Juan Carlos de la Barrera Vite, quien fue titular de la
Fiscalía de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra
la Salud cuando Marisela Morales estuvo al frente de la SIEDO, lleva un
año preso por delitos inventados por testigos protegidos. En entrevista
con Proceso afirma que entonces la actual cónsul de México en Milán dio
instrucciones de reclutar testigos protegidos para que implicaran en el
narco a varios políticos de peso, entre ellos a Andrés Manuel López
Obrador y al propio Enrique Peña Nieto.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- “Las confesiones del narcotraficante Sergio
Villarreal Barragán, El Grande –quien según la Procuraduría General de
la República vendió en miles de dólares a los Cabrera Sarabia, una de
las células del Cártel de Sinaloa–, no existen (es decir, son falsas)”,
sostiene Juan Carlos de la Barrera Vite, preso desde hace un año en el
penal de máxima seguridad de Matamoros, Tamaulipas.
Y arguye: “Es una venganza de Marisela Morales Ibáñez (porque) me
negué a fabricar declaraciones en contra de políticos que estorbaban al
gobierno… Lo hizo para implicarme, incluso manipuló declaraciones de dos
testigos protegidos de claves: Libre y X ”.
De la Barrera Vite trabajó con Morales cuando la funcionaria era
titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en
Delincuencia Organizada (SIEDO, ahora SEIDO). Ella, dice, lo nombró en
junio de 2010 como responsable de la Fiscalía de la Unidad Especializada
en Investigación de Delitos Contra la Salud.
Con la detención de De la Barrera el 29 de julio de 2012 al final de
su sexenio, Felipe Calderón buscó presentar el hecho como el último gran
golpe contra el crimen organizado. La PGR anunció incluso que con esa
captura había quedado desarticulada una banda compuesta por siete
funcionarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de la
misma procuraduría que presuntamente operaba para el Cártel de Sinaloa.
Y aun cuando las supuestas declaraciones del Grande no están
contenidas en la causa penal 57/2012 –en un año la PGR no ha podido
integrarlas–, De la Barrera sigue preso y, según el expediente, hasta
ahora no ha habido una sola audiencia porque, aduce la procuraduría, “la
vida de los testigos protegidos peligra”.
De la Barrera insiste: Morales llevaba a las reuniones semanales “una
lista con nombres de funcionarios de alto nivel de los tres órdenes de
gobierno, empresarios y abogados. Daba órdenes a ministerios públicos,
fiscales, coordinadores y titulares de unidad para que –con medidas
indebidas, como golpes o torturas psicológicas– presionáramos a testigos
protegidos y a detenidos para que les abrieran proceso y se les
inventaran declaraciones. Quería elementos para condenarlos y tenerlos
bajo su control. Forzaba averiguaciones previas que nunca contaban con
sustento legal”.
La entrevista se realiza vía telefónica a través de una línea de
Telmex –cualquier otra está prohibida en el Cefereso 3, Noroeste, donde
De la Barrera está internado–. Le autorizaron sólo 10 minutos.
–Deme nombres –le dice la reportera.
–Gregorio Sánchez, exalcalde de Quintana Roo; Luis Ángel Cabeza de
Vaca, exsecretario de Seguridad Pública de Morelos; los generales
Ricardo Escorcia Vargas, Tomás Ángeles Dauahare y Roberto Dawe González;
Zeferino Torreblanca y Manuel Añorve Baños, ambos exgobernadores de
Guerrero; Andrés Manuel López Obrador y su chofer Nicolás Mollinedo; los
priistas Jorge Hank Rhon, Manlio Fabio Beltrones, Mariano Herrán
Salvatti, Tomás Yarrington, Manuel Cavazos Lerma, Eugenio Hernández
Flores, Humberto y Rubén Moreira, Fidel Herrera Beltrán y Enrique Peña
Nieto.
–¿Qué tenían en contra de Peña Nieto?
