IMPUNE LAVADO DE DINERO

Conceden amparo a “Micky” Márquez; en 6 años recibió 41 millones de dólares

El gobierno de Calderón dio un golpe “a medias” a una red de blanqueo de capitales que operaba para el CAF. De 55 miembros de dos células criminales, solo el 20 por ciento de ellos fueron detenidos. Al casacambista Miguel Márquez Treviño le ofrecieron ser testigo protegido, y le sacaron una declaración en la que señaló a una empresa tijuanense de lavar 12 millones de dólares a la semana, a través de un banco de San Diego. El inculpado continúa en prisión

Investigaciones ZETA

A casi tres años y medio del encarcelamiento del empresario Miguel Ángel Márquez Treviño “El Micky”, y al menos una decena de sus socios y colaboradores, la acción de la justicia no ha llegado al resto de los integrantes de la red de lavado de dinero establecida entre Tijuana y Culiacán, que de acuerdo a la Procuraduría General de la República, operaba para el Cártel Arellano Félix (CAF).

En la organización criminal se presume la intervención de 55 personas, desde personal directivo hasta empleados de casas de cambio y de empeño, quienes realizaban grandes transacciones y colocación de dinero en moneda nacional y divisas extranjeras, sin reportarlo a las autoridades hacendarias.

A Márquez Treviño, en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) le prometieron fungir como testigo protegido para obtener beneficios penales.

 A final de cuentas no le cumplieron y, según su dicho, llegó a declarar que estaba dispuesto a denunciar a una empresa mexicana que a través de un banco de San Diego, lavaba 12 millones de dólares a la semana, sin que se tenga conocimiento de qué ocurrió con su señalamiento. Sigue preso en el Centro Federal de Readaptación Federal Número 4 “El Rincón”, en Nayarit.

Los antecedentes

“El Micky” Márquez, administrador de diversas negociaciones, fue detenido la mañana del 25 de noviembre de 2009 durante una serie de cateos realizados en Tijuana por la SEIDO. Meses atrás, en junio de ese mismo año, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) denunció ante la PGR las sospechosas actividades y movimientos que realizaban casas de cambio y empeño representadas por Márquez Treviño en Baja California y Sinaloa.

Durante los cateos, personal ministerial aseguró 3 millones 720 mil 993 pesos con 30 centavos, y 598 mil 206 dólares en efectivo. Además del dinero, se localizaron en el domicilio del inculpado más de 100 cartuchos para arma de fuego sin licencia y de uso exclusivo del Ejército, calibres 9 milímetros, 38 súper, 38 especial y 357 mágnum, estos últimos con punta hueca. También fueron asegurados varios vehículos dentro de la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/115/2009.

En diez operativos simultáneos realizados por fuerzas federales en esta frontera y en la capital sinaloense, se detuvo a José Abelardo Méndez Contreras, Mauricio Gutiérrez Flores, Hugo Ramón Mora Orozco, Rafael Aurelio Aguirre Niebla, Julio Amavizca Valenzuela, María del Refugio Palazuelos Navidad, David Francisco Gallardo Gutiérrez, Aurelio Aguirre Palazuelos, Luis Ángel Duarte Sarabia y Aída Rivera Gerardo.

Todos, a excepción de la última señalada, permanecieron arraigados en la Ciudad de México hasta el 19 de enero de 2010, cuando se cumplimentó la orden de aprehensión dictada en su contra por el Juez Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales, con residencia en Toluca, Estado de México, en la causa penal 18/2010.

Márquez y coacusados fueron remitidos al penal federal de mediana seguridad de Nayarit, donde vía exhorto, un Juez de Distrito de la localidad les dictó auto de formal prisión el 29 de enero siguiente, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Asimismo, al “Micky” se le inició proceso por posesión de cartuchos para arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Falsa promesa

Al emitir su declaración ministerial, Miguel Ángel Márquez Treviño negó su participación en los hechos imputados, y el pertenecer a alguna organización criminal en el blanqueo de capitales. Aseguró que el dinero en moneda nacional y en dólares, localizado durante los cateos, estaba compuesto por el efectivo de tres negocios que se encuentran en un mismo domicilio en Tijuana, además de que el origen del dinero deriva de préstamos recibidos. De las balas, dijo que eran de uno de sus hijos.

Ante el juez, al rendir su declaración preparatoria, el casacambista ratificó lo antes expuesto, argumentando que durante la etapa de arraigo a la que estuvo sometido, el 12 de enero de 2010 lo trasladaron del Centro de Arraigo de la colonia Doctores de la Ciudad de México, a las instalaciones de la SEIDO, “para hacer una declaración como testigo colaborador o protegido” a cambio de su libertad, según le dijeron de palabra.

Márquez Treviño declaró que durante más de cuatro horas proporcionó “detalles de la situación extremadamente anormal donde se lava prácticamente todo el dinero sucio de Tijuana”. 

Inclusive manifestó que desde el 14 de diciembre de 2009, ya estando arraigado, intentó comunicarse con la Secretaría de la Defensa Nacional en Tijuana, al teléfono (664) 685-0297, “para reportar a Inteligencia Militar la denuncia de un banco americano con una empresa mexicana que estaban lavando 12 millones de dólares a la semana desde Tijuana, exportándolo a San Diego en servicio de traslado de valores”.

