Jenaro Villamil/ Proceso
MÉXICO, D.F.
(apro).- El aparente pleito entre la cúpula del PAN y el gobierno de Enrique
Peña Nieto por la utilización electoral de la Cruzada Nacional contra el Hambre
en Veracruz y otros municipios tiene su origen en otras razones políticas. No
es el clientelismo sino la dura disputa al interior de Acción Nacional, entre
los calderonistas y los demás grupos panistas en función del Pacto por México,
lo que ha provocado la radicalización de Gustavo Madero.
La ruptura más dura
se está gestando entre la administración peñista y la anterior calderonista. La
serie de videos y audios que presentó la dirigencia nacional del PAN para
documentar su denuncia penal en Veracruz tiene como contexto las recientes
decisiones de la PGR para liberar a Noé Ramírez Mandujano, ex titular de la
entonces SIEDO, y al general Tomás Ángeles. Ambos casos son muestras claras del
fracaso de la supuesta “lucha contra la corrupción” de Felipe Calderón.
El desmantelamiento
de dos de los casos estelares de la administración de Calderón, ha fomentado la
fractura al interior del PAN. Su dirigente nacional, Gustavo Madero, tiene una
batalla interna en dos flancos: los calderonistas radicalizados, especialmente
en el Senado, y los otros grupos que reclaman una posición opositora frente al
Pacto por México.
Sin embargo, el
problema del uso electoral de la Cruzada contra el Hambre no es un tema
coyuntural ni limitado sólo al estado de Veracruz, por más que el gobierno de
Javier Duarte insiste un día sí y otro también en exhibir su torpeza e
intemperancia frente a la crítica.
La Cruzada contra el
Hambre está diseñada justamente para tener un objetivo de recuperación y
control electoral, a favor del PRI, en un año muy delicado por las elecciones
municipales y legislativas en 14 entidades.
Por esta razón, la
Cruzada se dio a conocer después de la firma del Pacto por México y la defensa
del gobierno de Enrique Peña Nieto a su secretaria de Desarrollo Social,
Rosario Robles, en realidad es una defensa del modelo de utilización de los
programas sociales con fines electorales, al mejor estilo del Grupo
Atlacomulco. Rosario Robles es tan sólo la gran pantalla de una red de acuerdos
y operadores provenientes del Estado de México, expertos mundiales en este tipo
de maniobras.
“CRUZADA POR LOS VOTOS”
El senador Alejandro
Encinas, ex candidato a gobernador del PRD en el Estado de México, exjefe de
gobierno de la Ciudad de México y ex secretario de Desarrollo Social en el
Distrito Federal, escribió un análisis muy puntual sobre los alcances reales de
la Cruzada Nacional contra el Hambre.
El estudio, titulado
“Cruzada por los Votos”, documenta el sesgo electoral del programa con los
siguientes datos:
1. La Cruzada
privilegia los municipios de alta incidencia electoral y no los de pobreza
extrema ni alimentaria. De los 400 municipios iniciales que abarcará la
estrategia, sólo 209 están considerados con los más altos porcentajes de
pobreza extrema. Los 191 municipios restantes son de naturaleza distinta: 27
son capitales, incluyendo cinco delegaciones capitalinas que representan 56%
del padrón electoral del DF. En 213 de los 400 municipios habrá elecciones este
año. Por ejemplo, en Baja California, donde habrá elección a gobernador, los
municipios elegidos representan 94% de la lista nominal de electores; en
Chihuahua, 66%; Coahuila, 48%; Puebla, 43%; Quintana Roo, 63%, y Veracruz, 28%.
2. Si la intención
de la Cruzada fuera atender a los municipios con mayor pobreza, de acuerdo con
los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(Coneval), el número total de municipios se incrementaría de 400 a 694 y
comprendería a 20 entidades federativas.
Según el Coneval,
entre 2008 y 2010 la pobreza en el país se incrementó de 48.8 a 52 millones de
personas. La población en pobreza extrema son 11.7 millones de habitantes
(10.4% de la población mexicana), y cifra de personas con carencias
alimentarias se incrementó de 23.8 a 28 millones.
El 40.5% de los 7
millones de indígenas mexicanos vive una situación de carencia extrema de
alimentos. El caso de Oaxaca es extremo, ilustra Alejandro Encinas: 74% de los
habitantes que no tienen alimento asegurado residen en municipios que “no serán
considerados en la primera etapa de la Cruzada”.
3. La operación de
la Cruzada Nacional contra el Hambre está en manos de políticos pertenecientes
al grupo Estado de México y no a especialistas ni a organizaciones de la
sociedad civil dedicadas a la batalla por reducir las carencias alimentarias.
El operador real
será el subsecretario de Sedesol, Ernesto Nemer, ex precandidato a gobernador
mexiquense y pieza clave del titular de la SEP, Emilio Chuayfett. El propio
Chuayfett será el responsable regional de la operación de la Cruzada en
Veracruz y Tabasco. ¿Casualidad?
Los otros operadores
pertenecen a la escuela priista: Javier Guerrero García, subsecretario de
Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; Juan Carlos Lastri Quiroz, de
Prospectiva, Planeación y Evaluación, y Carlos Rojas Gutiérrez, operador del
antiguo Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) del salinismo, y actual
director del Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad (Fonaes).
Otros operadores
pertenecen al círculo mexiquense e hidalguense de Peña Nieto: Héctor Velasco
Monroy, ex dirigente local de la CNC y amigo personal del presidente, actual
director de Diconsa; Héctor Ramírez Puga, oaxaqueño y coordinador de la campaña
peñista en la IV circunscripción electoral, actual director de Liconsa; Paula
Angélica Hernández Olmos, ex diputada federal, responsable del financiamiento
privado en la campaña a gobernador de Miguel Osorio Chong en Hidalgo y ex delegada
especial del PRI en el Estado de México, actual coordinadora del programa
Oportunidades.
4. Por si fuera
poco, la Cruzada Nacional contra el Hambre peñista es muy diferente a la lógica
del programa Hambre Cero, aplicada por Inacio Lula da Silva en Brasil. Ahí
inició en las zonas más pobres y consideró la seguridad alimentaria como un
derecho humano y no asistencialista. El programa fue coordinado con los
gobiernos locales, especialmente, los municipios. En Brasil no se firmaron
convenios con empresas privadas como Quaker, filial de PepsiCo, o Nestlé,
Walmart y Soriana. Se privilegió el impulso al autoconsumo en las zonas
agrícolas y el fomento a la producción de alimentos nacionales y no a favor de
franquicias internacionales.
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Twitter: @JenaroVillamil
(PROCESO/ Jenaro Villamil/ 23 de
abril de 2013)
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