martes, 16 de septiembre de 2014

LOS “PECADOS CAPITALES” DE MANCERA


MÉXICO, D.F. (apro).- El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, llega este miércoles a su segundo informe de gobierno con un nivel de aceptación inversamente proporcional al de su arranque.

Según la más reciente encuesta difundida por diario El Universal el pasado 10 de septiembre, la percepción de los capitalinos hacia Mancera “empeoró”: 54% de los encuestados desaprobó su gestión, casi 10 puntos menos de los que tenía al asumir la jefatura de gobierno, 63.5% de aceptación, la más alta hasta ahora de los gobiernos de izquierda.

La calificación que los habitantes de esta capital le dan a Mancera es de 5.52, cuando en junio pasado era de 6.16.

Pero el juicio más severo hacia su gestión es que 76% de los entrevistados aseguró que los problemas de la ciudad rebasaron a su gobierno y que de plano no tiene “ningún logro” más que la pensión a los adultos mayores y otros programas sociales en los cuales él no ha tenido nada que ver porque fueron instituidos en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

En el carrusel de entrevistas concedidas en vísperas de su segundo informe, Mancera reconoce que el endurecimiento del programa Hoy no Circula, el aumento del boleto del Metro, el cierre parcial de la Línea 12 y el uso de estacionamiento que le dieron al Zócalo son hasta ahora sus “pecados capitales”.

Hace dos meses, el 28 de julio, el periódico Reforma publicó una encuesta que mostró claramente cómo la administración de Mancera Espinosa se encontraba en picada: 60% de los capitalinos desaprobaron su gestión.

La medida impopular que más repudiaron los encuestados fue el doble Hoy No Circula los sábados, con la que prácticamente la aprobación del mandatario capitalino cayó 11 puntos en tres meses.

La tendencia negativa en su gobierno –dicen las cifras– ya se veía venir: En abril de 2013, 26% de los capitalinos desaprobó su mandato; en agosto la cifra se incrementó a 32% y en diciembre subió a 48%.

¿DECIDIENDO JUNTOS?

El lema del Gobierno del DF “Decidiendo juntos” –que aparece lo mismo en su página web, los anuncios espectaculares, las mantas informativas y la voz que presenta sus actos oficiales–, se ha convertido en una ironía.

Desde finales del año pasado, los capitalinos la pusieron en duda, cuando el 6 de diciembre el GDF anunció el aumento de 66% al precio del boleto del Metro, de tres a cinco pesos.

Según encuestas que ordenó el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), 55.7% de los usuarios estuvieron de acuerdo con la medida, siempre y cuando se cumplieran 11 compromisos de mejora en el servicio.

Una semana después, el 13 de diciembre, al entrar en vigor la nueva tarifa, comenzaron las protestas del movimiento #PosMeSalto, cuyos integrantes invitaban a los usuarios a saltarse los torniquetes y no pagar pasaje.

El 12 de marzo del 2014, un grupo de jóvenes identificados como estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, protagonizaron una protesta en el Colegio de México, a donde Mancera fue invitado para hablar de seguridad en el DF.

Un día después, el 13 de marzo, el director del Metro, Joel Ortega, anunció el cierre de 11 de las 20 estaciones de la Línea 12 del Metro –que va de Tláhuac a Mixcoac— debido al “desgaste ondulatorio acelerado” que tenían las vías y las ruedas de los trenes. La medida que el GDF tomó “por seguridad”, afectó a más de 430 mil pasajeros y hasta la fecha –seis meses después–, continúa sin operar.

Entonces comenzó la polémica: Comisiones especiales, comparecencias de funcionarios y empresarios, contrataciones millonarias para tener un diagnóstico, culpas y expiaciones, informes preliminares y finales, sanciones, retos a debates públicos… y aún no hay fecha para su reapertura.

Tampoco ha comenzado a operar el Fideicomiso Maestro que el gobierno prometió para invertir los recursos recabados por el aumento del boleto en la mejora del servicio.

El pasado 9 de septiembre, el Contralor General, Hiram Almeida, anunció las primeras 54 sanciones a 33 funcionarios y exfuncionarios locales acusados de cometer diversas irregularidades en el diseño, construcción y operación de la obra.

Al día siguiente, el exjefe de gobierno, Marcelo Ebrard, retó a Miguel Ángel Mancera a tener un debate público para discutir las fallas en la Línea Dorada. Le pidió no usar la justicia para hacer política. Esa misma tarde, el ex procurador rechazó el debate y dijo que la línea 12 es un asunto legal, no político.

Tal situación evidenció aún más la confrontación entre ambos personajes.

Otro tropezón de la administración de Miguel Ángel Mancera ocurrió el 15 de mayo, cuando recibió un alud de críticas en las redes sociales y de agrupaciones feministas por el anuncio de la campaña prolactancia “No le des la espalda, dale pecho”, que mostraba a actrices, modelos y deportistas con el torso desnudo.

