En sus primeros 14 meses de administración, la
violencia se concentra en cinco estados: Guerrero, Estado de México,
Chihuahua, Jalisco y Michoacán. Osorio Chong decretó una disminución de
homicidios dolosos de entre el 60 y 67 por ciento; 2013, igual de
sangriento que 2012. Acapulco sigue siendo la ciudad más violenta, y
Monte Alejandro Rubido continúa registrando “averiguaciones previas”, no
víctimas
A pesar de la narrativa triunfalista del Gobierno de la República y
la impactante propaganda anunciando una supuesta “disminución” en
homicidios dolosos relacionados con delitos federales, a la
administración de Enrique Peña Nieto se le acumulan los muertos, por
miles, en sus primeros 14 meses de gestión, tanto como en su momento se
le apilaron a Felipe Calderón.
Apenas el 21 de febrero de 2014, Miguel Ángel Osorio Chong,
secretario de Gobernación, presumió que en enero de este año, el
Gobierno Federal registró 567 homicidios dolosos ligados al crimen
organizado.
El funcionario sospechó una disminución en las ejecuciones, debido a
que en meses anteriores sucedían “entre mil 400 y mil 700 fallecimientos
que tenían que ver con la delincuencia organizada; el mes de enero se
llegó a 567, mil menos. Graves los 567, pero mil menos, eso habla de por
qué la disminución de la violencia”.
Lamentablemente, las suposiciones del secretario de Gobernación no
estuvieron sustentadas en datos duros, ni reflejan la cruenta realidad
que se vive en el país; al contrario, sus dichos evidencian el discurso
triunfalista, y lo más grave, la manipulación de las estadísticas sobre
homicidios dolosos relacionados con el crimen organizado en México.
ZETA documentó, nada más en el mes de enero de 2014, la
cantidad de mil 425 homicidios dolosos relacionados con el crimen
organizado, que incluye “Ejecuciones”, “Enfrentamientos”,
“Homicidios-Agresiones”, y los que son producto de ajustes de cuentas
entre narcomenudistas pertenecientes a diversos cárteles de la droga o
células de estas estructuras criminales en todo el país.
Los porcentajes imaginarios
Enrique Peña Nieto inició su gobierno el 1 de diciembre de 2012, con
la promesa de que “en un año” se empezarían a ver resultados de la
estrategia contra el crimen organizado, tanto que se disminuiría la
violencia e inseguridad.
Catorce meses después, como al inicio del gobierno peñista, el
secretario de Gobernación volvió a presumir, el 21 de febrero de 2014,
una imaginaria “disminución” de la violencia:
“El primer compromiso que hizo el Presidente, el primero de diciembre
de 2012, era que la violencia tenía que disminuir. Y esa violencia ha
disminuido a la mínima expresión”, pregonó a todo pulmón durante el
encuentro “Gobernabilidad y Estado de Derecho como Estrategia de
Desarrollo”, organizado por la Cámara Nacional de la Industria de
Transformación (CANACINTRA).
Lo cierto es que en los primeros 14 meses de gobierno, lo que abunda
en el discurso peñista es una disparidad en los porcentajes de la
supuesta disminución en las ejecuciones que a diario ocurren en el país;
obviamente, los porcentajes de “disminución” varían según la opinión
del funcionario federal con micrófono en mano, cada quien sugiere
promedios diferentes:
El 30 de octubre de 2013, Monte Alejandro Rubido García, titular del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP),
presumió en entrevista con ZETA una conjeturada disminución en
homicidios dolosos relacionados con delitos federales del 12%. También
en 2013, el Presidente supuso un aparente descenso en los homicidios
dolosos relacionados con delitos federales, del 18 y 20 por ciento.
La disparidad en los porcentajes que cada funcionario federal presume
sin aportar datos duros, evidencia una manipulación en las
estadísticas, o por lo menos, una descoordinación en el supuesto
porcentaje de “disminución”.
Los estados más violentos
Como en los últimos sexenios federales y estales, ZETA
documentó los homicidios dolosos relacionados con el crimen organizado
en los primeros 14 meses de gobierno de Enrique Peña Nieto.
