Los expendios de
fruta que han invadido las esquinas de la Zona Metropolitana de Guadalajara
tienen un solo dueño, que recluta a sus empleados en estados del sur del país y
trabaja con un amparo, sin permisos
Son más de
200 carros ambulantes los que ofertan fruta por toda la Zona Metropolitana de
Guadalajara, y el negocio va en aumento.
En un estudio
del 2010 de la Canaco Guadalajara se reportó que en promedio 96 de cada 100
personas de la ZMG han comprado en el comercio informal.
Desde las ocho de la mañana se pone a picar la fruta, para a las once comenzar su jornada laboral. Tito, quien está muy lejos de su hogar, llegó a la Perla Tapatía por una oferta de trabajo, ya que en Veracruz, dice, no hay oportunidades laborales.
Tiene 18 años y es
vendedor de fruta en uno de los carritos ambulantes de color rojo. Cuenta que
hay días de mucha venta, y otros, tranquilos.
Tito explica que
entre más fruta venda, mejor es el pago al final de la semana, él corrió con la
suerte de aprender rápidamente cómo es el negocio del ambulantaje, ya que
algunos de sus compañeros se quedan de ayudantes y no les dan su carrito.
Por su trabajo le
dan dónde vivir y también de comer. Como Tito, cada vez son más las personas
que llegan de diferentes partes de la República para hacerse cargo de este
negocio.
Son más de 200
carros ambulantes de fruta por toda la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) y el negocio va en aumento, ya que se
multiplican a paso veloz y han invadido gran parte de las calles de la ciudad.
Son alrededor de 2
millones 400 mil pesos los que el dueño de las flotillas –del cual los
trabajadores se niegan a proporcionar el nombre, a pregunta expresa- genera
mensualmente, libres de impuestos.
Y es que la persona
encargada de la organización de los carritos de fruta ha diseñado una
estrategia para que sea un negocio redondo: por cada vehículo son 600 pesos
diarios, de 30 vasos vendidos, a un costo de 20 pesos, y por cinco días de
labor, son 3 mil pesos.
Cuentan con una
copia del “amparo” (como lo nombran los vendedores), que colocan en el techo de
los carritos, en caso de que el Ayuntamiento los quiera remover, ya que no
tienen permiso de venta, pero esto no sucede, a menos que alguien reporte que
están estorbando.
LA ESTRUCTURA DEL NEGOCIO
El crecimiento del
negocio de estos carritos de color rojo se ha hecho cada vez más visible, y es
que están colocados en puntos estratégicos alrededor de la ciudad, y una vez
instalados tienen prohibido moverse de su zona ya que pueden afectar a sus
compañeros de otros puntos de venta.
Ávila Camacho,
Enrique Díaz de León, Providencia, Chapalita, Santa Margarita, entre otras, son
algunas de las colonias y avenidas que en sus esquinas se han convertido en los
puntos de venta de estos trabajadores que vienen de estados del centro y sur
del país en busca de una mejor vida.
La expansión de este
giro informal tiene una razón de ser, y es que a pesar de tratarse de puestos
ambulantes sin permisos que trabajan en la ilegalidad, el negocio cuenta con
una estructura y un jefe que administra el mismo como un gran emporio.
Las personas que se
encargan de los puestos son traídas de distintas partes de la República,
originarios de Pachuca, Querétaro, Chiapas, Oaxaca, entre otros estados.
Son localizados
mediante llamadas telefónicas para ofrecerles el trabajo de comerciantes. Los
vendedores, quienes llegan a la ciudad con necesidad y la promesa de un trabajo estable, tienen un
entrenamiento de 15 días para que puedan ser acreedores de un carrito de frutas,
si demuestran no tener la capacidad, se quedan de ayudantes.
Cuentan con un lugar
donde vivir y su patrón también les da de comer. Si en la semana venden toda la
fruta y trabajan bien les pagan 900 pesos, si no es así, les baja el sueldo.
