A pesar de los desvíos y
saqueos, ex alcaldes de BCS siguen libres
- “Nunca me ha temblado
la mano para denunciar”: Venustiano Pérez Sánchez
- “Identificamos diversas
irregularidades presuntamente constitutivas, de faltas y responsabilidades
administrativas, civiles y posiblemente penales”: Jorge Avilés Pérez
- “Van muy avanzadas las
investigaciones”: Gamill Arreola
Gerardo Zúñiga Pacheco
El tema central de los informes de los alcaldes de Baja California Sur, fue
la justicia y el deslinde de responsabilidades en contra de sus antecesores,
quienes, bajo el amparo del poder, se enriquecieron inexplicablemente durante
los tres años de administración del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Los eventos, que iniciaron el día 25 para terminar el 30 de abril, se
convirtieron prácticamente en pasarelas políticas de familiares, amigos,
empresarios, delegados federales, líderes partidistas, legisladores locales y
federales, y políticos afines a los ediles de Los Cabos, La Paz, Comondú,
Loreto y Mulegé.
Los recintos oficiales estuvieron llenos, y aunque el acceso no fue
controlado, no se registraron protestas, salvo el caso de Los Cabos, cuando un
grupo de más de cien invasores de la colonia La Ballena, de San José del Cabo,
exigieron servicios públicos en la colonia fundada por el compadre del hermano
del alcalde cabeño, César Uzcanga Amador.
A punto de iniciar el informe, los invasores fueron atendidos por el
director de Ecología del Ayuntamiento de Los Cabos, Jesús Druck González, sin
embargo, esperaron al final del evento oficial para exponer su petición al
alcalde José Antonio Agúndez Montaño y al gobernador del estado, Marcos
Covarrubias.
Los encargados de ponerle sabor al caldo a los informes, fueron los
alcaldes Jorge Alberto Avilés Pérez y Venustiano Pérez Sánchez, de Loreto y
Comondú, respectivamente, quienes en sus discursos se quejaron de la falta de
resultados -a dos años de distancia- en las investigaciones en contra de sus
antecesores, y solicitaron al gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor,
celeridad en todos los procesos y actuar en contra de los presuntos
responsables.
Los ediles consideraron ser “los más castigados” económicamente hablando,
los que mayormente han sufrido las consecuencias del desvío de recursos
públicos y del saqueo indiscriminado de sus antecesores, traducido en deudas,
cancelación de programas federales y juicios laborales.
El primero en tocar el tema fue el alcalde priista de Loreto: “Quiero
subrayar que como resultado de las revisiones en materia de finanzas,
administración y control interno, en su momento identificamos diversas
irregularidades presuntamente constitutivas, de faltas y responsabilidades administrativas,
civiles y posiblemente penales, por lo que entregamos los expedientes
correspondientes y se ha procedido legalmente contra quien o quienes resulten
responsables. A la fecha diversas demandas están en manos de la autoridades
estatales correspondientes, y con todo respeto, pedimos al gobernador que nos
apoye para que se le dé el curso que legalmente corresponda a las acciones
legales que hemos emprendido por nuestro pueblo, que está exigiendo cuentas
sobre este tema”.
Un poco más mesurado, el edil panista de Comondú habló de las denuncias
penales: “Hemos hecho todo, absolutamente todo lo que nos corresponde en
materia de responsabilidades contra los funcionarios municipales que nos
antecedieron, somos respetuosos de las tareas de las autoridades responsables
de la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal. Sin
embargo, nuestra intervención en este tema es limitada a la denuncia y
aportación de pruebas, la cual hemos hecho en tiempo y forma”.
Ya encarrerado, agregó: “Nunca me ha temblado la mano para denunciar y
promover acciones legales e insistir en su avance. Sé que ustedes, como yo,
esperan más en cuanto a la justicia por las responsabilidades en que mis
antecesores incurrieron. Yo sé que la gente quiere resultados, quieren más que
solo palabras. Me uno a ese sentimiento y ese deseo, y les repito que
seguiremos trabajando en el asunto, pidiendo resultados, y esperaremos dando el
voto de confianza a la Procuraduría de Justicia, ya que nuestras facultades
legales como Ayuntamiento son, de ninguna manera, dejar de presionar para que
se apliquen las penas y sanciones correspondientes”.