Como ya se ha informado, se recurrió como metodología a la
confrontación de las estadísticas oficiales de las procuradurías
estales, secretarías de Seguridad Pública y el Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con la información recopilada
por asociaciones civiles, institutos de Ciencias Forenses, registros
hemerográficos en las entidades federativas y funcionarios de gobierno.
En catorce meses de gobierno peñista, del 1 de diciembre de 2012 al
31 de enero de 2014, el Estado de Guerrero (gobernado por Ángel Aguirre
Rivero, priista que ganó la gubernatura en la alianza PAN-PRD), continúa
en primer lugar, con 2 mil 457 ejecuciones.
El segundo sitio es para el Estado de México, con 2 mil 367
ejecuciones, por cierto, entidad natal de Enrique Peña Nieto, que éste
gobernó entre 2005 y 2011, y que actualmente administra el también
priista Eruviel Ávila.
El tercer puesto lo ocupa el Estado de Chihuahua, con 2 mil 005
ejecuciones, entidad gobernada por el también priista César Duarte
Y Jalisco, gobernado por Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, del partido
tricolor, se ubica en cuarto escaño, con mil 766 ejecuciones.
Michoacán, en quinto lugar, con el gobierno del “panista” Fausto
Vallejo, llegó a mil 738 ejecuciones; mientras tanto, Sinaloa, gobernado
por Mario López Valdés, sumó mil 516 muertes relacionadas con el crimen
organizado; y en Baja California, con el panista Francisco Vega de
Lamadrid, la cantidad ascendió a 986 ejecuciones.
En total, entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de enero de 2014,
este Semanario registró, en la administración de Enrique Peña Nieto, 23
mil 640 ejecuciones, producto de la guerra contra el crimen organizado
que mantiene el Gobierno Federal y los enfrentamientos entre cárteles de
la droga en el país.
2013, igual de sangriento que 2012
El ritmo de ejecuciones en México no ha variado entre el último año
de gobierno de Felipe Calderón en relación con el primero de Enrique
Peña Nieto. En los últimos dos años, las ejecuciones se mantuvieron en
el mismo nivel: 20 mil 571 ejecuciones registradas en 2012, por 20 mil
156 documentadas en 2013.
Cabe señalar que el Gobierno Federal reconoció 21 mil 728
averiguaciones previas por homicidio doloso en 2012, mientras que en ese
mismo año, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática (INEGI) documentó 26 mil 037 defunciones por homicidio
doloso.
Mientras tanto, el gobierno de Enrique Peña Nieto, solo reconoce 18
mil 147 averiguaciones previas por homicidio doloso en 2013; hay que
recordar que el INEGI, en los próximos meses de 2014, dará a conocer la
cantidad real de defunciones por homicidio doloso correspondiente a
2013, que se espera superior a los “expedientes” de homicidios dolosos
difundidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública.
Tijuana, la tercera ciudad más violenta
En el gobierno de Enrique Peña Nieto, el puerto de Acapulco sigue
siendo la ciudad más violenta, con 883 averiguaciones previas por
homicidio doloso registradas solo en 2013, según la Procuraduría General
de Justicia del Estado de Guerrero. Mientras tanto, el Distrito Federal
ocupó el segundo lugar, con 753 “averiguaciones previas” por homicidio
doloso, también en 2013.
Tijuana, la “ciudad modelo” en cuanto seguridad tanto del gobierno de
Calderón como de Enrique Peña Nieto, ocupa el tercer lugar con 564
homicidios dolosos sucedidos en 2013; incluso, en todo el estado, ZETA documentó 865 ejecuciones en el mismo año.
Tijuana se perfila para superar la cantidad de ejecuciones de 2013,
tomando en cuenta que en los primeros dos meses, este Semanario registró
105 ejecuciones en solo 64 días.
Culiacán ocupó el cuarto sitio con 479 “averiguaciones previas” por
homicidio doloso en 2013, mientras que Ciudad Juárez se ubicó en el
quinto escaño, con 453 en el mismo periodo.
Gobierno cuenta expedientes, no víctimas
El gobierno de Enrique Peña Nieto registra “averiguaciones previas” y
no víctimas; la administración dio a conocer recientemente que en 2013
registró 18 mil 147 “averiguaciones previas” por homicidio doloso; por
lo tanto, la cantidad real de víctimas está muy lejos del número de
averiguaciones, pues un expediente puede tener más de una víctima.
