MÉXICO, D.F. (apro).- La Secretaría de la Función Pública (SFP) citó a comparecer a Juan Carlos de la Barrera Vite, detenido el 29 de julio de 2012 como parte de una red de corrupción que supuestamente filtraba información al Cártel de Sinaloa, para que aclare presuntas “incongruencias” en la evolución de su patrimonio.
El exempleado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y
de la Procuraduría General de la República (PGR) también deberá hacer
las aclaraciones pertinentes que justifiquen la procedencia de los
depósitos de origen desconocido que se hicieron a sus cuentas bancarias
en 2010, según la dependencia.
En un edicto publicado este viernes en el Diario Oficial de la
Federación, la SPF precisa que de acuerdo con la declaración patrimonial
del acusado, de junio a noviembre de 2010 fue fiscal especial en la
Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia
Organizada (SIEDO) de la PGR y su función principal era tratar asuntos
relacionados con delitos contra la salud.
De 2005 a 2010 fue secretario de Estudio y Cuenta del ministro Sergio
Valls en la SCJN, y de 2000 a 2005 fungió como secretario técnico de la
consejera María Teresa Herrera Tello en el Consejo de la Judicatura
Federal.
Con base en una averiguación realizada por la SIEDO (ahora SEIDO),
cuyo titular era José Cuitláhuac Salinas, a De la Barrera Vite y seis
funcionarios más se les señaló como parte de una red de corrupción que
filtraba información al cártel de Joaquín El Chapo Guzmán, capturado el
22 de febrero pasado.
De acuerdo con la PGR, el exfuncionario proporcionó datos de testigos
protegidos y de expedientes penales a la célula del cártel que era
comandada por Felipe Cabrera Sarabia, El Ingeniero, detenido a fines de
2011 por el Ejército mexicano en Sinaloa.
El 7 de agosto de 2012, De la Barrera Vite –aprehendido cuando
trabajaba en la Dirección de Recursos Humanos de la SCJN– fue trasladado
al penal federal de Matamoros y le dictaron auto de formal prisión.
En 2013 sus abogados denunciaron anomalías y abuso por parte de los
testigos protegidos, además que su cliente fue el único de los siete
implicados que no fue citado a declarar.
Los testigos, identificados como Libre y X, comparecieron ante la
SIEDO y el Ministerio Público y acusaron al exfuncionario de filtrarles
información y recibir un pago por 60 mil dólares, uno, y otro de 200 mil
pesos.
En declaraciones a la revista Proceso en agosto de 2013, De la
Barrera Vite puso en jaque a la PGR que dirigió Marisela Morales cuando
reveló que la exprocuradora en el sexenio de Felipe Calderón dio
instrucciones de reclutar testigos protegidos para que implicaran con el
narco a varios políticos de peso, entre ellos a Andrés Manuel López
Obrador y al propio Enrique Peña Nieto, así como al gobernador de
Coahuila, Rubén Moreira y al exgobernador de la misma entidad Humberto
Moreira.
En un reportaje publicado por el semanario con el título “La trama de
Marisela Morales para fabricar culpables”, el exfuncionario de la SCJN
sostuvo que las confesiones del narcotraficante Sergio Villarreal
Barragán, El Grande –quien según la PGR vendió en miles de dólares a los
Cabrera Sarabia, una de las células del Cártel de Sinaloa–, “no existen
(es decir, son falsas)”.
En declaraciones desde el penal de máxima seguridad de Matamoros,
Tamaulipas, arguyó: “Es una venganza de Marisela Morales Ibáñez (porque)
me negué a fabricar declaraciones en contra de políticos que estorbaban
al gobierno… Lo hizo para implicarme, incluso manipuló declaraciones de
dos testigos protegidos de claves: Libre y X ”.
De la Barrera Vite trabajó con Morales cuando la funcionaria era
titular de la SIEDO. Ella, dijo, lo nombró en junio de 2010 como
responsable de la Fiscalía de la Unidad Especializada en Investigación
de Delitos Contra la Salud.
