LOS ASESINOS DEL NARCO

237 homicidios en BC en lo que va de 2013; 45 entre el 1 y el 18 de abril solo en Tijuana

Nuevamente la sociedad tijuanense está en riesgo, los vendedores de droga al menudeo convierten las colonias de la ciudad en sus escenas del crimen, y a los ciudadanos comunes, en sus testigos y víctimas potenciales. Con un Consejo Estatal de Seguridad descoordinado, Los Chamulas, Los Talibanes, Los Chapitos, Los Aquiles, Atlantes, Los Panchos y Los Sureños, hacen de la ciudad su campo de guerra. Las autoridades admiten repunte en homicidios, pero aseguran que no hay comparación con el pasado porque ahora sí están capturando a los ejecutores

INVESTIGACIONES ZETA

Las ejecuciones del narcotráfico en los últimos días han subido de tono, significan un reto a la autoridad y vulneran a la sociedad. Matarifes al servicio de las células criminales en la entidad, particularmente en Tijuana, asesinan a sus competidores criminales a plena luz del día, en lugares públicos, frente a decenas de testigos. Matan lo mismo a hombres, mujeres y de nuevo, niños.

“El sector empresarial se encuentra preocupado por el incremento de los asesinatos que en las últimas semanas han mermado la paz social en la ciudad”, reflexionó Jorge Escalante Martínez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Capítulo Tijuana, y completó: “Estas muertes no se pueden justificar, ni considerarse casos aislados, porque está latente el resurgimiento de la violencia derivada del narcotráfico, como ya sucedió en Tijuana”.

Van 237 asesinatos en el estado, 45 homicidios ocurridos entre el 1 y el 18 de abril solo en Tijuana. Los escenarios sangrientos se repiten en la Zona Este, Sánchez Taboada, San Antonio de los Buenos y recientemente en la Zona Oeste, Delegación Playas. La mayoría de los ataques ocurren ente cuatro y nueve de la mañana, y se cometen con armas cortas, calibres 45, 38 y 9 milímetros.

Tras reconocer que el número de asesinatos es mayor en el primer trimestre, comparado con 2012, representantes gubernamentales se han esforzado en dejar claro que la mayoría de los muertos son personas con una vida criminal inmiscuida en el tráfico de droga, razón por la cual los ciudadanos de bien, no deben temer. Versión que no corresponde totalmente a la realidad, porque si bien se están “matando entre ellos” -argumento que en efecto no sirve de justificación, porque legalmente en México, nadie, ni el gobierno, tiene derecho a asesinar-, los hechos demuestran que lo están haciendo en zonas urbanas, áreas escolares, espacios públicos donde los daños colaterales y la  muerte de inocentes, es un permanente peligro. Además de la inseguridad que conlleva para los testigos de estos crímenes el que estos maleantes sepan que pueden identificar a los asesinos. La comunidad, entonces, está en riesgo.

Mientras la ciudad fronteriza se convierte de nuevo en un tiradero de cadáveres, sin justificación sólida, las policías Estatal Preventiva y el Ejército abandonaron el compromiso público adquirido de buscar y combatir asesinos, como lo hicieron hasta el año pasado, hasta antes de que iniciara la jornada electoral, causando que la endeble seguridad de los tijuanenses se politice.

Los organismos empresariales empiezan a alzar la voz con reclamos ante la prensa, sin embargo, ninguno  ha planteado su inconformidad formalmente por la falta de coordinación ante el Consejo Estatal de Seguridad.

LAS CÉLULAS ENFRENTADAS

En la Policía Municipal de Tijuana y la Procuraduría saben lo que pasa, lo están combatiendo. Hay homicidas detenidos y consignados,  pero sin apoyo del resto de los integrantes del inoperante Consejo Estatal de Seguridad, no han podido mermar el fenómeno de las ejecuciones.

Las balaceras diarias son resultado de las pugnas por el control territorial de la venta de droga al menudeo, entre los remanentes de Los Chamulas y los Talibanes; Los Chapitos contra Los Aquiles; Los Chapitos contra Los Atlantes; Los Panchos contra Los Sureños. Adicionalmente, las áreas de inteligencia tiene detectadas guerras internas entre los grupos encabezados por Javier Mendoza Uriarte y Luis Mendoza Uriarte “El Güero Chompas”, dado que estos hombres solo dirigen por vías electrónicas, no están en la ciudad.

Como responsables de las masacres, a principios del mes de abril, seis sujetos estaban en el radar de la Policía Municipal de Tijuana y la Procuraduría del Estado: uno era Carlos García Márquez  “El Negro”, detenido el martes 16 de abril por un asesinato cometido el mismo día. Según los primeros dichos de sus cómplices, estarían relacionados con ocho muertes violentas, pero en primera instancia, se le vincula judicialmente a un asesinato; además de Víctor Manuel García Morales “El Sargento”, acribillado con arma corta el miércoles 17 de abril.