En su oportunidad, en ZETA se preguntó a Monte Alejandro
Rubido, del Sistema Nacional de Seguridad, cuándo se modificará el
formato para registrar víctimas por homicidio y no el número de
expedientes, y prometió: “Estamos platicándolo con cada una de las
procuradurías, porque precisamente lo que necesitamos es que tengan una
capacidad homogénea para responder; no nos podemos dar el lujo de que
unas entidades puedan estar respondiendo en tiempo y forma, y otras no,
porque entonces generamos distorsión en la base de datos que hay en el
Secretariado”.
Hasta la segunda semana de marzo de 2014, el Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública continuaba registrando
“averiguaciones previas” y no víctimas.
Ciudades más violentas en el sexenio de Enrique Peña Nieto en 2013
| LUGAR | CIUDAD | HOMICIDIOS |
| 1 | Acapulco, Guerrero | 883 |
| 2 | Distrito Federal | 753 |
| 3 | Tijuana, Baja California | 564 |
| 4 | Culiacán, Sinaloa | 479 |
| 5 | Ciudad Juárez, Chihuahua | 453 |
| 6 | Ecatepec, Estado de México | 312 |
| 7 | Guadalajara, Jalisco | 297 |
| 8 | Monterrey, Nuevo León | 266 |
| 9 | Zapopan, Jalisco | 258 |
| 10 | Chihuahua, Chihuahua | 251 |
FUENTE: Procuradurías estatales
La muerte de “El 300”
“Purga” de narcomenudistas
Las primeras líneas de investigación ubican a los hermanos Roberto y Rafael Toscano Rodríguez, identificados como “Los Cuates” y parte de una célula del Cártel Arellano Félix, como los presuntos responsables del homicidio de Rogelio Alonso Castillo González “El 300”, presunto controlador de la venta de droga al menudeo en la Zona Norte de Tijuana, para una fracción del Cártel de Sinaloa.El informe oficial indica que0 el mafioso estaba amenazado por otros criminales, y la madrugada de su muerte, le avisaron que iban por él al bar Las Pulgas, que por eso se fue al hotel hasta donde llegaron los homicidas a matarlo.
De acuerdo a la versión oficial en poder del Grupo Coordinación, recabada en declaraciones de testigos y familiares, el hombre asesinado a las 05:20 horas del lunes 10 de marzo, a las puertas de la habitación 14 del hotel Segovia, ubicado en el callejón Pío Pico en Tijuana, es el apodado “El 300”.
Hasta antes de esos dichos, las autoridades adjudicaron durante tres años ese apodo a otra cara, la de un hombre que ha sido detenido con el nombre de Raúl Miranda Ordaz, incluso en su ficha oficial de ingreso al sistema carcelario bajacaliforniano, está identificado como “El 300” o “El Rulas”. Ante el evidente error, las corporaciones lo ubican como criminal, como parte del Cártel de Sinaloa, pero desconocen su apodo.
Hoy las versiones dadas por la familia de Castillo González, son aceptadas por la autoridad: confirma que el muerto es el hombre que controlaba la venta de droga en la zona de tolerancia de Tijuana, apodado “El 300”.
En cuanto a sus jefes criminales, el Consejo de Seguridad de Baja California lo posicionaba originalmente en una de las células de René Arzate, sin embargo, en las nuevas indagatorias lo transfieren a otro organigrama delictivo, bajo la sombra de los hermanos Beltrán Cabrera, cuyo jefe directo es José Soto Gastélum “El Tigre”, el sinaloense que proveyó de droga a los hermanos García Simental en su pugna contra Fernando Sánchez Arellano (2008-2010).
