de los dos niveles de gobierno que confluyen en el
DF en reconocer la operación de los
cárteles de la droga no hace que el problema desaparezca por sí solo, al contrario.
Al no admitir el problema, los gobiernos no hacen nada para combatirlo.
De acuerdo con un reporte
publicado en noviembre por la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), las
operaciones de los cárteles ha crecido durante los últimos años de manera acelerada en el DF.
En el informe anual de “Evaluación nacional de la
amenaza de las drogas” correspondiente a 2015, la DEA publicó el mapa de la
geografía actual de los cárteles de la droga en México, el cual sale tan
colorido como un árbol de navidad por la cantidad de organizaciones criminales
que predominan en diferentes partes del territorio mexicano.
Llama la atención las cinco
esferas dibujadas por la agencia del gobierno de EU sobre el DF: el color
naranja representa al Cártel de Sinaloa, la verde al grupo de Los Zetas, azul
al Cártel de los Beltrán Leyva, el color lila es de los Caballeros Templarios y
la roja el Cártel del Golfo. Según la DEA estos cinco grupos criminales tienen
importante o creciente presencia en la capital.
Esa situación convierte al DF
en una bomba de tiempo latente, y el encubrimiento del problema por parte
de los dos niveles de gobierno revela su
complicidad. Eso significa que la aparente “paz” en la capital obedece más a
una decisión unilateral de los cinco cárteles y no a un trabajo del gobierno
federal, por lo cual de la misma manera espontánea puede surgir la violencia
como lo hemos visto en los últimos años en otras ciudades “pacíficas” de
México.
El Cártel de Sinaloa ha sido
recurrentemente señalado por la DEA como la organización de tráfico de drogas
más importante del mundo. El Cártel de Los Zetas es considerado uno de los más
violentos y mantiene su peligrosa alianza con el Cártel de los Beltrán Leyva.
En vez de permanecer
cómplices negando el problema, el gobierno federal en coordinación con el del
DF, deberían ir instrumentando un plan respecto a la presencia de estos
cárteles en la capital del país, para no tener que llegar a los niveles de
violencia y emergencia de otros estados de la República.
(RIODOCE/ ANABEL HERNÁNDEZ/ 6 DICIEMBRE, 2015)
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