–Abrieron un acta circunstanciada en la Coordinación General A, la
tenía Fausto Ayala; nunca se elevó a averiguación previa. Desconozco el
sustento de la misma. Esto inició en 2010. Morales quería concentrar el
control en caso de que el PAN bajara en las encuestas.
Según el entrevistado, él nunca comulgó con la forma en que trabajaba
la entonces titular de la SIEDO. “En las reuniones nos indicaba cómo
explotar a los testigos protegidos y cómo llevar los asuntos”.
Morales –quien desde mayo pasado es cónsul en Milán, Italia– “era una
persona violenta, decía que si no nos gustaba, que nos fuéramos.
Trabajé ahí menos de cinco meses y puse mi renuncia en la Oficialía de
Partes por los motivos que le comento”, señala De la Barrera.
–¿Se siente un chivo expiatorio?
–Sí, por las irregularidades que advertí. Incluso cuando me detienen
los agentes de la AFI (Agencia Federal de Investigación), me dicen
claramente que no iban por mí. El objetivo era golpear al ministro de la
SCJN Sergio Valls –con quién él trabajo anteriormente–. Esto es raro,
ya que el ministro y ella tenían muy buena relación.
Trascurridos los 10 minutos se corta la llamada.
Declaraciones falaces
Kenia Rodríguez, esposa de Juan Carlos, redondea la idea de su
esposo: “En 2010 el presidente Felipe Calderón estaba enfrentado con la
Corte. Acusaba a los jueces de dejar salir a los delincuentes. En su
defensa, ellos argumentaban que la PGR integraba las averiguaciones
previas de manera incorrecta. Morales incluso le pidió a Valls una
cita”.
Relata: “Dos meses antes de que mi esposo renunciara a la SIEDO, hubo
una comida en el restaurante de la Suprema Corte. Fue informal. La
entonces titular de la SIEDO le pidió al ministro (Valls) hablar con los
jueces para ‘sacar’ los asuntos. Él se negó”.
Y aunque se programaron dos o tres encuentros más, Valls los canceló.
“Tampoco aceptó enviarle más colaboradores como agentes de la SIEDO”,
añade. Una vez que Juan Carlos dejó la subprocuraduría, el ministro
Valls lo invitó de nuevo a la SCJN, donde comenzó a laborar en el área
de Recursos Humanos.
El 29 de julio de 2012, más de año y medio después de su salida de la
SIEDO, De la Barrera fue detenido en Acapulco, según narra su esposa:
“Yo estaba en Cuernavaca con mi mamá. Hablaba por teléfono con él cuando
me dice ‘¡Me persiguen!’. ¿Quién? ¿Y los niños? –le pregunté.
“Me fui de inmediato a Acapulco y encontré a mis dos hijos –de nueve y
seis años– en casa de una vecina. Estaban desconsolados. Los vecinos
anotaron los números de placa de los vehículos en que subieron a mi
marido: 285XBB del Estado de México y 999WAD. Ambas estaban
sobrepuestas; los agentes no iban uniformados, me dijeron.”
Kenia regresó a Cuernavaca para dejar a sus hijos con su familia y se
fue al Distrito Federal. Alrededor de las dos de la madrugada del 30 de
junio tocaron a la puerta. Vio tres camionetas de la Marina y dos
Suburban de los MP.
“Abro y le digo a uno de los sujetos: no sé nada de mi esposo. ¿Dónde
está? En un postit me escribe que en el Cefereso 3 Noroeste en
Matamoros. ¿Qué hace mi esposo allá? –le digo.
“Catearon mi vivienda, la de la mamá de Juan Carlos; también fueron a
Acapulco. Revisaron computadoras, agendas, pero no encontraron nada.”
El papeleo para visitar a su esposo le llevó un mes a Kenia. “Quería
saber de qué lo culpaban. Estaba en los noticiarios nacionales, le dije,
acusado de vender declaraciones que hizo El Grande contra los hermanos
Cabrera Sarabia y Juan Carlos Moreno Flores, El Calentura, del Cártel de
Sinaloa”.
