MEXICALI,
B.C. (apro).- El PRI en esta entidad presentó hoy pruebas documentales
sobre el presunto fraude en el que habría incurrido el candidato del PAN
a la gubernatura, Francisco Vega de Lamadrid, cuando se desempeñó como
alcalde de la ciudad de Tijuana.
En rueda de prensa, el senador
Héctor Yunes Landa y la diputada Nancy Sánchez dieron a conocer los
documentos a través de los cuales Vega de Lamadrid, en su carácter de
edil, se autovendió en 2001 un terreno de 8 mil metros cuadrados en el
fraccionamiento Villa Fontana de Tijuana y cuya operación derivó en una
denuncia penal en su contra.
Yunes estableció que “a los panistas
les da el síndrome de la salida del cargo, cuando entregan concesiones,
venden terrenos o dan permisos de casinos”.
Entre los documentos
aportados se encuentra una escritura del Notario Público Número 14 de
Tijuana, Arturo Blas Elizondo Corral, que da fe del contrato de
compraventa entre el XVI ayuntamiento de Tijuana, a través del
presidente municipal, Francisco Arturo Vega de Lamadrid, su secretario
Salvador Morales Riubí, y la Oficial Mayor, Loreto Quintero, que señala
como comprador de dos fracciones, con una extensión de 17 mil 361 metros
cuadrados de la manzana 10 del Desarrollo Urbano del Ejido Matamoros
por 8 millones 143 mil pesos al contador Enrique Victoria Espinoza.
A una de las fracciones se le fijó un precio de 5 millones 503 mil 731 pesos y a la otra de 2 millones 864 mil 313 pesos.
El
contrato fue celebrado el 28 de noviembre del 2001, dos días antes de
concluir el mandato de Vega de Lamadrid y el registro de la escritura es
la 19 mil 319 del volumen mil 422.
Los priistas también
presentaron un documento de la Dirección de Catastro municipal, fechado
el 10 de octubre del 2008, en el que se demuestra que el lote 4C-2 de 8
mil 326 metros cuadrados (con un valor original de 2 millones 639 mil
418 pesos), se encuentra inscrito a nombre de Zarema Vega Labastida, con
un valor fiscal de 11 millones 656 mil 736 pesos, más de cuatro veces
el valor de venta.
Estos terrenos sirvieron para edificar el
Centro Comercial Aranjuez, propiedad del supuesto comprador Enrique
Victoria Espinoza, sus hijos Ericka Olivia y Enrique Victoria Galván,
las hermanas Gloria y Elena Vega Gómez, los hermanos Enrique Alejandro y
Francisco Arturo Vega de Lamadrid, Zaira Vega Labastida y Zarema Vega
de Labastida.
Según un contrato de arrendamiento, las familias
Victoria y Vega de Lamadrid son las beneficiadas por esta transacción
ilegal realizada por el candidato de la alianza Unidos por Baja
California.
Los priistas criticaron la cerrazón del Registro
Público de la Propiedad y del Comercio del gobierno de Baja California,
de origen panista, al negar copias certificadas de los documentos
probatorios solicitados.
/ 18 de junio de 2013)
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