La búsqueda durante las próximas semanas, se concentra sobre los siguientes sujetos identificados solo por apodo como “El Chapito”, “El Julián de la Calle 6ta” y “El Atlante”. El hombre que asesinó a dos sujetos frente a una taquería en el fraccionamiento Los Álamos el lunes 15 de abril, según las autoridades está identificado. Es un criminal que ha cometido delitos en Estados Unidos, sin embargo, sospechan, se esconde en San Diego, California.

“LOS VAMOS A CAPTURAR”

Aunque contra argumentan que Tijuana no es la ciudad más violenta, ni de México ni de Estado Unidos -palabras que no sirven de consuelo para los tijuanenses-, Alberto Capella, secretario de Seguridad Pública Municipal, y Abel Galván, subprocurador contra la Delincuencia Organizada del Estado de Baja California, admiten que los asesinatos violentos relacionados con el narcotráfico se incrementaron. Que se están realizando en espacios y horas donde se pone en peligro a personas inocentes, y que los miembros del crimen organizado de nuevo mataron a una niña el miércoles 17 de abril.

Y aunque no es justificación, Capella detalló: “La menor -Vianey, de 9 años- era usada por su padrastro Víctor Manuel García Morales ‘El Sargento’ -asesinado junto a la niña- para entregar los paquetes de droga. Llegaban a un lugar en el carro y la niña se bajaba a entregar al mercancía; su madre -Silvia Patricia Anaya Santarosa- y su hermano, lo sabían y lo reconocieron”.

Justifica el secretario: “Sí hay más muertos, pero la diferencia con años pasados, es que a los homicidas los estamos capturando y presentando…”.

Por su parte, el subprocurador Galván asegura: “La diferencia es que no hay impunidad, los asuntos se están resolviendo, se están consignando”, además de explicar que el lado positivo de que la Procuraduría General de Justicia del Estado se haya hecho cargo del tema de narcomenudeo desde agosto de 2012,  y de que sean los traficantes los que estén asesinando, les ha permitido un trabajo colegiado y el acceso a una importante base de datos.

También han tenido apoyo del otro lado de la frontera. Galván mencionó que la PGJE ha requerido a Estados Unidos el récord criminal de las personas detenidas, porque en los asesinatos destaca la participación de sujetos que han sido deportados, quienes al llegar a la región, se adhieren a las bandas de narcomenudistas.

El subprocurador manifestó que en lo que va de 2013, 50 expedientes se han turnado a los Juzgados locales, y 80 personas puestas a disposición por homicidios. Aproximadamente el 45 por ciento de los expedientes y detenidos, corresponden a asesinatos perpetrados en 2012,  y el 55% a los ocurridos este año.

Además, la PGJE sigue aprovechando la figura del arraigo que sigue en Ley, y tiene a otros seis presuntos homicidas que esperan consignar la próxima semana, cuando venza el plazo constitucional para tal fin.

Galván refirió que la coordinación con la Policía Municipal ha sido determinante en el caso de Tijuana: “Los patrullajes y la intervención inmediata cuando se tiene la descripción de los agresores, los vehículos que han resultado en la captura de sospechosos…”.

Asimismo, han tenido buenos resultados con las armas decomisadas por la Municipal: “Las pruebas de balística han proporcionado un abanico de resultados positivos, armas utilizadas con vínculos en otros homicidios, recientes o de 2012”.

En entrevista, ZETA planteó al secretario Alberto Capella que esa efectividad en capturas de homicidas por parte de la Policía Municipal, que se había dado a conocer en conferencias de prensa en enero febrero, había mermado en marzo.

“En enero tuvimos detenidos en el 50 por ciento de los casos de homicidios, en febrero registramos capturas en el 60 por ciento de los casos, y en marzo bajó al 20 por ciento; pero no fue todo el mes, sucedió en los últimos 15 días, por eso cambiamos los formatos  de vigilancia y supervisión. Ya hablamos con los jefes delegaciones, y saben que tenemos que resolver esto. Yo me atrevo a decir que los homicidas actualmente no tienen el acompañamiento policiaco que tenían antes, y ésa es otra diferencia, por eso los estamos apresando. Sé que aún tengo en la corporación puntos débiles, y por eso traemos lupa sobre la Policía en la zona de Sánchez Taboada y San Antonio de los Buenos, que es donde detectamos problemas”.

