Reynosa— El
presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, decidió ayer martes utilizar el arma
militar para restituir la autoridad del Estado en Tamaulipas, convulsionado por
la violencia del narcotráfico y las guerras entre facciones rivales.
Para frenar la escalada
de violencia, Peña Nieto ordenó un contundente despliegue para poner bajo
control militar la seguridad de Tamaulipas y sus tres millones de habitantes.
Tamaulipas, según el
secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, quedará dividido en cuatro
zonas bajo las órdenes de “mandos especiales” de las secretarías de Defensa
Nacional y Marina Armada de México y estas son: Frontera, Costa, Centro y Sur.
Esta militarización
persigue tres metas: “desmantelar” los grupos criminales mediante trabajo de inteligencia,
sellar las rutas del tráfico de personas, drogas, armas y dinero, así como
crear instituciones de seguridad “confiables”, se explicó.
Las carreteras, que
por años fueron intransitables por los retenes de los narcos, que secuestraban
impunemente, serán vigiladas por militares. Los centros urbanos, que los
últimos meses han sido escenario de sangrientas batallas, serán patrullados
“las 24 horas del día los siete días de la semana”. La vigilancia también se
reforzará en “puertos, aeropuertos y aduanas”.
El despliegue supone
el desmantelamiento de los más de 40 cuerpos de policía que existen en
Tamaulipas por la sospecha de que están corroídos por el narcotráfico. Su
depuración se combina con la creación de un centro encargado de formar nuevos
agentes “mejor remunerados y con mejores prestaciones”.
La fiscalía estatal,
según el ministro del Interior, también sufrirá “una depuración completa”. Para
sustituirla, la Procuraduría General de la República creará cuatro fiscalías
especiales para atender e investigar delitos.
El titular de Segob
explicó dentro de esta estrategia se tomarán otras medidas como instalar cuatro
fiscalías especiales para recibir y atender denuncias; fortalecer la
coordinación con los otros órdenes de gobierno, redoblar vigilancia en
aeropuertos, puertos, aduanas y puntos fronterizos.
Se redobla también
la presencia de los puntos de operación mixta en la red carretera de la
entidad; se redobla la vigilancia en los cinco penales estatales, programas de
prevención en municipios prioritarios como Tampico; se intensificará la
revisión y clausura de giros negros, focos de actividades ilegales.
Se dará prioridad a
las denuncias anónimas y se combatirán delitos como extorsión y secuestro con
personal calificado y tecnología de punta.
Entre las otras
estrategias, Osorio Chong precisó que se crea el Instituto de Formación
Policial e Investigación para continuar con la depuración de la policía local y
anunció que la procuraduría estatal tendrá una depuración completa de sus
elementos.
Los tres Estados
colindantes, según anunció Osorio Chong, también se verán implicados, entre
otros motivos para evitar el “efecto cucaracha”: los narcos que huyen a otros
lugares en busca de cobijo una vez que el Ejército toma el territorio.
La intervención en
Tamaulipas llega cuando el incendio amenaza con empañar los réditos obtenidos
por Peña Nieto en su lucha contra los cárteles. En sus 18 meses de mandato han
caído capos míticos como Joaquín “El Chapo” Guzmán, y Miguel Ángel Treviño,
alias el “Z-40”. También se ha cambiado la narrativa de esta guerra,
abandonando la altisonancia empleada por el anterior presidente, Felipe
Calderón, y dando un uso cada vez mayor a los recursos de los servicios de
inteligencia frente a la fuerza bruta. Pero poco de esto ha tenido éxito en el
Estado del noreste.
Ubicado en la
frontera con Texas, por donde pasa el 30% del comercio internacional,
Tamaulipas es también una importante aduana para el tráfico de drogas y armas.
No es una casualidad que allí hayan nacido dos de los cárteles más violentos y
sanguinarios de México: “Los Zetas” y el “Cártel del Golfo”, que llevan cuatro
años disputándose las rutas que atraviesan el territorio. En medio de esta
batalla han quedado los habitantes del Estado.
Secuestros y
extorsiones; narcocuotas para abrir negocios o vender mercancía. Las agencias
de la ONU apenas pasan por la zona, la prensa local evita tratar los crímenes y
hasta los dirigentes políticos más poderosos caen ametrallados, como fue el
caso de Rodolfo Torre Cantú, el último candidato del PRI al Estado, asesinado a
balazos cuando circulaba por la carretera en plena campaña electoral.
En este universo,
las demostraciones de rechazo son contadas. Solo los valientes se atreven.
Pero el envío de
contingentes armados no es la panacea. “El problema de fondo es la debilidad
institucional de la zona. Sólo hay seguridad cuando hay intervención federal:
con su acción bajan los delitos y se retiran los narcos; pero con la llegada de
la calma, los que se retiran son los federales, y entonces reaparece la
criminalidad. Y vuelta a empezar”, describe el experto en seguridad, Alejandro
Hope. La ruptura de este círculo vicioso se presenta como una nueva asignatura
para el Gobierno mexicano.
(EL DIARIO, edición juarez/
El País/El Universal / 14 de mayo 2014| 22:10)
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