Los presentes correspondieron con un largo y fuerte aplauso, pero ni así,
el gobernador Covarrubias tocó el tema durante su mensaje, ofreciendo
públicamente una respuesta a los dos alcaldes.
Sin embargo, el que sí habló del tema fue el titular de la Procuraduría
General de Justicia del Estado (PGJE), Gamill Arreola Leal, quien adelantó a
ZETA que “van muy avanzadas las investigaciones”.
El procurador dijo que el proceso ha sido lento, derivado de solicitar
información a otros estados e instituciones bancarias que “tardaron bastante
tiempo en ofrecer una respuesta”.
Durante una entrevista, no quiso entrar en detalles de las denuncias en
contra de los ex alcaldes Rosa Delia Cota Montaño, José Manuel Murillo Peralta,
Yuan Yee y Joel Villegas Ibarra; solo se limitó a decir que algunos casos están
en la PGJE y otros tuvieron que remitirlos a la Procuraduría General de la
República (PGR), al tratarse de recursos económicos federales.
En todos los informes, estuvo presente el gobernador Marcos Covarrubias
Villaseñor, así como el presidente del Tribunal Superior de Justicia del
Estado, Daniel Gallo Rodríguez, y la presidenta de la Junta de Gobierno y
Coordinación Política del Congreso local, Maricela Ayala Elizalde.
LORETO
Reducido a un cónclave meramente político, el segundo informe del alcalde
priista de Loreto, Jorge Alberto Avilés Pérez, fue el primer evento que reunió
a toda la clase política del estado. Resaltó obras y programas que “no hubieran
sido posible sin la participación de sus funcionarios, regidores y el respaldo
del gobierno estatal y federal, así como de los propio trabajadores”.
Teniendo como recinto oficial la plaza pública “Benito Juárez” en Loreto,
expuso que se cumplieron los principales retos de ofrecer servicios públicos,
pese a enfrentar una difícil situación económica. También destacó programas y
obras federales y estatales, como el embellecimiento de la ciudad y
mejoramiento del acceso a la carretera de Puerto Escondido, el tramo carretero
de Loreto-Nopoló por parte del Fondo Nacional de Turismo (FONATUR), y la obra
de construcción del malecón costero por parte del Gobierno del Estado.
Expuso que por parte del Ayuntamiento, solo se invirtieron 24 millones de pesos
en la construcción de una red de drenaje, pavimentación con guarniciones,
banquetas, alumbrado y saneamiento de algunas calles, además de empatar
recursos para construir y rehabilitar parques en las colonias Obrera,
California, Invi e Infonavit.
Pero más que hablar de resultados, el discurso del priista estuvo enfocado
en la crisis económica que registra Loreto y que tuvo una caída sin precedente
en sus ingresos.
Por ejemplo, en 2009, último año de bonanza del puerto, el Ayuntamiento
tuvo ingresos por 205 millones de pesos, y en el ejercicio fiscal de 2011
apenas alcanzó los 116 millones de pesos; es decir, una reducción del 43 por
ciento, según explicó Avilés.
No obstante, logró incrementar un 16% el ingreso en 2012 y reducir la tendencia de crecimiento que venía
acumulándose desde los últimos 10 años, registrando un aumento de solo el 5%.
Reconoció que el Ayuntamiento “no ha podido alcanzar el equilibrio en las
finanzas”, pero cuando menos revirtió las condiciones financieras en que fue
recibida la administración de parte de su antecesor, Yuan Yee.
El alcalde se sinceró y dijo que Loreto, como muchos municipios de México,
destina la parte más importante de sus ingresos a gasto corriente,
particularmente a servicios personales.
En su discurso de más de 30 cuartillas, fue más explícito y aclaró que el
90.1% de sus egresos fueron por ese concepto en 2011; al año siguiente se
redujo a 78.1%, monto que consideró significativo por el entorno altamente
desfavorable. De tal suerte que tuvo que reducir la plantilla laboral de mil a
771 trabajadores al cierre del 15 de marzo de 2013 y realizó 47 convenios de
pago con ex trabajadores, de los cuales solo el 14% se lograron liquidar. El
86% está en proceso.
