La SEIDO demandó la
declaratoria de extinción de dominio sobre tres bienes inmuebles ubicados en
Tijuana y Rosarito, propiedad de Raydel López Uriarte, operador del Cártel
Arellano Félix, y coacusados.
Además, PGR pretende que errores no se repitan
como el pago de un inmueble a un prestanombres del “Chapo Guzmán” en Jalisco
por casi 10 millones de pesos. Y Adán Amezcua Contreras “Rey de las
Metanfetaminas” da férrea pelea jurídica para recuperar residencias en Colima
La Procuraduría General de la República busca
reducir los grandes márgenes de error que históricamente ha tenido en el manejo
y disposición final de los bienes inmuebles asegurados a miembros de la
delincuencia organizada y recientemente demandó la declaratoria de dominio de
extinción sobre tres casas habitación de miembros del Cártel Arellano Félix
(CAF).
MISIÓN DEL MAR
En ese contexto, el
Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar en el Distrito Federal admitió
la demanda de extinción de dominio promovida por la Procuraduría General de la
República (PGR) en contra de Rayde Rosalío López Uriarte “El Muletas” y sus
coacusados.
Aunque el auto
admisorio se dictó el 3 de septiembre de 2013, se publicó en la sección de
avisos judiciales del Diario Oficial de la Federación apenas los primeros días
de febrero.
Celestina Ordaz
Barranco, la juez especializada en la materia, con competencia y jurisdicción
en toda la República, comunicó a través de un edicto el inicio del juicio de
dominio de extinción 4/2013 en contra de “El Muletas” y tres personas más
identificadas como David Alejandro Rangel Casas, Manuel Torres Solís y Antonia
Samaduroff Pabloff.
En la acción
promovida por los agentes del Ministerio Público de la Federación, adscritos a
la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada
(SEIDO) de la PGR se demanda la declaratoria de extinción de dominio de los
siguientes bienes inmuebles:
1. Lote 61,
manzana 49, colonia Zona Río Tijuana, Tercera Etapa, Tijuana, Baja California,
identificado también como inmueble ubicado en Avenida Río Mississippi 61,
sección 6472, Paraíso del Río, Tercera Etapa, Tijuana, Baja California.
2.Lote 1,
manzana 32, Zona Urbana, ex Ejido Matamoros, identificado también como finca
ubicada en la calle 7, 47, Poblado Ejido Matamoros, Tijuana, Baja California.
3.Calle
Misión San Miguel, sin número, fraccionamiento Misión del Mar, Rosarito, Baja
California, identificado también como Circuito Misión San Juan, lotes 46 y 47,
manzana 132, Misión del Mar I y/o Circuito Misión San Juan Capistrano, manzana
132, lotes 46 y 47, fraccionamiento Misión del Mar, Rosarito, Baja California.
De acuerdo con la
Ley Federal de Extinción de Dominio y el Código Federal de Procedimientos
Civiles, los demandados cuentan con un término de 30 días, a partir del día
siguiente a la publicación de los edictos, para dar contestación a la demanda.
En caso de que no haya contestación el juicio se seguirá en rebeldía.
El demandado Rayde
Rosalío López Uriarte que se cambia el nombre por los de Raydel López Uriarte,
Uriel López Uriarte, Raúl Rangel Cazares y Luis Alfonso Velarde Solís, alias
“El Muletas”, fue capturado en La Paz, Baja California Sur, el 8 de febrero de
2010, señalado como uno de los principales operadores del Cártel Arellano Félix
y sucesor de Teodoro García Simental “El Teo”, detenido un mes antes en la
misma entidad.
Actualmente “El
Muletas” se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social
número 11, en Hermosillo, Sonora, a disposición de jueces de distrito de
diversas partes de la República por su probable responsabilidad en delitos
contra la salud, delincuencia organizada, portación de armas de fuego de uso
reservado a las fuerzas armadas y lavado de dinero.
