Carlos Herrera / Facebook
Que un juez federal
haya sentenciado a un año de prisión e inhabilitado para ejercer cargo público
a Enrique Martínez Preciado, es solo “la punta del iceberg” de lo que se
avecina para los involucrados en el delito de desacato en el caso del acueducto
Independencia, auguró Abel Murrieta Gutiérrez.
“Las primeras
consecuencias jurídicas se están sintiendo…ahorita seguramente habrá apelado la
resolución, pero evidentemente lo que se maneja ya en la prensa es muy grave”
consideró.
El abogado y
diputado local, aclaró que por carecer el titular de la Comisión Estatal del
Agua (CEA) de antecedentes penales, saldrá bajo fianza, sin embargo, la
sentencia demuestra que el poder judicial seguirá actuando conforme a derecho.
“Es muy grave…no
porque vaya a permanecer en prisión o no, sino por lo que implica una sentencia
contra un funcionario público por realizar un acto ilegal en perjuicio de los
cajemenses” explicó.
Advirtió al
gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías sobre las consecuencias jurídicas
de continuar con un proyecto considerado por el poder judicial como ilegal, así
como de mantener en el cargo al frente de la CEA a Martínez Preciado.
“Si a pesar de esto
Padrés no entiende… los cajemenses debemos seguir presionando hasta que regrese
el Estado de Derecho a Sonora” aseguró.
(DOSSIER POLÍTICO/ Carlos Herrera /
2013-05-28)
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