Saltillo, Coah.- Ese viernes 17 de enero de 2014, los
pasillos del Centro de Readaptación Social Varonil de Saltillo se
llenaron de agentes policiacos y efectivos del Ejército Mexicano. Con
armas largas y cortas, acompañados por autoridades penitenciarias,
iniciaron un operativo de revisión a las instalaciones.
Ese día, los elementos de las corporaciones Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE) y Grupo de Reacción Operativa Metropolitana (GROM) violaron los derechos humanos de 32 internos, pues los golpearon y robaron.
Los hechos fueron denunciados por los propios reos luego de que el titular de la Unidad Desconcentrada de Ejecución y Penas y Reinserción Social de Coahuila, Apolinar Armenta, así como Jacqueline Campbell, colaboradora del obispo Raúl Vera López, recorrieran el Cereso el pasado 24 de enero, una semana después de que se notificaran las vejaciones de las que fueron objeto.
En el informe se confirman actos de tortura derivados de las entrevistas a los internos, 22 pertenecientes al área máxima de seguridad, además de que se documenta la narración de las agresiones físicas y psicológicas por parte de los elementos de Seguridad Pública, a quienes señalaron como autores de robos de dinero en efectivo y en especie.
“La violencia que narraron los internos deja marca y humillan y degradan el cuerpo y el alma de los privados de libertad, y deterioran las condiciones cotidianas de la sociedad entera que aspira a la verdad, a la seguridad y a la justicia. Cuando la cárcel habla a través de las palabras de los internos, el reclamo es urgente para la sociedad, pero sobre todo para los funcionarios responsables del sistema penitenciario”, explica Campbell.
Los actos de los elementos, entre los que también se señalan efectivos del Ejército, transgreden el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y el Protocolo de Estambul, pues violaron los derechos humanos a la legalidad, a la integridad y seguridad personal de los internos.
En la visita realizada, que inició alrededor de las 8:00 y terminó a las 14:00 horas, se tomaron fotografías de las agresiones físicas cometidas por los elementos policiacos contra los 32 reos, sin embargo, en un nuevo recorrido realizado el 31 de enero no se presentaron dos de los internos.
De los 30, otros dos reos desistieron de la denuncia por motivos personales agregando que no quieren problemas con la autoridad, mientras que otros dos internos no fueron vistos por cuestiones familiares.
Los testimonios de los internos muestran cómo los internos fueron violentados por el personal, en éste y en la mayoría de los operativos realizados en las instalaciones penitenciarias, violando los derechos fundamentales, pues pese a que los hombres que se encuentran tras las rejas por haber cometido delitos, son tratados de forma inhumana.
CRÓNICA DE ABUSOS
Para José Ignacio Rodríguez Cárdenas ya es común el que en cada revisión le roben y hablen con palabras altisonantes. Afirma que le robaron en el último operativo mil 200 pesos en efectivo y un frasco de perfume.
Édgar Alejandro Flores narra experiencias de maltrato e intimidación tanto durante su detención, como estando en prisión en el Cereso de Piedras Negras, del que fue trasladado hace meses hacia Saltillo.
Cuenta que los internos se atemorizan al ver cómo son agredidos sus compañeros de celda. Narra, como ejemplo, “cómo estaban unos tres en los barrotes de la celda, en donde recibieron golpes con un palo de madera en la espalda”.
Minutos después “me dijeron: ‘horita te vamos a poner la bolsa (en la cabeza) si no nos dices donde está la droga’”, mientras un oficial jugaba con el arma corta y le pegaba en la cabeza.
A Gabriel Alonso Ruiz lo desnudaron desde el comedor, donde trabajaba tallando madera ese día de enero, en el que ocurrió el operativo, para luego hincarlo afuera de la celda y golpearlo en las costillas.
“Es difícil aguantarse si le están diciendo a uno que se arrastre como perro, después de algunos golpes, de caminar descalzo y de recibir cachazos en el ombligo cuando se tiene una hernia”, narra Juan Rodríguez Valdez, quien todavía presenta una herida en el labio inferior.
