LOS N.N. DE LA FOSA COMÚN

En ataúdes rústicos, seis por tumba, cada semana se sepultan 12 desconocidos

 Dividido entre dos poderes, los servicios de peritaje e inhumación de los Sin Nombre en Tijuana padecen la indiferencia oficial. El ordinario censo de los desconocidos que data de septiembre de 2010 solo da cuenta que un promedio de 500 cadáveres al año son depositados primitivamente en una tumba colectiva, pero no establece una base de datos que facilite la identificación de los N.N.

Isabel Mercado Juárez

En las fosas comunes de Tijuana terminan sepultados 500 cuerpos al año.

Ahí los N.N., como se les llama a los no identificados o sin nombre, descansan perpetuamente amontonados unos encima de otros en rudimentarios sepulcros. 

Una fosa de escasos tres metros de profundidad colmada a ras de la tierra con cuantos ataúdes quepan.

En el hueco de tierra, al que ningún material reviste, apenas encajan seis féretros de medio metro de ancho y alto por 1.80 de largo. Las urnas de aserrín prensado tampoco son recubiertas, por lo que fácilmente trasminan el líquido mortuorio de los restos que guardan.

Generalmente se trata de personas que en vida fueron indigentes o víctimas de la inseguridad cuyos cuerpos nadie reclamó. En una ciudad fronteriza, de migrantes como lo es Tijuana, eso es común.

La sepultura colectiva es también la última morada de quienes mueren en hospitales públicos y que sus restos –plenamente identificados– la familia abandonó escudándose en la falta de recursos económicos para enterrarlos por cuenta propia. Bajo ese contexto bebés cuya vida se extinguió apenas nacieron, o seres que su periodo de gestación se vio interrumpido, son incluidos en la tumba sin nombre.

El 90 por ciento de esos cuerpos ingresan al Servicio Médico Forense (SEMEFO) como desconocidos y aunque a la postre algunos son identificados, si no se les reclama a tiempo son enviados a la fosa común.

No importa si son o no nativos de esta región, sin reportar sus características a otros estados para facilitar su identificación, a escasos diez días de haber sido levantados el servicio inicia el trámite para inhumarlos.

La diligencia administrativa puede llevar, a lo mucho, 20 días más, tiempo durante el cual los restos pueden ser requeridos, pero aún resulta insuficiente y al año medio millar de N.N. terminan agrupados en una misma tumba.

Los números corresponden a los hechos registrados entre el último trimestre de 2010 y abril de este año, periodo en que el Servicio Médico Forense ha estado bajo la facultad del Poder Judicial, pues la estadística anterior al 2010 desapareció cuando esa entidad estaba en el organigrama de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

N.N. a la buena de Dios

 José García, nombre con el que meses atrás se registró al ingresar a la casa hogar Bethesda, falleció el 11 de marzo de 2012 a causa de varios tumores cancerígenos y neumonía. Nadie lo procuró y las autoridades ningún intento hicieron para que su cuerpo fuera identificado.

México carece de un sistema que registre a los Sin Nombre, pero además la coordinación entre las entidades para este fin es nula, eso complica la identificación de estos muertos sin nombre.

Baja California es un claro ejemplo de ello, mientras que los Servicios Médico Forenses de Mexicali y Tijuana pertenecen desde septiembre de 2010 al Poder Judicial, en el resto de la entidad este servicio lo maneja la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Nada tendría de extraordinario si la responsabilidad de inhumar los cuerpos en fosa común no correspondiera a la PGJE, lo que limita y dificulta esta tarea dejada a los servicios forenses, cuando el fin de éstos es realizar los procedimientos médicos, técnicos para establecer y determinar causas de muerte en auxilio de la justicia.

Pero, “si no lo hacemos nosotros, ¿quién más?”, cuestiona la doctora Mercedes Quiroz, Directora de SEMEFO Tijuana.

Con una capacidad de almacenamiento para 120 cadáveres, el servicio de Tijuana recibe al mes un promedio de N.N. que rebasa la centena, a los que se les busca dar salida de tal forma que siempre se cuente con espacio disponible. La fosa común es la opción de desfogue a la que se recurre.

La situación de frontera hace de Tijuana una ruta harto transitada por migrantes cuya meta es llegar a Estados Unidos, pero un porcentaje de ellos muere aquí sin lograr su objetivo.

La mayoría son levantados en calidad de indigentes, pues perecen en la vía pública y sin un documento que los identifique, generalmente son atropellados en la Avenida Internacional, cerquita de la línea que divide a México del vecino país del norte. Otros más mueren por sobredosis de sustancias tóxicas, también a la intemperie o en centros de rehabilitación y casas hogar.

Los muertos por causas dolosas cuyos cuerpos son localizados fragmentados, golpeados, o en avanzado estado de descomposición en ocasiones no logran ser identificados, o ningún consanguíneo los procura.