De acuerdo al edil, la deuda pública está dentro de los niveles manejables,
al abonar alrededor de 50 millones en estos dos años de administración y tratar
de cubrir adeudo con la federación para reactivar programas federales que
fueron cancelados por malos manejos en la anterior administración.
No obstante, reconoció que la principal deuda del Ayuntamiento es con los
propios trabajadores y asciende a 17.5 millones de pesos. Desglosó algunos
números, como que de los 7.2 millones de pesos que recibe por concepto de
participación, solo ingresan 2.2 millones a la Tesorería municipal. El resto -5
millones de pesos- son retenidos por la Secretaría de Hacienda y la Secretaría
de Finanzas, por concepto de abono de adeudos de ejercicios anteriores, como
anticipos a cuentas de participaciones y créditos a mandato, Banobras, ISSSTE y
FOVISSSTE.
Y fue más allá. El alcalde comentó que entonces con 2.2 millones de pesos
no pueden pagar la nómina que asciende a 7.6 millones al mes, y admitió que “el
peso de la deuda no es monetaria, sino también moral, porque ha lesionado a la
economía de las familias, lo que representa un serio problema”.
COMONDÚ
El segundo en el turno fue para el alcalde panista de Comondú, Venustiano
Pérez Sánchez, quien fue acuerpado por toda la clase política panista del
estado, encabezada por el gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor.
En medio de un ambiente de fiesta, el único alcalde del Partido Acción
Nacional en la entidad arrancó su discurso el 26 de abril, exponiendo que
“vivimos tiempos complejos, donde valores como la lealtad, honradez y humildad,
parecen desdibujarse en el horizonte de otras latitudes”.
En la plaza pública “Ignacio Zaragoza” de Ciudad Constitución, que sirvió
como recinto oficial, destacó obras y programas impulsados y financiados
principalmente por el Gobierno del Estado, aunque siendo autocrítico, reconoció
que las tareas pendientes “son muy grandes aún”.
Más que resaltar obras, el contacto ciudadano ha sido lo más importante de
su administración, ya que “atrás quedaron aquellos tiempos en que era negada la
atención a la ciudadanía, y hoy, de manera personalizada, tenemos audiencias
públicas diariamente en mi domicilio, en mi oficina, por teléfono y hasta en
las redes sociales”.
En medio del evento, la entrega de un reconocimiento especial a la
presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
(DIF), María Elena Hernández, “por su destacada participación a favor de la
gente de Comondú”.
Pérez Sánchez destacó que en este segundo año logró subir la recaudación en
un 20% en comparación con 2011, cuyo dinero entra a las arcas municipales y no
al bolsillo de empleados o funcionarios, como sucedía en el anterior trienio.
Asimismo, reconoció a los contribuyentes que históricamente cumplen con el
pago de sus impuestos, quienes asumen “los costos de esta administración, y
justo es que hoy, estemos actuando en contra de quienes jamás han cumplido con
sus contribuciones, y donde ni la amistad ni el compadrazgo deben ser pretextos
para que no se ejerza la Ley, lo que tampoco quiere decir que su aplicación sea
motivada por venganzas, rencores personales o de grupos”.
En un documento de más de 100 cuartillas, el alcalde hizo mención de la
repavimentación de 33 mil metros cuadrados de calles, rehabilitación de caminos
rurales y rancherías, así como arreglos de bulevares de Ciudad Constitución y
Ciudad Insurgentes, entre otros, los cuales se vieron severamente afectados por
el huracán “Paul”.
Al final del evento, señaló que Comondú ha pasado por momentos difíciles y
ha salido airoso cuando más amenazado parecía, y dijo no estar completamente
conforme con el resultado en este segundo año, pero está “motivado” y no bajará
“la guardia”.