En cuanto a los homicidas, Capella refirió más contrastes con la época crítica de seguridad en Tijuana. Explicó que ya no son los sicarios entrenados de los cárteles, sino matones que reciben pagos en droga o cantidades miserables de dinero, que subcontratan a sus amigos o conocidos. “Hemos podido ver que aunque son certeros al disparar, y es evidente que saben hacerlo, no tienen un plan de huida, son desorganizados y pareciera que no conocen bien la ciudad”.

Al respecto, Abel Galván completó: “Son ataques certeros, no ha habido intercambio de bala, afortunadamente, son ataques directos con armas cortas contra individuos en especial, eso nos da un panorama de no crear un ambiente de inquietud o zozobra”.

VIOLENCIA DESBORDADA

De las 45 personas asesinadas en Tijuana durante el mes de abril, dos han sido menores de edad. Uno, Dilan de menos de dos años, murió el día 5, a causa de los golpes propinados por sus padres; en el segundo caso, el día 17, las balas dirigidas al padrastro dedicado al narcotráfico, alcanzaron a una niña de nueve años.

Un día antes, el 16 de abril, un padre de familia acababa de dejar a su hija en una escuela cuando fue acribillado a balazos cerca del plantel educativo.

En todos los homicidios ocurridos entre el 15 y 18 de abril, conforme a los expedientes iniciados por la PGJE, los occisos han sido relacionados con la venta de drogas, a excepción del sujeto asesinado la mañana del jueves 18, donde aún no definen el móvil.

En el  ataque del miércoles 17 de abril, mataron a Víctor Manuel García, de 51 años, apodado “El Sargento”, y a su hija Vianey. En los hechos quedó herido un niño de 9 años, que al igual que la pequeña asesinada, iba a la escuela primaria. Silvia Patricia Anaya, mujer del acribillado, también fue detenida y remitida a la PGR. Resultó sospechosa porque sin ocuparse de si la hija estaba viva o muerta, intentó huir de la casa con una maleta, cargando una pistola calibre .25, 59 cartuchos, 85 globos de la droga conocida como cristal, otros 2.5 kilos de cristal, y dos paquetes con 11 mil 150 dólares y mil 254 dólares.

Públicamente, la Policía Municipal relacionó a García con el grupo delictivo conocido como Los Talibanes, y por separado, Alberto Capella y Abel Galván informaron que el apodo de “El Sargento” ha sido mencionado en ejecuciones ocurridas recientemente, como el autor intelectual.

En este momento, el primer sospechoso del homicidio de García Morales es un hombre apodado “El Cero”, pues según palabras expresadas por la concubina del occiso a la Policía Municipal, el individuo se le acercó y ella le comentó de dos lugares donde podía ultimarlo; uno era la escuela de su hija, donde fue asesinado junto a la menor.

La mujer también informó a los uniformados locales, que su pareja sentimental la maltrataba, pero que operaba con él, el negocio de narcomenudeo: “La droga decomisada había sido recogida en el estacionamiento del centro comercial ubicado entre Bulevar Fundadores y la calle Obrera Mundial”. Agregó que ella se dedica a “cuidar droga y administrar el dinero de la venta de la misma”, además de ser la encargada de depositar en un banco Bancoppel, diferentes cantidades de dinero.

Ya en la Procuraduría modificó su versión, en la declaración ministerial dijo que se peleaba con su concubino, del que sabía, andaba en malos pasos,  porque se llevaba a la niña pero no sabía a donde.  Que el día de los hechos, corrió descalza hasta la escena del crimen y alcanzó con vida a su hija, quien le pidió ayuda antes de que llegara la Municipal y la sacara de la escena. También aseguró que fue a su casa a ponerse zapatos, y al ser detenida solo llevaba el dinero; y que la droga, el arma y las balas, fueron encontradas en la casa por los agentes.

De los asesinatos del martes 16 de abril, a Héctor Manuel Moreno Olguín, de 49 años, lo asesinaron en un mercado ambulante en el fraccionamiento El Rubí, ese mismo día fueron capturados sus agresores, quienes dijeron trabajar para “El Calilla” quien, a su vez, opera para René Arzate “La Rana”, recibiendo como retribución por sus “trabajos” una onza de cristal o 3 mil pesos. El motivo: ganar terreno en la zona que anteriormente dominaba la banda de Los Chamulas.

Entre los detenidos por el caso Moreno Olguín, está Carlos García Martínez o Carlos García Márquez, alias “El Negro” o “El Pelón”, de 32 años de edad, mencionado en otros expedientes por homicidio. La pistola .38 Súper que tiraron durante la huida resultó positiva en otros homicidios que no han sido anunciados.

