Ciudad de México, 9
de julio (SinEmbargo).– México es uno de los países más racistas del mundo y la
falta de consulta de los gobernantes hacia los pueblos indígenas para tomar sus
decisiones es generalizado, dijo Armando Haro Encinas, investigador del Colegio
Sonora amenazado de muerte por su trabajo con los Guarijíos de la región
serrana de Álamos.
“No es sólo en
Sonora, en todos los gobiernos, somos el país más racista del mundo”, dijo.
En el marco del Día
Internacional de los Pueblos Indígenas, la principal problemática en el país radica
en la falta de consenso con los residentes de diversas regiones naturales para
la construcción de proyectos de orden estatal o federal.
La Alta Comisionada
de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, urgió a los Estados a
aumentar sus esfuerzos para respetar los tratados que protegen a los pueblos
indígenas.
“Incluso si los
tratados fueron firmados o ratificados hace más de un siglo, éstos siguen
siendo la piedra angular de la protección de la identidad, la tierra y las
costumbres de estos pueblos”, dijo Pillay.
La alta comisionada
recordó que estos documentos a menudo permitieron poner fin a períodos de
conflicto, explotación y expropiación, por lo que instó a los gobierno a
honrarlos y respetarlos.
“Sin embargo, en
demasiadas ocasiones las comunidades indígenas se ven obligadas a recurrir a
los tribunales para forzar a los Estados a que cumplan sus promesas”, añadió.
“El mensaje para
este Día Internacional de los Pueblos Indígenas es que se deben redoblar
esfuerzos para construir una colaboración entre los Estados y los pueblos
indígenas que esté basada en la confianza, el respeto mutuo, el estado de
derecho y la afirmación de la cultura y las costumbres de los aborígenes”,
sentenció Pillay.
En México, los casos
de Noé Vázquez Ortiz, el ambientalista del Movimiento Mexicano de Afectados por
las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) que murió mientras defendía su tierra ante un proyecto
que pretende acabar con más del 67% del territorio forestal de Amatlán de los
Reyes, Veracruz, para la construcción de la hidroeléctrica El Naranjal; los litigios del pueblo yaqui, en Sonora, y
de los huicholes, en la región de Wirikuta, San Luis Potosí, son ejemplo de la
grave situación en el país debido a la
exclusión de los grupos étnicos.
LOS PILARES, SONORA
Haro Encinas y Ramón
Martínez Coria, miembros de la organización Foro para el Desarrollo
Sustentable, asesoraban a los Guarijíos sobre las negociaciones de la
construcción de la presa Los Pilares con el Gobierno del Estado, cuando fueron
amenazados de muerte y tuvieron que huir de la entidad hacia el Distrito
Federal.
El gobierno
sonorense planea construir una presa que afectará a los pueblos de los
Guarijíos y según los especialistas, no se llamó a una consulta popular para su
realización.
El Gobernador del
Estado, Guillermo Padrés Elías declaró a la prensa, en diciembre de 2010, que
para la construcción de la presa Los Pilares [en una parte del territorio
guarijío], ya hay 290 millones de pesos en el presupuesto federal.
La meta principal es
llevar l00 millones de metros cúbicos adicionales de agua a los agricultores
del Valle del Mayo, pero la obra se construirá río arriba e inundará 40
hectáreas de la etnia guarijía.
Una de las
principales omisiones en el proyecto de Los Pilares, es la realización de una
Consulta Pública que el sistema jurídico mexicano reconoce a partir de 1989,
cuando el país firmó el Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT).
Este convenio
reconoció el derecho de los pueblos indígenas a ser informados y llamados a
Consulta Pública desde las primeras etapas de un proyecto, cuando el Gobierno
pretenda realizar obras públicas que afectarán a sus recursos naturales.
“De nada sirve la
figura de la Consulta, si no dicen en qué consiste, cómo se llevará a cabo. No
tenemos un procedimiento estandarizado sobre cómo se tiene que aplicar”, dijo
Haro Encinas.
Armando Haro explicó
que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) pretende
hacer válido un convenio que firmaron los cincos gobernadores de la etnia
Guarijía para cumplir con el requisito de la Consulta.
LOS PROYECTOS DE PADRÉS
El Gobierno
encabezado por Padrés Elías suma con la polémica sobre Los Pilares, dos
conflictos donde está involucrados grupos indígenas.
El primero de ellos
es la defensa que la tribu Yaqui sostiene desde 2010 la de la Cuenca del Río
Yaqui en contra del proyecto Acueducto Independencia, el proyecto emblemático
de la administración de Guillermo Padrés.
La obra, que tiene
un costo de 3 mil 860 millones de pesos, inició su construcción a finales de
2010 para llevar 75 millones de metros cúbicos de agua anuales del Río Yaqui,
en la presa Plutarco Elías Calles (El Novillo) hasta la ciudad de Hermosillo a
través de 172 kilómetros de tubería de acero.
Andrea Ulisse
Cerami, abogado del Área de Defensa y del Área de Políticas Pública del Centro
Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), dijo en febrero que el gobierno de
Sonora violó derechos humanos de la etnia, incluso con ataques a los opositores
del acueducto.