Los testimonios aseguran que gozó su mejor época como traficante en los años 2010 y 2011, en ese año, las fuerzas del orden le atribuyen el intento de homicidio cometido en contra de Luis Manuel Toscano Rodríguez “El Mono”, líder del tráfico de drogas en la zona norte para el Cártel Arellano, que no había terminado por rendirse a los sinaloenses. Este hecho también es usado por la autoridad para identificar positivamente al criminal, ya que en declaraciones previas, otros delincuentes afirmaron que cuando “El 300” creyó haber asesinado a “El Mono”, le puso los cuernos a la calavera que traía en el pecho, tatuaje que ostentaba el muerto del lunes 10 de marzo. Hasta ahí los elementos de prueba de identidad, según la autoridad.
Los presuntos responsables de la muerte de Alonso Castillo son precisamente hermanos de “El Mono”, y los antecedentes que los implican en el homicidio, radican en que los testigos los identificaron con el apodo de “Los Cuates”, que corresponden a la media filiación y descripciones dadas, además, ellos lo habían amenazado de muerte semanas antes, en presencia de testigos. Según personas cercanas al occiso, les comentó que ya habían intentado asesinarlo en fechas recientes, cuando escapó de una balacera previa en la calle Primera y H de la Zona Centro -13 de febrero de 2014-, donde quedó muerto otro narcomenudista identificado como Vicente Reyes.
Los testigos también aseguran que el traficante llevaba más de seis meses sin dinero y supuestamente bloqueado en sus actividades criminales, tiempo durante el cual había vivido en el hotel Segovia sin pagar.
De acuerdo con las autoridades, oficialmente el homicidio es parte de las actividades de Toscano como líder de célula de lo que queda del CAF e intentan recuperar zonas, sin embargo, algunos investigadores lo consideran un “ajuste de cuentas” del Cártel de Sinaloa con su empleado criminal.
Los presuntos homicidas estarían integrados a la célula delictiva de su hermano, Luis Manuel Toscano Rodríguez “El Mono” (32 años, originario de Manzanillo, Colima), quien tras recuperarse del atentado en 2011, regresó a Tijuana. En 2010, la Procuraduría General de Justicia del Estado solicitó una orden de captura en su contra por el secuestro de una mujer estadounidense liberada el 21 de julio del mismo año, orden que evadió con un amparo. Fue arrestado en octubre de 2013 por “detonar un arma”, el hombre que lo acompañaba se echó la culpa, él salió libre y, como la Procuraduría General de la República no acreditó que hubiera estado en posesión del arma 9 milímetros con la que fue consignado, fue puesto en libertad.
Amenazan a corresponsal de Reporteros Sin Fronteras
La periodista Balbina Flores Martínez, corresponsal de Reporteros Sin
Fronteras (RSF) en México, y que comparte oficinas en las instalaciones
de la revista Zócalo, expresó a través de ZETA que recibió una amenaza, vía telefónica, el miércoles 12 de marzo de 2014:
“Es una llamada de una persona que se identifica con el nombre que
ahí se da (Omar Treviño), y obviamente pregunta directamente por mí, no
duda en el nombre, es muy directo: ‘¿Es usted la licenciada Flores?’, yo
le contesto ‘sí’. Dice, ‘yo la vengo investigando hace quince días, sé
quién es usted, qué hace, a qué se dedica, y cómo trabaja’; en ese
sentido, es una llamada muy directa.
“No quisiera imputar a alguien directamente, lo único que te puedo
decir es que sigo varios casos de distintos estados de la República, he
estado viajando últimamente de forma más seguida a Veracruz, Michoacán,
Guerrero, la zona Centro, que es como más sensible ahora, sin descuidar
la zona Norte; pero sí son los estados donde he estado recientemente,
zonas muy conflictivas. Estuve regresando de Michoacán hace dos días”.
La periodista no minimiza la posibilidad de que la amenaza tenga que
ver con el ejercicio periodístico que viene realizando en diversas zonas
del país: “No lo descartaría en el sentido de que me muevo más sobre
esa zona, la persona que llama, refiere venir de Michoacán; entonces,
sin hacer una atribución directa, sabemos quién se mueve en Michoacán”.
Balbina Flores expresó que ya puso la denuncia ante la Fiscalía
Especial de Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de
Expresión, dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR),
y que recibe las medidas de protección de la Secretaría de Seguridad
Pública del Distrito Federal.
(SEMANARIO ZETA/Investigaciones ZETA/
marzo 17, 2014 12:01 PM )
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