LOS CABOS
Completamente opacado por la presencia de su hermano, el indiciado ex
gobernador de Baja California Sur, Narciso Agúndez Montaño, acusado por la PGJE
del delito de peculado, el alcalde de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño,
rindió su segundo informe de gobierno en medio de un tenso ambiente, tras la
amenaza latente de un grupo de invasores de La Ballena de protestar durante el
evento, en caso de no ser recibidos por el edil. El grupo demanda la instalación
inmediata de servicios públicos en la populosa colonia.
El 27 de abril, Agúndez se presentó prácticamente vestido como priista, con
camisa blanca y corbata roja, y acuerpado por la clase política de ese partido,
encabezada por los senadores Ricardo Barroso e Isaías González Cuevas, y un
grupo de invasores con cachuchas del PRD colocados estratégicamente en dos
tarimas con asientos escalonados en la parte posterior de la plaza pública
“Antonio Mijares”, cuyo espacio no pudo ser llenado completamente.
También estuvieron los ex alcaldes priistas Francisco Palacios, Manuel
Castro Castro y Miguel Ángel Olachea Palacios.
Vestido de negro, el ex gobernador y hermano del alcalde, Narciso Agúndez
Montaño, llegó acompañado de su ex esposa y de sus hijos Argelia y Christian, y
su yerno Freddy Erubey Martínez Rivera, estos dos últimos, proveedores del
Ayuntamiento de Los Cabos a través de
sus compañías Constructora y Urbanizadora del Sur y Construcciones Baco.
En pleno evento, y después de escuchar su nombre por parte de su hermano,
cuando fue mencionado como uno de los ex alcaldes presentes en el segundo
informe, el ex gobernador hizo la llamada “Narciseñal”, acompañado de su
sonrisa burlona en presencia del gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor.
Durante la lectura de su segundo informe, el alcalde aseguró encabezar un
gobierno comprometido con la ciudadanía, transparente y congruente en “nuestra
acción del decir y del actuar”.
No obstante, de manera incongruente, el secretario general y del oficial
mayor, Guillermo Marrón Rosas y Edilberto Graciano Chávez, estaban en primera
fila, aplaudiendo y despachando aún como funcionarios, a pesar de que en la
primera y última evaluación de regidores, salieron reprobados y señalados como
“no aptos para desempeñar el cargo”.
“Tony” habló de obras y programas expuestos en un documento de más de 50
cuartillas, destacando que “de calificaciones negativas, pasamos a finanzas
estables, las cuales se traducen en una alta calidad crediticia, es decir, el
desempeño presupuestal fortalece el flujo de liquidez y controles de operación
y administración”.
En número, asentó que el Ayuntamiento recabó mil 293 millones de pesos en
2012, de los cuales el 60% corresponde a ingresos propios, que a su vez,
representa el 21% de crecimiento sobre el presupuesto.
Además, se jactó de que durante el primer trimestre de este año, se obtuvo
un ingreso histórico superior a 410 millones de pesos, porque “ofrecimos
estímulos fiscales a través de descuentos en materia de Impuesto Predial, los
cuales fueron del 5 al 20% en los meses de enero, febrero y marzo”.
Sin embargo, el ingreso no se vio reflejado en obra pública, donde solo
habló de 14 millones de pesos invertidos en vialidades y mejoramiento de calles
y avenidas de Cabo San Lucas y San José del Cabo.
Al final del informe, y cuando el mandatario estatal Marcos Covarrubias
Villaseñor se disponía a leer su mensaje, el ex gobernador Narciso Agúndez se
retiró, acto que fue ampliamente comentado al final del evento. Los panistas
inmediatamente reaccionaron y atinaron a decir: “Debe estar muy resentido, o a
lo mejor pensó que lo iban a detener”.
LA PAZ
Convertido en un auténtico bunker priista, el segundo informe de la
alcaldesa de La Paz, Esthela Ponce Beltrán, fue quizá el más corto de todos, y
la información se redujo a 16 cuartillas.
Pero en tiempo, fue el de más larga duración, ya que los invitados fueron
citados casi una hora y media antes.
El Teatro de la Ciudad de La Paz fue el recinto oficial, e insuficiente
para albergar a poco más de dos mil invitados. A diferencia del resto de los
informes, el de Ponce tuvo una enorme pantalla de fondo y pudieron observarse
diferentes videos de las obras y programas de la “política diferente”.
