MÉXICO,
D.F. (Proceso).- De nueva cuenta la titular de la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga, acaparó los
reflectores, esta vez por su presunto uso de los programas sociales de
la dependencia con fines distintos a los que fueron creados.
Para
la diputada Beatriz Zavala Peniche –quien estuvo al frente de la
Sedesol los primeros meses del sexenio calderonista–, Robles no está
desempeñando bien su encomienda.
“No podría calificar como buena
su gestión porque un programa con características muy nobles (la Cruzada
Nacional Contra el Hambre) lo aplicaron durante 2013 en municipios y
ciudades con alta población (que no es precisamente la que presenta los
índices de pobreza extrema o alimentaria más altos) que tuvieron
elecciones intermedias ese año”, dice a Proceso.
Eso la llevó,
relata, a acompañar al diputado federal panista Fernando Rodríguez
Doval a presentar ante el Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación, de la Secretaría de Gobernación, “una queja contra la
funcionaria peñanietista por presuntos “actos discriminatorios”.
Según
lo dicho por Robles, como se asienta en la querella radicada el martes 6
en esa instancia, el Programa Oportunidades “ya no va a beneficiar a
las (mujeres) que tengan muchos hijos, sino a las que tengan pocos
hijos, porque la familia pequeña vive mejor y porque tenemos que pensar
en esos niños y en estas niñas. Así es que no se me equivoquen, no me
hagan cuentas multiplicando 10 por cinco; no.
“Esto ya se acabó,
porque Oportunidades lo que quiere es que esa familia salga adelante, y
esa familia sólo saldrá adelante si es una familia pequeña y tiene la
posibilidad de educación, de salud, de una vivienda digna, de todo lo
que nos garantiza nuestra Constitución.”
Rodríguez Doval comenta
en su queja –cuya copia obtuvo Proceso– que Oportunidades “es la
principal política pública de combate a la pobreza” en el país para que
sus beneficiados satisfagan sus necesidades básicas.
Las
declaraciones de Robles, se asienta, “contravienen el artículo cuarto de
la Constitución, pues toda persona tiene derecho a decidir, de manera
libre, responsable e informada, sobre el número y espaciamiento de sus
hijos; y son una clara violación a la cláusula de no discriminación de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
“La discriminación
cometida por la funcionaria federal –dice Rodríguez Doval– también es
étnica, pues hizo sus comentarios ante indígenas de Nayarit. Las
familias indígenas son, en promedio, más grandes que las urbanas por
cuestiones de ideología, religión, tradición y organización”, por lo
cual no deben ser causales de exclusión.
Zavala Peniche considera
que los criterios de Robles Berlanga fueron desvirtuados por su gestión,
pues desde hace tiempo advirtió sobre la desaparición de Oportunidades y
sus reglas de operación.
“En ese sentido –comenta– creo que haría
un grave daño social a muchas familias que necesitan este programa y
este programa permite a los niños que vayan a la escuela, porque
condiciona la entrega del apoyo económico a la asistencia escolar y
–esto está comprobado con datos del Inegi y del Coneval– el índice de
deserción escolar es a nivel primaria”, señaló.
Ataques y contrarréplicas
La
titular de la Sedesol respondió a los ataques. Dijo que esa restricción
fue realizada durante el sexenio de Felipe Calderón, en el cual Zavala
estuvo al frente de la dependencia.
La actual diputada federal se
defendió: “El programa Oportunidades tiene varios componentes
económicos. Uno de ellos es apoyo alimentario, se da a la familia en lo
general, independientemente del número de hijos. Sirve, por ejemplo,
para las mujeres embarazadas, para su alimentación, sus medicinas, para
las mujeres en estado de lactancia y para la alimentación de los niños.
