NEZAHUALCÓYOLT, Edomex. (apro-cimac).- Integrantes del
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), activistas y
familiares de víctimas recorrieron hoy Ciudad Nezahualcóyotl y
Chimalhuacán, dos de los 10 municipios mexiquenses que concentran 50%o
de los más de mil 200 asesinatos de mujeres registrados de 2005 a 2013
en el Estado de México.
María de la Luz Estrada, coordinadora del OCNF, explicó que las
autoridades de ambas localidades tienen en algo en común: consideran a
las mujeres como “objetos o basura”.
Lo anterior porque en la mayoría de los casos los cuerpos son
arrojados en terrenos baldíos, casas abandonadas, basureros o avenidas
sin iluminación o en pésimas condiciones, como el Río de la Compañía y
el Bordo de Xochiaca, avenida que además de albergar un tiradero de
basura y casas de cartón, marca el límite entre ambos municipios.
“Trabajadoras, profesionistas, estudiantes y amas de casa un día
salieron de su casa y no volvieron, o volvieron en un ataúd ante las
miradas omisas de las autoridades mexiquenses”, expuso Estrada.
Por ello pidió al alcalde de Nezahualcóyotl, Juan Manuel Zepeda, así
como a su par de Chimalhuacán, Telésforo García Carreón, que informen
de manera precisa el número de desapariciones de jóvenes y niñas en esos
municipios, porque muchas de ellas desaparecen en una localidad y luego
son halladas sin vida en otra.
Los activistas se reunieron en la explanada municipal de este
municipio donde colocaron una cruz rosa. Ahí, Leticia Barrera,
integrante de la organización mexiquense Faz, recordó que en los últimos
cuatro años en ese ayuntamiento han sido asesinadas 34 mujeres sin que
hasta ahora se sepa si las autoridades investigaron alguno de esos
casos.
A esto se suma que sólo de 2011 a 2012 fueron desaparecidas 600 mujeres; la mayoría jóvenes menores de 17 años.
Recorrido
Viviana Muciño Márquez, hermana de Nadia Muciño Márquez, joven
asesinada por su esposo en febrero de 2004, expuso la manera en que las
autoridades mexiquenses no atienden las denuncias de violencia contra
las mujeres.
Con la activación de la alerta de género lo único que pedimos al
gobierno federal es que respete “el derecho a la vida que todas y todos
tenemos”, dijeron.
Posteriormente, las manifestantes se trasladaron al palacio municipal
de Chimalhuacán, donde, con consignas, pancartas y la participación de
bicitaxistas y transportistas, realizaron una manifestación en las
calles aledañas.
Frente al Palacio municipal, que fue cerrado y protegido por la
policía local, expresaron su indignación ante la impunidad de los casos
de feminicidio, desaparición y violencia sexual, delitos que en el
municipio incluso son cometidos por policías.
En Chimalhuacán, por ejemplo, Mariana Lima Buendía fue asesinada en
2010 por un agente que tras declarar que su esposa se había suicidado
fue elevado de rango. Ahí también fue ultimada la niña de siete años
Angélica Abigaíl Pizano.
En la protesta, tomó la palabra Alejandra Flores Flores, joven que
fue violada sexualmente en febrero de 2013 por los policías Pedro Luis
Becerril Ríos, Andrés Alan Hernández y Francisco Aréchiga, quienes
también asesinaron a su novio.
Alejandra contó a esta agencia que aunque los policías están
detenidos y hay pruebas de que ellos fueron los responsables, el juzgado
argumenta no tener las pruebas suficientes para sentenciar a los
agresores.
Al finalizar el acto, los manifestantes, así como habitantes del
municipio, colocaron cruces rosas en las puertas del Palacio municipal
donde hubo un conato de enfrentamiento, ya que los policías que
resguardan el lugar intentaron detener la protesta.
Luego caminaron a las oficinas locales de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México (PGJEM), donde se ubica el Centro de
Atención Ciudadana Chimalhuacán.
Ahí, Irinea Buendía, madre de Mariana Lima Buendía, acusó que en esas
instalaciones peritos forenses, investigadores y demás personal
alteraron, perdieron y modificaron las pruebas del asesinato de su hija.
Sostuvo que además los agentes del Ministerio Público le pidieron
dinero para investigar los hechos: “Los policías en lugar de cuidar de
nuestras hijas, las violan, las asesinan y luego dicen que a ellos nadie
les hace nada porque tiene el poder, pero yo les digo que aquí estamos
para decir ya basta”.
La campaña de las activistas, además de exigir la declaratoria de
alerta de género en la entidad, busca recopilar los casos y testimonios
de familiares. Durante el recorrido por el municipio de Ecatepec, el
pasado 25 de junio, el OCNF encontró 17 casos de jóvenes desaparecidas.
Integrantes del OCNF dijeron que está firme su exigencia de sostener
una reunión con el gobernador de la entidad, Eruviel Ávila Villegas,
para exigir justicia y que ponga fin a la ola feminicida. Adelantaron
que el próximo recorrido será por el municipio de Chalco.
Estos recorridos se iniciaron a raíz de que las autoridades estatales
y federales se negaron a aplicar la Alerta de Violencia de Género (AVG)
en territorio mexiquense.
/ 25 de julio de 2014)
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