Los
días posteriores a la jornada electoral federal del 1 de julio de 2012
se destapó el escándalo del Monexgate, el uso de monederos electrónicos
repartidos al por mayor para inducir el voto en favor del candidato
priista. Pero ya desde antes la Unidad de Fiscalización del IFE había
detectado “movimientos inusuales” en las tarjetas Monex y había pedido a
la Secretaría de Hacienda su manual contra el lavado de dinero. La PGR
intervino –sospechaba el uso de recursos del narcotráfico– y empezó a
investigar; incluso congeló cuentas y aseguró efectivo de algunas
personas físicas y empresas coludidas en el Monexgate… Sin embargo, todo
se diluyó tersamente hasta desaparecer una vez que Enrique Peña Nieto
fue declarado presidente electo.
MÉXICO, D.F. (Proceso).-
Cuando aún no estaba formalizado el triunfo del priista Enrique Peña
Nieto en las elecciones presidenciales de 2012, la Unidad de
Fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE) detectó movimientos
“inusuales” en los monederos electrónicos utilizados por el PRI e hizo
la denuncia correspondiente ante la Unidad de Inteligencia Financiera
(UIF) de la Secretaría de Hacienda.
Las operaciones que llamaron
la atención de la Unidad de Fiscalización implicaban el uso irregular de
cuando menos 40 millones de pesos –en ellas participaba el Grupo
Comercial Inizzio, S.A. de C.V., empresa denunciada el 5 de julio de
2012 por Andrés Manuel López Obrador como parte de la trama de
triangulación de recursos en favor del candidato priista– y el uso de
dinero “en otros países”.
Una semana antes de la denuncia de López
Obrador, Alfredo Cristalinas, jefe de la Unidad de Fiscalización del
IFE, ya tenía conocimiento de la intervención de Inizzio y les había
pedido a las autoridades hacendarias su Manual de prevención de lavado
de dinero, pues la empresa no aclaraba el origen de 70 millones 815 mil
534 pesos.
La Unidad Especializada en Investigación de Operaciones
con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de
Moneda y la Subprocuraduría de Investigación Especializada en
Delincuencia Organizada (SIEDO), de la Procuraduría General de la
República (PGR), ordenaron asegurar cuentas bancarias de diversas
personas morales y físicas por su probable participación en “una
organización criminal dedicada a operar con recursos de procedencia
ilícita… como el narcotráfico”, y de quienes meses después se sabría que
intervinieron en la triangulación de recursos que hizo el PRI, entre
ellos Raúl Álvarez Longoria.
Lo anterior se desprende de decenas
de oficios que Alfredo Cristalinas, jefe de la Unidad de Fiscalización
del IFE, envió durante julio de 2012 a la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores (CNBV) y a la UIF, así como de amparos promovidos ante la
justicia federal por Álvarez Longoria, Alberto Grande Vidaurre y Edicom,
S.A. de C.V., acusados de formar parte de “una organización criminal
dedicada a operar con recursos de procedencia ilícita”.
Para el 2
de agosto de 2012 la acusación penal contra algunos de quienes
participaron en el entramado financiero del PRI para la campaña
presidencial se diluyó a “delitos fiscales”; para esa fecha el
reconocimiento legal de Enrique Peña Nieto como triunfador de la
elección presidencial estaba en manos del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, cuyos magistrados declaraban que “nada se
hará en lo oscurito” y rechazaban apremiar al IFE en la solución del
llamado caso Monexgate.
Oficios cristalinos
El
5 de julio de 2012, Ricardo Monreal Ávila, coordinador de campaña de
López Obrador, denunció públicamente que el PRI, a través del banco
Monex, utilizaba monederos electrónicos distribuidos por las firmas
Inizzio y Efra. Con facturas y contratos entre ambas empresas y la
banca, el petista sostuvo que mediante Inizzio se distribuyeron 68
millones 316 mil 158 pesos y con Efra, 91 millones 212 mil 30 pesos.
Una
semana antes, el 26 de junio, Cristalinas preguntó a la CNBV de quién
eran y cómo se habían fondeado dos tarjetas que esa misma mañana había
detectado y denunciado públicamente Roberto Gil Zuarth, coordinador de
la campaña de la candidata panista, Josefina Vázquez Mota.
El 27
de junio Cristalinas entregó un informe a los consejeros electorales,
quienes dijeron saber de la existencia de 9 mil 924 tarjetas de prepago
por un monto de 70 millones 815 mil pesos, aunque hasta entonces no se
había revelado la participación de Inizzio; ese mismo día el
fiscalizador del IFE ya había pedido a la CNBV la entrega de información
sobre todas las cuentas bancarias de la empresa.