La campaña fue retirada al segundo día de su presentación y relanzada dos meses después, el 22 de julio. En la nueva imagen, asesorada –ahora sí– por grupos feministas y especialistas, presentó a capitalinas amamantando a sus hijos recién nacidos.

Apenas se levantaba de ese tropezón, cuando el 21 de mayo, dos mil granaderos protagonizaron un zafarrancho con pobladores del pueblo de San Bartolo Ameyalco, bajo el contexto de la instalación de una obra hidráulica en esa zona de la delegación Álvaro Obregón. Cinco personas fueron detenidas y hoy están presas.

El 12 de junio, un grupo de jóvenes interrumpió el discurso de Mancera Espinosa en el informe de actividades de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). Con carteles y gritos, lo acusaron de reprimir la protesta social, violar los derechos humanos y generar presos políticos. Entre el público le aventaron una botella de agua que no lo alcanzó, pero lo obligó a salir resguardado por sus escoltas.

La Dirección General de Comunicación Social del GDF difundió el nombre erróneo de la joven que llegó hasta el estrado junto a Mancera y le mostró un cartel que decía: “Protestar no es delito, reprimir sí”. Personal de esa área dijo que se llamaba Nuria Roxana Ramírez Lozano, novia de Mario González, uno de los jóvenes detenidos durante la marcha del 2 de octubre del 2013, y que fue invitada por la presidenta de la CDHDF, Perla Gómez.

La joven desmintió al gobierno y aclaró su nombre: Gisela Pérez de Acha. Rechazó también que haya sido invitada por Gómez Gallardo y reiteró la acusación de Mancera como represor de las protestas sociales.

MANCERA NO CIRCULA

Además del cierre parcial de la Línea 12, el endurecimiento del Programa Hoy No Circula es la más grande losa que carga sobre sus espaldas Miguel Ángel Mancera por el rechazo de los capitalinos.

El pasado 18 de junio, arropado por el Premio Nobel de Química mexicano, Mario Molina, el mandatario capitalino anunció modificaciones al programa que afectaron particularmente a los dueños de autos con 15 años o más de antigüedad al restringirles la circulación todos los sábados.

De inmediato surgieron las críticas y las protestas con bloqueos en el Paseo de la Reforma, Periférico, Tlalpan y los accesos carreteros a la ciudad. Pocos días después, Mancera cedió ante comerciantes y tianguistas. Analistas acusaron que la medida se hizo para incentivar la compra de más autos y, con ello, ayudar a la industria automotriz en aprietos.

El 10 de julio, Mancera anunció el programa de sustitución gratuita de convertidores catalíticos para autos con ciertas características, pero ni eso disminuyó el enojo de los capitalinos.

De hecho, algunos interpusieron medidas jurídicas y le ganaron amparos al GDF. Por ejemplo, el que le dio la Jueza 1º de Distrito en Materia Administrativa en el DF, Paula María García Villegas Sánchez Cordero, a un automovilista particular en contra del Programa Hoy No Circula y el Programa de Verificación Vehicular.

Otra medida que mantiene en el banquillo de los amparos al GDF es la prohibición de realizar funciones de circos con animales. Pese a las marchas y las funciones públicas en el Zócalo de payasos, malabaristas, entrenadores y bailarinas, el pasado 15 de julio se publicaron en la Gaceta Oficial del DF las modificaciones a la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el DF.

Entonces comenzó el plazo de un año para que las empresas circenses adecuen sus shows y cumplan la norma. La Unión Nacional de Empresarios y Artistas de Circo (UNEAC) se amparó y el juicio sigue en curso.

El tropiezo más reciente en el gobierno de Mancera sucedió el pasado 2 de septiembre, cuando el Zócalo capitalino fue utilizado como estacionamiento de los invitados especiales al mensaje del presidente Enrique Peña Nieto por su segundo informe de gobierno.

Luego de las severas críticas que desataron las fotografías en las redes sociales –hubo memes que pusieron a Mancera como “franelero”–, el secretario de Gobierno, Héctor Serrano, justificó el hecho al decir que el gobierno federal no les avisó que daría ese uso a la principal plaza cívica del país.

Más tarde, le echó la bolita al titular de Seguridad Pública, Jesús Rodríguez Almeida, quien dijo que daría los detalles para infraccionar a los más de 250 automovilistas que ahí dejaron sus unidades.

Fuentes del GDF informaron que luego de la declaración, el mismo Mancera regañó por teléfono a Serrano, su operador político, por tales declaraciones.

Al día siguiente, el jefe de la policía le enmendó la plana a Serrano: Informó que no se infraccionaría a nadie porque hubo una solicitud del gobierno federal para tomar el control de ese espacio y que ningún reglamento de tránsito o ley local está por encima de la Constitución Política y las leyes federales.

