A decir de la propia oficina de CONAGUA
en Baja California que encabeza Eduardo Ledesma –ex dirigente del partido
verde– se encontraron “elementos” para fincar “responsabilidades por el delito
de fraude” a su personal. Por lo pronto anuncia la destitución de su encargado
de comunicación, Miguel Ángel Torres
A menos de un día que la
Procuraduría General de la República por medio de la FEPADE (Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales) consignara por delitos
electorales el expediente de Arturo Escobar, líder y ex vocero del Partido
Verde Ecologista de México (PVEM) y hasta esos días subsecretario de prevención
del delito del gobierno federal, en Baja California se gesta el esclarecimiento
de supuestos delitos por fraude relacionados con personal de la Comisión
Nacional del Agua, en poder del partido verde.
El director general de la
Conagua en la cuenca Península de Baja California, Eduardo Ledesma Romo, destituyó
a su subdirector de Comunicación Social, Miguel Ángel Torres Ponce, “al
descubrir actos que podrían constituir el delito de fraude”.
El mensaje del delegado
federal se da luego de solicitudes internas de información desde las oficinas
centrales por el caso de la sucesión de derechos de un título para la
extracción de arena en Ensenada a favor de la esposa de Torres Ponce.
A decir de un comunicado de
CONAGUA “Ledesma Romo, agregó que luego de las indagatorias correspondientes…se
determinó la responsabilidad de Torres Ponce y desde la ciudad de México se
giraron instrucciones para destituir de su cargo”.
Por su lado, Miguel Ángel
Torres, quien negó haber sido despedido sino haber acordado su salida por otro
ofrecimiento laboral y encontrarse de vacaciones, aseguró que no existe un
delito que lo persiga, pues las investigaciones concluyeron que el título de su
esposa se trata de una sucesión testamentaria.
Torres agregó que la sucesión
de derechos para la extracción de arena fue un trámite legal, pues, explicó,
fue el propio Noé Rivera, entonces director de Administración del Agua (quien
fue sustituido por Hugo Sánchez a finales de noviembre) quien firmó la
autorización. A quien además señala de haber filtrado a la prensa el tema.
LA INVESTIGACIÓN DE CONAGUA…
Documentos e intercambio de
correspondencia institucional donde se da razón de investigaciones internas del
personal de CONAGUA, particularmente en el Organismo de Cuenca Peninsular de
Baja California.
Carlos Puig, un periodista
defeño, por medio de su columna Duda Razonable en MILENIO, en los primeros días
de agosto prendió la mecha al interior de la CONAGUA en Baja California.
Puig había señalado
superficialmente no solo los actos ventajosos y dañinos por la extracción de
arena al sur de Ensenada, sino que mencionó como la nueva concesionaria el
nombre de la esposa de Miguel Ángel Torres Ponce, subdirector de comunicación
social en la delegación que encabeza Eduardo Ledesma Romo.
Torres Ponce fue el coordinador
de comunicación del candidato del PRI a la Gubernatura de Baja California,
Fernando Castro Trenti y dirigió el Sol de Tijuana. Posteriormente, Eduardo
Ledesma lo acogió como parte de su equipo en CONAGUA.
Volviendo, a pesar de lo
escrito por el columnista, fue hasta 3 meses después que desde las oficinas
centrales de CONAGUA se inició una investigación administrativa sobre el caso.
Más sutil aun, fue que dicho proceso arrancó –no a raíz del comentario
editorial o de la investigación que ZETA realizó en los días posteriores, sino
a raíz de un correo electrónico que “un ciudadano” denunció.
A decir de documentos –en
manos de ZETA– que integran el expediente interno, el pasado 4 de noviembre del
2015 una persona de nombre “Juan” escribió a Roberto Ramírez de la Parra,
director nacional de la Comisión.
Dirigido contra Miguel Ángel
Torres, el supuesto ciudadano escribió al director: “…se está llevando a cabo
un fraude millonario con el saqueo de arena...y es de una concesión a nombre de
la esposa del Sub Director de Comunicación Social…quien se atreve a dar la cara
ante medios de comunicación negando todo…es una persona sumamente perjudicial
para CONAGUA aun no entendemos el porqué de su permanencia en el gobierno
federal”.
