Joaquín Ponce de León, de la unión regional del ramo, no aparece desde julio del año pasado; Felipe Calderón y Fausto Vallejo recibieron a sus parientes, pero el caso sigue sin avances.
Crimen controla toda la ganadería en Michoacán pues creó un impuesto a la facturación de ganado y comercialización de la carne.
México, Nuevo Léon • Familiares de Joaquín
Ponce de León Andrade, líder de la Unión Regional Ganadera de Michoacán,
informaron que el empresario fue secuestrado en julio de 2012 sin que
hasta el momento se sepa su paradero, y aseguraron que el crimen
organizado controla todo el ganado michoacano, incluida la venta al
menudeo.
“El crimen organizado creó un impuesto a la facturación de ganado y
comercialización de la carne; se cobra un porcentaje del ganado que sale
del estado y una cantidad a las carnicerías por la venta de carne al
menudeo. Todo esto es controlado por ellos mismos”, expresaron.
En el programa Fórmula de la Tarde, Ciro Gómez Leyva leyó
una carta enviada por la familia, en la que se menciona que recurrieron
sin éxito al presidente Felipe Calderón tras el secuestro del ganadero
de 75 años.
Calderón concedió una audiencia el 28 de septiembre del año pasado
para manifestarles su preocupación y solicitarles detalles “para ejercer
presión” desde su posición de Presidente.
En la misiva señalan que en la gestión de Ponce de León Andrade hubo
aciertos y desaciertos. Recuerdan que hubo incentivos en el ámbito
sanitario para que Michoacán pudiera exportar y mantener las
normatividades internacionales.
También participó activamente en instancias federales para erradicar
el uso de clembuterol y coadyuvar en la supervisión de rastros, lo que
generó revuelo entre los comercializadores de ganado de la entidad.
“El día 12 de julio de 2012, entre las 6:40 y las 10 de la noche, no
se ha podido precisar la hora exacta, fue secuestrado Joaquín Ponce de
León Andrade. Se sabe que salió de su oficina, la unión ganadera, a la
hora mencionada y nunca llegó a su domicilio particular en el rancho La
Herradura; iba en un auto Máxima blanco, modelo 2000, placas BGU4053”,
indicaron en la carta.
Señalaron que su hijo Joaquín recibió ese día una primera llamada a
las 22:25 desde un celular. La segunda fue alrededor de las 22:45 de
otro número y entonces se confirmó el secuestro. Luego sus captores
solicitaron una cantidad exorbitante de rescate.
Explicaron que la denuncia se realizó vía telefónica a las 12:10 del
día 13 de julio a la Dirección de Secuestros. Ahí se proporcionó la
información solicitada y se otorgó el número de folio provisional del
reporte (161406).
Las negociaciones iniciaron el domingo 15 de julio de 2012,
“desarrollándose en aparente normalidad, cortándose la comunicación
extrañamente para nosotros de manera definitiva el viernes 20 de ese
julio. “Se confirmó nuestra sospecha inicial de que el objetivo era
quitar a Don Joaquín de la cabeza del gremio organizador del estado.
“Para controlar al estado es necesario controlar el sector primario;
el total de los agremiados a la unión ganadera es de más de 60 mil
familias”, además de un patrimonio económico y moral, afirmaron los
familiares.
“Insistiremos”
El 15 de septiembre fueron recibidos por el comisario Armando Reynosa
Benito, quien les mostró las sábanas de la investigación (registro de
llamadas), pero sin mayor avance.
Entonces solicitaron el apoyo del comandante de la 21 Zona Militar,
Juan Ernesto Antonio Bernal. A finales de septiembre fueron recibidos
por el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, a quien le solicitaron
apoyo. La respuesta que obtuvieron es “que el caso de nuestro padre era
de competencia federal.
“Seguimos insistiendo con las autoridades. Por si fuera poco todo lo
sucedido directamente a nuestro padre, nuestra madre no ha recibido
desde ese día a la fecha la pensión correspondiente del Seguro Social al
no presentar prueba de supervivencia o acta de defunción, pese a la
documentación que sustenta que nuestro padre fue secuestrado y no nos lo
han regresado a la (…) Ese es nuestro México real”, manifestaron en la
carta.
“No habíamos acudido a los medios para no entorpecer la investigación
ni arriesgar a nuestro padre. También por temor a una represalia contra
algún otro miembro de la familia. Queremos aprovecharla al máximo para
traer a nuestro padre de regreso.”
La familia Ponce de León Ramírez contó que la familia de su padre
siempre ha sido ganadera y desde que llegó de España se dedicó a
trabajar en ese sector. Sin embargo, preocupado por el bienestar de los
ganaderos de la zona, en los años 70 empezó a formar parte de los
consejos estatales y en los 80 se integró a los consejos nacionales.
Hasta antes de su desaparición participó en la Confederación Nacional
de Asociaciones Ganaderas como vicepresidente de la Comisión de Honor y
Justicia, además de otras instancias del mismo organismo.
Formal prisión a policías secuestradores
La Procuraduría General de Justicia de Nuevo León ejercitó acción
penal contra cinco policías de la Fuerza Civil y dos sujetos más
involucrados en el secuestro y homicidio de un hombre en Monterrey.
Según la dependencia, los indiciados, quienes estaban bajo arraigo,
fueron acusados del asesinato de Luis Alfredo Alemán Ortega, ocurrido el
25 de junio pasado en la colonia Pío X.
Los elementos de Fuerza Civil detenidos son Rodolfo Magaña Platas,
Lauro González Cruz, Idelfonso Juárez González, Jesús Octavio Vázquez
Vargas y Javier Borges Ávila. Con ellos se detuvo a Juan Manuel Gómez
Ramos y Julio César Verde Hernández.
Un juez local concedió las órdenes de aprehensión por el delito de
privación ilegal de la libertad en su carácter de secuestro. Los sujetos
permanecían arraigados desde el 29 de junio pasado.
Los detenidos fueron internados en el Centro de Reinserción Social Topo Chico.
En tanto, otros cuatro policías de la Fuerza Civil (Anely Estrada
Merecías, José Dolores Ayala Carreón, Francisco Javier Mundo Cabrera y
Mauricio Meza Oropeza), quedaron en libertad bajo reserva, al no existir
pruebas sobre su responsabilidad en el hecho delictivo.
(MILENIO / Redacción/ 8 Agosto 2013 - 2:54am )
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