Juan Carlos le comentó que esa declaración no existe: “Como fiscal
–dice–, mi esposo tomó la declaración al Grande y a La Barbie. Hasta que
Marisela Morales le asignó los casos a Guillermina Cabrera; fue ella
quien convenció al Grande para que declarara por consigna a cambio de
convertirlo en testigo protegido”.
De la Barrera Vite rindió su primera declaración dos meses después de
su detención. Negó las imputaciones. Sólo aceptó que conocía de vista a
Víctor Omar.
De acuerdo con la causa penal 57/2012, el 1 de febrero de ese año, de
manera voluntaria se presentó Esther Yadira Huitrón Vázquez, quien dijo
haber pertenecido a las organizaciones de los hermanos Beltrán Leyva y
después al Cártel de Sinaloa. A cambio de rendir información acerca de
la célula de los hermanos Cabrera Sarabia que operaba en Durango y el
sur de Chihuahua, solicitó acogerse a la figura de testigo protegido. La
PGR le asignó la clave Libre.
Ella rindió 10 declaraciones en dos meses en las cuales involucró a
siete funcionarios: Esteban Amezcua Bernal, Ramiro Campos Lomelí,
Verónica Guadalupe Esquivel Cuevas, Víctor Omar Martínez Ferrara, Manuel
Arroyo Hernández y Gerardo Ortega Maya –este último fue torturado para
que declarara contra el general Tomás Ángeles Dauahare, según denunció
su hermana Karina Ortega.
En su primera declaración, Libre entregó una agenda. En una de las
hojas escribió –aunque no consignó la fecha– que entregó a Víctor Omar
Martínez Ferrara 60 mil dólares para que se los entregara a Juan Carlos
de la Barrera –quien se encargaba de los trámites de los testigos
protegidos en la SIEDO– como pago por las declaraciones de los testigos
protegidos que testificaron en contra de Felipe Cabrera Sarabia, El
Inge.
No obstante, en la sexta declaración Libre se contradijo al referir
que los primeros días de enero de 2012 el fiscal De la Barrera solicitó
los 60 mil dólares, por lo que a través de Israel Rivera, El Licenciado
Flaquito, “le hizo el depósito a una cuenta bancaria a nombre de Juan
Carlos de la Barrera”.
“En una ocasión, Juan Carlos me llamó y me dijo: ‘Ya te envié eso,
refiriéndose a las declaraciones de un colombiano apodado El Conejo y a
las de Sergio Villarreal Barragán, El Grande, que fueron las que nos
vendió y que contienen imputaciones en contra de la organización de Los
Cabrera Sarabia. Posteriormente, el 9 o 10 de febrero de 2012 recibí
otra llamada de él. Me dijo que recibió el dinero y que estaría
monitoreando cualquier dato o testigo protegido que perjudicara al Inge
Cabrera…”
Más adelante Libre dijo haber entregado 100 mil pesos a Antonio
Guerra Chávez, a quien conoció a través de Juan Carlos, que lo presentó
como integrante del grupo de inteligencia de la SIEDO. Él apoyaría a Los
Cabrera para la liberación del Calentura.
En otra referencia a De la Barrera, la testigo expuso que el 24 y 26
de diciembre de 2011 se reunió con él y Víctor Omar Martínez Ferrara
para pedirle el número de averiguación previa iniciada en contra de
Felipe Cabrera –detenido el 23 de diciembre de ese año en Culiacán–.
Según Libre, Juan Carlos se comunicó con Guillermina Cabrera, titular de
la Unidad de Delitos Contra la Salud, quien aportó la AP
PGR/SIEDO/UEIDCS/561/2011. La licenciada quería 100 mil dólares por
pasar información. Libre le dijo que esperara.
