Gráfico: Zona Franca.
Ciudad de
México, 3 de agosto (SinEmbargo/Zona Franca).- Tres de los ejecutores de la
agresión a la reportera del Heraldo de León, Karla Silva, han sido liberados.
Sólo un presunto responsable permanece en la cárcel. Pero podría salir
próximamente gracias a un error cometido por la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Guanajuato (PGJEG).
Luis Gerardo
Hernández Valdenegro, Joaquín Oswaldo Valero Garnica y José Samuel Ornelas
Martínez fueron quienes entraron a las oficinas de El Heraldo de León en Silao
el 4 de septiembre de 2014 para golpear y amenazar a la reportera. Del mismo
modo, los hombres agredieron a la auxiliar del periódico, Adriana Elizabeth
Palacios y robaron pertenencias de ambas jóvenes, así como del medio
informativo.
El 11 de
septiembre de 2014 fueron detenidos Luis Gerardo y Joaquín Oswaldo. De acuerdo
con los trabajos realizados por la PGJEG, Hernández Valdenegro fue el contacto
entre los autores intelectuales del delito y los otros dos ejecutores.
El hermano
de Luis Gerardo, Guillermo Eusebio, fue llamado a declarar. A través de su
testimonio él reveló que no sólo hubo un servidor público involucrado en el
caso, sino que el coordinador operativo de la policía sinaloense, Jorge
Alejandro Fonseca Durán, apodado “el pelón”, también participó. Él habría
transportado a los tres jóvenes hasta las oficinas del periódico. Fue detenido
el 20 de septiembre.
Cuatro días
después el procurador, Carlos Zamarripa Aguirre, anunció la captura de José
Samuel, quien fue el encargado de propinar la golpiza a Karla Silva.
Asimismo, el
servidor público estatal informó que -de acuerdo con las investigaciones- el
secretario de Seguridad Pública de Silao, Nicasio Aguirre Guerrero, habría sido
uno de los autores intelectuales del delito.
Hasta este
momento se desconoce el paradero de Aguirre Guerrero, quien anteriormente se
desempeñó como policía ministerial, además de haber sido chofer y
guardaespaldas de la esposa del Alcalde priista de aquel municipio, Enrique
Benjamín Solís Arzola.
Este último
ha sido señalado desde el primer momento como el mayor interesado en silenciar
el trabajo periodístico de la comunicadora, quien criticaba las fallas de su
gestión.
La reportera fue
agredida el pasado 4 de septiembre mientras se encontraba en la instalaciones
del Heraldo de León. Foto: Zona Franca
AGRESORES QUEDAN LIBRES
Los cuatro
detenidos fueron vinculados a proceso penal bajo la causa 1P3714-132; todos
acusados por los delitos de robo, amenazas y lesiones. El caso ha sido tratado
como cualquier otro debido a que en Guanajuato no están tipificados los delitos
en contra de la libertad de expresión.
Pasaron poco
más de cuatro meses para que tres de ellos fueran puestos en libertad.
Luis Gerardo
Hernández Valdenegro solicitó ser juzgado a través de un procedimiento
abreviado; con éste aceptó su culpabilidad. Inicialmente, las lesiones de las
que fue objeto Karla Silva fueron calificadas como graves; habrían puesto en
peligro la vida de la periodista.
Sin embargo,
la Fiscalía –encabezada por la agente del Ministerio Público, Yolanda Ramírez
Domínguez – solicitó que la gravedad del delito se aminorara; esto porque un
segundo peritaje médico evidenció que las heridas no arriesgaron a la reportera
y sólo dejarán una cicatriz “permanente y notoria”.
Con ello, la
condena de Hernández Valdenegro se redujo y –sin importar que contaba con
antecedentes penales- el 23 de enero de 2015 alcanzó la libertad después de
pagar una multa de 1 mil 466 pesos.
Además, el
culpable confeso entregó un pagaré a las ofendidas; con él se comprometía a dar
61 mil pesos a Karla y 50 mil a Adriana Elizabeth por concepto de reparación
del daño.
Se desconoce
si el dinero llegó a manos de ambas.
Trascendió
que la libertad de Luis Gerardo tuvo lugar gracias a un acuerdo entre la PGJEG
y el agresor, quien de inmediato se convirtió en testigo del caso.
Karla Silva
aseguró que estaba conforme con los resultados y se dijo satisfecha porque el
responsable aceptó su responsabilidad.
No diría lo
mismo el día 30 de abril, cuando un juez determinó liberar también a Joaquín
Oswaldo y José Samuel, quienes guiados por el ejemplo de su cómplice
solicitaron el procedimiento abreviado.