Durante los meses de
octubre y noviembre de 2013, Raydel López Uriarte promovió dos juicios de
amparo ante el Juzgado Décimo de Distrito en Hermosillo en contra de
autoridades del penal de máxima seguridad por presunta incomunicación y posible
orden de traslado a otro centro penitenciario. Se le concedió la suspensión
provisional del acto reclamado y los juicios de garantías están en vías de
resolverse en fechas próximas.
Prestanombres de “El Chapo”
El caso de Antonio
Mendoza Cruz “El Tony” es único. Se trata del sujeto que manejaba el carro
Buick verde blindado en el que arribó Joaquín Guzmán Loera “El Chapo” al
aeropuerto internacional de Guadalajara el 24 de mayo de 1993 cuando fueron asesinados
el Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y seis personas más.
Mendoza Cruz, ex
subteniente del Ejército Mexicano, pudo salvar el pellejo del capo y juntos
huyeron a Guatemala, donde fueron detenidos a principios de junio de ese mismo
año.
Producto de las
investigaciones del homicidio del arzobispo de Guadalajara, la Procuraduría
General de la República aseguró decenas de inmuebles propiedad de los hermanos
Arellano Félix y de “El Chapo” Guzmán, protagonistas de la balacera del
aeropuerto cuando los primeros presuntamente pretendían matar al hombre que
ahora es considerado el mayor capo de México.
Entre las
residencias aseguradas destacó una ubicada sobre la avenida Moctezuma, en el
fraccionamiento Jardines del Sol, en Zapopan. Una casa preciosa con doble
numeración en la fachada. Espacioso jardín al frente y lugar para estacionar
hasta seis vehículos. Un desnivel al ingresar a la sala y dos plantas. El
propietario ante el Registro Público de la Propiedad: Antonio Mendoza Cruz.
Los narcotraficantes
fueron remitidos al penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez y meses más
tarde sus bienes fueron rematados por la Procuraduría General de la República
en convocatoria abierta a la sociedad.
La residencia
mencionada con valor en esa fecha de mil 597 millones de antiguos pesos (millón
y medio después de que se retiraron tres ceros a la moneda nacional) fue
vendida en febrero de 1994 a una inmobiliaria. “El Tony” pudo librar las
acusaciones de homicidio calificado y asociación delictuosa y en poco tiempo
egresó de prisión.
Se volvió a saber de
Antonio Mendoza Cruz hasta el 21 de marzo de 1999 cuando policías de Zapopan
atendieron un reporte de un sujeto que portaba arma de fuego en el
fraccionamiento Patria Universidad. Al arribo de los uniformados, el ex militar
descendió de una camioneta Explorer e ingresó a un restaurante, trepando a la
azotea. Fue localizado oculto entre dos tinacos con agua.
“El Tony” portaba un
arma calibre nueve milímetros y en su camioneta había mil 783 cartuchos de
diferentes calibres, dos fusiles AK-47, un rifle AR-15, una subametralladora
Uzi, pistolas calibres nueve milímetros y 45, así como un chaleco antibalas y
un “pellizco” de cocaína.
El detenido ofreció
dólares a cambio de su libertad e invitó a los oficiales a su domicilio, donde
había 67 mil dólares en efectivo y en la cochera tres automotores de modelo
reciente.
El ex chofer del
“Chapo” fue inicialmente condenado a 21 años 30 días de prisión por el Juez
Sexto de Distrito en Materia Penal de Jalisco por su plena responsabilidad en
la comisión de delitos contra la salud en la modalidad de posesión simple de
cocaína, cohecho, acopio de armas, portación de arma de fuego de uso exclusivo
del Ejército y almacenamiento de cartuchos.
En la apelación, la
sentencia fue modificada a tan solo siete años 11 meses 15 días de prisión, al
absolvérsele de los delitos de acopio de armas y almacenamiento de cartuchos.
Después mediante un amparo pudo obtener nuevamente su libertad a principios del
año 2000.
El 17 de mayo de
2001, abogados de Antonio Mendoza promovieron un amparo ante el Juzgado Quinto
de Distrito en Materia Penal en Jalisco para que le devolvieran el inmueble
asegurado en 1993 y vendido en 1994. El juicio se prolongó hasta junio de 2006
cuando le fue otorgada la protección de la justicia federal y en enero de 2007
un tribunal colegiado confirmó el fallo.