En el área de máxima seguridad del Cereso de Saltillo, los 22 internos entrevistados dicen haber sido golpeados en las piernas. Escribieron sus nombres y denuncias en una hoja y algunos insistieron en narrar su caso particular.
Como Eduardo Solís, en quien la historia se repite en sus labios: hombres de negro aparecieron en su celda, le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza y le dieron cachazos. En otra ocasión le fue peor: los propios custodios le quemaron las manos y algunas partes de la cara, con ayuda de los custodios en el área de panadería, porque le pedía información sobre un supuesto “soplón”.
Hay internos que violando las reglas de seguridad del Cereso consumieron inhalantes. El día en que ocurrió el operativo estaban castigados cerca de 20 internos que reconocieron la falta de consumir drogas adentro, pero denunciaron que estuvieron varios días incomunicados, sin visita, sin llamadas, sin agua para bañarse, con comida fría y sin tortillas.
MALAS CONDICIONES
En su última visita a Coahuila, en diciembre pasado, el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, confirmó que el avance en la mejora de las condiciones en las que se encuentran los penales del estado no es sustancial.
Mencionó que se han realizado algunas acciones para solucionar dicho problema después del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria dado a conocer en 2012. “En el año actual (2013) se han tomado medidas que permiten ir mejorando las condiciones, repito: no es que estén en situación óptima en materia de cárceles, pero ahí van”.
El sistema penitenciario de Coahuila, que cuenta con seis centros varoniles y uno femenil, aún no cuenta con las condiciones óptimas en materia de instalaciones, alimento y salud, de acuerdo con las revisiones realizadas por el organismo nacional.
Hace dos meses, Plascencia Villanueva expuso que la problemática principal del sistema penitenciario de Coahuila es en la infraestructura, que tiene más de cuatro décadas, aunado a la falta de recursos para su reestructuración y modernización.
La CNDH advirtió la existencia de autogobiernos al interior y el caso más grave lo observó en Piedras Negras. Y entre los principales problemas que se observan en los reclusorios estatales están aquellos relacionados a la infraestructura, pues se trata de edificios antiguos que no cumplen con las características del tipo de personas que atiende y que cuentan con nivel de peligrosidad.
Un caso de tortura
“Aunque estén privados de la libertad, deben ser respetados los derechos humanos de cada interno. Si realmente se quiere tener un proceso de readaptación y cambiar la realidad del encierro, es necesario evitar el silencio y hacer visibles los reclamos y denuncias de las personas privadas de la libertad”, señaló Jacqueline Campbell.
La activista añadió que la implementación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura o las leyes indicadas en Coahuila, así como la posibilidad de que personas de la sociedad civil ingresen a los penales, las recorran y entrevisten a los privados de la libertad, se traducirá en estabilidad y seguridad, dentro y fuera de los muros.
Para comprobar la tortura de Ramón Burciaga se presentaron como pruebas un dictamen médico y la denuncia de hechos escrita de puño y letra por el interno, quien fue golpeado y amenazado por elementos de la PGJE, luego de que fuera trasladado a Piedras Negras a declarar sobre el caso de los restos encontrados en el municipio de Zaragoza.
A Ramón lo golpean cada vez que hay una revisión. En este operativo comenzó porque los elementos que hacían la revisión preguntaron a cada uno de los internos el motivo que los tenía ahí dentro: “Empezaron a preguntar ‘¿por qué vienes tú?’, y respondían ‘por robo, que por esto o por lo otro’, y yo dije que por secuestro, así que de inmediato me dieron un batazo y me llenan de golpes que me siguen doliendo. Me metieron a la celda a patadas”.
El reo, sentenciado por secuestro, fue llevado a la diligencia realizada por la Subprocuraduría para Investigación y Búsqueda de Personas No Localizadas, para la que se solicitó su presencia por escrito, con fundamentos necesarios, sin embargo, ni la familia ni el abogado tuvieron conocimiento de su salida.
A pesar de que el subprocurador Juan José Yáñez Arreola, negó que se hubiera utilizado la tortura en las declaraciones para obtener información, la denuncia fue aceptada por el órgano federal este martes.