Llama la atención que un tres por ciento de un promedio de 500 N.N. arrojados al año a fosa común de Tijuana, pertenezcan a recién nacidos abandonados principalmente en el Hospital General de esta ciudad. Un 16 por ciento más corresponde a óbitos fetales.

Todos estos casos, aunado a la falta de una estrategia formal para el manejo de las personas que mueren sin identificar, provoca que la sepultura común de Tijuana sea de las más atiborradas del país.

Réquiem forense

 Un denso ambiente impregna el SEMEFO de Tijuana, hasta donde son llevados los restos identificados como José García; de acuerdo al examen post mórtem su edad oscila en los 45 años.

En cada rincón de sus instalaciones, dotado de un equipo que dista mucho de estar en óptimas condiciones –las mesas necro quirúrgicas asidas con tablas dan cuenta de ello– se respira el hedor de los cuerpos descompuestos a tal punto, que ni la más baja temperatura de los refrigeradores logra sofocar.

Al año ahí se practica la necropsia de rigor a un promedio de 500 N.N. y se realizan análisis requeridos por los juzgados penales a mil cadáveres más, de estos últimos sus familiares sí se ocupan.

Además de una sala con seis mesas necro quirúrgicas, el servicio cuenta con una estancia adicional para infectocontagiosos o cuerpos en estado de descomposición, en la que sólo cabe un cadáver.

Otro reducido espacio se encuentra acondicionado para la identificación de los cadáveres, a través de una ventana de vidrio, familiares y amigos pueden observar los restos de personas fallecidas, cuyas características coincidan con el ser reclamado.

Pero como en muchos otros casos, el cuerpo identificado como José García nadie lo procuró, por lo que, una vez efectuado el análisis, sus restos se almacenaron en uno de los 20 refrigeradores, cada uno con capacidad para seis cadáveres. Un pizarrón colocado en la parte frontal de las neveras da cuenta de los despojos humanos que se guardan dentro.

Desde su ingreso hasta su egreso permanecen tal como fueron levantados. Si fueron asesinados, irónicamente el objeto con el que se les privó de la vida los acompaña en el frío almacén.

Los cadáveres en estado de descomposición, desmembrados o calcinados son ubicados en áreas de mayor refrigeración, dónde pueden permanecer durante mucho tiempo, hasta que el Ministerio Público desiste de tenerlos a la mano para su investigación. Rara vez en estos casos se permite la incineración.

Los centros forenses se dan a la tarea de llevar a cabo el engorroso trámite que significa el inhumar el cuerpo de un desconocido, afán que les puede llevar hasta 20 días.

La Ley establece que si a las 72 horas un cadáver no es identificado, puede ser considerado como desconocido, lo que para las autoridades de Tijuana significa una carta abierta para iniciar el trámite que les permita inhumarlo. Aun así esperan hasta el décimo día para pedir la autorización al Ministerio Público.

Después acuden a regulación sanitaria, quien también debe dar su aprobación, posteriormente se obtiene en el Registro Civil el acta de defunción, una baja del padrón poblacional que resulta incongruente por tratarse de personas no identificadas, pero que es menester realizar.

Cubiertos estos requisitos se solicitan los ataúdes al DIF y a la funeraria privada encargada de los levantamientos, cuya concesión es la única parte de este penoso proceso del que se hace cargo la Procuraduría.

A los cuerpos les son tomadas fotografías al ingresar y egresar de SEMEFO, también se lleva un catastro mortuorio del lugar en el que fueron colocados en el camposanto así, si un día aparece la familia, se sepa dónde buscarlo.

Luego se acude a la autoridad a cargo de los panteones públicos para solicitar espacio de acuerdo a la cantidad de N.N.’s a sepultar y se determine a qué panteón corresponde recibirlos, pues cada cementerio municipal cuenta con un área destinada para fosa común.

El Servicio Médico Forense de Tijuana carece de carroza para trasladar los cadáveres ya sea a sus instalaciones o al parque funeral, en ambos casos es la funeraria contratada la que, dependiendo la cantidad, transporta los cuerpos acopiados en una o dos panels.

En el caso de los desmembrados, si en cierto tiempo no aparecen todos los órganos que integran sus cuerpos, éstos son sepultados incompletos. Si a la postre un miembro es localizado e identificado, se coloca en los restos inhumados al que pertenece.

Pero no siempre es así, como hace dos años en el que se localizó una cabeza, la cual se sepultó a los tres meses. El cuerpo de la extremidad nunca apareció.

Pocas veces se identifica a quienes son enviados a Fosa Común, pero si alguien logra identificar a un Sin Nombre luego de que éste fue sepultado, debe pagar la exhumación no sólo del cadáver reclamado, sino de los que quedaron colocados arriba de él; el costo para desenterrar cada cuerpo oscila en los dos mil pesos. También hay que pagar otro tanto por inhumar de nuevo los cuerpos que vuelven al sepulcro.

