LAS MENTIRAS DE DURÁN

Falseó declaraciones sobre condiciones de pago a empleados en la Junta de Conciliación

Trabajadores sindicalizados que fueron llamados a trabajar dos horas más –salir a las 5 en lugar de las 3 de la tarde– demandan el pago de esas dos horas extra a la Comisión Estatal de Servicios Públicos. En la paraestatal dicen que se acordó darle un bono por el horario extra y que esa condición la aceptó el Sindicato, mientras empleados hablan de un incentivo otorgado a discreción y no por el horario adicional

 Luis Alonso Pérez Chávez

Una serie de demandas laborales contra la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) han destapado las mentiras que su director, Hernando Durán Cabrera, ha declarado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de Tijuana para evadir el pago de horas extra que reclama un grupo de trabajadores de la paraestatal.

Al mismo tiempo que mentía a la Junta, declaraba la verdad ante la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Contraloría General del Estado, dejando en evidencia la falsedad de sus declaraciones, un delito del fuero común castigado con un máximo de cinco años en prisión.

En la gestión de Durán 120 demandas laborales han sido interpuestas contra la CESPT ante la Junta de Conciliación y Arbitraje por empleados que demandan un pago de hasta 180 mil pesos por concepto de horas extra. De perder los juicios la Paraestatal podría erogar hasta 21.6 millones de pesos, lo que equivale a aproximadamente una décima parte de lo que costará construir la presa Las Ánimas.

El origen del conflicto

Era el año 1994. En ese entonces la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) era dirigida por el ahora gobernador, José Guadalupe Osuna Millán, recordó Soledad Santos, empleada administrativa de la Paraestatal desde hace casi 30 años.

“Como Osuna se la pasaba ahí en las oficinas día y noche, entrando y saliendo a todas horas, quería que toda la gente estuviera ahí también, así que decidió aumentar los horarios de trabajo de los trabajadores sindicalizados de las 3 a las 5 de la tarde”, explicó la trabajadora.

El cambio de horario de trabajo se acompañó de un aumento en el monto de un estímulo quincenal que recibían desde años atrás, como una forma compensar por el trabajo adicional. “Pero en teoría solamente”, aclaró Santos, ya que los tabuladores de pago no siempre eran equitativos a las horas trabajadas, algunos recibían más que otros. “Todo se manejaba de manera arbitraria, era de acuerdo como le cayeras al jefe”, manifestó.

“A mí me pagaban 260 pesos de bono pero no me dijeron que era por las horas extra, así que un día decidí irme a las 3 de la tarde y me castigaron la compensación por nueve meses”, recordó Lucio Manrique, otro empleado de CESPT.

Con el paso de los años la costumbre se convirtió en regla y se instituyó un horario de facto: 9 horas diarias, de 8 a 5 de la tarde, de lunes a viernes para los empleados de base. Todos recibían su bono y nadie se quejaba.

Fue hasta el 2001cuando se firmó el primer contrato colectivo de trabajo entre la CESPT y el Sindicato de Burócratas ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, entidad de gobierno dedicada a impartir justicia y armonía en las relaciones obrero-patronales. Este contrato estipulaba jornadas de siete horas diarias, pero todos seguían trabajando nueve y recibiendo su bono. 

Hasta que alguien decidió reclamar en los tribunales el pago de sus dos horas extra trabajadas.

Las primeras demandas fueron solucionadas mediante convenios en los que se acordaba pagar a los trabajadores el total o una parte de las prestaciones reclamadas. 

Las resoluciones que favorecían a los trabajadores desencadenaron una oleada de demandas en contra de la CESPT con el mismo reclamo.

De siete demandas interpuestas contra la Paraestatal durante 2008, primer año de la gestión de Hernando Durán Cabrera, subió a 17 en 2010. En 2011 se interpusieron 22 demandas y en 2012 se dispararon a 55. Actualmente se sostienen 120 demandas por concepto de horas extra, reportó la subdirección de CESPT. Sin embargo la cantidad de empleados demandantes se desconoce, ya que algunas demandas son individuales y otras colectivas, agrupando hasta veinte trabajadores en un solo caso.

Soledad Santos y Lucio Manrique pertenecen a un grupo de 60 trabajadores sindicalizados que a través de 15 demandas exigen que se les paguen las horas extra trabajadas. Legalmente pueden exigir solo un año de prestaciones no retribuidas, más las acumuladas durante el tiempo que tarde en resolverse la demanda.

El juicio de Soledad inició en 2011 y exige el pago de los mil 835 pesos de horas extra que debió haber recibido quincenalmente. Para esta fecha el pago reclamado podría superar los 100 mil pesos e incrementa con cada quincena que transcurre.

De acuerdo con sus estimaciones cada trabajador exige en promedio un pago de 180 mil pesos, sin embargo ésta no es una cifra oficial. Si esta cantidad es correcta, y la CESPT se llega a ver obligada a pagar a los trabajadores que han demandado, tendría que erogar alrededor hasta 21.6 millones de pesos, lo que equivale a aproximadamente una décima parte de lo que costará construir la presa Las Ánimas, un ambicioso proyecto hidrológico que tardará más de dos años en construirse y tendrá un valor aproximado de 200 millones de pesos.

Falsas declaraciones

Antes de que Soledad Santos demandara a la CESPT sus compañeros Manuel López y Todocio Quiroz promovieron la demanda 1599/2011-3E, también reclamando el pago de horas extra, al igual que lo habían hecho otros antes que ellos. Sin embargo su caso no procedió como el de sus antecesores ya que en él se cometieron una serie de irregularidades, que de comprobarse en una corte penal, podrían constituir un delito.

