ALCALDE INVASOR

Bustamante: “No tengo nada qué decir”

Tráfico de influencias, uso de vehículos pertenecientes al Ayuntamiento y la intervención de policías municipales, vinculan a Carlos Bustamante Anchondo en la invasión de un terreno ejidal. El juicio de promoción de amparo contra actos del presidente municipal de Tijuana, está siendo llevado en el Juzgado Noveno de Distrito

Inés García Ramos/ Semanario Zeta

 Ejidatarios, vecinos de Carlos Bustamante Anchondo en predios en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Tijuana, denuncian invasiones territoriales cometidas por empleados del alcalde de Tijuana en su nombre. Entrevistado por ZETA, el munícipe se negó a hablar del tema.

El ex ejidatario David Borroel Robles asegura que en una pugna irregular por el predio que la Reforma Agraria tiene registrado a su nombre,  él, su familia y empleados han sido víctimas de agresiones físicas, una amenaza telefónica, y el ingreso ilegal de patrullas municipales y vehículos oficiales del Ayuntamiento en su terreno.

Explicó que los representantes de la empresa de Bustamante Anchondo también han invadido su propiedad con la intención de desalojarlos, pero se han presentado sin documentación ministerial que los faculte o acredite.

Sin embargo, el martes 16 de abril no los vio venir, lo agarraron acostado y entre sueños. Cinco hombres corpulentos y con armas, irrumpieron en la mini casa móvil, lo sujetaron y, en el suelo, le sacudieron la tranquilidad. “Salte de aquí, hijo de la chingada”, le gritaron.

“Les decía que me dejaran levantarme, pero me dijeron que me callara, que me iban a llevar a México y allá me iban a matar”, relató Enrique Bosques.

Sintió dos cañones de pistolas, la primera en su cien derecha y la otra en su costado izquierdo. “Pensé que hasta ahí iba a llegar, que me iban a matar”, comparte.

Sin identificarse, los hombres hurgaron entre las pertenencias del hombre, robaron su teléfono celular, pero no su cartera ni los 200 pesos dentro de ella.

Los golpes continuaron hasta que los hombres salieron del inmueble rodante. Segundos después, Enrique sintió un impulso; la casa móvil -enganchada a una camioneta- comenzó a avanzar. Un pick-up Ford Lobo blanco de reciente modelo, arrastró la casa tres cuadras, y después se fueron.

Haciendo un esfuerzo por entender lo ocurrido, Enrique solicitó el apoyo de una patrulla municipal que transitaba por la carretera del Aeropuerto, pero fue ignorado. Una segunda patrulla se acercó, “le dije a una oficial morena y alta lo que me había pasado, que me estaban matando; ella me preguntó si la pistola era de a de veras, le dije que sí”.

Los oficiales se retiraron tras negarse a llevarlo de regreso al predio. Enrique esperó al lado de la casa rodante y, conforme amanecía, caminó hasta encontrar un teléfono público y llamó al propietario del vehículo y del terreno del que fue expulsado.

Los predios del Ejido Tampico ha sido objeto de disputa desde hace más de tres décadas, de hecho, la expropiación de parte de las hectáreas para construir el Aeropuerto Internacional de Tijuana, aún no ha sido pagada a los ejidatarios.

“Es un problema que tenemos desde hace muchos años, esas tierras nos las han querido quitar muchas veces, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y ASA (Aeropuertos y Servicios Auxiliares)”, remite David Borroel Robles, propietario de los lotes 12 y 27 del Ejido Tampico. En el último se encontraba estacionada la casa rodante.

Pero en esta ocasión, el “invasor” no es una dependencia gubernamental, sino Carlos Bustamante Anchondo, alcalde de Tijuana, pero en calidad de presidente de Inmuebles Especializados Matrix, empresa que administra el hangar colindante a la propiedad disputada.

Ante esta situación, asesorados por sus abogados, el dueño del predio llevó al velador Enrique Bosques Sánchez a buscar protección bajo el juicio de amparo 172/2013-IV, emitido por el Juzgado Noveno de Distrito. 

El documento, con fecha del 17 de abril de 2013, fue promovido “contra actos del Presidente Municipal del Vigésimo Ayuntamiento de Tijuana, Baja California”.