“Otro
componente económico es el de la asistencia escolar. Incluso hay apoyo
para útiles escolares. Ciertamente en 2009 se hizo un cambio al
programa, que firmaron los secretarios de Hacienda y de Desarrollo
Social, para agregar un nuevo componente económico debido a la crisis
mundial de 2008, que había incrementado el precio de los alimentos
básicos… Eso no quiere decir que ese programa sólo se dé a las familias
que tengan tres hijos.”
El jueves 8 Zavala presentó en la Cámara
de Diputados un punto de acuerdo en el que exhorta a la titular de la
Sedesol “a no aplicar las medidas discriminatorias y excluyentes
anunciadas que –insiste– van contra las familias pobres de nuestro país y
(propuso llamar a Robles) a comparecer ante el pleno de la Comisión
Permanente”.
También criticó a la titular de la Sedesol porque,
dijo, anunció esas medidas precisamente el 30 de abril, Día del Niño,
durante la toma de protesta del comité comunitario de la Cruzada
Nacional Contra el Hambre en la comunidad Los Encinos, en Nayarit.
Robles
declaró ante medios que las familias sólo tendrán el apoyo para tres
hijos o menos y que había pedido a mujeres indígenas que acudan a
talleres de planificación familiar “para que sean tres hijos en toda su
vida, no más”. Lo anterior, insiste la diputada panista, evidencia la
pretensión de desvirtuar la política social gubernamental.
“Es
claro que estamos acudiendo a la instrumentación de una política social
que, como antaño, se utiliza discrecionalmente para otros fines que no
son los de apoyar a las familias que más lo necesitan”, explicó.
Infancia infeliz
Según
el reporte Pobreza y derechos sociales de niños, niñas y adolescentes
en México 2010-2012 elaborado por el UNICEF en México y por el Coneval,
hay 21.2 millones de niños, niñas y adolescentes en condiciones de
pobreza.
De ellos, 4.7 millones experimentan las mayores
privaciones y vulneración a sus derechos humanos porque viven en la
pobreza extrema. La situación más grave, según el documento, la
enfrentan los infantes indígenas, pues sólo en 2012 78.5% de quienes
tienen entre cero y 17 años son pobres, y 33.4% viven en la pobreza
extrema.
Datos del Inegi y estadísticas a propósito del Día de la
Familia Mexicana elaboradas en marzo de 2012 indican que, de acuerdo con
el censo de 2010, en 64.7% de los hogares había por lo menos un niño de
cero a 14 años, y en 64.9% cohabita al menos un joven de 15 a 29.
“El
índice de dependencia nos da una aproximación de la cohabitación de
diversas generaciones en el mismo hogar, en 20% de los hogares
familiares no hay niños menores de 15 años ni población de 60 años y
más, mientras que 4% no cuenta con personas en edad productiva (15 a 59
años) y en 76% confluye la cohabitación tanto de personas en edad
productiva como de población dependiente”, según el documento.
Y
añade: “Se ha demostrado que los padres analfabetos tienden a tener
menos expectativas y aspiraciones educacionales para sí mismos y sus
hijos.
“En las familias de escasos recursos es frecuente que se
privilegie el trabajo a la educación debido a su costo de oportunidad.
La muestra censal de 2010 señala que en 1.8% de los hogares existe al
menos un niño de 8 a 14 años que no tiene la aptitud de leer ni
escribir; al revisar la situación de alfabetización de los jefes se
observa que en 28.5% de los casos el jefe es analfabeto.
“Hay una
proporción similar de hogares familiares donde existe al menos un joven
de 15 a 29 años que no sabe leer ni escribir, pero el porcentaje de
jefes analfabetos en estos hogares aumenta a 43.8%. Por su parte, los
resultados censales del cuestionario básico indican que en 6.5% de los
hogares familiares donde hay niños de 6 a 14 años, al menos uno de ellos
no asiste a la escuela y si se considera la escolaridad del jefe del
hogar, entonces la proporción aumenta a 16.4% cuando éste no tiene
instrucción.”
13 de mayo de 2014 )
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