Un documento con fecha
posterior, da cuenta que la Dirección General “turna el caso” a Ledesma Romo
por ser el director de la cuenta península de Baja California y tener bajo su
responsabilidad, no solo a su subordinado implicado sino a la concesión de
extracción de la arena. El formato lo firma Claudia Arredondo Hernández,
coordinadora técnica en Gestión de las oficinas centrales.
Un “memorándum” adicional
signado por Francisco José Muñiz Pereyda, subdirector general, es dirigido a
Ledesma y entregado en Mexicali el 13 de noviembre, donde se “solicita dar
respuesta” por el “presunto fraude”: “debiendo informar a esta Sub Dirección
General, la atención otorgada al mismo antes del 4 de diciembre”.
La respuesta la evade Ledesma
y quien responde –a decir del orden del expediente– es el encargado de asuntos
jurídicos, Juan Carlos Ríos Zamarrón quien a su vez solicita al director de
administración Hugo Enrique Sánchez Villegas entregue un “informe pormenorizado
puntual y preciso respecto a todos y cada uno de los hechos denunciados”.
El antepasado miércoles 25 de
noviembre Sánchez Villegas, el director administrativo, contesta. Se dirige a
José Herrera Pineda, titular del Área de Quejas del Organismo Interno del
Control en las oficinas centrales.
En el documento oficial da
contestación “a todos y cada uno de los requerimientos”. Por ejemplo, que
dentro de sus expedientes, bajo el rubro de “títulos de permiso de extracción
de materiales pétreos” fue localizado uno para Mercedes Zavala Álvarez con una
duración de más de 19 años y para extracción de arena de un volumen de 294 mil
300 metros cúbicos.
El concesionario es
simpatizante priista, un miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores de
Educación, particularmente de sección 37, identificado con los movimientos
políticos de Gregorio Carranza.
El documento detalla que el
concesionario (el profesor jubilado de la sección 37) ingresa una solicitud con
fecha 13 de diciembre del 2014 para ceder todos los derechos a Beatriz Amador
Mezquita, a quien se denunció de inicio como esposa de Miguel Ángel Torres, el
encargo de comunicación en la oficina de Ledesma Romo, delegado de CONAGUA en
Baja California.
Sin embargo, el documento
alega: “se desconoce la relación o vínculo que pueda existir entre los
titulares de las concesiones o permisos expedidos…toda vez que…las personas
físicas o morales están obligadas a cumplir con los requisitos previstos y de
los que no se desprende deban expresar la relación o vínculo que puedan tener
con algún servidor público adscrito a este organismo”.
…LA DE ZETA
En una de las investigaciones
realizadas por ZETA se da cuenta de empresas dedicadas a la extracción de arena
en Ensenada que operan sin permiso o proveedores de gobiernos de los tres
niveles.
En contraste, las ganancias
por esta actividad superan por mucho los permisos para dedicarse a ella. Por
ejemplo, un permiso anual emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua)
tiene un costo de alrededor de mil 200 pesos, pero en un día, una compañía
concesionaria del servicio obtiene hasta 350 mil pesos de ganancia.
Tan solo en el Valle de
Guadalupe, dos empresas dedicadas a este negocio operan sin permisos vigentes.
Una de ellas es propiedad del estadounidense William Raymond Benton Moreno, la
cual surte a la compañía “Servicios Pétreos”, a su vez propiedad de los hermanos
Jorge y Víctor Valdez.
La relación no termina ahí.
Los hermanos Valdez, dedicados a la construcción, venden obra a los gobiernos
federal, estatal y municipal.
Sin embargo, el
estadounidense nombró a su madre, la mexicana Beatriz Moreno Hernández como la
titular de la concesión del gobierno federal para la extracción de arena. El
permiso que obtuvieron para ello, venció desde abril de 2014, hace casi dos
años.
