Diputados locales recularon en su idea de aplicar la llamada “ley
mordaza” en Sinaloa y este viernes, dos días después de haberla aprobado
por unanimidad, presentaron ante el Congreso del Estado una iniciativa
para derogar el artículo 51 bis de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado (PGJE).
“Los medios de comunicación tendrán acceso a la información de las
investigaciones a través de los boletines de prensa que emita la unidad
de acceso a la información pública, siempre que se cumplan con los
requisitos marcados por las leyes en materia de transparencia”, reza el
texto del artículo aprobado en la sesión extraordinaria del miércoles
pasado.
En ningún caso, agrega, “se podrá autorizar a los medios de
comunicación el ingreso a los lugares de los hechos, la toma de audio,
video o fotografía a las personas involucradas en un evento delictivo,
ni el manejo de información relacionada con la seguridad pública o la
procuración de justicia”.
El diputado Jesús Enrique Hernández Chávez, presidente de la Junta de
Coordinación Política y líder de la mayoría priista, anunció que luego
de las inconformidades de organizaciones ciudadanas y de periodistas en
contra de esta nueva disposición legal, entregaron la iniciativa para
que ésta sea abordada por la Diputación Permanente el 19 de agosto.
Después, se convocará al pleno a periodo extraordinario para discutir
el dictamen, aprobar o rechazar, el 21 de agosto; será a finales de
este mes cuando podría quedar derogado este artículo. Mientras tanto,
los legisladores permanecerán de vacaciones y el decreto de las reformas
a la Ley Orgánica de la PGJE ya fue publicado en el Diario Oficial del
Estado el miércoles mismo en que fue aprobado por los diputados.
“Fueron días intensísimos, de fiscalización de cuentas públicas, de
reformas para armonizar la constitución local al ámbito federal.
Veinticuatro iniciativas en un plazo muy corto, de las cuales tenemos
aprobadas 11… pero no es razón suficiente, no debe de repetirse, pero
ocurrió. No debemos de fallar, nadie, en estas tareas importantes”, dijo
Hernández, en un intento de autocrítica, pero también de justificación.
Insistió en que ellos son legisladores que escuchan y que en función
de eso trabajan, que respetan la libertad de expresión, el trabajo de
los periodistas y medios de comunicación y los derechos ciudadanos.
Lo cierto fue que recularon y lo hicieron luego de que la llamada
“ley mordaza”, que para muchos criminaliza el trabajo periodístico y va
en perjuicio de las víctimas del delito, fue aprobada sin revisión ni
discusión, y que la reversa la meten los legisladores luego de las
críticas en medios locales, nacionales e internacionales, y de condenas
de organismos de defensa de los derechos humanos y de medios
informativos de México y el extranjero, como Artículo 19 y el Comité
para la Protección de los Periodistas (CPJ).
Muy tarde
Tarde se dieron cuenta los diputados de lo que habían aprobado a
ciegas, sin leer ni discutir y por unanimidad: criminalizar y limitar el
trabajo periodístico, y retroceder en materia de libertad de expresión y
derecho a la información, no solo en perjuicio de los comunicadores y
los medios, sino de las víctimas de la violencia y en general de la
ciudadanía.
Como algunos de ellos lo reconocieron, los legisladores ni siquiera
leyeron la iniciativa de reforma al artículo 51 bis, de la Ley Orgánica
de la PGJE. Dos semanas antes la iniciativa fue enviada por el
gobernador Mario López Valdez y apenas este martes 29 fue leída ante el
pleno. Al día siguiente fue aprobada por unanimidad y sin la menor
discusión.
No la vimos
Jesús Enrique Hernández. “Nos descuidamos”.
Legisladores locales reconocieron que tenían un “chorro” de
dictámenes que aprobar en esa sesión del miércoles —en la que aprobaron
11 dictámenes referentes a Compromisos por Sinaloa, además de otras
iniciativas— y que no se dieron cuenta de lo que estaban votando.
“La verdad está muy estricto lo que se aprobó. Se suponía que el
objetivo era lo de garantizar la presunción de inocencia y adecuar el
marco legal local a lo que se tiene en materia federal, y uno confía en
que viene revisado y pasó lo que pasó, la verdad. Ya cuando nos dimos
cuenta, ya estaba votado. Ya lo habíamos aprobado”, manifestó uno de los
diputados, quien pidió mantener el anonimato.
Silvia Miriam Chávez, diputada del Partido Nueva Alianza (PANAL),
reconoció que votó el dictamen sin haberlo leído: “Yo no estoy
acostumbrada a hacer una política de mentira, la verdad sí lo voté, la
verdad no me di cuenta”, dijo ante los medios periodísticos este
viernes.
Imelda Castro y Jesús Enrique Hernández Chávez, coordinadores de las
fracciones de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y
Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso del Estado,
reconocieron que se habían equivocado.
Por la mañana, el gobernador, Mario López Valdez, había dicho que “no
es la intención de su gobierno cometer excesos y mucho menos coartar el
libre ejercicio periodístico en Sinaloa, sino por el contrario,
propiciar condiciones para que se garantice un ejercicio libre y
seguro”, y que si era necesario se modificaría el contenido.
(RIODOCE/ REDACCION/agosto 1, 2014)
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