Gloria Leticia Díaz/ Proceso
MÉXICO, D.F.
(apro).- Organizaciones sociales demandaron la intervención del gobierno de
Enrique Peña Nieto para que se investigue el fraude de la agencia de
colocaciones Chamba México contra más de 3 mil personas que buscaban trabajo en
Estados Unidos y Canadá.
En rueda de prensa,
integrantes del proyecto Jornaleros Safe dieron a conocer la existencia de mil
277 denuncias formales en procuradurías locales en contra de Chamba México,
empresa que contaba con registros de las secretarías de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) y del Trabajo y Previsión Social (STPS) para ejercer como
agencia de colocaciones.
Mayela Blanco, de
Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana, informó que los casos documentados
por las organizaciones suman 3 mil 135, que implicaron ganancias ilegales para
Chamba México por 20 millones de pesos.
Los afectados son
residentes de Puebla, Nuevo León, Durango, Guanajuato, Estado de México, San
Luis Potosí, Michoacán, Coahuila, Jalisco, Tamaulipas, Oaxaca, Zacatecas,
Puebla, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Guerrero, Aguascalientes, Campeche,
Yucatán, Quintana Roo y Chiapas.
La activista también
destacó que, desde enero pasado, defensores vinculados a Dimensión Pastoral de
la Movilidad Humana detectaron las prácticas ilegales de Chamba México y
reportaron el hecho a las autoridades de la STPS, dependencia que validó el
trabajo de la empresa como colocadora de empleo.
“Chamba México
ofrecía tramitar visas H2A y H2B, en Estados Unidos, y también empleo temporal
en Canadá, donde se ofrecían supuestos pagos de 15 dólares la hora”, apuntó la
defensora.
Blanco contó que el
activista César Álvarez se hizo pasar por jornalero interesado en trabajar en
Estados Unidos y que el día 1 de abril se presentó junto con más de 300
personas en las oficinas de Chamba México en San Luis Potosí, día en que fueron
citados los interesados para viajar primero a Monterrey y de ahí a Estados
Unidos.
“Ya les habían
cambiado la fecha en dos ocasiones anteriores, pero ese día lo que documentó el
compañero fue muy triste, pues cuando llegó había 144 personas formadas en una
fila fuera de las oficinas cerradas de Chamba México, y otras más estaban
dispersas; la gente estaba con maletas, algunos venían de otros estados de la
República y muchos llegaron con sus familiares para despedirse de ellos”,
narró.
La estrategia de
citar a personas fuera de las oficinas de Chamba México entre el 28 de marzo y
el 1 de abril se repitió en otras ciudades, donde la empresa tiene oficinas,
como Monterrey, Toluca y Puebla.
En la conferencia se
presentó el testimonio de una persona de Nezahualcóyolt, Estado de México, que
pagó a Chamba México 7 mil pesos y también entregó su pasaporte con la promesa
de que sería contratado en Estados Unidos.
Esta persona, de la
que no se proporcionó el nombre porque teme a represalias, contó que acudió a
las oficinas de la empresa en Toluca y confió en ella porque funcionarios de la
SHCP le aseguraron que la firma estaba legalmente establecida.
También dijo que
después de una espera infructuosa de dos días, con el fin de que abrieran las
oficinas de la agencia de colocación, se interpuso una demanda por la
afectación a unas 400 personas.
Gisela Vega, abogada
de Global Workers Justice Alliance, señaló que en Estados Unidos su
organización se enteró del caso cuando personas se acercaron a preguntar por la
autenticidad de los ofrecimientos de Chamba México:
“Lo que observamos
fue una falta de coordinación en la STPS, no hay información sobre la veracidad
de la empresa y la autenticidad de los reclutadores, como tampoco si los
puestos que ofrecen en Estados Unidos y Canadá realmente los están pidiendo
estos países”, resaltó.
Mariano Yarza, de
Catholic Relief Service, dijo que antes del fraude masivo el proyecto
Jornaleros Safe ya había denunciado a reclutadores que llegaban a comunidades a
ofrecer empleo en Estados Unidos y Canadá, quienes después desaparecían con el
dinero exigido a los interesados.
“Hubo ocasiones en
que los colocadores llevaban a la gente hasta el consulado de Monterrey, donde
recibían el monto restante del supuesto trámite, y después desaparecían”,
apuntó Yarza.
Después de solicitar
la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) para
investigar los casos, Yarza dijo que hasta ahora la STPS únicamente ha
reaccionado creando una línea telefónica para que la gente se informe si las
empresas son legales o no, “pero no hay forma de comprobar que las agencias de
colocación realmente estén ofreciendo empleos reales”.
Además, denunció que
las agencias del Ministerio Público donde se levantaron las denuncias se han
negado a dar a los afectados los números de averiguaciones previas, “requisito
fundamental para reportar el robo de los pasaportes”.
Yarza exigió a la
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) “la reposición de los pasaportes o
bien a bajo costo, así como integración de los afectados al Servicio Nacional
de Empleo de la STPS, y el compromiso de se les considere en las convocatorias
para trabajar en Estados Unidos, que de eso tiene información la dependencia”.
Los representantes
de la ONG insistieron en que la PGR es la que tiene que intervenir para
castigar a los responsables del fraude masivo, además de que se tienen que
fijar normas para obligar a las agencias de colocación a ofrecer empleos reales
y evitar engaños.
Al reclamo del
proyecto Jornaleros Safe, donde también participan el Centro Independiente de
Trabajadores Agrícolas y la United Farm Workers, se sumaron decenas de
organizaciones de derechos humanos y casas del migrante.
(PROCESO/ Gloria Leticia Díaz/ 24 de
abril de 2013)
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