Con la detención de De la Barrera el 29 de julio de 2012 al final de
su sexenio, Felipe Calderón buscó presentar el hecho como el último gran
golpe contra el crimen organizado. La PGR anunció incluso que con esa
captura había quedado desarticulada una banda compuesta por siete
funcionarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de la
misma procuraduría que presuntamente operaba para el Cártel de Sinaloa.
Según De la Berrera, Morales llevaba a las reuniones semanales “una
lista con nombres de funcionarios de alto nivel de los tres órdenes de
gobierno, empresarios y abogados. Daba órdenes a ministerios públicos,
fiscales, coordinadores y titulares de unidad para que –con medidas
indebidas, como golpes o torturas psicológicas– presionáramos a testigos
protegidos y a detenidos para que les abrieran proceso y se les
inventaran declaraciones. Quería elementos para condenarlos y tenerlos
bajo su control. Forzaba averiguaciones previas que nunca contaban con
sustento legal”.
Cuando la reportera, Patricia Dávila, le pidió que diera nombres, dio
una larga lista: Gregorio Sánchez, exalcalde de Quintana Roo; Luis
Ángel Cabeza de Vaca, exsecretario de Seguridad Pública de Morelos; los
generales Ricardo Escorcia Vargas, Tomás Ángeles Dauahare y Roberto Dawe
González; Zeferino Torreblanca y Manuel Añorve Baños, ambos
exgobernadores de Guerrero; Andrés Manuel López Obrador y su chofer
Nicolás Mollinedo; los priistas Jorge Hank Rhon, Manlio Fabio Beltrones,
Mariano Herrán Salvatti, Tomás Yarrington, Manuel Cavazos Lerma,
Eugenio Hernández Flores, Humberto y Rubén Moreira, Fidel Herrera
Beltrán y Enrique Peña Nieto.
Sobre Peña Nieto, dijo que abrieron un acta circunstanciada en la
Coordinación General A, la tenía Fausto Ayala; nunca se elevó a
averiguación previa. “Desconozco el sustento de la misma. Esto inició en
2010. Morales quería concentrar el control en caso de que el PAN bajara
en las encuestas”.
El entrevistado dijo que él nunca comulgó con la forma en que
trabajaba la entonces titular de la SIEDO. “En las reuniones nos
indicaba cómo explotar a los testigos protegidos y cómo llevar los
asuntos”.
Morales –quien desde mayo del año pasado es cónsul en Milán, Italia–
“era una persona violenta, decía que si no nos gustaba, que nos
fuéramos. Trabajé ahí menos de cinco meses y puse mi renuncia en la
Oficialía de Partes por los motivos que le comento”, apuntó.
En la entrevista con Proceso dijo que se sentía un chivo expiatorio
“por las irregularidades que advertí. Incluso cuando me detienen los
agentes de la AFI (Agencia Federal de Investigación), me dicen
claramente que no iban por mí. El objetivo era golpear al ministro de la
SCJN Sergio Valls. Esto es raro, ya que el ministro y ella tenían muy
buena relación”.
Kenia Rodríguez, esposa de Juan Carlos, redondeó la idea de su
esposo: “En 2010 el presidente Felipe Calderón estaba enfrentado con la
Corte. Acusaba a los jueces de dejar salir a los delincuentes. En su
defensa, ellos argumentaban que la PGR integraba las averiguaciones
previas de manera incorrecta. Morales incluso le pidió a Valls una
cita”.
Relató: “Dos meses antes de que mi esposo renunciara a la SIEDO, hubo
una comida en el restaurante de la Suprema Corte. Fue informal. La
entonces titular de la SIEDO le pidió al ministro (Valls) hablar con los
jueces para ‘sacar’ los asuntos. Él se negó”.
Y aunque se programaron dos o tres encuentros más, Valls los canceló.
“Tampoco aceptó enviarle más colaboradores como agentes de la SIEDO”,
añadió. Una vez que Juan Carlos dejó la subprocuraduría, el ministro
Valls lo invitó de nuevo a la SCJN, donde comenzó a laborar en el área
de Recursos Humanos.