En un informe rendido ante la Junta Especial Número Tres por Hernando Durán, el director de la Paraestatal manifestó que no tenía conocimiento de las condiciones de trabajo en que laboraban los empleados sindicalizados de la CESPT; que no había participado en la firma del contrato colectivo de 2010 celebrado entre la CESPT y el Sindicato de Burócratas, y que no tenía conocimiento de que dicho contrato establecía jornadas de siete horas para trabajadores sindicalizados.

La estrategia legal de Durán sorprendió a Soledad Santos, así que solicitó que se le otorgaran copias de los registros de asistencia mediante los cuales el departamento de Recursos Humanos lleva el control de sus horas laboradas. Una mayor sorpresa recibió cuando el representante legal de CESPT manifestó que “en la fuente de trabajo no se acostumbra llevar registros de control asistencial del personal de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, es por lo que no se exhibe, entendiendo al principio que nadie está obligado a lo imposible”.

La respuesta enfureció a Santos y sus compañeros de trabajo que también demandan a la Paraestatal, ya que todos los días al llegar y antes de irse a sus casas se registran ante un sistema computarizado mediante su huella digital o deslizando su credencial en un lector.

Esta declaración puede ser fácilmente desechada por cualquier ciudadano que revise la nómina de la CESPT en la página de Transparencia del Gobierno del Estado y verifique que existen cuatro empleados en la Oficina de Sueldos y Salarios con el puesto “Tomador de Tiempos”.

Inconforme, Soledad Santos denunció la inconsistencia ante la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Contraloría del Estado, dependencia que giró un oficio al Director de CESPT en el que le planteaba una serie de preguntas sobre la manera como la Paraestatal a su cargo llevaba el control de asistencias del personal.

Las respuestas fueron muy diferentes a las que planteó a la Junta de Conciliación y Arbitraje. Al ser cuestionado de qué forma se llevaba el control de las asistencias Durán contestó, “el control asistencial se lleva de manera electrónica y con tarjeta”. Se le pidió que indicara mediante qué tipo de contrato fueron contratados el personal sindicalizado, en su respuesta sostuvo que “son amparados bajo el contrato colectivo de trabajo vigente”.

Respaldándose en el reporte rendido ante la Contraloría, Soledad Santos solicitó a la Junta de Conciliación y Arbitraje dar vista ante el Ministerio Público del fuero común de la posible comisión de un delito cometido por parte de Hernando Durán, al considerar que incurrió en Falsedad ante las autoridades, establecido en el artículo 320 del Código Penal de Baja California, el cual contempla una pena de uno a cinco años de prisión y hasta cien días de multa.

“Si nos dice ‘paguen’, pues pagamos”

A pesar de la posibilidad de que Hernando Durán haya falseado declaraciones ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, su presidente, Leonardo Martínez Delgado, sostuvo que no corresponde a la Junta turnar el caso ante el Ministerio Público. “Ésos serán derechos que deberán hacer valer las partes cuando lo consideren convenientes”, precisó.

Al ser cuestionado sobre las dos versiones de las condiciones laborales dentro de la CESPT presentadas por Hernando Durán en los juicios, Martínez aclaró que no puede precisar detalles sobre casos abiertos ya que aún no se dicta una sentencia.

Sin embargo explicó que “al momento de dictar el laudo (sentencia) todas las pruebas se van a identificar, enumerar, transcribir y valorar”.

Una postura similar de discreción asumió Isauro López Cárdenas, subdirector administrativo y financiero de CESPT. López explicó que el bono que recibían los empleados desde antes de la administración de Hernando Durán era específicamente una contraprestación por las dos horas extras trabajadas, una condición que en su momento aceptó el Sindicato de Burócratas.

Precisó que el monto se determinaba de acuerdo al salario de cada empleado, pero al ser cuestionado sobre cómo se llevaba un control de las horas que trabajaba cada empleado y la manera en que se calculaba el pago que deberían recibir, el Subdirector explicó que ése era “un tema que quisiera no tocar”.

“Estamos en un litigio y eso podría complicar el litigio porque si yo digo algo de más se van a valer el mismo trabajador para ponerlo dentro de este proceso”, manifestó.

López sostuvo que al inicio de esta administración existían alrededor de 10 demandas de empleados que se aprovechaban de “lagunas en la Ley” para ir demandando esas horas como tiempo extraordinario, “saliéndose de la negociación original”. Reconoció que actualmente existen cerca de 120 demandas abiertas, pero desconoce el número de empleados demandantes.

Agregó que lamenta que “estas personas en ningún momento se acercaron con nosotros a pedir el pago de sus horas extraordinarias, se fueron directo a la demanda”. Además aseguró que los funcionarios de CESPT en todo momento han acudido a los actos de conciliación y han cumplido en todas las etapas de los litigios.

También aseguró que hasta la fecha la CESPT ha cumplido con todas las condiciones establecidas por el contrato colectivo de trabajo. Al ser cuestionado sobre el motivo por el cual se negó la existencia del contrato, el Subdirector Administrativo sostuvo que “posiblemente porque el contrato colectivo de 2012 aún no se ha firmado, tal vez por eso es la confusión”.

Por su parte Sergio Gomesllanos, jefe del Departamento de Recursos Humanos, negó que la CESPT se niegue a pagar a sus empleados, “es que debemos esperar que nos dice la junta, si nos dice paguen pues pagamos obviamente o llegamos a un acuerdo conciliatorio con las partes”.

 (SEMANARIO ZETA/ Luis Alonso Perez Chavez/  abril 29, 2013)