El propio gobernador
de Michoacán, Salvador Jara, ha reconocido que su administración es la
responsable por la bancarrota de empresas prestadoras de servicios al gobierno
estatal
“Nosotros
estamos siendo la causa de la quiebra de muchas empresas, por eso necesitamos
primero pagar”
Salvador Jara Guerrero
Gobernador de Michoacán
La administración del dinero no fue el lado fuerte
durante el mandato de Fausto Vallejo y Jesús Reyna
5,000
millones de pesos fue el déficit con el que terminó el
año pasado el gobierno de Michoacán
61,300
millones de pesos fue el gasto del gobierno estatal
13
millones de pesos era el costo de operatividad que
tenía el CREE en Michoacán
27
millones de pesos fue la aportación inicial del
gobierno local para la inauguración del CRIT
400
millones de pesos se comprometió a entregar el
gobierno estatal al CRIT en un lapso de 10 años
22,000
Pacientes eran atendidos en el CREE antes de que se
inaugurara el CRIT
Los malos manejos en
las finanzas durante la administración de Fausto Vallejo-Jesús Reyna han
llevado a Michoacán a una parálisis financiera.
Y aunque el
gobernador Salvador Jara Guerrero se niega a reconocer la quiebra técnica en la
que se encuentra el estado, ya se ha dejado de pagar salarios a empleados
municipales, principalmente en las áreas de seguridad pública.
También se han
dejado de atender los compromisos de la administración estatal que tienen que
ver con la prestación de servicios y materiales. El pago a proveedores se
mantiene congelado sin explicación alguna.
Lo que Jara sí
reconoció fue que el estado es responsable por la quiebra de empresas
prestadoras de servicios al gobierno de Michoacán.
“Nosotros estamos
siendo la causa de la quiebra de muchas empresas, por eso necesitamos primero
pagar”, mencionó el gobernador el 21 de julio en una entrevista de radio para
la Universidad Michoacana.
El Ejecutivo destacó
que para lograr la paz y la credibilidad en un gobierno estatal, lo prioritario
es reactivar la economía y de ello está sumamente consciente.
Ente este escenario,
el Gobierno Federal no ha anunciado un plan de rescate financiero a la entidad,
pese a que el propio presidente de la república, Enrique Peña Nieto, ofreció el
respaldo total para sacar a Michoacán de la crisis.
El presupuesto de
gastos para el aparato de gobierno en este año se tazó en 57 mil 741 millones
de pesos. De esa partida autorizada, el gobierno estatal ya ejerció –solo en
los primeros seis meses del año- casi el 78 por ciento.
La administración
del dinero no fue el lado fuerte durante el mandato de Vallejo y Reyna.
El año pasado, el
gobierno de Michoacán terminó con un déficit presupuestal de casi 5 mil
millones de pesos, al elevar el gasto del gobierno a 61 mil 300 millones de
pesos, cuando el presupuesto autorizado fue de 56 mil 700 millones.
Además, el gobierno
de Vallejo tomó la decisión de cubrir el exceso de gastos con deuda pública y
echó mano de los fondos emergentes que llegaron a la entidad por parte del
Gobierno Federal, en compensación de programas no ejercidos en el año inmediato
anterior.
BUSCAN RESCATE
A menos de 2 meses
de haber asumido el mando estatal, Salvador Jara no ha sido capaz de establecer
orden en las finanzas locales. El secretario de finanzas del estado, José
Carlos Rodríguez ha comenzado a rendir cuentas a la Federación, en busca de un
rescate financiero.
Mientras tanto, la
forma en la que el gobernador de Michoacán pretende salvar la situación
económica de la entidad se finca en la suspensión de pagos a algunos de los
empleados estatales, la mayoría de ellos no sindicalizados.
Esa medida ha
causado descontento en los trabajadores que ya organizan un paro generalizado,
principalmente en la estructura de seguridad pública.
PEGA DEUDA A LA SEGURIDAD
De acuerdo a lo
datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Michoacán es una de las
entidades en donde mayores recursos económicos se han invertido para asegurar
el sistema de protección ciudadana, pero la mayor parte de los fondos fueron
destinados a infraestructura.
El gobierno estatal
se olvidó fortalecer la parte humana, mediante el pago a los policías y
operarios.
