MÉXICO, D.F. (apro).- Asesinatos, secuestros, atentados,
amenazas, guerra sucia e intervencionismo gubernamental de los tres
niveles, entre otras prácticas delincuenciales y fraudulentas traducidas
en cientos de denuncias penales, caracterizaron las campañas en los 14
estados donde este domingo 7 se celebrarán elecciones, las primeras tras
el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la
Presidencia de la República.
Pese al pacto de los partidos con el gobierno de Enrique Peña Nieto
para suprimir en las campañas los temas de la inseguridad y la violencia
en el país, un pacto que reveló el presidente del PAN, Gustavo Madero,
esas fueron justamente las características que marcaron la contienda y
que, se prevé, emerjan también en la jornada electoral del domingo, a la
que podrán acudir 32 millones de adultos, poco menos de un tercio de
los mexicanos.
De hecho, además de los partidos, sus candidatos, las autoridades y
los medios de comunicación, en el proceso electoral en curso apareció
con nitidez otro protagonista: La delincuencia organizada, cada vez más
asociada a los políticos, de acuerdo con las propias denuncias.
Aunque predomina la incertidumbre en los resultados que habrá en las
14 entidades elecciones —porque desprestigiadas firmas encuestadoras no
difundieron estudios—, existe la certeza es que estallarán varios
conflictos poselectorales, derivada de la judicialización promovida por
los propios partidos y coaliciones.
El Partido Acción Nacional (PAN) promovió 67 denuncias penales ante
la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade),
de la Procuraduría General de la República (PGR), pero el PRI presentó
110, 42 de ellas sólo en Baja California, donde se disputará la única
gubernatura, seguida de Puebla, con 23, donde el gobernador panista
Rafael Moreno Valle busca catapultarse hacia la candidatura presidencial
en 2018.
De los 14 estados donde habrá elecciones, sólo Baja California es
gobernado por el PAN, mientras que Puebla, Oaxaca y Sinaloa tienen
mandatario surgido de coaliciones conformadas por PAN, PRD y PT —que
ahora se reactivaron—, pero en las otras nueve entidades gobierna el PRI
con el apoyo del Partido Verde y en algunos casos Nueva Alianza, el
partido de Elba Esther Gordillo.
Justamente los gobernadores priistas de Aguascalientes, Chihuahua,
Coahuila, Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz
y Zacatecas son acusados por la coalición de derecha-izquierda de
intervenir en los recursos públicos para favorecer a los candidatos
priistas, pero éstos han achacado lo mismo a sus antagonistas.
El PRI ya denunció penalmente al gobernador de Baja California, José
Guadalupe Osuna, por supuestamente desvíar más de mil 300 millones de
pesos a favor de los candidatos del PAN, mientras que a Moreno Valle,
ahijado político de Elba Esther Gordillo, también es acusado de apoyar
con recursos públicos a Antonio Gali Fayad, candidato a Puebla capital.
Pero como no se había visto antes, las campañas locales se tiñeron de
sangre con asesinatos y otros hechos de violencia, todos sin
esclarecer:
El lunes 1, a una semana de las elecciones, José Ricardo Reyes
Zamudio, candidato del Movimiento Ciudadano a la alcaldía de San Dimas,
Durango, fue asesinado a balazos, y dos días antes, el 29 de junio,
ejecutaron en Sinaloa a Antonio Loaiza Zamora, hijo de uno de los
coordinadores de campaña estatal priista y sobrino del candidato a
diputado.
También el sábado 29, la candidata priista a diputada local Rosalía
Palma fue atacada con rifles de asalto R-15 en una emboscada. Aunque
sólo resultó herida, su esposo y sobrina murieron. Ese mismo día, en
Saltillo, Coahuila, fue hallado el cadáver del excandidato a gobernador y
exdiputado federal Francisco Navarro, quien había sido secuestrado el
25 de junio.
El 23, en Sinaloa fue asesinado Eleazar Armenta, coordinador de
campaña y candidato a suplente a regidor por la alianza PAN, PRD y PT, y
en febrero el precandidato del PRI en el municipio de Lerdo, Mario
Landeros, fue secuestrado y luego encontrado muerto.
Las elecciones del próximo domingo 7 se enmarcan, también, en el
controvertido Pacto por México, firmado por las cúpulas de los
principales partidos políticos con Peña Nieto, quien tomó posesión e
inició su gobierno arropado por los que fueron sus opositores en el
proceso electoral de hace un año.
Aunque panistas y perredistas se quejan de que los gobernadores y el
gobierno federal hacen trampa para favorecer a los candidatos priistas,
no le otorgan ninguna responsabilidad a Peña, en especial Gustavo
Madero, presidente del PAN, quien declaró al semanario Proceso que el
mandatario mexicano sí cumple…
/5 de julio de 2013)
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