Y aunque lo endeble del féretro y el paso del tiempo hacen que los restos apilados terminen revueltos, al exhumar no se hacen estudios que garanticen que todas las piezas correspondan al mismo cadáver que está siendo reclamado.

El adiós de los olvidados

 Sin exequias los No Identificados son depositados en la fosa común. No hay lágrimas, ni rezos, veladoras o flores, que despidan de este mundo a los no identificados.

Terminada la “tramitología” para poder ser sepultados y ante la premura por desfogar espacio en el SEMEFO, cada semana son sepultados en Tijuana un promedio de 12 cuerpos que ningún familiar alcanzó a identificar.

“Los pobres de solemnidad”, como se denomina a los N.N. en el Reglamento de Panteones, son arrojados a un sepulcro clasificado como de “cuarta clase o Fosa Común”.

En la estrecha tumba evidentemente no se aplica el reglamento de panteones, el cual determina que “los cuatro lados de ella se revestirá con ladrillo o cemento hasta la altura conveniente, debiendo quedar en todo caso sobre la sepultura bastante tierra vegetal para que en ella se puedan sembrar arbustos pequeños y flores”.

Ni se cubre con ningún material, ni se deja altura suficiente para para plantas; llenada a tope, el último ataúd prácticamente es dejado a merced de la fauna depredadora.

En las tumbas colectivas tampoco se respeta el espacio mínimo de 80 centímetros que debe separar una fosa de otra, la distancia entre ellas es, a lo mucho, 20 centímetros.

Con plumón, en los féretros se colocan los números de defunción otorgados por el Registro Civil, ese dato también se escribe en una etiqueta que pende de los pies de cada difunto.

Tanto el personal de SEMEFO como del panteón aseguran tener control del número de fosa y nivel en que se coloca cada cuerpo, lo cual pudiese ser de poca utilidad si, como aseguran los expertos, los rudimentarios ataúdes no tardan ni tres meses en desbaratarse.

Luego de casi un mes de permanecer en el frío depósito cadavérico de Tijuana, la mañana del marte 2 de abril de 2013, los restos identificados como José García, fueron inhumados con 11 cadáveres más, todos en el Panteón Municipal número 12 de Tijuana.

Los restos se colocaron en las fosas 7 y 8 de la manzana 5, ubicada en lo más recóndito del parque funeral. Reemplazando lo que pudiera ser una cruz de panteón, es colocado un letrero de madera con los datos de cada sepulcro.

Al entierro de los N.N. solo asisten los auxiliares del Servicio Médico Forense y de la funeraria, trabajadores que lo mismo trasladan cuerpos no identificados, asisten a los médicos forenses en la necropsia, etiquetan cadáveres, los encajonan, trasladan al camposanto o los sepultan.

En ocasiones las Madres Misioneras de la Caridad entregan a personal de SEMEFO agua bendita para que sea arrojada en la tumba sin nombre, pero como muchos otros, los enterrados ese día no alcanzaron esa honra.

Terminada su lúgubre labor, los improvisados sepultureros arrojaron los guantes de látex que protegieron sus manos, la acción indiferente semejó una ofrenda mortuoria. La única que recibieron los 12 cuerpos sepultados ese dos de abril.

Hubiesen sido 13 los cuerpos inhumados ese día a no ser porque, de última hora, el cuerpo de una mujer fue identificado y requerido por su hija.

Originaria de Mexicali, la fémina fue reportada como desaparecida en la capital bajacaliforniana desde finales de febrero.

Inerte y en calidad de indigente fue encontrada en la vía pública de la Zona Norte de Tijuana el 27 de febrero, desde entonces permaneció en SEMEFO; como causa de su muerte se determinó neumonía infectocontagiosa.

Su hija la ubicó el 30 de marzo, a tres días de ser enviada a la tumba colectiva. El número con el que fue foliado el cuerpo cambió por el nombre de Margarita Aripe Ruiz, de 58 años de edad, recuperó su identidad.

Solo el 10 por ciento de los enviados a fosa común son mujeres, la mayoría de las que ingresan al Servicio Médico Forense logran ser identificadas y rescatadas por su familia, como fue el caso.

Otros son reclamados a destiempo, como fue el caso del cuerpo de José García, que el mismo día de su sepelio fue ubicado como Jorge García Vázquez, de 43 años de edad, registrado en la casa hogar donde acabó sus días como José, no fue fácil para su familia localizarlo.

De hecho fue su ex pareja sentimental quien acudió la mañana del martes 2 de abril al SEMEFO de Tijuana y logró reconocerlo en una fotografía, justo cuando el cuerpo era llevado a la fosa común, pero no acreditó el concubinato, por lo que los restos de Jorge García terminaron en el nivel tres de la tumba sin nombre, en compañía de cinco cadáveres más.

(Semanario   ZETA/abril 29, 2013 )