Álvaro Delgado/ Proceso
MÉXICO, D.F.
(apro).- Luego de que el gobierno de Enrique Peña Nieto prometió respetar la
ley y evitar el uso faccioso de programas sociales, el Partido Acción Nacional
(PAN) decidió no romper con el Pacto por México.
El compromiso del
gobierno se estableció en una reunión realizada el domingo anterior entre los
presidentes de los partidos firmantes y el secretario de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong, del que se informó sólo mediante un comunicado emitido poco
después de la una de la madrugada de este lunes.
Y la decisión del
PAN para mantenerse en el Pacto por México se formalizó tras una reunión de la
Comisión Política que preside Santiago Creel, en la que participó como invitada
la ex candidata presidencial Josefina Vázquez Mota, y cuyos acuerdos convalidó
el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), que preside Gustavo Madero.
En un receso de la
sesión del CEN, Madero informó que el PAN seguirá en el Pacto por México,
siempre y cuando el gobierno de Peña cumpla con la ley, la transparencia y la
democracia.
“Hemos cumplido con
honor todos nuestros compromisos, por ello tenemos derecho a exigir que el
gobierno actúe de la misma manera”, expuso Madero, quien fue avalado para
seguir en ese acuerdo, pese a las críticas de la facción identificada con
Felipe Calderón, quien apenas el viernes pasado dijo que Peña tiene “el apoyo
real y leal de los partidos de oposición, incluso del PAN”.
Madero informó de
los acuerdos de la Comisión Política, un órgano de deliberación sin facultades
estatutarias en el que participan personajes relevantes para los panistas, en
que se pusieron tres condiciones para que el PAN se mantenga en el Pacto por
México.
La primera es que el
gobierno de Peña otorgue garantías de que no habrá injerencia de funcionarios
de los tres niveles de gobierno en los procesos electorales de julio en 14
estados de la República, tal como anunció la Secretaría de Gobernación en un
comunicado de la madrugada.
En segundo lugar que
la Procuraduría General de la República (PGR) actúe contra los 59 funcionarios
denunciados por integrar una “estructura paralela” al Partido Revolucionario
Institucional (PRI) en Veracruz para usar los programa sociales en beneficio de
éste y que está encabezada por el gobernador Javier Duarte.
Y la tercera
condición del PAN para seguir en el Pacto por México es dar trámite a la
demanda de juicio político contra el gobernador Duarte y la secretaria de
Desarrollo Social, Rosario Robles, a quien Peña le pidió no preocuparse y
“aguantar” las críticas.
Desde la semana
pasada era sabido que el PAN definiría este lunes su posición, aun cuando desde
el martes 23 se reunió Madero con Osorio, así como el resto de los
participantes, para acordar que el gobierno “blindaría” los programas sociales,
y otra reunión se realizó ayer domingo.
De la reunión del
martes sólo informó el gobierno y los partidos mediante un comunicado el miércoles
24, cuando supuestamente se celebró la reunión, según un mensaje de Twitter de
Osorio, y la misma opacidad se observó en la reunión entre los mismos
participantes este fin de semana: Sólo un boletín emitido a la 1:06 de la
madrugada.
En este comunicado
se informó que Osorio, Madero y los presidentes del PRI, César Camacho, y del
Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, se reunieron “para
acordar las condiciones que den a todos los ciudadanos las garantías
indispensables de que las elecciones de este año se realizarán en condiciones
de limpieza e imparcialidad, y de que los programas de combate a la pobreza no
serán utilizados de manera facciosa o ilegal”.
Los firmantes del
Pacto por México, agregó, trabajan en la implementación de acciones de corto
plazo y en reformas normativas necesarias para perfeccionar el sistema
electoral mexicano y elevar la calidad de la democracia, y perfilaron un
acuerdo.
Los puntos más
relevantes son, primero, blindar los procesos electorales de este año, para
evitar que se produzcan acciones que menoscaben la integridad y limpieza del
voto; repudiar cualquier acto ilegítimo o ilegal que realicen autoridades de
cualquiera de los órdenes de gobierno, sin importar su origen partidario, y
harán lo necesario para prevenirlos y, en su caso, castigarlos.
También acordaron
mecanismos para que organizaciones de la sociedad civil vigilen los movimientos
de los padrones, altas y bajas con criterios técnicos sociales y no
electorales, y definir de manera conjunta los criterios que deben normar el
perfil profesional de los delegados federales de las dependencias responsables
de manejar programas sociales.
“Acordaron también
que el Ejecutivo revisará los nombramientos realizados para asegurar su
idoneidad en función de ese perfil profesional técnico”, se subraya en el
comunicado.
Entre otras acciones
se suspenderá la realización de cualquier asamblea o reunión pública de
beneficiarios de programas sociales durante los 45 días previos a las
elecciones y se adelantará la entrega de apoyos y subsidios conforme lo
permitan los recursos disponibles, para realizarse 45 días antes de los
comicios.
Además, “establecer
comisiones plurales en los 14 estados donde habrá elecciones para presentar y
atender las denuncias de intervención indebida de los gobiernos en las
elecciones y del manejo electoral de acciones de gobierno y programas
sociales”.
Otros puntos:
“Proponer a los gobernadores y alcaldes un acuerdo que los comprometa a
abstenerse de realizar entregas de apoyos gubernamentales en los 45 días
previos a las elecciones. Promover con los gobernadores un compromiso político
de no utilizar recursos públicos, no entregar despensas ni materiales plásticos
ni textiles. Esto sería también supervisado por alguna organización ciudadana.”
El comunicado añade:
“La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público investigará las cuentas bancarias de todos los gobiernos de los estados
de las cuales se hagan retiros en efectivo por cantidades relevantes”.
Y además, “convocar
y promover la participación de observadores electorales nacionales e
internacionales en los procesos electorales del 7 de julio”.
En el comunicado se
informó también de acuerdos para que el Pacto por México “pueda entrar en una
nueva etapa”; asimismo, se tomarán medidas como impulsar las iniciativas de ley
orientadas a fortalecer la profesionalización de los delegados y operadores de
los programas sociales del gobierno federal.
También: “Los
signatarios del Pacto se comprometen a hacer valer los tres últimos párrafos
del artículo 134 de la Constitución y, en particular, a abstenerse de hacer en
los medios de comunicación propaganda personalizada y las llamadas gacetillas.
Se buscará hacer extensivo este acuerdo en todos los órdenes de gobierno”.
(PROCESO/ Álvaro Delgado/ 29 de abril de 2013)
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