El 5 de julio,
según el oficio UF-DRN-77 18/12 dirigido a Guillermo Babatz Torres,
entonces presidente de la CNBV, Cristalinas le solicitó nuevamente
“evidencia, depósito o transferencia respecto del origen de 70 millones
815 mil 534 pesos” de Inizzio, todos los detalles de las 9 mil 924
tarjetas y algo más: “domicilio del promotor del Grupo Monex,
responsable de la cuenta de Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V… Manual
de lavado de dinero y expediente de Inizzio”.
El titular de la
Unidad de Fiscalización no explica las razones por las cuales pide
detalles de cómo opera el lavado de recursos, pero en un segundo oficio,
el UF-DRN-7740/12, fechado el mismo 5 de julio, solicita el total de
los recursos dispersados por Inizzio, forma en que se pueden usar las
tarjetas, los contratos celebrados y… “expediente de la persona que
contrató las tarjetas derivado del Manual de Prevención de Lavado de
Dinero; promotor responsable de la cuenta”.
Un día después
Cristalinas pidió a la CNBV –mediante oficio UF-DRN-7794/12– otros datos
de Inizzio y de nueva cuenta la petición: “Expediente de la persona que
contrató las tarjetas, derivado del Manual de Prevención de Lavado de
dinero”.
Después de 20 días de revisar el manual, los saldos,
propietarios, cómo, dónde y cuándo se utilizaron las casi 10 mil
tarjetas o monederos electrónicos Monex que entregó la empresa Inizzio,
Cristalinas encontró lo que en el argot bancario se llama operaciones
“sospechosas” o “inusuales”: al menos 685 tarjetas rebasaban las mil 500
udis (7 mil 390 pesos), tope fijado para detectar lavado de dinero y
envió un peculiar oficio a la CNBV –el UF-DRN-8777/12– el 18 de julio de
2012.
El oficio dice: “Respecto de los siguientes hechos, esta
Unidad de Fiscalización detectó información y datos que resultan
trascendentes e importantes hacerlos de su conocimiento para que en el
ámbito de sus atribuciones determine si constituyen infracciones a algún
ordenamiento legal en la materia: conforme a la documentación que obra
en el expediente citado al rubro se desprende que los recursos que se
asignaron a 685 tarjetas de las 9 mil 924 tarjetas adquiridas por la
empresa Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V., rebasaron el saldo de mil
500 udis por un importe total de 39 millones 685 mil 964 pesos con 94
centavos”.
Y más, detectó que 20 tarjetas se usaron en diversos
países, los cuales no enumera. “De la documentación que obra en el
expediente se advierte que 20 monederos fueron utilizados en otros
países dispersando recursos que ascienden a una cantidad de 725 mil 716
pesos”.
El 20 de julio de 2012 Cristalinas envió el mismo reporte al encargado de la UIF, José Alberto Balbuena Balbuena.
En total, el fiscalizador del IFE informó a la UIF de 46 expedientes con operaciones “inusuales o sospechosas”.
Investigación por lavado
El
2 de julio de 2012 la UIF emitió el oficio 110/H/787/2012, donde se
documenta el entramado financiero de empresas lidereadas por Edicom
(Edificaciones, Ingeniería, Construcciones y Materiales), y las personas
físicas Raúl Álvarez Longoria y Alberto Grande Vidaurre, así como la
participación de Ricardo Mauro Calzada Cisneros, quienes facturan a
nombre de otras para ayudar a evadir al fisco.
El 23 de enero de
2013 la Unidad de Fiscalización identificó a Álvarez Longoria y a
Calzada Cisneros, entre otros, como participantes en la trama financiera
Monexgate, pero no los relacionó públicamente con la investigación de
lavado de dinero que realizaban la PGR y la UIF.
Proceso indagó en
los amparos –algunos otorgados y otros rechazados– promovidos por
Álvarez Longoria, Edicom y Grande Vidaurre para exigir que se les
liberaran cuentas abiertas en los bancos Santander o HSBC y que por
orden judicial de la Unidad Especializada en Investigaciones de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o
Alteración de Moneda (UEIORPIFAM) y la SIEDO, se les congelaron el 5 de
julio de 2012.
En el amparo 134 promovido por Edicom ante el
Juzgado Decimocuarto de Distrito Penal –donde pide la liberación de sus
cuentas bancarias– se refiere que el caso tiene como origen las
averiguaciones previas UIFPGR/53/2012 y la UEIORPIFAM/AP/167/2012.