En la sexta declaración –la del 6 de febrero de 2012– la testigo
expuso que el 20 de noviembre de 2011 Juan Carlos le ofreció información
sobre las averiguaciones previas que se integraran contra los Cabrera,
así como dar apoyo jurídico a las personas de esa organización que
llegaran a ser detenidas.
Según ella, Juan Carlos le aseguró que, por ser fiscal, tenía el
poder de detener cateos y el control de los testigos protegidos. En ese
momento, dice, le mostró una foto en su celular en la cual aparece al
lado del Grande.
Libre refirió que ese mismo día Juan Carlos le dijo que tenía las
declaraciones del Grande contra El Calentura, por lo que le cobró 50 mil
dólares y le ofreció convertirlo en testigo protegido. Un día de
noviembre de 2011, Luz María Moreno Flores, hermana del Calentura, citó a
Víctor Omar Martínez Ferrara en una casa de cambio de su propiedad,
ubicada en el Aeropuerto de la Ciudad de México, con la finalidad de
darle el dinero para que se le hiciera llegar a De la Barrera.
El 24 de abril de 2012 ratificó sus declaraciones. Y cuando le
mostraron seis fotografías, “identificó a Juan Carlos como fiscal de la
SIEDO encargado de los testigos protegidos, quien –dijo– le proporcionó
un número de averiguación previa”. No obstante omitió decir que le
entregó dinero. Con el resto de los personajes fue precisa.
En su declaración del 6 de mayo de 2012, Martínez Ferrara contradijo a
Libre, quien presuntamente es su novia. Dijo que ella le entregó los 50
mil dólares a Juan Carlos, de los cuales sólo 30 mil eran para De la
Barrera, otros 30 mil pesos para él y 25 mil dólares para el contacto de
la SIEDO.
“Sin embargo conocí al capitán Guerra, quien pide 500 mil pesos para
apoyar el asunto del Calentura. Mi novia me pide el dinero de regreso y
se lo entrega a Guerra”, comentó Martínez Ferrara.
Cuando Libre se presentó en la SIEDO y pidió acogerse a la figura de
testigo protegido la acompañó su chofer Eynar Rodrigo Lozano Mendoza, e
hizo la misma solicitud. Las autoridades le asignaron la clave X.
X rindió tres declaraciones. En la del 5 de junio de 2012 afirmó: “A
Víctor de la Barrera se le entregaron los 50 mil dólares por entregarle a
su pareja sentimental documentos relacionados con El Calentura”. Con
relación a De la Barrera señaló que era el encargado de los testigos
protegidos en la SIEDO.
La versión de la defensa
Alberto Btze Rangel, abogado de Juan Carlos de la Barrera Vite,
señala más irregularidades: “Libre, quien supuestamente se llama Esther
Yadira Huitrón Vázquez, se presentó de manera voluntaria a las 9:30 del 1
de febrero de 2012, pero según su declaración en este acto no se
identificó por no contar con un documento oficial. El problema es que no
se identificó en ese acto ni en ningún otro. Lo mismo sucede con X”.
Este es el origen de la averiguación previa contra su cliente, dice
el abogado, a quien acusan de que vendía información al Cártel de
Sinaloa. Para ser exactos, añade, aun cuando los testigos aseguran que
conocieron a Juan Carlos en diciembre de 2011, él había dejado de
trabajar en la SIEDO un año antes.
Nadie declaró que Juan Carlos haya vendido información cuando era
trabajador de la SIEDO; además, insiste el defensor, los hechos a los
que hacen referencia los testigos se iniciaron más de un año después de
que él salió de la dependencia. “Esa es una incongruencia. Es imposible
que haya tenido acceso a la averiguación previa cuando hacía más de un
año que ya no trabajaba en la subprocuraduría”.
Y agrega: “La única que declaró contra Juan Carlos es Libre.
Revisé
la agenda y la parte en que asegura haberle entregado 60 mil dólares a
Juan Carlos está escrita con letra distinta a la de ella. Es una
anotación apócrifa”.
/8 de agosto de 2013)
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