Foro
sobre hospitales. Lo que se oculta hiede.
Mucha
gente se pregunta si el Congreso del Estado terminará aprobando la construcción
de los nuevos hospitales propuestos para Culiacán y Mazatlán, con las
modificaciones que, a iniciativa del Ejecutivo, pretenden comprometer por 25
años o más los recursos de los sinaloenses en cantidades fantásticas. Hace
meses, antes de las elecciones, se apostaba a que sí, a pesar de los reclamos
de transparencia que se hicieron desde distintos sectores y que no se satisfizo
ni con el foro amañado que organizó el Gobierno. Un gran negocio en juego, no
se echarían para atrás. Ya estaban los compromisos firmados y grandes empresas
atravesadas. Mucho dinero en comisiones, agradecimientos, “mordidas”. Cientos
de millones.
Pero
ahora se ha agregado un elemento más a la turbiedad con que se han manejado los
proyectos. Sobre todo en el caso de Culiacán, es muy probable que estemos
frente a un caso relacionado con la narcopolítica. Empresas “fachada”
involucradas de lleno en la construcción, este es un elemento que el Congreso tendrá
que valorar a la hora de tomar una decisión. No desde una perspectiva legal,
sino de otra índole.
Mucho
estiércol ha caído sobre la actual legislatura, relacionado con el
narcotráfico. Familiares de diputados detenidos por autoridades federales y la sospecha
de que financiaron sus campañas. Diputados que no han negado su parentesco con
líderes del narcotráfico y, más recientemente, la afirmación oficial de que una
diputada visitó en el penal del Altiplano, antes de que escapara, al mismísimo
Chapo Guzmán.
Habría
que desatar el nudo de algún modo para no aprobar el caso de Culiacán y no
faltarían formas. O ceder ante los poderes de facto y escribir una página más
de la ignominiosa historia legislativa que debiera ser vergüenza de muchos
sinaloenses.
No
está en manos solo de los diputados. Es una decisión que se tomará en el tercer
piso. Lo demás, si se busca aprobarlo, será operar en las bancadas y convencer,
si es necesario, diputado por diputado. Habría mucho dinero de por medio.
Alguien
podría preguntarse si al gobernador y a Gerardo Vargas les convendría aprobar
el hospital de Culiacán en medio de este mar de sospechas y dudas. En su
lógica, estarán pensando que debieron hacerlo antes de las elecciones, porque
todavía se desconocían datos como los que han salido a flote a través de la
prensa. Por ejemplo, la extraña empresa vendedora del terreno, que, además, es
proveedora del gobierno estatal desde 2013, según registros inapelables.
En
un gran lío público estará metido el Gobierno si se llegara a relacionar a esta
empresa, Gasbel, con otra clase de negocios y a su propietario, Mauricio
Gastélum Hernández, con algunos personajes sinaloenses del bajo mundo.
Es
evidente que, después de los operativos de la Marina Armada de México en
Mazatlán, a principios de junio, este empresario buscó ampararse, aunque él
diga que se trata de un homónimo. Y si busca ese respaldo legal contra acciones
como cateos, detención y arraigo, debe ser por algo que teme ¿qué es?, ya se
sabrá. Por lo pronto, el Congreso, en su sano juicio, debiera mejor guardar
distancia del fuego. Hay, en la actual legislatura varios pretensos a puestos
de elección popular. No vayan a llegar a una campaña hasta el cuello de
porquería.
BOLA Y CADENA
NO
HAY QUE ALBERGAR MUCHAS esperanzas. El viernes el Congreso volvió a avalar las
cuentas públicas del gobierno estatal, a pesar de las múltiples irregularidades
observadas por la Auditoría Superior del Estado, lo cual habla del amasiato de
los poderes. Y si no hay castigo, el saqueo continuará, como en el cuento de
nunca acabar.
SENTIDO CONTRARIO
¿CÓMO
PUEDE UNO DE LOS representantes más nefastos del malovismo traer esa adelantada
campaña por la gubernatura? ¿Nos está diciendo que pretende para Sinaloa seis
años más de lo mismo? ¿O propondrá cambios que no hizo siendo el responsable,
después de Mario López Valdez, de gobernar todos estos años la entidad? Ahora
resulta que el responsable de la represión a comuneros, del desparpajo
legislativo, del gran desastre financiero de esta administración, de la gran
corrupción que impera en las secretarías, Gerardo Vargas Landeros, quiere
recoger del suelo la toalla que en medio del fango está tirando el actual
gobernador.
HUMO NEGRO
DE
VERAS DEBIÓ TOMARSE hasta como algo diabólica la nueva Ley de Niños a la que un
sector de la Iglesia Católica se opuso a través de protestas airadas de padres
de familia en contra de algunos de los artículos que se pretendían. Miembros de
la gran burguesía culichi estuvieron conminando a sus círculos para elevar
oraciones con el fin de que esta ley no pasara como estaba propuesta. Lo hizo
la señora Nena Calvo, esposa del empresario Enrique Coppel, a través del grupo
de WhatsApp “OREMOS”, donde llamó también a ir al Congreso y protestar.
¿Elevarán plegarias también para que bajen los precios, se controle la
inflación, se reduzca la violencia, se castigue la corrupción, se acabe con la
explotación laboral, se incrementen los salarios y se combata la pobreza?
¿Pedirán castigo contra los curas pederastas? ¿Rogarán contra el uso de mano de
obra infantil en los campos agrícolas? ¿Harán votos contra la narcopolítica?
¿Se recogerán ante la infamia que significan las violaciones, la violencia
intrafamiliar y los feminicidios sin castigo? ¿Suplicarán a dios el fin de la
impunidad? Si no es así debieran hacerlo porque el eterno les concedió el
milagrito. Gerardo Vargas anda en plena campaña por la gubernatura, el
Chuquiqui no está para pelearse con nadie y hay apellidos que pesan, que
pesaron. La nueva Ley pasó pero manca, como casi todo en una tierra donde se
gobierna para unos pocos.
(RIODOCE/
COLUMNA “ALTARES Y SÓTANOS” DE Ismael
Bojórquez/ 2 agosto, 2015)
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