TIJUANA, B.C., (apro).- “Sáquenlo junto con ese chamaco… ahora sí nos van a decir dónde está la droga”, lanzó con voz autoritaria el jefe de un comando de encapuchados que en septiembre de 2012 irrumpió en una casa de esta ciudad y se llevó por la fuerza a dos de las personas que ahí se encontraban.
El 27 de ese mes, Luis Ángel Zazueta Cornejo, uno de
los miles de ciudadanos que cuentan con dos nacionalidades, cruzó la
frontera del condado de San Diego –donde estudiaba– hacia esta ciudad
para asistir a una fiesta familiar.
El trayecto que hizo el joven
se grabó en una de las decenas de cámaras de vigilancia que se
encuentran apostadas en la Línea Internacional.
Ese mismo día,
mientras la familia festejaba el cumpleaños del padre de Luis Ángel, un
grupo de sujetos armados entró a la casa y sacó al joven de manera
violenta junto con un menor de edad, quien posteriormente fue liberado.
Horas
más tarde el muchacho de 24 años se encontró formado en una fila con
varias personas más. A algunos los golpearon y les colocaron una bolsa
de plástico en la cabeza para que dieran información sobre un supuesto
cargamento de droga, y a otros más les quitaron los objetos de valor que
llevaban.
Según la versión oficial de los agentes estatales,
cuando fue detenido el mexicano-americano se encontraba sentado en una
banqueta, con una mochila en cuyo interior llevaba droga con fines de
comercialización.
Su captura, dijeron las autoridades, se realizó
durante un operativo en esta ciudad fronteriza tras una denuncia anónima
que alertaba sobre la venta de droga al menudeo, y culminó con la
detención de otros cinco hombres y una mujer: César Alfredo Meza García,
El Tachuelas, presunto operador del Cártel de los Arellano
Félix; Adrián Vázquez Lagunas, propietario de dos taxis de ruta que aquí
son conocidos como “calafias”; Leslie Joselyn Márquez, Luis Gabriel
Ramírez Dueñas, Fernando Reyes Ortiz y José Francisco Farías Prado.
Desde
aquel 2012 Luis Ángel se encuentra en prisión preventiva en el Centro
de Readaptación Social de La Mesa de Tijuana, en una celda que comparte
con otros 23 internos sentenciados y procesados.
La Comisión
Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDHN) presume la inocencia
del joven y la de Vázquez Lagunas –a quienes la Secretaría de Seguridad
Pública del estado calificó como supuestos integrantes de una “peligrosa
banda criminal”–, y ha demostrado las inconsistencias en sus
respectivos casos, así como la falsedad de pruebas, fabricación de
delitos y tortura.
La comisión de delitos de esa naturaleza, de
acuerdo con organizaciones internacionales de derechos humanos, es una
práctica generalizada en México y sobre todo en Baja California.
Acuerdan diagnóstico en BC
En
el diseño del Programa Estatal de Derechos Humanos de Baja California,
impulsado recientemente por el gobernador Francisco Vega de Lamadrid,
destacan la desaparición forzada de personas, la tortura y la situación
de periodistas y defensores de derechos civiles.
En este
ejercicio, en el que participan representantes gubernamentales, de
centros universitarios y organizaciones de la sociedad civil, también se
busca reconocer la situación de los derechos de migrantes, mujeres,
indígenas, adultos mayores y personas con discapacidad.
El pasado
viernes 9 el representante en México de la Alta Comisionada de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Javier Hernández
Valencia, se reunió con Vega de Lamadrid para armonizar el programa
federal de derechos humanos en la entidad.
En un comunicado, la
administración panista destacó su intención de ser “modelo nacional en
el país” en materia de derechos humanos, a efecto de ampliar las
oportunidades de los bajacalifornianos y elevar la calidad de vida de la
población en general.
Vega de Lamadrid se comprometió a
instrumentar una administración eficiente que cumpla con la
responsabilidad de respetar, proteger, garantizar y satisfacer los
derechos humanos de todas las personas que habitan en Baja California y
refrendar el Programa Nacional de Derechos Humanos.
Y anunció que
en junio próximo se llevarán a cabo audiencias públicas para “presentar y
enriquecer” el proyecto del Programa Estatal de Derechos Humanos del
estado.
Al respecto, el director de la CCDHN, Raúl Ramírez Baena,
manifestó que se trata de un buen esfuerzo, puesto que se busca partir
de un diagnóstico armonizado por la Oficina de la ONU-DH para aterrizar
el programa estatal.
Entre los retos destacó la instrumentación de
políticas públicas para mejorar la situación de los derechos humanos en
la entidad e incorporar el tema al Presupuesto de Egresos 2015, además
de hacer reformas y leyes que refuercen el sistema en la materia.
De
acuerdo con Ramírez Baena, la organización que preside participa como
vigilante para que se concrete y funcione bien el Programa Estatal de
Derechos Humanos.
Asimismo, admitió que en Baja California la
actual situación “no es nada halagüeña y surgirán situaciones incómodas
para el estado, porque se trata –dijo– de hacer un diagnóstico objetivo y
veraz para que no se desvíen situaciones ni se oculten cosas, que salga
lo que tenga que salir por muy incómodo que resulte”.
De lo
contrario, añadió, serían en vano las visitas que han realizado
organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, la ONU y la
Comisión Internacional de Derechos Humanos.
“El tema de la tortura
tiene que salir porque afecta a la sociedad y porque hay una cauda de
casos que se han dado por parte de autoridades, sobre todo del Ejército y
la Policía Estatal Preventiva, aunque también se encuentran las
policías municipales”, dijo.
En entrevista, subrayó que a pesar de
que hay tortura física y psicológica, no hay castigo para los
perpetradores, por lo que derivado del diagnóstico, sostuvo, se prevé
una Ley para Prevenir y Castigar la Tortura en Baja California, en
armonía con la ley federal, a fin de tomar medidas para la acción penal
por delitos contra la tortura.
“En Baja California existen casos acreditados, pero hasta el momento hay impunidad”, advirtió Ramírez Baena.
Y el de Luis Ángel, apuntó, es uno de los siete casos de tortura que la CCDHN documentó ante la ONU-DH y Amnistía Internacional.
/ 13 de mayo de 2014)
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