CHILPANCINGO,
Gro. (apro).- El gobernador Ángel Aguirre dejó plantados a integrantes
de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG),
luego de que el martes 6 se comprometiera a recibirlos en esta capital a
cambio de liberar a sus colaboradores, entre ellos su sobrino y asesor,
así como funcionarios federales y más de 50 militares que fueron
retenidos en la comunidad de El Pericón, municipio de Tecoanapa.
Los
miembros de la UPOEG encabezados por Bruno Plácido Valerio fueron
recibidos esta mañana en la residencia oficial Casa Guerrero por los
mismos cinco funcionarios federales y estatales retenidos un día antes:
el sobrino y asesor del mandatario, Ernesto Aguirre Gutiérrez; el
secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo; el procurador Iñaki
Blanco, y los delegados de la PGR y de Gobernación, Salvador Anaya y
Juan Salgado, respectivamente.
En el encuentro, el secretario de
Gobierno ratificó la postura de Aguirre Rivero, en el sentido de que la
exigencia del no desarme que plantean las guardias comunitarias de la
UPOEG y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) es
un tema que corresponde analizar al gobierno federal y las Fuerzas
Armadas.
Por ello se planteó una reunión para este jueves 8 con
autoridades federales en la Ciudad de México, de hecho, el único acuerdo
concreto de este encuentro al que no asistió el gobernador Aguirre.
El
lunes 5, miembros de la UPOEG bloquearon durante más de 30 horas la
carretera interestatal que conecta la región Centro y la Costa Chica, a
la altura de El Pericón, y mantuvieron retenidos a un centenar de
militares adscritos al 48 Batallón de Infantería con sede en Cruz
Grande; no obstante, al final de la protesta, que concluyó al día
siguiente, sólo quedaban 60 soldados sin paso libre.
Lo anterior,
en respuesta al desarme de cinco integrantes de la guardia comunitaria
de la UPOEG, denominada Sistema de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes
fueron detenidos por militares en este poblado del municipio de
Tecoanapa.
La molestia ciudadana ante la falta de respuesta a su
demanda del regreso de las armas decomisadas y el retiro del Ejército de
esta comunidad, por sus presuntos nexos con la delincuencia, provocó
que ayer también fueran retenidos por unas horas cinco funcionarios
estatales y federales, quienes acudieron al poblado de El Rincón 30
horas después de que estalló el conflicto.
Al respecto, el
dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido, insistió en calificar los
operativos del Ejército y la Marina como un acto de hostigamiento en
contra de las guardias comunitarias que operan en la entidad y tienen
presencia en cinco de las siete regiones de la entidad.
Cuando se
le preguntó sobre el deslinde del gobierno estatal frente al tema del
desarme de los grupos de autodefensa, el activista indígena reprochó:
“El responsable de la política en Guerrero es el gobernador, y de lo que pasa en Guerrero hay un responsable”, advirtió.
Sobre
las cinco armas decomisadas por el Ejército a la guardia comunitaria de
la UPOEG, dijo que ese tema “ya no es importante”, porque lo
prioritario es llegar a un acuerdo con las autoridades para evitar el
desarme y la persecución de los civiles que decidieron armarse ante la
indolencia del gobierno frente a la ola delincuencia y de inseguridad.
/7 de agosto de 2013)
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