Una de las casas que
alberga a los vendedores de estos puestos está ubicada en la colonia Santa
Margarita.
En un punto de
reunión a partir de las ocho de la mañana se distribuyen la fruta y sacan su
puesto de una bodega situada en la colonia; sin embargo, no todos los vehículos
se guardan ahí, ya que dependiendo la ruta que les toque es a donde van por sus
carritos y su herramienta de trabajo, para que no se tengan que desplazar mucho
y estén cerca de su zona laboral.
Para poner un puesto
ambulante, lo único que se necesita es presentarse al Ayuntamiento del
municipio donde desee establecerse, con firmas de los vecinos de la zona, para
demostrar que están de acuerdo y que no se está afectando a los colonos. Se
paga una cuota mensual a los comerciantes, sin embargo, al ampararse, dejan de
pagarla y los inspectores no los pueden quitar.
COMERCIO INFORMAL EN JALISCO
Cifras de la
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del 2013 arrojaron que en
Jalisco, 899 mil 586 personas tienen una ocupación en el sector informal, de un
millón 775 mil 588 de la Población Ocupada (PO) del estado, lo que representa
que el 52.7 por ciento se encuentra en el sector informal. Esto se reflejó en
el periodo octubre-diciembre del año pasado.
En un estudio que
realizó en el 2010 sobre comercio informal, la Cámara Nacional de Comercio de
Guadalajara (Canaco) publicó que en promedio 96 de cada 100 personas de la ZMG
han comprado en el sector informal.
El estudio también
reflejó que la economía informal es generada principalmente por la piratería,
subfacturación, contrabando y trabajadores por cuenta propia.
El 72.2 por ciento
de los jaliscienses compran en el sector informal por dos factores: la cercanía
del hogar y los precios bajos.
Los carritos de
fruta son solo un ejemplo de los diversos negocios de comercio informal que
existen en la ZMG.
Cada vez es más
común que la gente que no tiene empleo le apueste a la informalidad y se gane
la vida en lo ilícito. Sin importar las largas jornadas laborales y la
explotación que existe en este medio.
EXPLOTACIÓN LABORAL EN JALISCO
La informalidad de
algunos negocios permite que las condiciones laborales de los que trabajan ahí
no sean las óptimas.
En Jalisco se han
dado varios casos de explotación que han sido develados por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social de Jalisco.
Un caso reportado en
el estado se dio el año pasado, en el municipio de San Martín Hidalgo, donde un
total de 71 indígenas originarios del estado de Guerrero, mujeres, hombres, e
incluso niños, vivían en condiciones deplorables mientras se dedicaban a la
cosecha y recolección de chile.
Los jornaleros en
busca de oportunidades de trabajo migran a diferentes partes de la República
para poder laborar y generar ingresos.
Otro caso fue en el
municipio de Tonalá, en diciembre del 2013, donde cinco hombres fueron
detenidos por explotar a niños indígenas tzotziles, provenientes de San
Cristóbal de las Casas, Chiapas, los cuales eran obligados a trabajar en la ZMG
en la venta de chicles y limpiando parabrisas.
De las
investigaciones que se hicieron de este suceso se descubrió que estas personas
iban a las comunidades indígenas con la oferta de trabajo, y los padres daban a
sus hijos a cambio de una gratificación.
La Secretaría del
Trabajo y Previsión Social busca que este año la reforma al Código Penal de
Jalisco permita castigar la explotación laboral infantil en el sector
informal. Un estudio en el 2013 por
parte de Rostros de la Niñez de Guadalajara, reflejó que de los 726 niños en
situación de calle, el 60 por ciento radica en el municipio y el 39 por ciento
se dedica al comercio informal.
El análisis también
arrojó que 83 de cada 100 niños que están en la vía pública por trabajo, tienen
dónde vivir y no están en situación de calle, lo que resalta que muchas veces
los mismos familiares son los explotadores de los infantes.
(REPORTE
INDIGO / Mariana Rodríguez / Miércoles
12 de marzo de 2014)
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