El uso del Zócalo como estacionamiento también fue tomado por los capitalinos como una muestra de lo que muchos han criticado al jefe de gobierno: Su cercanía y simpatía con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

La defensa de Mancera se ha limitado a decir que como gobernante debe mantener una “relación institucional” con el mandatario federal. Esta actitud dista mucho de las que siguieron sus antecesores Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López Obrador con los gobiernos panistas.

INSEGURIDAD, DESBORDADA

Los índices de inseguridad, violencia y corrupción incrementan el enojo de los capitalinos contra el gobierno de Miguel Ángel Mancera. Casos plagados de irregularidades como el ocurrido el 9 de diciembre de 2013 a Yakiri Rubio –joven de 20 años acusada de matar, aunque en defensa propia, a su agresor sexual–, dejaron en entredicho la eficacia de la procuración de justicia en la ciudad. La comerciante estuvo 86 días presa en la cárcel de Tepepan y aunque quedó libre bajo fianza, continúa sujeta a proceso.

Uno de los robos más escandalosos en la ciudad ocurrió el pasado 19 de agosto, cuando cuatro hombres vestidos de custodios de la empresa Tecnoval robaron 9 millones 800 mil pesos a una sucursal de Bancomer en el Centro Histórico del DF, sin que se efectuara un sólo disparo.

Los asaltos a joyerías y tiendas departamentales también han puesto en duda la vulnerabilidad de la ciudad: establecimientos en Galerías Coapa, Galerías Insurgentes, Plaza Galerías, Playa Tepeyac y el Centro Comercial Santa Fe han sido sorprendidos por la delincuencia y aún con detenidos, no se han recuperado los botines.

El pasado 12 de agosto, al término de la Reunión Regional de Seguridad Zona Centro, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, aseguró que en el DF no hay grandes grupos delictivos de tráfico de drogas. Sin embargo, dijo, “tenemos un problema de consumo, la capital es una de las ciudades más grandes del país y tenemos un problema de narcomenudeo que se está enfrentando, yo diría que con bastante fuerza”.

Y remató: “No es una ciudad de tráfico hasta donde tenemos inteligencia y no es una ciudad de producción”.

El secretario de Gobernación respaldó al procurador y descartó cualquier posibilidad de que el Ejército patrulle las calles de la Ciudad de México.

Ninguno de los funcionarios mencionó las ejecuciones y detenciones de líderes de cárteles, funcionarios y extranjeros que se han registrado en la Ciudad de México recientemente.

“SÍ SOMOS POPULISTAS”

Entre el alud de críticas y erratas del gobierno de Miguel Ángel Mancera y como un intento para brincar al escenario nacional, el 1 de mayo anunció su intención de elevar el salario mínimo en todo el país.

De inmediato, la propuesta desató críticas de los economistas, la cúpula empresarial y sindical, el Banco de México, las secretarías de Hacienda y Crédito Público, así como de Trabajo y Previsión Social. La calificaron de “imprudente”, “ocurrencia”, que dispararía la inflación y que se hacía “con fines populistas”.

El 11 de agosto, en una entrevista de radio, Mancera Espinosa trató de parar las críticas: “Hay que pensar en esos siete millones de personas (que ganan el mínimo); no en un afán de hacerlo ni por decreto, ni porque tengamos una agenda populista. Yo no sé si no hay que pensar en la gente. Si ser populista es pensar en la gente entonces sí somos populistas”.

Dos semanas después, presentó su propuesta “Política de Recuperación del Salario Mínimo en México y el Distrito Federal”, en la que aseguró que “es viable” elevar el salario mínimo de 67.29 a 82.86 a partir de 2015.

En las últimas dos semanas previas a su segundo informe de gobierno, la ha presentado al Senado de la República, la Cámara de Diputados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Le queda pendiente reunirse con los titulares de Banxico, la SHCP, la STyPS y la Conferencia Nacional de Gobernadores.

Un tema que durante la administración pasada se estancó y que ahora parece avanzar, aunque lento, es la discusión de la Reforma Política del DF. El pasado 10 de septiembre, el PRI y el PAN en el Senado dieron luz verde para retomar la dictaminación de esta reforma atorada desde diciembre del 2013 en las comisiones del DF y Puntos Constitucionales para dar un nuevo estatus jurídico a la capital.

Aunque Miguel Ángel Mancera sigue sin afiliarse al PRD, luego de las elecciones internas de ese partido, el grupo que simpatiza con su mandato y que fue operado por el secretario de Gobierno, Héctor Serrano, quedó fortalecido.

Después de su segundo informe de gobierno, este miércoles 17 de septiembre –cuyo formato no permitirá preguntas directas de los diputados– las posiciones obtenidas al interior del partido comenzarán a moverse para ganar terreno con miras a las elecciones intermedias del 2015.

En esa jornada se elegirán 16 jefes delegacionales y 66 diputados locales. Será la prueba de fuego para la administración mancerista, pues corre el riesgo de que los capitalinos reiteren su desaprobación en las urnas.


(PROCESO / REPORTAJE ESPECIAL/SARA PANTOJA/ 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014)

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