Ante la medida de CONAGUA y
de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la primera que
detectó la irregularidad y la segunda que emitió una multa por mil 500 salarios
mínimos, la empresa optó por ampararse.
La segunda empresa sin
permiso vigente es Calafia Sand, cuyo apoderado legal es Arturo Pérez
Gutiérrez, quien se ha dedicado a esta actividad desde hace 20 años.
Por obtener material pétreo
del otro lado del puente del arroyo Valle de Guadalupe, se le impuso una multa
de mil 500 dólares, pero un amparo lo protege del pago.
El reportaje de este
Semanario, además recoge los testimonios de quienes cuentan con experiencia en
el tema, quienes advierten que las compañías extractoras de arena manipulan los
dictámenes de topógrafos para obtener hasta el doble en volúmenes de arena que
lo permitido por CONAGUA.
Al igual, no respetan las zonas
designadas para llevar a cabo la actividad. Los riesgos, advierten otros
sectores como el vitivinícola, son las fugas de agua hacia el mar o su
estancamiento en las cuencas.
Por su parte, la dependencia
federal admitió el gran número de saqueadoras de arena fuera de su radar, pero
el vocero de la CONAGUA Miguel Ángel Torres justificó la falta de vigilancia al
presupuesto insuficiente.
Gunther René Padilla
Martínez, desarrollador de la empresa Alibaja y también sobrino del diputado
panista Wenceslao Martínez Santos –quien además es propietario de dicha
compañía– enfrenta una demanda penal ante la PGR por “delitos contra el medio
ambiente y gestión ambiental”, así como aprovechamiento ilícito de materiales
pétreos.
AÚN NO SE EMITE NINGÚN MANDAMIENTO JUDICIAL CONTRA
ESCOBAR
Hace una semana la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) reveló la
solicitud a un juez para que libre una orden de aprehensión en contra del ahora
ex subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de
Gobernación, por delitos relacionados con el presunto desvío de recursos,
coacción y compra de votos, y por la elaboración y reparto indebido de 10 mil
tarjetas Premia Platino en el proceso electoral de 2015.
Arturo Escobar y Vega asistió
a un evento con adolescentes para alejarlos de la droga y pandillerismo,
denominado “México, nos mueve la paz”, en Tonalá Jalisco, con el gobernador
Aristóteles Sandoval; posteriormente, al trascender que la FEPADE integró una
averiguación previa, informó que renunciaba a su cargo en el Gobierno Federal.
La denuncia fue interpuesta
por la ex legisladora del PRD, Julisa Mejía Guajardo, el pasado 9 de abril,
ante la Fiscalía Especializada; días antes dio a conocer que llegó a su
domicilio una carta del Partido Verde donde se le señalaba como militante.
La Fiscalía informó que
solicitó y remitió a un juez una petición para librar una orden de captura
contra Escobar, y ese juzgador deberá de analizar el expediente. Tendrá un
plazo de diez días como máximo para negar o conceder la orden de detención.
La FEPADE confirmó que el
expediente Escobar y Vega requirió un trabajo de seis meses en su integración,
por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR), emitió un
comunicado que dice: “se consignó la Averiguación Previa relacionada con
presuntos delitos electorales cometidos por un dirigente de un partido político
y empresarios por las aportaciones en dinero y en especie cuando existe
prohibición legal para ello”.
Cabe señalar que el PVEM fue
el instituto político más sancionado por el Instituto Nacional Electoral (INE)
durante los pasados comicios, debido a violaciones a la Ley Electoral.
Según la Ley, Escobar puede
salir bajo fianza, e incluso podría ser declarado inocente y existe la
posibilidad de violaciones al debido proceso por haber hecho pública una
averiguación previa en proceso de integración; el fiscal estaría cometiendo un
delito contra la administración de justicia por haber violado el Artículo 225,
fracción VII, del Código Penal Federal.
(Con información de Luis Carlos Sáinz)
(SEMANARIO ZETA/ ZOOM POLITICO/ Isaí
Lara Bermúdez / Fotos. archivo/cortesía/
07 de Diciembre del 2015 a las 12:00:22)
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