 Vehículos oficiales y policías al servicio de Bustamante: Empresario

La mañana del miércoles 17 de abril, Enrique se encontraba de regreso en el terreno que velaba, con la incertidumbre de lo ocurrido un día antes. Rafael Mejía Saucedo, jefe de seguridad del hangar de Inmuebles Especializados Matrix, invadió la propiedad desafiándolo. “¿Qué estás haciendo aquí, güey?”.

Conforme a la versión de los afectados, un día antes, el mismo sujeto había amenazado por teléfono a la abogada de Borroel Robles: “Lárgate de aquí, porque en esto está el alcalde”. La llamada ocurrió cuatro horas después de las agresiones cometidas contra Enrique, y terminó con un “mejor sálganse de aquí, no se metan en problemas”.

Al verlo caminar desde el cobertizo aéreo, el velador llamó por teléfono a David Borroel, mientras una patrulla municipal ingresaba al terreno. El agente descendió y le ordenó: “Tienes que acompañarme”. Como no había orden de aprehensión, se negó; igual lo esposaron y se lo llevaron.

Mientras, un grupo de hombres, con pinzas en las manos, comenzaron a cortar el cerco metálico que delimitaba el predio de poco más de una hectárea. Con policías federales presentes, los hombres destrozaron un tramo de la reja. Dos vehículos ingresaron al predio.

El primero, una minivan blanca que viajó con el rostro de Carlos Bustamante en sus días de campaña política para convertirse en alcalde de la ciudad. La segunda, una Suburban gris 2007,  de lujo, con blindaje del mejor nivel. El vehículo, con placas AJS-80-60, es una de las únicas dos unidades blindadas registradas en el padrón vehicular del Ayuntamiento de Tijuana.

Está asignada a Policía y Tránsito Municipal, tiene un precio de 4 millones 443 mil 179 pesos, y cuenta con el número oficial 06-054; pero ese día sirvió para transportar a los empleados de Matrix.

En ese momento llegó Borroel a reclamar su propiedad. “Cuestioné la presencia de la Policía Federal, me dijeron que estaban ahí para resguardar la seguridad de las instalaciones del Aeropuerto por la cercanía, cuando me presenté como el propietario legítimo, se retiraron”, recordó el ejidatario.

En el lugar permanecieron los sujetos de la Suburban gris, propiedad del Ayuntamiento, quienes solicitaron la presencia de la Policía Municipal. Uno de los oficiales, Marcos Morales Pérez, “invitó” a las partes a acudir con el juez municipal de la delegación Mesa de Otay.

“No entendíamos lo que ocurría, me fui en mi carro, pero custodiado por una patrulla”, relató Borroel. Una vez en las oficinas delegacionales, los empleados de Bustamante se identificaron. “Uno que dijo ser ingeniero, mostró un plano del hangar de Matrix, pero sin sellos ni firmas, según el cual, mi lote les pertenecía”.

El otro sujeto presentó ante el juez municipal Luis Carlos Untag Ponce de León, un contrato de arrendamiento entre Inmuebles Especializados Matrix y ASA. Entonces, el afectado se trasladó a su hogar para reunir las pruebas necesarias y comprobar su legítima propiedad.

Regresó con un plano avalado por la Reforma Agraria Nacional que muestra las dimensiones del predio 27, el de la disputa, además de dos constancias emitidas por la misma delegación en 2008 y 2012, que reconocen a David Borroel Robles como ejidatario de los lotes 12 y 27. ZETA guarda copias de estos documentos.

El juez municipal se declaró incompetente para el caso, enviándolos a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). En el Ministerio Público de Otay tampoco recibieron la denuncia, y se les indicó acudir a la Unidad de Delitos Patrimoniales.

Borroel, quien fuera presidente del Ejido Tampico de 1992 a 1993, tiene ya experiencia en los litigios por sus tierras. Bajo la recomendación de su abogada, se trasladó al Juzgado Noveno de Distrito. Ahí solicitó un amparo contra todas las autoridades involucradas en el hecho, incluidos el jefe de Distrito de la Policía Municipal de la delegación Mesa de Otay, el agente del Ministerio Público del Orden Común especializado en Delitos Patrimoniales, y, por supuesto, el alcalde de Tijuana.

