La
ola de violencia no cede. Esta semana terminó con balaceras, estrangulados y
ejecutados en enfrentamientos entre el Cártel de Sinaloa, el de Los Beltrán
Leyva y el de Los Zetas
La
lucha por el poder criminal entre los cárteles de Sinaloa y de Los Beltrán
Leyva en alianza con Los Zetas, se recrudeció esta semana y dejó como saldo
balaceras, estrangulados y ejecutados, además del hallazgo de la primera casa
de seguridad utilizada por el crimen organizado al sur de La Paz, Baja
California Sur.
Al
cierre de esta edición, la ola de violencia ocurrida del 6 al 11 de septiembre
registró la ejecución de un sicario identificado como José Federico Gaxiola
Osuna “El Pikas”, quien, según autoridades federales y fuerzas armadas, podría
ser integrante de los siguientes grupos delictivos:
* El de Ismael “El Mayo” Zambada, y
pistolero de una célula delictiva comandada por un sujeto identificado como “El
Artista”, que era muy amigo de otra persona ubicada como “Iván Ojeda”. El
sicario tenía incluso un par de narco corridos, donde se jactaba de pertenecer
a la organización de Zambada, conocido también como “El MZ” o “El M1”.
* El de Héctor Beltrán Leyva “El H”,
parte de la organización identificada como “Los Mazatlecos”.
Aún
sin una identificación clara sobre su pertenencia a alguna organización del
crimen organizado, la tarde de su ejecución, el sicario salió de su casa
-localizada sobre la calle de Biznaga, entre Maguey y Bordo de Contención,
Fraccionamiento Santa Rita de La Paz- para abordar su camioneta Renault Duster
color guinda, con placas de circulación AKT-1767, cuando, según testigos, fue
interceptado por los sicarios. Primero descargaron una ráfaga de balas en la
parte trasera de la camioneta, y como no se paró, aceleraron el vehículo,
cerrándole sorpresivamente el paso.
De
acuerdo con testigos, del vehículo de los asesinos descendieron dos pistoleros
con un rifle de asalto R-15 y un AK-47, por lo que “El Pikas” se bajó del carro
y trató de correr, pero apenas avanzó dos metros, fue alcanzado por una ráfaga
de balas. Una vez en el piso, uno de los pistoleros se acercó y le pegó cuatro
tiros en la espalda.
De
inmediato, los homicidas se subieron a la unidad tipo sedán de color blanco,
para huir rápidamente de la escena del crimen.
Los
testigos dijeron a la Policía que en la unidad de los asesinos viajaban cuatro
personas, tres se bajaron y uno quedó al frente del volante.
Cuando
se marcharon, la esposa de “El Pikas” salió de su casa y fue hacia donde estaba
tirado su esposo, comenzó a llorar y entró en shock, por lo que fue necesario
atenderla en la Cruz Roja Mexicana.
Los
propios vecinos reportaron la balacera, hasta donde llegaron policías
municipales, ministeriales, estatales y fuerzas armadas, y establecieron un
perímetro para contener a las decenas de curiosos que observaban la violenta
escena.
Ahí,
la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) encontró 36 cartuchos
percutidos por rifle R-15 y cuatro de AK-47 –“cuerno de chivo”-.
Las
primeras investigaciones de la PGJE indicaron que la víctima, José Federico
Gaxiola Osuna, era ingeniero y tenía un negocio de construcción en La Paz. Sin
embargo, fungía como sicario en el puerto de Mazatlán, Sinaloa.
Los
investigadores tienen información que entre los años 2009 y 2010, “El Pikas”
era buscado por la mafia sinaloense y no lo habían podido ubicar en ninguna
parte, hasta que lo encontraron en el estado y lo asesinaron.
De
hecho, y según los vecinos, el occiso tenía dos meses de habitar la vivienda
junto con su esposa y su pequeño hijo. Era muy conocido en el mundo de los
sicarios, pero invisible para las autoridades municipales, estatales y
federales en Sinaloa.
OTRA SEMANA VIOLENTA
La
ola de violencia prácticamente no cede. Por el contrario, subió de nivel cuando
el 6 de septiembre, narcomenudistas del Cártel de Sinaloa y de Los Beltrán
Leyva tuvieron un topón de frente en las calles 16 de Septiembre y 20 de
Noviembre, en la populosa colonia Vicente Guerrero de La Paz.
Aproximadamente
a las 11:20 pm, los vendedores de droga de la organización de Los Beltrán Leyva
sacaron sus armas a relucir y atacaron a
sus contrincantes desde adentro de su unidad.
Según
la PGJE, los vehículos involucrados fueron los siguientes:
*Nissan Tiida color blanco, modelo 2011.
* Camioneta Honda CRV color negro, modelo 2012.
Según
testigos, la unidad circulaba por la calle 20 de Noviembre cuando observaron
que los tripulantes atacaron por atrás, quebrando el vidrio de la camioneta
para luego huir de la agresión.
De
inmediato, testigos que estaban en la esquina del cruce de las calles 16 de
Septiembre y 20 de Noviembre se protegieron en la caja de un tráiler y
alcanzaron a observar cómo uno de los pistoleros disparaba desde adentro, sin
bajarse del vehículo.
Las
personas reportaron la balacera, rápidamente llegaron policías municipales,
estatales, ministeriales y fuerzas armadas, para iniciar un operativo de
búsqueda de las unidades involucradas, encontrándolas abandonadas más tarde en
las colonias Los Olivos y Bellavista, en La Paz.
El
automóvil blanco presentaba ocho disparos de arma en el parabrisas del lado del
copiloto y tenía el cristal estrellado, en tanto, la camioneta negra tenía
impactos en el cristal, así como restos de sangre en la carrocería e interior
de la unidad.