En aquel
momento, la Fiscal intentó mantener a los responsables en prisión al
contradecir sus propios argumentos y señalar que la reportera pudo haber
perdido la vida debido a los golpes que recibió.
Esto no fue
aceptado por el juzgador y les permitió abandonar el Centro de Readaptación
Social (Cereso).
Inicialmente
se les impuso el pago de 2 mil 550 pesos de fianza y la prestación de trabajo
comunitario.
En esta
ocasión, Karla Silva se inconformó.
A partir de
ello, en junio un magistrado resolvió que ambos volvieran a prisión de manera
parcial.
Desde entonces
Ornelas Martínez y Valero Garnica han regresado a la cárcel, durante los fines
de semana, y así continuarán haciéndolo durante los próximos cuatro años siete
meses.
Ellos no
debieron pagar por la reparación del daño; ésta se supuso cubierta por Luis
Gerardo.
EL ÚNICO IMPLICADO PODRÍA SER
ABSUELTO
Debido a un
error de procedimiento cometido por la PGJEG, el único de los implicados que
aún se encuentra preso, Jorge Alejandro Fonseca Durán, podría quedar en
libertad.
El 4 de
febrero su defensa acusó al Ministerio Público de violentar los derechos del ex
servidor público al quebrantar la Ley del proceso penal para el estado de
Guanajuato.
Esto, debido
a que la dependencia estatal omitió informarles que la investigación respecto
al caso había sido cerrada.
Asimismo,
los abogados de Fonseca Durán aseguraron que el documento que da cuenta del
cierre no obraba en la carpeta correspondiente.
El juez
aceptó que la falta denunciada podría conducir a la extinción de la causa
penal, y por tanto al sobreseimiento de la misma.
No obstante,
declaró que era necesario ponderar los derechos fundamentales de las víctimas
por sobre el error del Ministerio Público, dado que éste no ocasiona una grave
afectación a los inculpados ni a su derecho a ser defendidos.
La defensa
se inconformó y acudió ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de
Guanajuato. Éste decidió dar la razón al juez y continuar con el caso.
Ante ambas
determinaciones, los abogados de Fonseca Durán optaron por interponer una
demanda de amparo.
Con ella, el
juez décimo de distrito, J. Guadalupe Bustamante Guerrero, concedió la
suspensión provisional del caso en lo que respecta al ex policía, éste será
retomado una vez que se resuelva si se le otorga o no el amparo.
El 30 de
abril de 2015, por el juez de oralidad penal, José Argüello Uribe, concedió
también la suspensión.
Éste aclaró
que la resolución sobre el amparo deberá llegar antes de que Fonseca Durán haya
cumplido dos años en prisión preventiva, dado que, de acuerdo con la norma,
quienes permanecen más de dos años en la cárcel sin que se les dicte sentencia
deben ser liberados.
Exactamente
un mes después se hizo público que al exfuncionario también se le acusa de
tortura en contra de la reportera.
“Comete el
delito de tortura el servidor público que, con motivo de sus atribuciones,
inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos
con el fin de obtener, del torturado o de un tercero, información o una
confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche ha
cometido, o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta
determinada”. -Artículo 264 del Código penal para el estado de Guanajuato
JUEZ TIENE BUENA RELACIÓN CON EDIL
El juez
federal J. Guadalupe Bustamante Guerrero, quien es el encargado de resolver el
amparo antes mencionado, guarda una relación de “camaradería y buen trato” con
el Presidente Municipal de Silao, Enrique Benjamín Solís Arzola.
El
señalamiento fue expuesto también ante un juez por Luis Gerardo Hernández
Valdenegro.
El 25 de
mayo, éste fue baleado mientras se encontraba en la carretera que conduce a la
comunidad de Santa Ana del Conde.
Las heridas
que le produjeron los impactos del arma de fuego fueron graves.
Por ello, se
solicitó que rindiera su testimonio inmediatamente después de que abandonó el
hospital.
En su
declaración, Luis Gerardo aseguró que la instrucción de agredir a Karla Silva
vino del “señor Alcalde” de Silao.
A pesar de
la acusación, la PGJEG no ha logrado hacer que el servidor público hable ante
el Ministerio Público.
Solís Arzola
terminará su gestión en octubre próximo.
Es así como
un claro atentado en contra de la información, la libertad de expresión y la
labor periodística podría quedarse sin castigo alguno.
Y es que la
Procuraduría General de la República (PGR), a través de su Fiscalía Especial
para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), determinó
no atender el caso, dado que ya lo atiende la Procuraduría local.
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(SIN EMBARGO/
REDACCION/ ZONAFRANCA/ Denisse Hernández/ agosto 3, 2015 - 16:31h)
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