La Semarnat para
otorgar la autorización a la Manifestación de Impacto Ambiental sólo evaluó el
impacto de la tubería, pero omitió los efectos sobre el agua, argumentando que
es competencia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y también una
Consulta Pública con el pueblo Yaqui. Según el Cemda, el Acueducto
Independencia generará alteraciones a los patrones hidrológicos de la región,
afectará los humedales que son abastecidos de agua por los ríos que se
pretenden desviar, pondrá en riesgo la Región Terrestre Prioritaria (RTP)
Bavispe-El Tigre localizada en la Cuenca del Río Yaqui y a la Región
Hidrológica Prioritaria (RHP) Río Yaqui-Cascada Basaseachic.
Debido al conflicto
por la construcción del Acueducto Independencia, los yaquis mantienen bloqueada
la carretera federal México-Nogales desde el 20 de junio, debido a que se
encendieron dos de las cinco bombas de la obra para iniciar el periodo de
pruebas.
Armando Haro aseguró
desde su autoexilio en el Distrito Federal por las amenazas de muerte que
recibió en Sonora, que la falta de interés de los gobernantes por escuchar a
los grupos indígenas, no es privativo del estado norteño.
El investigador
desde que arribó a la sierra de Álamos empezó a recibir amenazas de distintos
tipos, desde vandalismo, hasta mensajes intimidatorios en su celular.
Haro dijo que
desconoce cuándo regresará a Sonora, pues las autoridades sonorenses le negaron
la protección a pesar de que fue solicitada a través de un mecanismo de
protección establecido en la reciente Ley para la Protección de Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
PROYECTOS MINEROS Y WIRIKUTA, SAN LUIS POTOSÍ
A través del
“Estudio sobre las industrias extractivas en México y la situación de los
pueblos indígenas en los territorios en que están ubicadas estas industrias”,
dado a conocer el 31 de mayo pasado, se dio a conocer que México es uno de los
países en América Latina que ha logrado mayores avances legislativos e institucionales
en materia de derechos de estos pueblos; sin embargo, la intensidad de los
conflictos sociales que se manifiestan para conservar los lugares sagrados, sus
comunidades y no perturbar la naturaleza, suelen ser criminalizados, situación
que ha llevado incluso a la pérdida de vidas, un hecho que “es preocupante”.
El documento hace
hincapié en la importancia del sector minero en nuestro país, pues según la
Secretaría de Economía, se ha convertido en la tercera industria que más
inversión atrae al país, sólo después del petróleo y las exportaciones
automotrices y electrónicas.
En 2011, registró
una inversión de 4 mil 700 millones de dólares; además, se crearon 307 mil
empleos directos y un millón de indirectos.
En 2010, hubo 301
empresas con proyectos mineros en el país, de las cuales 202 fueron
canadienses, 51 estadounidenses, 14 mexicanas, siete australianas, siete
chinas, seis japonesas, cuatro de Reino Unido, dos peruanas, e igual número de
coreanas, chilenas e italianas; así como una de Bélgica y una de la India.
El estudio explica
que dichas empresas se caracterizan como efímeras “derivado del modelo de
explotación intensiva que llevan a cabo” y porque las tecnologías que utilizan
producen notorios “pasivos ambientales”.
Según el informe,
los conflictos reflejan “una importante ausencia del Estado para garantizar y
hacer respetar los derechos de los pueblos indígenas”.
También critica que
a menudo las empresas extractivas nacionales y transnacionales fallen en sus
obligaciones legales y en sus responsabilidades sociales.
Un caso emblemático
de la lucha entre pueblos indígenas por la defensa de su territorio y las
empresas extranjeras es el de Wirikuta en Real del Catorce, San Luis Potosí,
cuya área ceremonial principal (Cerro Quemado) se encuentra dentro del Área
Natural Protegida Sitio Sagrado Natural.
Wirikuta, la tierra
de origen, es un territorio sagrado y de gran significado para los huicholes,
que alberga una riqueza en tradiciones y por su equilibrio ecológico que ha
sido puesta en peligro en los últimos años por la modernidad.
Es un territorio 191
mil hectáreas ubicadas en el estado de San Luis Potosí, en los municipios de
Real de Catorce, Charcas, Matehuala, Villa de Guadalupe, Villa de La Paz y
Villa de Ramos, al que los huicholes realizan peregrinaciones por ser centro
ceremonial.
Sobre este polígono
se otorgaron 76 concesiones mineras a Universo de Revolution Resources Corp. y
a Real Bonanza filial de First Majestic Silver Corp. por un total de 98 mil
hectáreas, de las cuales 70 mil se hallan dentro del sitio de Wirikuta.
En respuesta, el
Frente en Defensa de Wirikuta Tamatsima Wahaa, creado en diciembre de 2010,
logró agrupar a organizaciones indígenas, civiles, eclesiásticas y de
universitarios que se han manifestado en contra de la explotación del lugar.
El 27 de febrero de
2012, el Poder Judicial de la Federación, que por primera vez se involucró en
un conflicto de esta índole, instruyó la suspensión provisional del proyecto
minero La Luz de Real Bonanza.
(DOSSIER
POLITICO / Shaila Rosagel / Sin Embargo / 2013-08-09)
No hay comentarios:
Publicar un comentario