La
violencia existente en Jalisco está marcada por la operación de las
organizaciones delictivas, aunque muy por debajo de los extremos alcanzados en
el 2011, cuando seis de cada 10 homicidios intencionales tuvieron ese origen
De
acuerdo al sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco
(Mide), en 2013 se registraron mil 97 homicidios intencionales en el estado
Las
cifras locales de homicidios ligados al crimen organizado siempre variaron con
los publicados por el Gobierno Federal
Tras
18 meses transcurridos de la actual administración estatal en Jalisco, la
violencia homicida que persiste en la entidad aún debe una parte muy importante
de su origen a las rivalidades y conflictos intestinos de los grupos criminales
que operan localmente, a los llamados
ajustes de cuentas.
Durante
la pasada gestión, la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) estuvo
elaborando, a la par que lo hacía el Gobierno federal, un registro propio con
los homicidios en los que hallaba indicios para presumir que formaban parte de
esta ola cruenta que asolaba al país, y donde los cárteles de la droga jugaban,
como hoy, un papel crucial.
Ahora,
con las labores de la Fiscalía General del Estado (FGE), se mantiene en su
estadística esta subcategoría de homicidios dolosos, la cual permite conocer
que durante los años 2013 y 2014, los primeros de esta gestión, más de un
tercio de todos los asesinatos en Jalisco están ligados con las actividades de
los grupos delictivos asentados aquí.
De
acuerdo al sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco
(Mide), en el 2013 se registraron mil 97 homicidios intencionales en el estado,
y según las investigaciones de la FGE, en 382 de ellos existen pruebas de la
actuación de estas organizaciones delincuenciales: en un 35 por ciento.
Mientras
que de los 585 homicidios cometidos en el 2014 hasta agosto, 190 presentan ese
mismo principio criminal: un 32 por ciento de la totalidad.
De
esta manera, son 572 las muertes que se han registrado en estos dos años dentro
de la clasificación de la FGE, definida como Grupo criminal/Cártel de la
droga/Pandilla.
En
el anterior sexenio, la PGJ concluyó que de los 4 mil 718 homicidios
intencionales de los que tuvo conocimiento, al menos mil 883 había que
considerarlos como producto de la rivalidad delincuencial (2007-2012 a
octubre), es decir, cuatro de cada 10 asesinatos ocurridos en el estado.
El
peor momento que vivió Jalisco por estos hechos de violencia fue EL 2011,
cuando seis de cada 10 asesinatos se dieron a la sombra del crimen organizado;
fueron 714, año marcado por los 26 cuerpos en los Arcos del Milenio.
Seguido
del 2010, la mitad de los casos de homicidios dolosos tuvieron ese nexo
delincuencial, y aún en 2012, con al menos un 45 por ciento de los asesinatos
en esas mismas circunstancias (si bien, en términos absolutos supera al 2010):
fue el año de los 18 cuerpos en la Carretera a Chapala.
Las
cifras locales de los homicidios vinculados a la delincuencia organizada, sin
embargo, siempre variaron en una forma relevante con respecto a la base que
publicaba el Gobierno Federal en la pasada administración, y cuyos datos iban
del 2007 al 2011 (hasta septiembre).
La
última cifra que el Gobierno Federal informó abiertamente para Jalisco en ese
periodo fue de mil 694 homicidios por rivalidad delincuencial, mientras la PGJ
documentaba únicamente mil 348 y considerando todo el 2011: una diferencia de
346 asesinatos o 20 por ciento menos.
Pero
¿qué se disputan estos grupos delictivos en Jalisco? Desde luego no sólo las
rutas de trasiego de drogas. Está el propio mercado estatal de consumo de
estupefacientes y el control de los puntos donde se desarrolla este
narcomenudeo, igual en fincas particulares que en giros comerciales.