El interno fue trasladado a Piedras Negras por vía aérea el viernes y regresado a su celda en Saltillo el pasado domingo en la noche; sin embargo, el lunes por la noche se constataron a través de una revisión médica los golpes que recibió.
Ese día, los elementos de las corporaciones Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE) y Grupo de Reacción Operativa Metropolitana (GROM) violaron los derechos humanos de 32 internos, pues los golpearon y robaron.
Los hechos fueron denunciados por los propios reos luego de que el titular de la Unidad Desconcentrada de Ejecución y Penas y Reinserción Social de Coahuila, Apolinar Armenta, así como Jacqueline Campbell, colaboradora del obispo Raúl Vera López, recorrieran el Cereso el pasado 24 de enero, una semana después de que se notificaran las vejaciones de las que fueron objeto.
En el informe se confirman actos de tortura derivados de las entrevistas a los internos, 22 pertenecientes al área máxima de seguridad, además de que se documenta la narración de las agresiones físicas y psicológicas por parte de los elementos de Seguridad Pública, a quienes señalaron como autores de robos de dinero en efectivo y en especie.
“La violencia que narraron los internos deja marca y humillan y degradan el cuerpo y el alma de los privados de libertad, y deterioran las condiciones cotidianas de la sociedad entera que aspira a la verdad, a la seguridad y a la justicia. Cuando la cárcel habla a través de las palabras de los internos, el reclamo es urgente para la sociedad, pero sobre todo para los funcionarios responsables del sistema penitenciario”, explica Campbell.
Los actos de los elementos, entre los que también se señalan efectivos del Ejército, transgreden el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y el Protocolo de Estambul, pues violaron los derechos humanos a la legalidad, a la integridad y seguridad personal de los internos.
En la visita realizada, que inició alrededor de las 8:00 y terminó a las 14:00 horas, se tomaron fotografías de las agresiones físicas cometidas por los elementos policiacos contra los 32 reos, sin embargo, en un nuevo recorrido realizado el 31 de enero no se presentaron dos de los internos.
De los 30, otros dos reos desistieron de la denuncia por motivos personales agregando que no quieren problemas con la autoridad, mientras que otros dos internos no fueron vistos por cuestiones familiares.
Los testimonios de los internos muestran cómo los internos fueron violentados por el personal, en éste y en la mayoría de los operativos realizados en las instalaciones penitenciarias, violando los derechos fundamentales, pues pese a que los hombres que se encuentran tras las rejas por haber cometido delitos, son tratados de forma inhumana.
CRÓNICA DE ABUSOS
Para José Ignacio Rodríguez Cárdenas ya es común el que en cada revisión le roben y hablen con palabras altisonantes. Afirma que le robaron en el último operativo mil 200 pesos en efectivo y un frasco de perfume.
Édgar Alejandro Flores narra experiencias de maltrato e intimidación tanto durante su detención, como estando en prisión en el Cereso de Piedras Negras, del que fue trasladado hace meses hacia Saltillo.
Cuenta que los internos se atemorizan al ver cómo son agredidos sus compañeros de celda. Narra, como ejemplo, “cómo estaban unos tres en los barrotes de la celda, en donde recibieron golpes con un palo de madera en la espalda”.
Minutos después “me dijeron: ‘horita te vamos a poner la bolsa (en la cabeza) si no nos dices donde está la droga’”, mientras un oficial jugaba con el arma corta y le pegaba en la cabeza.
A Gabriel Alonso Ruiz lo desnudaron desde el comedor, donde trabajaba tallando madera ese día de enero, en el que ocurrió el operativo, para luego hincarlo afuera de la celda y golpearlo en las costillas.
“Es difícil aguantarse si le están diciendo a uno que se arrastre como perro, después de algunos golpes, de caminar descalzo y de recibir cachazos en el ombligo cuando se tiene una hernia”, narra Juan Rodríguez Valdez, quien todavía presenta una herida en el labio inferior.
En el área de máxima seguridad del Cereso de Saltillo, los 22 internos entrevistados dicen haber sido golpeados en las piernas. Escribieron sus nombres y denuncias en una hoja y algunos insistieron en narrar su caso particular.