“El enfoque social es el eje de mayor peso en su administración, y está en
sus manos promover la cohesión social, por lo que resolvió de manera favorable
22 mil 600 solicitudes de apoyo, gestiones administrativas, emergencias
económicas por enfermedad y defunción, y no hemos dejado de apoyar la economía
familiar a través de descuentos en los servicios municipales”, precisó la
alcaldesa, quien no se refirió a grandes obras públicas, pero subrayó la
construcción de rampas para discapacitados, centros de desarrollo comunitario y
más de 2 mil 500 donativos enviados al Asilo de Ancianos y a la Casa de Día de
Amor y Esperanza.
De igual manera, expuso que el Cabildo autorizó la creación de los
institutos municipales de Deporte y Cultura, lo que permitirá tener mayor acceso
a recursos de la federación y aplicar políticas integrales.
“Justamente este día terminan su instrucción y capacitación 21 nuevos
cadetes de Policía, con la formación profesional sustentada en los lineamientos
nacionales”, y donde presumió que a la fecha el 85% de los policías han sido
evaluados. “La meta es que este año se termine este proceso”, estimó Esthela
Ponce Beltrán.
No dijo cuántos salieron reprobados, lo que sí, que invirtieron más de 14
millones de pesos en equipamiento, infraestructura y programas de prevención
del delito, donde La Paz forma parte de los 57 municipios favorecidos con 20
millones para integrar el Plan Municipal de Prevención Social de la Violencia y
Delincuencia.
Durante el informe se mencionó la instalación de alumbrado público,
remodelación de parques, entrega de tinacos, reemplazo de inodoros y la
inversión de un millón 200 mil pesos en obra estratégica del Acueducto El
Carrizal-La Paz.
Según Ponce, uno de sus máximos logros en su segundo año, fue la aprobación
e implementación del Plan Municipal de Transporte, que permitirá reordenar el
servicio en una comunión de voluntades, eficiencia y modernización.
Al final, la priista apuntó que los paceños habrán de juzgar su trabajo, y
no teme a la competencia política cuando ésta se utiliza “para demostrar que
podemos dar los mejores resultados que la ciudadanía quiere y exige”.
MULEGÉ
Con el ex gobernador Leonel Cota Montaño como invitado especial, el informe
del alcalde de Mulegé, Guillermo Santillán Meza fue el último de la ronda,
realizado 30 de abril en el Salón Suterm de Santa Rosalía.
Ahí estuvo presente casi toda la clase política leonelista, encabezada por
la actual líder del PRD, Rosa Delia Cota Montaño. Quizá fue el menos
concurrido, donde lo más destacable fue una inversión de 5 millones de pesos en
una red de agua potable para las poblaciones de La Boca y Punta Abreojos.
En medio de un evento desangelado, el alcalde presumió obras elaboradas por
el Gobierno del Estado y con recursos autorizados por el Congreso de la Unión,
como la remodelación del malecón costero de Santa Rosalía y de la biblioteca
pública “Mahatma Gandhi”, así como la construcción de un estadio de beisbol
infantil, gimnasio de box, cancha de usos múltiples y cancha de futbol rápido
en la colonia Nueva Santa Rosalía.
Santillán no habló de resultados, sino de los miles de pesos destinados por
el Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social (FOIS), Gobierno del Estado,
Programa Hábitat y de la Cámara Baja, donde los diputados federales de otros
estados, como los de Movimiento Ciudadano -Ricardo Monreal y Ricardo Mejía, de
Zacatecas y Guerrero-, gestionaron 2 millones de pesos para el alumbrado
público del Bulevar Manuel F. Montoya.
En su discurso, habló de “finanzas sanas y fiscalmente responsables”,
cuando tiene nueve quincenas que no paga el sueldo al personal de confianza y
compensados, no obstante, reconoció que “todavía faltan muchas cosas por
hacer”, por lo que buscará sumar y no restar, tratando de no dividir y
aceptando “nuevas ideas que hagan mejorar nuestro rumbo”.
(SEMANARIO ZETA
BCS/Gerardo Zuniga Pacheco/ mayo 6, 2013)
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