MONTERREY,
N.L. (apro).- El diputado local independiente, Erick Godar Ureña,
propuso hoy la legalización de las drogas a través de una iniciativa que
prevé modificaciones a las leyes federales de la administración pública
y de salud.
La iniciativa presentada hoy en el pleno considera la
creación de un padrón nacional de consumidores, quienes renovarían su
membresía cada seis meses y adquirirán el producto en los
establecimientos autorizados por la Secretaría de Salud (Ssa), encargada
de fijar los precios del producto.
El plan de legalización
abarca, entre otras drogas, al “opio preparado para fumar,
diacetilmorfina o heroína, sus sales o preparados, cannabis sativa,
índica y americana o mariguana, papaver somniferum o adormidera, papaver
bactreatum y erythroxilon novogratense o cocaína, en cualquiera de sus
formas, derivados o preparaciones”.
Godar Ureña, quien llegó a la
legislatura por el PRD antes de declararse independiente, planteó que la
Ssa dé permisos de venta en establecimientos debidamente rotulados,
donde se pueda proporcionar el producto únicamente a mayores de edad,
personas que no estén en medio de procesos penales y sólo en las
cantidades de consumo actualmente permitidas.
Los rótulos de los
empaques deberán estar aprobados por la Secretaría de Salud, dependencia
que obligaría a los distribuidores a colocar en ellos leyendas de
advertencia sobre los efectos nocivos del producto.
Tampoco se permitiría ninguna forma de publicidad para el consumo.
En
su exposición de motivos, Ureña Frausto señaló que estas modificaciones
buscan ser una continuación de la propuesta que el 2 de octubre de 2008
presentó el entonces presidente Felipe Calderón para reformar la
legislación de salud y los códigos penales, enmiendas conocidas como
‘ley de narcomenudeo’.
La iniciativa fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de octubre de 2009.
De
aprobarse la propuesta, destacó el legislador, “se pondría fin al
mercado ilegal, lo que reduciría la corrupción y la violencia asociadas a
este fenómeno”.
Además, abundó, los gobiernos dejarían de gastar
enormes recursos en el combate al narcotráfico y establecerían las
normas para realizar esa actividad.
“Los gobiernos fácilmente
darían seguimiento a los grupos que venden, así como a sus cuentas e
inversiones. También recibirían impuestos generados por la venta legal
de drogas, que son más altos que los del tabaco y el alcohol”.
La propuesta fue enviada a comisiones para su posterior estudio.
/27 de mayo de 2013)
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