La
única estimación que hasta el momento ha sido reconocida de manera pública por
el Gobierno de Jalisco, sobre la dimensión económica que alcanza la
comercialización de las drogas ilegales al menudeo en el estado, se dio en
septiembre del 2012, en el informe editado por la Secretaría de Planeación “Más
allá de la Guerra de las Drogas”, donde se asevera que no supera los 367
millones de pesos anuales.
Ahora,
sin embargo, el entendimiento de la violencia del crimen organizado en Jalisco
ya no puede soslayar el lugar preponderante que ocupa el robo, distribución y
venta de los combustibles que son sustraídos ilícitamente a Pemex.
El
mercado ilegal de combustibles a nivel local debe generar hasta 600 millones de
pesos mensuales para los grupos criminales, según la Asociación Mexicana de
Empresarios Gasolineros (Amegas).
Hoy
en día la mitad de las estaciones de servicio fuera del Área Metropolitana de
Guadalajara (AMG), son extorsionadas para servir como canales de distribución
del producto robado.
El
4 de agosto pasado, tras el homicidio del alcalde panista de Ayutla, Manuel
Gómez Torres, de quien se presume una liga con la delincuencia, el fiscal
general, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, declaró:
“El
cártel más fuerte ahorita es el Jalisco Nueva Generación. Estamos seguros que
esta célula, al igual que quienes atacaron a militares, a quienes rescataron a
detenidos en Mascota, son del mismo cártel”, dijo.
Por
los militares se refiere a la emboscada que sufrió una unidad del Ejército
Mexicano en Guachinango, el 12 de mayo. Ahí murieron cuatro soldados luego de
un decomiso de combustible robado; en Mascota, por su parte, el 24 de julio un
comando interceptó a agentes de la Fiscalía para liberar a uno de sus dos
detenidos, los sujetos se movilizaban en cinco camionetas.
CONFIAR O NO
La
medición de la violencia homicida en general y no sólo la exclusiva del crimen
organizado fue recientemente cuestionada por el Observatorio Nacional Ciudadano
por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
El
Observatorio hizo un ejercicio en julio comparando los datos del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de homicidios
dolosos, basados en averiguaciones previas, con los del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi), obtenidos de registros administrativos, para
descubrir diferencias abismales.
Cita
el caso de Puebla “donde el Inegi reportó un aumento de 17.42 por ciento en el
número de homicidios dolosos en el periodo interanual 2012-2013, el SNSP
reporta una baja de 28.95 por ciento en ese mismo lapso, lo que significa una
diferencia de más de 46 por ciento entre ambas mediciones”.
Y
Chiapas: “el Inegi reporta un incremento de 25.9 por ciento en el número de
homicidios dolosos, mientras que para el SESNSP este mismo delito tuvo una
reducción en ese estado del 5.76 por ciento”.
Eso
llevó a concluir a su director, Francisco Rivas: “Hay serias asimetrías entre
los dos resultados que evidencian las diferencias existentes de los sistemas de
recopilación y registro de información sobre la incidencia delictiva en las
procuradurías.
“No
contamos con información confiable para contar con un diagnóstico sobre la
violencia en nuestro país”.
Si
un ejercicio así se aplica con Jalisco del 2007 al 2013 -aunque partiendo de
que el Inegi no hace distinción si hubo o no intencionalidad-, el SESNSP arroja
5 mil 814 homicidios dolosos, mientras que el Inegi, 7 mil 312, un 26 por
ciento más.
El
MIDE, nutrido por la Fiscalía estatal, igual que el SESNSP, registró en el AMG 2 mil 717 asesinatos; el
Inegi, 3 mil 290, un 21 por ciento más. Sólo en Guadalajara el primero habla de
820, pero el Inegi de mil 365.
El
instituto considera distintos tipos de agresiones como causa de muerte: hasta
el 2012 las principales en Jalisco son por arma de fuego, 3 mil 888 (67 por
ciento); objeto cortante, 851 (15 por ciento), y ahorcamiento o
estrangulamiento, 400 (7 por ciento).
(REPORTE
INDIGO/ LUIS HERRERA /Lunes 15 de septiembre de 2014)
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