La
iniciativa presidencial para modificar las leyes energéticas es una
coladera de petróleo y de dinero. Si se aprueba tal como la mandó Peña
Nieto, las empresas podrán negociar cuánto pagan de impuestos y cuánto
hidrocarburo le dejan al país. Sólo tienen que convencer a la Secretaría
de Hacienda, encabezada por un incondicional del presidente. Chevron,
por ejemplo, supuestamente ya sondeó la posibilidad de hacerse con 85%
de la renta petrolera.
MÉXICO,
D.F. (Proceso).- Si las leyes secundarias de la reforma energética se
aprueban tal como las propuso el gobierno federal, llevarán a la firma
de “contratos leoninos, hiperfavorables para las compañías” y con
grandes desventajas para la nación.
Las razones son la
discrecionalidad con que podrá actuar la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), el hecho de que la renta petrolera que recibirá
el gobierno no está claramente fijada y la opacidad acerca de los
ingresos que obtendrían las empresas privadas gracias a la reforma.
Los
nuevos tipos de contratos para la exploración y extracción de
hidrocarburos (licencia, de producción compartida y de utilidad
compartida) que se permitirán en caso de aprobarse la nueva
reglamentación también pueden poner de rodillas al país, advierten
Fluvio Ruiz, consejero independiente de Petróleos Mexicanos, y su equipo
de trabajo.
“Tienen una visión muy chata y no de largo plazo.
Ellos (el gobierno) piensan en el mercado y dicen ‘¿Cómo hago para ser
más competitivo que Nigeria, Perú, Indonesia? Pues bajando mis costos y
así la inversión vendrá aquí; no se irá a otros países’. Finalmente, la
competencia es ver quién se pone de rodillas y se agacha más abajo”,
reclama Ruiz.
El consejero revela incluso que, ante la falta de
precisión en las propuestas, una empresa trasnacional, Chevron, ya
sondeó la posibilidad de quedarse con 85% de la renta petrolera.
La
discrecionalidad en los porcentajes que fijará la Secretaría de
Hacienda, según le permite la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos (LIH),
puede dañar al país: “Pudieron haber establecido varios porcentajes en
la ley reglamentaria. No lo hicieron. Pudieron precisar que el Estado no
se llevará menos de 50% del volumen o del valor de la producción, pero
se negaron. Eso sería un reparto justo en términos de la industria
petrolera”.
Con estas leyes, añade el consejero de Pemex, “el
régimen fiscal tú lo manipulas como quieres, depende del cuate que lo
haga, depende de la Secretaría de Hacienda. Si ellos son muy
entreguistas van a poner un régimen fiscal muy bajo”.
En el medio
petrolero “régimen fiscal” se refiere a las prestaciones que recibirá el
Estado gracias a las actividades de exploración y extracción de
hidrocarburos. Nada tiene que ver con el régimen tributario, de pago de
impuestos. Es decir, el régimen fiscal para los nuevos contratos será el
porcentaje de la renta petrolera que obtendrá uno y otro participante.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1958 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
/14 de mayo de 2014)
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