En
la escena de la balacera, la PGJE encontró cartuchos percutidos de 9 milímetros
y .223, que corresponden a pistola y rifle de asalto R-15.
Los
investigadores del caso refieren que el ataque podría haber sido dirigido por
una célula de Los Beltrán Leyva, identificado como Adán Quiroz, ya que el
agredido, identificado como “El Chinolas”, habría participado en el artero
crimen de su primo, José Ramón Sánchez Quiroz “El Pelón”, ocurrido el lunes 1
de septiembre en la población de Los Barriles, Baja California Sur.
Apenas
la ciudadanía se reponía de esa balacera cuando, el 10 de septiembre, la
Policía Municipal de La Paz emitió un reporte de que aproximadamente a las 4:20
am se encontró a una persona del sexo masculino atada de pies y con la cabeza
tapada con su propia camisa, en la esquina de las calles Encinas y Marcelo
Rubio, Colonia Centro de La Paz.
La
víctima tenía huellas de tortura y sangraba por la boca y nariz. Tenía un
casquillo de “cuerno de chivo” en el pecho, a manera de mensaje, asfixiado.
La
zona se llenó de policías municipales, estatales, ministeriales y fuerzas
armadas, quienes acordonaron la zona. Siendo de madrugada, no había gente en la
zona en ese momento, por lo tanto, no tuvieron contratiempo en el levantamiento
del cuerpo.
Según
las primeras investigaciones de la PGJE, la víctima, que después se supo
respondía al nombre de Marcelo Gómez Jiménez, habría sido torturada por sus
asesinos, ya que “estaba atada de las manos” y “sin zapatos”.
La
principal hipótesis es que cuando era golpeado -pudo ser en una casa o en una
unidad en movimiento- logró escapar, y salió corriendo, por lo que fue
alcanzado por sus victimarios y posteriormente asesinado.
Sobre
la banqueta, antes de llegar a la escena del crimen, la PGJE encontró gotas de
sangre en fila, por lo que -suponen peritos y criminalistas- “se arrojó cuando
pasó corriendo, hasta que fue alcanzado y ahorcado”.
Los
investigadores del caso creen que el crimen de Marcelo Gómez Jiménez podría
estar ligado con el asesinato del sicario José Federico Gaxiola Osuna.
La
hipótesis es que la víctima, quien aparentemente trabajaba en un taller
mecánico, conocía a “El Pikas” y fue levantado y torturado hasta que ofreciera
información que permitiera llegar al sicario.
Doce
horas después fue ejecutado.
LA LIMPIA
Después
del escándalo y tras conocerse una lista de policías y mandos de la Ministerial
del Estado, así como de la Estatal Preventiva, presuntamente involucrados con
el crimen organizado, el gobernador de Baja California Sur, Marcos Alberto
Covarrubias Villaseñor, ordenó una limpia de los cuerpos de seguridad y
sobrevino el cese de quienes -en base a investigaciones federales y de las
fuerzas armadas- fueron corresponsables de la ola de violencia que no termina.
El
primer cambio se registró el 4 de septiembre, cuando Juan Carlos de Jesús
Jiménez Pérez asumió el cargo de director de la Policía Ministerial del Estado,
quien hasta antes se había desempeñado como director de Servicios Periciales de
la PGJE.
El
anterior titular de la Policía Ministerial del Estado, Francisco Javier Camacho
Manríquez, fue enviado como comisario de la Policía Estatal Preventiva, a la
Subsecretaría Estatal de Seguridad Pública.
Las
primeras cabezas en rodar fueron las siguientes:
* Martín Álvarez Savín, subdirector de
la Policía Ministerial del Estado, y la de los comandantes Reynaldo Lucero y
David Martínez Castillo “El Tanguera”, así como la del agente Alberto Domínguez
“El Coyote”.
* Jesús Raghner Torres Moreno, comisario
de la Policía Estatal Preventiva, y el subcomisario Fernando Guadalupe Ramírez
Martínez “El Sabueso”, primo del coordinador de Giras del gobernador, Irineo
Martínez Ordaz; también, el comandante Raúl Rojas “El Cobra”, y los agentes
Narciso Cota y Rodrigo Montaño.
En
una jugada magistral por proteger al principal responsable de la ola de
violencia, la subsecretaria estatal de Seguridad Pública, Martha Cecilia Garzón
López, autorizó de inmediato el periodo vacacional por tres semanas del
director general de Prevención, Ejecución y Reinserción Social, Luis Alberto
López López. Prácticamente lo sacó con todo y gastos pagados.
En
ese lapso de tres semanas se espera la salida de la subsecretaria estatal de
Seguridad Pública, y quien dicho sea de paso, firmó la baja del comandante Raúl
Rojas y algunos integrantes de su equipo de trabajo, por el simple hecho de que
se filtró la desaparición del Grupo Especial Operativo de la Policía Estatal
Preventiva, el cual destacó por la captura de connotados narcomenudistas como
Miguel Ángel Vega Pérez “El Gordo Vega”, Noé Fregoso Sosa “El Hitler” y Óscar
Anaya Gutiérrez “El Señor de los Cerros”.
La
limpia en los cuerpos de seguridad seguirá en los próximos días, aunque se duda
que el coordinador de Giras del gobernador, Irineo Martínez Ordaz, pueda ser
removido de su cargo por la evidente protección de Marcos Covarrubias
Villaseñor, con todo y que esto implica la seguridad y exposición de su propia
familia. Y peor aún, sobre la integridad de los propios ciudadanos que reclaman
mayor seguridad y cero tolerancia a quienes son considerados como responsables
de desencadenar la ola de violencia en Baja California Sur.
(SEMANARIO
ZETA/ Investigaciones ZETA/ 16 de Septiembre del 2014 a las 12:01:00)
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