Pero no se conoció del asunto de la supuesta declaración que habría realizado el empresario como “testigo protegido”. El 31 de mayo de 2011, el Cuarto Tribunal Unitario del Segundo Circuito en Toluca, confirmó el auto de bien preso contra los procesados, en toca penal 55/2010.

Las operaciones

Estados financieros proporcionados a la PGR por las instituciones bancarias donde se localizaron cuentas abiertas por Miguel Ángel y socios, revelan que entre los años 2002 y 2008 se registraron depósitos por 41 millones 508 mil 108 pesos con cinco centavos, y un millón 35 mil 353 dólares americanos con 75 centavos.

También se estableció que de dichas cuentas, se retiraron 41 millones 491 mil 690 pesos con seis centavos, y un millón 035 mil 253 dólares con 34 centavos.

En las casas de cambio se efectuaban operaciones mayores a 10 mil dólares, y se libraron al menos 16 cheques por esas cantidades a favor de diversas personas identificadas por la fiscalía federal.

En coordinación con Hacienda, la SEIDO llegó a la conclusión de que no obstante Miguel Ángel Márquez Treviño era accionista de ocho empresas diferentes, no había “declaraciones anuales presentadas a su nombre ante la autoridad tributaria”.

Dos células en la red

Por su parte, autoridades ministeriales determinaron en la indagatoria que la organización de Márquez y socios estaba perfectamente coordinada para delinquir, integrada en dos grupos. Uno conformado por las personas que residían en Tijuana, y otro por los que vivían en Culiacán, Sinaloa, quienes a su vez, tenían subdivisiones.

En la primera célula criminal se encontraban los sujetos que tenían firmas autorizadas en las cuentas bancarias de las empresas en que se efectuaron depósitos por elevadas cantidades de dinero en moneda nacional y dólares americanos, además de que en una de las sociedades, se realizó venta de divisas.

Algunos de los integrantes de la primera célula, eran los encargados de transferir el dinero de procedencia ilícita al diverso grupo de personas que residía en Culiacán.

La segunda célula “también estaba integrada por sujetos autorizados para librar contra las cuentas de las referidas sociedades”. En ese grupo se destacó la existencia de 55 personas que recibían depósitos directamente de las cuentas bancarias, que eran los propios empleados de las casas de cambio y de empeño.

A la fecha y a más de tres años de los hechos, se desconoce la identidad de los sospechosos, nombres que obran en poder de la PGR y no se les ha detenido.

 Difícil resultará en la nueva administración, informar oportunamente del estado del asunto, sobre las órdenes de aprehensión cumplimentadas, y no se diga de las pendientes.

Le conceden amparo

Luego de que al “Micky” Márquez Treviño le fue confirmado el auto de formal prisión, en 2011 interpuso un juicio de amparo ante el Primer Tribunal Unitario de Toluca contra la resolución; protección que rindió frutos recientemente, al concederle el amparo para efectos de reponer el procedimiento por el tribunal que conoció de la apelación.

La magistrada María de Lourdes Lozano Mendoza concedió la protección constitucional al quejoso porque, a su parecer, “el magistrado de apelación omitió exponer los motivos por los cuales, a su juicio, merecían eficacia demostrativa; menos aún indicó los indicios que de éstas se obtenían en lo individual, y la forma en que se adminiculaban entre sí”.

En su razonamiento, la titular del tribunal refiere que el juzgador indicó que la intervención del inculpado se circunscribe a la realización de operaciones y movimientos financieros utilizando diversas empresas: canje de moneda nacional por dólares americanos, y depósitos en diferentes cuentas y transferencias.

De acuerdo a la resolución del juicio de garantías, el cual resolvió la apelación que confirmó el auto de bien preso, pasó por alto indicar con qué pruebas se corroboraban dichos actos, qué indicios se obtenían de cada una de ellas, y cómo se entrelazan entre sí.

La magistrada Lozano añadió que en el presente caso, su homólogo se conformó con citar la valoración efectuada por el juez de origen, y “quedó evidenciado que la misma es incongruente y carece de motivación”, por lo que al conceder el amparo, ordenó dejar insubsistente la confirmación del auto mencionado, que se entre al estudio de los señalamientos y de cada prueba, para dictar una nueva resolución apegada a derecho.

La copia de la causa penal, motivo de la violación de garantías, fue devuelta al Cuarto Tribunal Tribunario en 23 tomos del proceso 18/2010, y un tomo del toca de apelación 55/2010.

El magistrado que repondrá el procedimiento, ya notificó al tribunal de amparo que dio cumplimiento a lo ordenado, dejando sin efecto la confirmación que hizo en mayo de 2011, pero debido a lo voluminoso del expediente y lo complejo de las imputaciones, solicitó una prórroga de cuatro meses para emitir un nuevo veredicto.

La autoridad protectora estima procedente y razonable la petición del magistrado, y concedió la citada prórroga, por lo que se dará cumplimiento a la ejecutoria del amparo a más tardar en la primera quincena de agosto de 2013.

El auto de formal prisión en contra de Miguel Ángel Márquez Treviño, dictado por el juez federal de origen, persiste, lo que quedó sin efecto fue la confirmación del mismo, por lo que “El Micky” no obtendrá su libertad durante ese periodo.

(ZETA Investigacionesabril 22, 2013)