En el programa de
Evaluación, Control y Confianza -al que la administración local le presupuestó
42 millones 338 mil pesos- no se consideró un solo peso para el pago de
salarios a los operarios.
Los requerimientos de
operación fueron de 3.9 millones de pesos, recursos que no se han pagado a los
empleados estatales.
De acuerdo a datos
otorgados por diputados del congreso local, también en el programa Prevención
Social de la Violencia y la Delincuencia existen irregularidades que afectan
directamente a los trabajadores. Allí se dejaron de pagar más de 4.3 millones
de pesos en salarios.
En proyecto de
Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública tampoco se
hicieron los pagos correspondientes a los operarios. Allí se deben más de 12
millones de pesos.
En la planeación del
programa Estrategia en el Combate al Secuestro, el gobierno estatal destinó
fondos por poco más de 600 mil pesos. El dinero se usó para pagar un inmueble y
adquisición de muebles para habilitar oficinas. A la fecha, los policías que
trabajan en el combate a ese delito ni siquiera reciben un salario completo.
Los programas
Instalación de Centros de Operación Estratégica, Programa de Desarrollo de
Huella Balística, Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, así como el
de Rastreo Computarizado de Armamento tampoco tienen presupuesto, aunque ya se
ha destinado personal a esas acciones.
El Nuevo Sistema de
Justicia Penal, que ya se ha puesto en operación en Michoacán, está operando con
fondos exclusivos de la Federación, desde donde se ha aportado un fondo por más
de 42 millones 244 mil pesos. Esos recursos se invertirán en bienes muebles e
inmuebles. El pago de salarios a los operadores de ese programa será por cuenta
del estado, pero no se ha destinado
dinero para ello.
En total son 10
programas los que en Michoacán están comprometidos ante la falta de recursos
económicos para el pago de salarios.
PIDEN ALTO A LOS COMPROMISOS DEL GOBIERNO
El estado de
parálisis financiera en el que ha entrado ya el gobierno de Michoacán ha
llevado al intenso debate dentro de la cámara local de diputados. Allí, los
diputados del PT y Nueva Alianza se han manifestado a favor de poner alto a la
“generosidad” del gobierno estatal.
El diputado Sarbelio
Molina Vélez, del Nueva Alianza, ha sido claro al señalar la existencia de
compromisos del gobierno de Michoacán con algunos grupos sociales, como la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a los que se le
aportan fondos estatales como parte de los acuerdos minutados en cada
movilización.
Molina Vélez ha
pedido que el gobierno estatal termine con las firmas de minutas que no son
otra cosa que pagares en blanco que se les extienden a algunos de los líderes
del magisterio. Como parte de esos acuerdos resulta la aceptación de maestros
que no asisten a clases, pero sí cobran puntualmente el salario.
Una de las más
polémicas minutas pactadas por el gobierno de Michoacán para la aportación de
recursos oficiales a causas particulares, es la que se estableció con el CRIT-
Teletón, en donde el gobierno estatal comprometió a otorgar 400 millones de
pesos en diez años.
El acuerdo fue
establecido en su primer año de gobierno por Fausto Vallejo.
Con base en ese
trato -que fue avalado por la mayoría de los diputados del congreso local- el
gobierno de Michoacán tendrá que pagar en los próximos días el segundo aporte
de 40 millones de pesos a fin de que las instalaciones del CRIT, que operan en
la capital del estado, sigan en operación.
El CRIT de Michoacán
fue inaugurado con la aportación inicial de 27 millones de pesos, que –según lo
dijo el gobernador Vallejo en su momento- fueron producto del programa de
ahorro establecido en los primeros días de la administración faustistas.
El gobierno estatal
también cedió la propiedad de un terreno y ayudó a la construcción del inmueble
que administra la fundación Teletón.
Con la operación del
CRIT Morelia, en donde se atiende a mil niños con problemas de discapacidad
diversa, dejó de funcionar el Centro de Rehabilitación y Educación Especial
(CREE) dependiente del gobierno estatal.
La administración
local le suspendió el apoyo para su operatividad, cuyo costo era de 13 millones
de pesos anuales. Allí se atendían a 22 mil pacientes –niños y adultos- con
discapacidades diversas.
(REPORTE
INDIGO / J. JESÚS LEMUS /LUNES 11 DE AGOSTO DE 2014)
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