Después, la
inmobiliaria que adquirió la residencia también interpuso recursos para no ser
desapoderada de la finca que incluso ya había vendido a un tercero años atrás.
Hasta que en 2011, dada la imposibilidad de devolver el inmueble al quejoso se
decretó el cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo.
El valor de la casa
habitación a esa fecha se había incrementado a nueve millones 348 mil 263 pesos
con 94 centavos de acuerdo a los peritajes ofertados por los abogados de
Mendoza. La Procuraduría General de la República intentó revertir el fallo y
reducir el monto del valor del inmueble, pero todo resultó inútil. Tuvieron que
pagar a “El Primo” la cantidad señalada.
Sin importar que Antonio
Mendoza Cruz había sido detenido de nuevo el 3 de julio de 2009 junto con otros
presuntos miembros del Cártel de Sinaloa y estaba acusado de delitos contra la
salud en la modalidad de posesión con fines de comercio en la hipótesis de
venta de cocaína y pseudoefedrina, portación de arma de fuego sin licencia y
posesión de cartuchos para armas de fuego del uso exclusivo del Ejército.
Mientras “El Tony”
(o “El Primo Tony”, como le identificó la PGR a partir de 2009) estaba preso en
el Centro Federal de Readaptación Social número 2 en Puente Grande, su equipo
legal se encargó de recibir el pago ante el personal del juzgado de amparo como
testigo.
“REY DE LAS
METANFETAMINAS”
Otro personaje del
narcotráfico que está a la espera de que le sean devueltas sus propiedades es
Adán Amezcua Contreras, líder del otrora llamado Cártel de Colima o de los
hermanos Amezcua, jaliscienses originarios de Ciudad Guzmán.
En sentencia de
revisión principal, el 23 de enero de 2014, magistrados del Cuarto Tribunal
Colegiado en Materia Penal en el Distrito Federal confirmaron el amparo
concedido por un juez federal a Adán para que el Ministerio Público adscrito a
la SEIDO de una respuesta con los fundamentos y razonamientos jurídicos
adecuados al quejoso.
Amezcua Contreras
solicitó hace aproximadamente un año a la fiscalía federal levante el
aseguramiento precautorio de diversos inmuebles señalados en la averiguación
previa 856/MPFEADS/98 (integrada a la 289/MPFEADS/2001), entre ellos una
propiedad de 120 metros cuadrados en Colima. La respuesta de la PGR fue en el
sentido de que el solicitante se presente en sus oficinas. El problema fue la
notificación, que se dejó pegada en la puerta de un domicilio señalado por el
quejoso.
Igual sucede con la
hermana de Adán, Patricia, quien por las mismas fechas presentó escritos ante
el Ministerio Público Federal solicitando el levantamiento de la medida
precautoria que pesa desde 1998 sobre cinco cuentas bancarias de Bancomer y una
de Banorte, así como inmuebles en Colima y Guadalajara. Solo que a la mujer le
fue negado el amparo en el Juzgado Tercero de Distrito especializado en la
materia en la Ciudad de México. Pero ya interpuso el recurso de revisión.
En estos últimos
casos y en el de Antonio Mendoza Cruz todavía no existía la Ley Federal de
Extinción de Dominio (LFED), expedida en mayo de 2009 y reformada en julio de
2011. La figura de la extinción de dominio tiene como objeto la privación, en
forma definitiva, de los bienes de criminales vinculados con los delitos de
delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos
y trata de personas.
SE
ENFRENTAN CRIMINALES EN EL VALLE DE MEXICALI
REACOMODO
DE CÁRTELES
Entre el 2 y el 5 de febrero de 2014 se
suscitaron varios enfrentamientos de bandas rivales, los hechos se presentaron
en distintos puntos del oriente del Valle de Mexicali, según las versiones
policíacas habría iniciado en el ejido Janitzio continuando hasta el ejido
Pachuca en donde quedó un muerto.