Óscar Adrián Mosqueda González, otro de los asesinos capturados en esta célula, fue deportado de Estados Unidos y cuenta con antecedentes penales en aquel país por posesión de droga. Ha comentado que se encuentra amenazado de que lo matarían, en caso de ser capturado.

Ambos declararon haber participado en un homicidio ocurrido en el interior del taller Jalisco, de la colonia Francisco Villa. En ese trabajo fueron acompañados de un tipo apodado “La Flaca”, quien responde al nombre de Martín Adolfo Reyes, de 23 años. Al del taller también lo privaron de la vida, por ser del grupo delictivo de Los Chamulas y una disputa por la venta de cristal.

Capella agregó que tanto Carlos como Óscar admitieron haber participado en cuando menos cuatro homicidios más, pero dijeron no recordar los nombres de las víctimas.

El mismo martes 16,  luego de dejar a su hija en la escuela, José Pinzón Rodríguez, de 36 años, fue ejecutado en Calle Tampico esquina con Ermita Norte, Colonia Los Santos, sector rodeado de planteles educativos y de una unidad deportiva.

La víctima conducía un vehículo gris Audi A4, con placas de California, cuando fue interceptado por unos sujetos que le dispararon. El cuerpo quedó rodeado de casquillos de dos armas.

En el lugar del crimen se aseguró una vagoneta Dodge Caravan color verde, placas 4CWH861 de California, con reporte de robo desde el 5 de abril de 2013. Del muerto, la autoridad solo mencionó que está emparentado con una persona que tiene permiso para vender droga en San Diego, y hasta el momento ninguna persona ha sido detenida en relación a su deceso.

A José Fernando García Barba lo ultimaron el lunes 15 de abril, cuando salía de su casa, ubicada en el fraccionamiento Costa Coronado, Delegación Playas de Tijuana.

Los presuntos asesinos fueron detenidos y declararon haber recibido la orden de Lil Downy, un convicto recluido en una cárcel del Condado de Donovan, en Estados Unidos.

Haciéndose pasar por jardineros, los homicidas esperaron a que García Barba saliera de su domicilio. Junto al cuerpo se encontraron cuatro casquillos percutidos calibre 40, y dos calibre 9 milímetros.

Los criminales huyeron en un vehículo Mazda, modelo 1991. La Policía los interceptó en la colonia Xicoténcatl Leyva. Dos de los sujetos portaban armas cortas, la primera, una escuadra marca Glock 22, calibre .40; la segunda, una escuadra Browning calibre 9 milímetros.

Los detenidos fueron Leónides Zurita Díaz, de 24 años, originario de Oaxaca, quien confesó haber sido responsable de al menos otros siete homicidios ocurridos en Estados Unidos y Tijuana; Fernando Rafael Balderas Silva, de 33, proveniente del Distrito Federal, quien cuenta con historial delictivo en el vecino país.

Como parte del grupo homicida, también fueron presentados Jorge Iván Caro Robles, de 32 años, tijuanense con antecedentes penales en México; Francisco Jijón Atanasio, de 25, nativo de Guerrero; Juan Carlos Torres Rocha, de 34, procedente de San Luis Potosí; y Martín Ruiz Villafaña, de 20, oriundo de Jalisco.

En cuanto a los asesinatos de Alberto Maciel Pacheco y Luis Orlando Durán Naranjo, ocurridos también el lunes 15 de abril, fueron detenidos el poblano Raúl Miranda Ordaz y Agni Ulises Tapia Navarro, michoacano. Ambos se dijeron integrantes del Cártel de Mexicali. En el caso de Navarro, la Policía Ministerial está haciendo una investigación más amplia, dado que en su teléfono celular se le encontró información que lo ubica como cabecilla de grupo.

QUE NO HAN PERDIDO EL CONTROL

Mientras el subprocurador Abel Galván refirió como parte de la problemática un grave problema de adicciones en la ciudad, “… hay demanda, hay oferta, y pelea por el territorio en las calles y fraccionamientos”.

El procurador Rommel Moreno Manjarrez aceptó que “como nunca enfrenta una dinámica de conflictividad social entre vendedores de droga”, pero hizo hincapié que de ningún modo la situación se ha salido de control, como sí sucedió de 2007 a 2009.

“El tema de los homicidios pareciera que vuelve, pero (en esta ocasión) la connotación es muy distinta de 2008”, esgrimió, al tiempo que sostuvo que las autoridades municipales, estatales y federales, incluyendo al Ejército, se encuentran coordinadas para contrarrestar el repunte en la criminalidad que se registra en Baja California.

Situación que en los hechos está lejos de la realidad, sobre todo con el repunte de las ejecuciones.

(SEMANARIO ZETA/ ZETA Investigaciones/ abril 22, 2013)