El 29 de julio de 2012, más de año y medio después de su salida de la
SIEDO, De la Barrera fue detenido en Acapulco, según narró su esposa:
“Yo estaba en Cuernavaca con mi mamá. Hablaba por teléfono con él cuando
me dice ‘¡Me persiguen!’. ¿Quién? ¿Y los niños? –le pregunté.
“Me fui de inmediato a Acapulco y encontré a mis dos hijos –de nueve y
seis años– en casa de una vecina. Estaban desconsolados.
Los vecinos
anotaron los números de placa de los vehículos en que subieron a mi
marido: 285XBB del Estado de México y 999WAD. Ambas estaban
sobrepuestas; los agentes no iban uniformados, me dijeron.”
Kenia regresó a Cuernavaca para dejar a sus hijos con su familia y se
fue al Distrito Federal. Alrededor de las dos de la madrugada del 30 de
junio tocaron a la puerta. Vio tres camionetas de la Marina y dos
Suburban de los MP.
“Abro y le digo a uno de los sujetos: no sé nada de mi esposo. ¿Dónde está? En un postit me escribe que en el Cefereso 3 Noroeste en Matamoros. ¿Qué hace mi esposo allá? –le digo.
“Catearon mi vivienda, la de la mamá de Juan Carlos; también fueron a
Acapulco. Revisaron computadoras, agendas, pero no encontraron nada.”
El papeleo para visitar a su esposo le llevó un mes a Kenia. “Quería
saber de qué lo culpaban. Estaba en los noticiarios nacionales, le dije,
acusado de vender declaraciones que hizo El Grande contra los hermanos
Cabrera Sarabia y Juan Carlos Moreno Flores, El Calentura, del Cártel de
Sinaloa”.
Juan Carlos le comentó que esa declaración no existía: “Como fiscal
–dijo–, mi esposo tomó la declaración al El Grande y a La Barbie. Hasta
que Marisela Morales le asignó los casos a Guillermina Cabrera; fue ella
quien convenció a El Grande para que declarara por consigna a cambio de
convertirlo en testigo protegido”.
De la Barrera Vite rindió su primera declaración dos meses después de
su detención. Negó las imputaciones. Sólo aceptó que conocía de vista a
Víctor Omar.
De acuerdo con la causa penal 57/2012, el 1 de febrero de ese año, de
manera voluntaria se presentó Esther Yadira Huitrón Vázquez, quien dijo
haber pertenecido a las organizaciones de los hermanos Beltrán Leyva y
después al Cártel de Sinaloa. A cambio de rendir información acerca de
la célula de los hermanos Cabrera Sarabia que operaba en Durango y el
sur de Chihuahua, solicitó acogerse a la figura de testigo protegido. La
PGR le asignó la clave Libre.
Ella rindió 10 declaraciones en dos meses en las cuales involucró a
siete funcionarios: Esteban Amezcua Bernal, Ramiro Campos Lomelí,
Verónica Guadalupe Esquivel Cuevas, Víctor Omar Martínez Ferrara, Manuel
Arroyo Hernández y Gerardo Ortega Maya –este último fue torturado para
que declarara contra el general Tomás Ángeles Dauahare, según denunció
su hermana Karina Ortega.
En su primera declaración, Libre entregó una agenda. En una de las
hojas escribió –aunque no consignó la fecha– que entregó a Víctor Omar
Martínez Ferrara 60 mil dólares para que se los entregara a Juan Carlos
de la Barrera –quien se encargaba de los trámites de los testigos
protegidos en la SIEDO– como pago por las declaraciones de los testigos
protegidos que testificaron en contra de Felipe Cabrera Sarabia, El
Inge.
No obstante, en la sexta declaración Libre se contradijo al referir
que los primeros días de enero de 2012 el fiscal De la Barrera solicitó
los 60 mil dólares, por lo que a través de Israel Rivera, El Licenciado
Flaquito, “le hizo el depósito a una cuenta bancaria a nombre de Juan
Carlos de la Barrera”.
/ 1 de agosto de 2014)
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