MÉXICO,
D.F. (apro).- El Ejército mexicano y sus 500 generales están siendo
exhibidos ante el mundo. Durante este año, decenas de soldados y
oficiales han sido secuestrados por grupos de civiles armados y
canjeados como prisioneros de una guerra perdida.
La última línea
de defensa del Estado mexicano hace tiempo que demuestra su debilidad.
Los agregados militares en México lo atestiguan y así lo reportan cada
día a sus ejércitos. La vergüenza es mundial.
Agraviados, los
militares sostienen que su actuación ha sido prudente para no desatar
aún más la violencia. Una respuesta armada provocaría, en efecto,
incontables muertes de civiles, lo que le traería todavía un descrédito
mayor al Estado mexicano y su Ejército.
El escándalo internacional
se centraría en un Ejército de por sí ya cuestionado por graves
violaciones a los derechos humanos, ahora acompañado en esos delitos por
los infantes de Marina impulsados en el anterior gobierno.
El
Ejército mexicano ha sido el gran perdedor en la guerra a las drogas
impulsada desde Estados Unidos, abrazada por Calderón en su orfandad
presidencial y continuada por la indefinición de Enrique Peña Nieto.
Hasta
el gobierno de Ernesto Zedillo, las labores del Ejército contra el
narcotráfico se limitaron a la erradicación de plantíos y a operativos
específicos para la detención de algunos jefes del narco.
Fox los
metió a la Procuraduría General de la República (PGR) al mando del
general Rafael Macedo de la Concha, controlaron cada vez más las
secretarías de seguridad pública estatales y 12 años después las
medallas están ausentes. Incluso fueron desplazados por la Marina en la
captura de capos cuando los marinos se convirtieron en los grandes
colaboradores de las agencias estadunidenses.
La toma de rehenes
militares en Michoacán y Guerrero puede reproducirse en otros estados
donde el paramilitarismo es ya un hecho. El despliegue de soldados ya ni
siquiera es un factor de disuasión para muchos de los civiles armados
que hace tiempo les quitaron el monopolio legal de la fuerza.
La
moral de los soldados mexicanos está tocada y sus generales parecen
incólumes con sus altos sueldos. De los 500 generales, la mayoría son de
escritorio o de terciopelo, según la queja de muchos uniformados. Son
más generales que los del Ejército de Estados Unidos, la potencia
militar mundial.
El combate al narcotráfico ha tenido un alto
costo para los militares. Su imagen quedó severamente dañada cuando se
supo que integrantes de fuerzas especiales entrenados por Estados Unidos
se convirtieron en el brazo armado del Cártel del Golfo en la época de
Osiel Cárdenas Guillén. La sangría ha continuado desde la tropa para
seguir alimentando a los Zetas.
Otros han sido cooptados por el
cártel de Sinaloa, como el batallón 65 con sede en Guamúchil que de
plano fue desarticulado en el 2002 al conocerse que muchos de sus
integrantes estaban vinculados al narcotráfico. La lista de militares
acusados de delincuencia organizada es larga.
A decir de los
resultados, el servicio de inteligencia militar no ha sido tomado en
cuenta y como estrategia se continúa con el despliegue de militares.
La
utilización política del Ejército y desde el sexenio pasado de la
Marina ha devenido en un elevado costo en esas instituciones, al margen
de las manifestaciones interesadas contra los militares.
El
comandante en jefe del Ejército, Enrique Peña Nieto, y su alto mando,
general Salvador Cienfuegos Zepeda han dejado ver que la Gendarmería
Nacional propuesta para el próximo año sólo tendrá una fuerza de cinco
mil militares; es decir, que en lugar de los grandes despliegues se
concentrarán en determinados puntos para combatir al narcotráfico.
Pero
aunque eso ocurra y, sobre todo, tenga resultados, la imagen de un
Ejército derrotado por comunidades armadas ha quedado ya como uno de los
resultados de la “guerra a las drogas” en México. Y eso que aún ni
siquiera se habla del desarme de los grupos armados que proliferan en el
país.
jcarrasco@proceso.com.mx
/8 de agosto de 2013)
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