En
el caso de Edicom se pidió que se aseguraran las cuentas 920015633119
de Santander y la 4044942373 de HSBC, pues de ellas tenía conocimiento
la UEIORPIFAM. Santander informó que el 9 de julio de 2012 encontró tres
cuentas con diferentes saldos: 8 mil 507, 10 mil 31 pesos y 37 millones
427 mil 286 pesos, las cuales aseguró.
El 10 de julio HSBC aseguró una cuenta con saldo de 734 mil 681 pesos y dos más sin dinero alguno.
Según
la averiguación previa 167/2012, “las razones para decretar tal medida
(congelamiento de cuentas), según afirmó la institución ministerial, fue
debido a que las pruebas relacionadas, examinadas y valoradas en su
conjunto, en forma lógica, natural y jurídica, como lo establece el
artículo 286 del Código Federal de Procedimientos Penales, permite
presumir de manera indiciaria la existencia de conductas posiblemente
constitutivas de delitos, en las que de manera probable intervinieron
los indiciados y sus cómplices (quejosa y otros), pues de lo expuesto se
aprecia la existencia de indicios y que probablemente colaboraron con
diversos miembros en una organización criminal dedicada a operar
recursos de procedencia ilícita, contribuyendo a que dicha sociedad
delictiva continúe con sus actividades, todo lo cual conduce a
establecer que esas personas participan activamente en una asociación
‘perfectamente’ establecida”.
También se indica que “a las catorce
horas con cuarenta minutos” del 4 de julio de 2012 se realizó un cateo
en la empresa Edicom, asegurándose cerca de 4 millones de pesos, algunos
euros y 8 mil 250 dólares.
Y justifica: “Dinero que se aseguró
por el referido órgano especializado en delincuencia organizada, dado
que, según afirmó, de los elementos de prueba se tienen indicios
suficientes y fundados de la existencia de un grupo de personas, entre
las que se encuentran los indiciados, los que han operado en el sistema
financiero mexicano millones de pesos, presumiblemente producto de
actividades ilícitas, pues algunos de ellos no tienen actividades que
avalen sus ingresos a través de actividades laborales productivas y
lícitas, por ende, la presunción fundada de que dichos recursos
monetarios pueden ser producto de actividades ilícitas, lo que denota un
modus operandi perfectamente definido y estructurado, llevando a cabo
diversas conductas delictivas que bien pudieran estar vinculadas con la
comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita,
al realizar múltiples operaciones en el sistema financiero mexicano con
depósitos y retiros en diversos bancos, pero principalmente en Santander
México y HSBC, lo cual se tiene acreditado de indicios fundados”.
De
manera coincidente, en su indagatoria sobre el Monexgate la Unidad de
Fiscalización del IFE pidió a la CNBV datos sobre las cuentas que
Inizzio abrió en Santander y HSBC, según consta en los oficios
UF-DRN-13584/12 y UF-DRN-131585/12.
Avanzada ya la investigación y
pese a todos los elementos de convicción que se tenían por el delito de
“operaciones con recursos de procedencia ilícita”, el 2 de agosto de
2012 –cuando el triunfo de Peña Nieto ya se daba por hecho– se cambia el
delito a “defraudación fiscal”. “Se acordó la incompetencia por razón
de especialidad” y se pasó la averiguación previa a la Unidad
Especializada en Investigaciones de Delitos Fiscales y Financieros.
Sin
explicación a detalle, la parte acusadora, la Unidad Especializada en
Recursos de Procedencia Ilícita, la cual sostenía tener todas las
pruebas indiciarias, se desistió de sus señalamientos: “No se desprende
elemento de convicción alguno respecto de la configuración de un tipo
penal materia de esta unidad. El 7 de agosto de 2012 se abrió la AP por
defraudación fiscal”.
Pero no sólo se diluyó la gravedad del
delito, sino que se consideró “una adecuada aplicación de normas que
regulan el aseguramiento” de las cuentas de Edicom, por lo que se le
otorgó el amparo y se le liberaron. Esto a su vez dio como consecuencia
que Álvarez Longoria se amparara en materia administrativa contra actos
de la CNBV. Éste no se le otorgó.
En el amparo se da cuenta
también de que todo derivó de una denuncia anónima que se presentó por
escrito el 28 de junio de 2012, dos días después de que Gil Zuarth
denunció el uso de la banca por parte del PRI para dispersar recursos.
/ 13 de febrero de 2014)
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