Como Eduardo Solís, en quien la historia se repite en sus labios: hombres de negro aparecieron en su celda, le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza y le dieron cachazos. En otra ocasión le fue peor: los propios custodios le quemaron las manos y algunas partes de la cara, con ayuda de los custodios en el área de panadería, porque le pedía información sobre un supuesto “soplón”.
Hay internos que violando las reglas de seguridad del Cereso consumieron inhalantes. El día en que ocurrió el operativo estaban castigados cerca de 20 internos que reconocieron la falta de consumir drogas adentro, pero denunciaron que estuvieron varios días incomunicados, sin visita, sin llamadas, sin agua para bañarse, con comida fría y sin tortillas.
MALAS CONDICIONES
En su última visita a Coahuila, en diciembre pasado, el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, confirmó que el avance en la mejora de las condiciones en las que se encuentran los penales del estado no es sustancial.
Mencionó que se han realizado algunas acciones para solucionar dicho problema después del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria dado a conocer en 2012. “En el año actual (2013) se han tomado medidas que permiten ir mejorando las condiciones, repito: no es que estén en situación óptima en materia de cárceles, pero ahí van”.
El sistema penitenciario de Coahuila, que cuenta con seis centros varoniles y uno femenil, aún no cuenta con las condiciones óptimas en materia de instalaciones, alimento y salud, de acuerdo con las revisiones realizadas por el organismo nacional.
Hace dos meses, Plascencia Villanueva expuso que la problemática principal del sistema penitenciario de Coahuila es en la infraestructura, que tiene más de cuatro décadas, aunado a la falta de recursos para su reestructuración y modernización.
La CNDH advirtió la existencia de autogobiernos al interior y el caso más grave lo observó en Piedras Negras. Y entre los principales problemas que se observan en los reclusorios estatales están aquellos relacionados a la infraestructura, pues se trata de edificios antiguos que no cumplen con las características del tipo de personas que atiende y que cuentan con nivel de peligrosidad.
Un caso de tortura
“Aunque estén privados de la libertad, deben ser respetados los derechos humanos de cada interno. Si realmente se quiere tener un proceso de readaptación y cambiar la realidad del encierro, es necesario evitar el silencio y hacer visibles los reclamos y denuncias de las personas privadas de la libertad”, señaló Jacqueline Campbell.
La activista añadió que la implementación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura o las leyes indicadas en Coahuila, así como la posibilidad de que personas de la sociedad civil ingresen a los penales, las recorran y entrevisten a los privados de la libertad, se traducirá en estabilidad y seguridad, dentro y fuera de los muros.
Para comprobar la tortura de Ramón Burciaga se presentaron como pruebas un dictamen médico y la denuncia de hechos escrita de puño y letra por el interno, quien fue golpeado y amenazado por elementos de la PGJE, luego de que fuera trasladado a Piedras Negras a declarar sobre el caso de los restos encontrados en el municipio de Zaragoza.
A Ramón lo golpean cada vez que hay una revisión. En este operativo comenzó porque los elementos que hacían la revisión preguntaron a cada uno de los internos el motivo que los tenía ahí dentro: “Empezaron a preguntar ‘¿por qué vienes tú?’, y respondían ‘por robo, que por esto o por lo otro’, y yo dije que por secuestro, así que de inmediato me dieron un batazo y me llenan de golpes que me siguen doliendo. Me metieron a la celda a patadas”.
El reo, sentenciado por secuestro, fue llevado a la diligencia realizada por la Subprocuraduría para Investigación y Búsqueda de Personas No Localizadas, para la que se solicitó su presencia por escrito, con fundamentos necesarios, sin embargo, ni la familia ni el abogado tuvieron conocimiento de su salida.
A pesar de que el subprocurador Juan José Yáñez Arreola, negó que se hubiera utilizado la tortura en las declaraciones para obtener información, la denuncia fue aceptada por el órgano federal este martes.
El interno fue trasladado a Piedras Negras por vía aérea el viernes y regresado a su celda en Saltillo el pasado domingo en la noche; sin embargo, el lunes por la noche se constataron a través de una revisión médica los golpes que recibió.
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