“Nos sentimos muy temerosos de que nos vaya a pasar algo, reunimos toda la información que teníamos, y a raíz de la llamada realizada por el jefe de seguridad de Matrix a la licenciada y su presencia el miércoles en el despojo, acusamos al presidente municipal”, argumentaron Borreal Robles y Bosques Sánchez.

El Juzgado Noveno de Distrito concedió “la suspensión provisional para efecto de que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran, y no se prive de la libertad a Enrique Bosques Sánchez”.

En copia certificada en posesión de ZETA, la licenciada Claudia Beatriz de Haro Arellano pide “informe previa únicamente al Presidente Municipal de Vigésimo Ayuntamiento de Tijuana” el 20 de abril, para notificarlo de la primera audiencia.

El 24 de abril se realizó la audiencia incidental, en tanto que las testimoniales están programadas para el 30 de abril y el 17 de mayo.

 “No sé, señorita”:  Presidente municipal

Desde el miércoles 17 de abril y hasta el cierre de edición, ZETA pudo atestiguar que el predio fue vigilado las 24 horas del día por oficiales de la Policía Municipal. A pesar de que no se ha presentado orden del Ministerio Público o alguna otra autoridad para desalojar al velador, una o dos patrullas permanecen estacionadas frente al terreno.

Las de números P-4720 y P-4748, tomaron turnos entre el martes 23 y el miércoles 24 de abril. Su presencia, injustificada ante el velador y el propietario, es interpretada por ellos como una amenaza permanente contra su seguridad.

“En la mañana, cuando salgo para comprar mi torta y café en la lonchería que se pone enfrente de los campos de futbol, los policías me piden un permiso de la PGJE para entrar de regreso”, explica frustrado Enrique Bosques.

Cuestionado sobre la presencia ininterrumpida de patrullas y policías al servicio de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana (SSPM), su titular, Alberto Capella Ibarra, aseguró no conocer la razón específica, pero atribuyó la situación a una petición de los Juzgados federales por resguardar bienes embargados.

Sin embargo, el amparo promovido concede la suspensión provisional para que “el quejoso no sea desposeído del referido inmueble, cuya posesión material tiene”.

A un costado del predio en cuestión, se encuentra un hangar de exterior beige con más de 200 mil metros cuadrados, propiedad de Inmuebles Especializados Matrix, S.A. de C.V., empresa creada en 1991 y cuyo presidente es Carlos Bustamante Anchondo.

En marzo de 2007, el hoy edil mostró en conferencia de prensa el contrato celebrado por su empresa con ASA, en 1991, por el arrendamiento de la superficie donde se encuentra una base de mantenimiento, rehabilitación, reacondicionamiento y reparación de aeronaves.

Cuando las instalaciones pasaron a la administración de Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), un segundo contrato fue firmado en 2003, y además del arrendamiento del terreno, se autorizó a la empresa realizar servicios de carga aérea y recinto fiscal. Dos años después, Matrix fue demandada por incumplimiento del pago de la renta. El adeudo ascendía a cuatro millones de dólares.

Los hoy afectados suponen que ese contrato fue el mostrado ante el juez municipal el miércoles 17 de abril como “prueba” de la posesión de la propiedad ejidal. 

Pero la incertidumbre persiste, ya que en ningún momento se les ha presentado documento alguna que exija su salida de la propiedad, “es un caso de arbitrariedad, estamos siendo víctimas del acalde, que con su poder, tiene a su disposición a las fuerzas del orden para hostigarnos todos los días y que salgamos por propia cuenta”, acusan.

La mañana del 25 de abril, tras recibir un reconocimiento en la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) como “hombre comprometido con el desarrollo económico e industrial de Baja California”, ZETA planteó los hechos al alcalde, preguntándole respecto al amparo promovido en su contra.

“No sé, señorita”, respondió mientras retiraba su rostro de la grabadora. Las preguntas continuaron, se insistió. “No tengo nada qué decir”, repitió Bustamante con semblante notablemente irritado, mientras sorteaba saludos y, apresurado, intentaba llegar hasta una camioneta Suburban gris.

(SEMANARIO ZETA/Ines Garcia Ramos/  abril 29, 2013)