Durante el
enfrentamiento entre los grupos también se presentaron detonaciones en los
ejidos Chiapas I y II, zona en donde “Los Garibay” tienen fuerte presencia y
dominio de la zona, misma que han peleado con diversas células del Cártel de
Sinaloa.
El hombre asesinado
en el ejido Pachuca fue Norman Domínguez Elizondo de 42 años de edad era un
viejo conocido de la justicia, apenas unas semanas atrás había conseguido su
libertad del Centro de Reinserción Social de San Luis Río Colorado, Sonora.
Residente de
Mexicali, Domínguez había sido acusado en mayo del 2013 de robar 17 mil pesos
en una tienda departamental –Coppel–, por lo que fue detenido y sometido a
proceso, sin embargo luego de pagar una fianza logró evadir a la justicia,
nuevamente en diciembre fue acusado por daños intencionales hacia un vehículo
en las mismas instalaciones de la policía municipal sanluisina, al correr sus
datos se dieron cuenta que contaba con orden de reaprehensión por lo que fue
nuevamente detenido para ser liberado en enero de 2014.
En el ataque donde
fue asesinado Domínguez, las autoridades decomisaron un vehículo con reporte de
robo que vincula a los responsables con un doble homicidio en Tecate ocurrido
el 20 de enero de 2014 en el fraccionamiento La Joya.
La procuradora de
Justicia señaló que aún se está trabajando para conocer cuáles y cuántos grupos
delictivos participaron en el enfrentamiento.
Tanto la PGJE como
la Secretaría de Seguridad Pública Estatal investigan si se encuentra vinculado
al ataque que sufrió el Jefe de Turno de la Dirección de Seguridad Pública
Municipal, Gerardo Torres Hernández en al poblado de Ciudad Morelos, en el
Valle de Mexicali.
Según la declaración
de un testigo, al menos 2 personas bajaron de un vehículo Honda de modelo
reciente atacando la vivienda del policía municipal con rifles de alto poder
modelo AK-47 en decenas de ocasiones provocando daños tanto a la casa como a un
vehículo estacionado en el lugar. En el incidente no se presentaron heridos y
el agente no dio mayores datos sobre los posibles agresores.
Torres Hernández fue
identificado públicamente, porque en el pasado XX Ayuntamiento, cuando fue
asignado como subcomandante interino, circuló un video subido a Facebook en
donde se ve al policía uniformado contando un fajo de dinero. En aquella
ocasión el director de la policía municipal señaló que ese material “era
viejo”.
La violencia
continuó la noche del miércoles 5 de febrero cuando la casa de una mujer
-hermana de un agente municipal- fue también rafagueada, no hubo heridos, esta
vez en el poblado Guadalupe Victoria también conocido como Kilómetro 43.
Los tres incidentes
llevan al poniente del Valle de Mexicali, en una de las zonas de mayor control
por parte de las células sobrevivientes de “Los Garibay”.
ATACAN A EX AGENTE
El 1 de febrero fue
baleado el ex agente de la policía ministerial Jonás Eduardo Castellanos Rojas
en la delegación de González Ortega al poniente de la ciudad, el ex agente fue
atacado a las afueras de un lavado de autos, pero no era la primera ocasión, ya
había sufrido otro atentado.
Castellanos Rojas
causó baja de la ministerial luego de ser detenido por el Ejército en las
inmediaciones de la colonia Xochicali en 2011, según las autoridades, el agente
fue detenido en posesión de 6 paquetes de marihuana con un total de 6 kilos 400 gramos y en su momento
se le vinculó un grupo de elementos corruptos que existe al interior de la
Procuraduría desde finales de los noventas y es identificado como
“Chiquimafia”.
En junio del 2013 su
esposa Alejandra Castro Bejarano fue detenida por agentes de la policía Estatal
Preventiva en la colonia Villas del Rey con 176 gramos de la droga denominada
Ice y 62 gramos de heroína.
(SEMANARIO
ZETA/ Investigaciones ZETA / febrero 10,
2014 12:01 PM)
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